Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su postura de que Guerrero está entre los estados con mayor asignación de recursos públicos debido a la presencia de pueblos indígenas.
“Son las comunidades indígenas las que tienen prioridad, si lo vemos en términos generales, los estados que más presupuesto reciben para el bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los más pobres y los que tienen más población indígena”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, a López Obrador se le preguntaron los motivos por los que el primer día de su mandato se arrodilló ante representantes de pueblos indígenas y en su respuesta destacó la asignación de recursos a las entidades en cuestión.
“En esos estados, en todas las comunidades indígenas, en todas, las familias reciben cuando menos un apoyo del presupuesto, por lo menos un programa”.
En la exposición de su quinto informe de gobierno el pasado primero de septiembre, el presidente afirmó que durante su administración el porcentaje de pobreza en el estado de Guerrero ha reducido 7.5.
“Chiapas, por ejemplo, ocupó el primer lugar en el país en cuanto a disminución de la pobreza con 10.6%; en Tabasco se redujo en 9.9%, en Hidalgo en 8.9%, en Veracruz en 8.5%, en Guerrero en 7.5%, en Oaxaca en 5.9%, en Yucatán en 5.2%, en Puebla en 4%, en Campeche en 3.9% y en Quintana Roo en 3.2%” aseguró López Obrador durante su quinto informe.
En la conferencia de prensa del pasado 19 de septiembre, López Obrador afirmó que Chiapas, Oaxaca y Guerrero fueron los estados donde hubo mayor reducción de la pobreza durante la presente administración.
“El estado donde más se disminuyó la pobreza fue Chiapas. Otro estado donde disminuyó mucho la pobreza fue Oaxaca y el otro estado fue Guerrero. Donde hay más población indígena es donde hemos invertido más en el bienestar de las comunidades”.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó la relación “fraterna y sin fisuras” que tiene el Ejecutivo con los poderes Legislativo y Judicial, durante la entrega de apoyos para los programas del sistema de seguridad pública estatal y de los municipios, en el Registro Público Vehicular (Repuve).
En el acto que se conoció a través de sus redes sociales, dijo que no se necesita decir que ningún poder es más que otro.
Salgado Pineda detalló la inversión federal para los programas de seguridad pública, adicionales a los presupuestos de la FGE, para la adquisición de vehículos y materiales y la ampliación de un Centro de Justicia para las Mujeres, y para la mejora de inmuebles del Tribunal Superior de Justicia.
Enseguida destacó “la relación muy buena, más que cordial, que podría decir fraterna con el poder Ejecutivo y (el) Judicial. En ningún momento ha existido fisura en esta relación desde que tomé protesta, y esto va a seguir hasta el último día de mi administración. Cuenten con todo mi apoyo”.
Respondiendo a una pregunta no hecha, agregó que “nadie tiene que minimizar a ningún poder ni ningún cargo, ‘es que la gobernadora, es que yo soy secretario, tú eres el director’… aquí todos valemos lo mismo, nos necesitamos, y al igual que la gobernadora es una servidora pública de su pueblo, una mujer como miles que salimos a trabajar todos los días desde temprano, desde las diferentes trincheras, que también soy madre, servidora de mi estado, que anhelamos lo mismo, que le vaya bien a Guerrero”.
Informó que se invirtieron 70 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP y FOFISP, en la compra de sistemas de videovigilancia, geolocalización y equipo para la instalación de ocho puntos de monitoreo con equipo de última generación.
Además, se entregaron cámaras e insumos a Huitzuco, Tepecoacuil-co, Atoyac, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, Copala, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Tlapa, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Tierra Colorada, Ometepec, San Marcos y Chilapa, y equipos para los Centros de Control y Comunicación C2.
Y vehículos, materiales e insumos a Repuve, Servicio Médico Forense, y al Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Salgado Pineda aclaró que la FGE tiene 47 millones de pesos adicionales para vehículos, capacitación de elementos, adquisición de armas, y para el mejoramiento y ampliación del Centro de Justicia para Mujeres.
Asimismo, dijo que el TSJ tiene 18 millones adicionales para el mantenimiento y mejora de inmuebles.
Por lo tanto, indicó que los recursos federales suman más de 87 millones de pesos del FASP y más de 51 millones de pesos del FOFISP; y un gran total de casi 140 millones de pesos destinados a mejorar la seguridad de Guerrero.
Destaca Badillo la aprobación de la Ley 179 contra las policías comunitarias
En el acto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, el diputado de Morena Joaquín Badillo Escamilla, destacó que la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública que se aprobó el año pasado impide a las policías comunitarias asumir funciones que no les corresponden.
Aseguró que hoy la cabeza de sector es la Secretaría de Seguridad Pública, “y todo aquel que infrinja la ley va a tener que ser detenido y puesto a disposición. Por eso podemos ver que en Guerrero se puede transitar de manera libre”.
Añadió que, para evitar la extorsión y el cobro de piso, se está analizando que los delitos sean considerados graves, con prisión preventiva oficiosa.
Sobre el acto, el morenista confirmó que la entrega de materiales fortalece el sistema de seguridad pública y la administración de justicia, a cargo de la Fiscalía General del Estado, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Estatal y del Poder Judicial.
También estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, constante en las actividades del poder Ejecutivo, sin intervención.
En esta actividad, estuvo también el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Víctor Olivares Guzmán.
Con un acto independiente, Salgado Pineda entregó ocho vehículos al Semefo de Chilpancingo
En otra transmisión en vivo, donde estuvo con la secretaria de Salud Aidé Ibarez Castro y el director de Servicios Médicos Forense, César Manuel Espinoza Suástegui, la gobernadora, reconoció el apoyo a la entidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como ejemplo de la deferencia para Guerrero, recordó que la sede de la Secretaría de Salud federal está en Acapulco.
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, dijo que el Estado debe usar todo su poder para recuperar los núcleos agrarios controlados por el crimen organizado, lo que dio a conocer en entrevista con El Sur el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón.
Vía telefónica, expuso que es importante que las comunidades se empoderen poco a poco con los programas sociales y sus integrantes participen en las decisiones, pero también que las autoridades garanticen el libre tránsito con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército.
Dijo que “es interesante que un funcionario de alto nivel haga declaraciones de lo que ha sido un secreto a voces. Quizás se quedó corto en los datos”, pero coincidió en que hay núcleos agrarios donde las asambleas no funcionan, los comisariados son impuestos o simplemente no existe tal figura, todo esto por el “abandono de los territorios por parte de los tres órdenes de gobierno. Entonces, los habitantes no tienen otro referente, no tienen otros interlocutores”.
Indicó que es en la Montaña, en los municipios Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Chilapa; la parte alta de Costa Grande, como en Petatlán y gran parte de Tierra Caliente, donde no se puede transitar y las personas no pueden salir de sus comunidades, ni para recoger su fertilizante.
Señaló que los gobiernos estatal y municipales no quieren entrarle al tema de recuperación del territorio, que apenas el gobierno federal le está poniendo atención, porque antes, al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le llegaba la información como tenía que ser”.
Para el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, el gobierno federal tendría que usar “todo el poder del Estado, que no es sólo Guardia Nacional y Ejército, sino recargar los diversos programas de gobierno, pero empoderando a las comunidades”.
Además, dijo que la Guardia Nacional, que “no la vemos activa”, y el Ejército deben garantizar el libre tránsito en esos territorios, “no estoy hablando de represión, de guerra, de enfrentamiento, estoy hablando de empoderamiento de las comunidades”, puntualizó.
Entonces, expuso: “Si nosotros vamos logrando que poco a poco las comunidades se empoderen, que la asamblea se convierta en el mecanismo de gobernanza permanente, que las comunidades tomen decisiones, que las comunidades programen sus obras para el corto, mediano y largo plazo, yo considero que es la manera de cómo ir logrando una cultura de paz, pacificando las regiones hoy controladas por la delincuencia organizada”.
Sin embargo, señaló que los cuatro grandes programas, que son Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Precios de Garantía, presentan problemas, por lo que se deben de replantear. Por ejemplo, el fertilizante consiste en miles de “toneladas de productos químicos tóxicos”, por lo que hay que disminuir su uso.
De Sembrando Vida dijo que en Guerrero son menos de 50 mil los beneficiarios, cuando hay un promedio de 350 mil familias del campo, o sea, el 10 por ciento de la población rural; además, no hubo una planificación de la comercialización, entonces necesitan asesoría para colocar sus productos en los mercados.
La Producción para el Bienestar es un programa que da en promedio 6 mil pesos al año a cada productor que siembra maíz, café, miel, arroz y frijol, cantidad que “no se desprecia, pero no puede ser sólo eso el apoyo para reactivar el campo”, que mejor sería un esquema de crédito blando para garantizar la producción.
Del programa Precios de Garantía dijo que “ya vimos que no garantiza el incremento de los precios como se pensó, porque ese pacto no llega ni al 3 por ciento del maíz del estado y, además, no se paga a tiempo y se abren los centros de acopio tarde”.
García Jiménez aseveró que en el campo no existe rentabilidad, “la gente siembra maíz porque no tiene liquidez para comprar, pero sí tiene un pedazo de tierra y tiene manos”, por eso cuestionó la reducción de la pobreza dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la semana pasada.
Un nuevo agrarismo, expuso, debe reconstruir las instituciones en las que “ha predominado el burocratismo y la corrupción, la falta de presupuesto ”, además de crear una nueva ley agraria y promoveer un ejido integral y de un segundo piso, es decir, “crear cooperativas, asociatividad de los campesinos productores, para que concurran a proyectos de otro nivel”, y habló de maquinaria para el maíz y el café.
El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila dijo que informará al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el problema de inseguridad en el estado, a partir de lo que le han compartido sus seguidores durante su visita al estado.
Monreal Ávila fue consultado por reporteros, después de la asamblea informativa con simpatizantes en la capital del estado, ahí le preguntaron sobre lo dicho por el presidente, respecto a que en Guerrero no hay zonas controladas por la delincuencia organizada, y si el jefe del Ejecutivo federal no tiene la información completa de lo que ocurre en la entidad.
El senador aseguró que López Obrador es “el hombre más informado del país”, sin embargo, dijo que “vamos a conversar con el gabinete de seguridad pública, con el presidente, para comentar cómo pienso y cómo vi al estado de Guerrero, sin ocultarle ninguno de los temas que ayer y hoy he visto en Guerrero”, también dijo que le da “mucha tristeza” la situación de violencia en el estado.
También consideró “delicado” que en las candidaturas se “filtren” personajes vinculados con grupos criminales, “la complicidad es inadmisible”, aseguró.
Reporteros preguntaron sobre los presuntos compromisos del senador Félix Salgado Macedonio con grupos delincuenciales, pero Monreal Ávila lo defendió, asegurando que “siempre ha estado sometido a campañas duras” y que no tiene elementos para hacer alguna aseveración sobre el tema.
También le pidieron una opinión sobre la postura del presidente, que desacredita el último informe de la investigación de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, pero tampoco quiso opinar. Primero dijo que le cree al presidente y después que le cree a las víctimas y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
“Esa es mi opinión. Cuando llegue vamos a llegar hasta la verdad”, dijo cuando le preguntaron sobre una opinión concreta, porque es uno de los que pueden llegar a ser presidente de la República.
El médico ginecólogo Carlos Octavio Chida Montero en el hospital Farallón en Acapulco en entrevista para El Sur Foto: Jesús Trigo
Ramón Gracida Gómez
El nuevo hospital del ISSSTE debe de ampliar la capacidad resolutiva de atención médica, no sólo tener mayor hospitalización, opinó el médico especialista Carlos Chida Montero y derechohabiente del ISSSTE.
“No nada más es más camas a ginecología, más camas a cirugía, más camas a esto, sino que lleguen nuevas especialidades que no se cuentan actualmente a nivel institucional”, consideró el ginecólogo consultado por El Sur y puso como ejemplo que hace falta atender la infertilidad, la cirugía laparoscópica y la laparoscopía en traumatología.
Confió en que el ISSSTE no cierre la unidad
que está en la avenida Ruiz Cortines y ahí se atiendan las especialidades básicas como ginecología, pediatría o realizar cirugía ambulatoria, “y las especialidades que necesitan mayor atención o necesitan mayor equipamiento sí se vayan a atender en la nueva unidad que se va a hacer”.
Carlos Octavio Chida Montero fue director fundador del hospital general de Ometepec en 1993, en 1997 fue jefe de departamento de Programación y Desarrollo de la Subdelegación Médica del ISSSTE y luego fue jefe de Atención Médica. Actualmente es vicepresidente de la Federación de Colegios de Médicos del Estado de Guerrero y tiene su consultorio en el hospital privado Farallón, donde se llevó a cabo la entrevista este martes.
Tras 33 años de trabajar en Salubridad, acaba de jubilarse del hospital de El Quemado, donde fue instructor de los residentes en cirugía ginecológica. “Yo soy derechohabiente al ISSSTE por ser trabajador del estado, de Salubridad, y ahorita estoy en proceso de arreglar mi jubilación en el ISSSTE, entonces a mí sí me interesa que haya un hospital con mejor resolución y mayor capacidad”, dijo.
En cuanto a la propuesta de que el hospital del ISSSTE también atienda a la población en general, Chida Montero consideró que “va a ser muy difícil que esto se pueda llevar a cabo. Llevamos años, años y años de estar divididas las tres instituciones principales para la atención al público”, en referencia al ISSSTE, IMSS y Salud.
Si se da atención a la población en general, adelantó, “los trabajadores del Estado que aportamos nuestras cuotas al ISSSTE no nos vamos a ver representados de tener una institución de salud que nos respalde, tanto trabajadores activos como trabajadores jubilados que seguimos aportando”.
Opinó que se debe definir “exactamente a quién se tiene que atender y que los presupuestos a cada institución se ejerzan de la mejor forma porque hay muchos desvíos de recursos. Los recursos que se asignan ojalá llegaran al 100 por ciento a las unidades hospitalarias, pero pasan por ciertos departamentos, ciertas formas, y ahí es donde se va fugando el recurso y no llega”.
“Yo lo he enfrentado ahí en Salubridad, lo enfrenté muchas veces, de que hasta que compraban los familiares los insumos podemos meter a operar a los pacientes o no se podían atender los pacientes porque no había recursos”, dijo.
Indicó que el futuro nosocomio también debe lograr que los pacientes ya no sean trasladados a Cuernavaca o la Ciudad de Médico “porque es un gasto extraordinario que tienen que hacer los derechohabientes. A pesar de que el ISSSTE da un pequeño viático para ayudar no es suficiente para el traslado” o para estar mucho tiempo en esas ciudades.
Se le mencionó que el proyecto es de 250 camas y Chida Montero consideró que tal cantidad es un “monstruo, es un hospital enorme porque no nada más son las camas censables. Para 250 camas yo creo que se van a tener como 150 camas de tránsito”, como las de urgencias.
Pero el lugar donde piensan construir el nuevo nosocomio no es recomendable, señaló, porque es un lugar turístico “para actividades recreativas, culturales, musicales, teatrales, incluso de exposición, incluso para congresos médicos, para eso debe ser un centro de convenciones”.
Agregó que “se va a echar a perder como centro de convenciones y también la zona se va a convertir como en todos los hospitales, con mercadeo alrededor de los hospitales”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de De-saparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevó a cabo operaciones en la colonia Garita y el fraccionamiento Costa Azul, en seguimiento a la carpeta de investigación para la búsqueda y localización del policía del estado Miguel Ángel del Carmen Flores, visto por última vez el 27 de junio.
En un comunicado, la FGE explicó que también colaboran en la búsqueda soldados, policías del estado y agentes de la Policía Ministerial.
Indicó que el 28 de junio cuando la familia presentó formal denuncia activándose la ficha de búsqueda correspondiente, procediendo la Policía Investigadora Ministerial a hacer las primeras indagatorias.
Indicó que la FGE desde que tuvo conocimiento del hecho, se ha reunido con los familiares de la víctima para darles a conocer los avances en las investigaciones, así como las diligencias hechas; la última reunión se llevó a cabo ayer en la mañana antes de las operaciones de búsqueda.
La FGE pidió a la ciudadanía su colaboración con cualquier información que contribuya a dar con el paradero del desaparecido.
Dio a conocer que si la población tiene algún dato que pueda ser de ayuda, por favor llame al número de Atención Ciudadana: 747 494 2999 ó al 911.
El sábado y lunes pasados, los familiares y amigos del policía estatal Miguel Ángel, bloquearon los dos sentidos de la avenida
Costera, cerca de la glorieta de La Diana para exigir a la FGE su aparición con vida. (Argenis Salmerón).
La secretaria general del PRI Pilar Vadillo responde a preguntas de reporteros en el “Encuentro con Clase Politica” y la senadora Beatriz Paredes Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Luego de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que gracias a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina Guerrero es menos violento, algunos de los dirigentes del PRI opinaron que el estado vive una situación compleja de violencia y que los guerrerenses exigen mejores resultados en seguridad; cuestionaron: “de qué país habla” la gobernadora, cuando todos los días ocurren cosas graves”, y que sin los soldados y marinos en las calles habría un mayor caos.
A mediodía de ayer, en el salón Pérgola, ubicado en la calle Hermenegildo Galeana, en el barrio de Santa Cruz, en Chilpancingo, se dio su segundo encuentro de la senadora Beatriz Paredes Rangel, para platicar con militantes del PRI de Tierra Caliente, zona Norte, Montaña y Centro, y exponerles su aspiración presidencial.
Al concluir se consultó a dirigentes políticos del priismo en Guerrero, acerca de lo dicho por la gobernadora de que Guerrero se mantuvo en el octavo lugar en cuanto homicidio dolosos, alejándose de los seis estados más violentos.
También al respecto, el ex candidato a gobernador en el proceso de 2021, Mario Moreno Arcos, criticó que con lo que dijo le gustaría “conocer en qué mundo viven, de dónde hablan, leía hoy precisamente que el Ejército y la Guardia Nacional, gracias a eso hay paz, no hay violencia en Guerrero, y yo no sé de qué país nos hablan, de qué estado nos hablan”.
Aseguró que “aquí en Guerrero ocurren cosas graves todos los días, que atentan contra la seguridad y la prosperidad de un estado como el nuestro”.
El presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, sostuvo que han ido recogiendo una visión de la militancia y de la incertidumbre en la que viven muchas familias guerrerenses, afirmó que por ello siempre llaman a que exista una visible coordinación entre las diferentes autoridades, para que entreguen resultados, “Guerrero demanda y exige mejores resultados en seguridad”.
La secretaria general del Comité Directivo Estatal, Pilar Vadillo Ruiz, opinó que es “compleja la realidad” y que incluso empresas externas que se dedican a medir la pobreza, el desempleo y la inseguridad dan datos “alarmantes”.
Dijo que le preocupa como guerrerense, pero sobre todo como acapulqueña, las últimas escenas de balazos en plena playa de la zona tradicional de Acapulco, que “generan una resonancia que no conviene a nuestro municipio, que no conviene al estado y ni al país”.
Mencionó que es preocupante porque es visible la presencia de la Guardia Nacional, pero desgraciadamente lo que falta es una estrategia, porque no solamente es “sacarlos a la calle”, sino una estrategia que genere primero la percepción y luego los datos, con una realidad distinta.
La diputada local del PRI, Flor Añorve Ocampo, aseguró que Guerrero no podría estar sin el Ejército y la Marina, porque “sería un caos”, precisó que de por sí tenemos problemas y si esas dos instituciones no estuvieran ayudando a los guerrerenses a combatir a la delincuencia “estaríamos terriblemente mal”.
Manifestó que se vive una situación de inseguridad porque “no se despliega toda la fuerza, toda la cantidad de personal que necesitamos”.
De si podría haber levantamientos armados principalmente en la sierra, como lo comentó el obispo José de Jesús González, respondió que nadie quiere que eso suceda, pues “los levantamientos se dan cuando hay crisis económicas, y estamos viviendo una crisis económica y de alimentación en muchas de las zonas, pero esperamos que poco a poco con la influencia de todos los actores se vayan resolviendo”.
Destacan la visita de Beatriz Paredes
De la visita de Beatriz Paredes a Chilpancingo, Pilar Badillo Ruiz destacó que fue una visita sumamente importante, que tiene una formación política muy sólida, es una de las consagradas del PRI, muy seria, que condujo la Confederación Nacional Campesina en algún momento cuando las mujeres no tenían esos espacios, que eran exclusivos de los hombres.
Dijo que su visita significaba que en el PRI había mujeres de talla importante, con mucho conocimiento político, con una formación muy integral, con “muchas prendas” en un contexto político presidencial rumbo al 2024.
Mario Moreno Arcos, expuso que la visita de Beatriz Paredes significaba “un reencuentro también del priismo guerrerense, la reconciliación le podemos decir también”, de quienes entienden que deben estar unidos en torno a proyectos futuros.
Alejandro Bravo mencionó que la visita de la senadora era relevante por su trayectoria y se le recibió igual que a otros aspirantes como Claudia Ruiz Massieu.
La diputada local, Añorve Ocampo, expresó que Paredes Rangel es uno de los mejores cuadros que tiene el PRI a nivel nacional, con capacidad de organización, lealtad hacia el partido y una de las aspirantes más fuertes.
Ayer, la senadora Beatriz Paredes en diversos momentos se tuvo que movilizar en silla de ruedas en los dos encuentros que tuvo en Chilpancingo, tanto con militantes y políticos de su partido en Guerrero. Cabe destacar que en el segundo encuentro, estuvieron los alcaldes de Chilapa, Aldy Esteban Román; de Iguala, David Gama Pérez; de Tlapa, Gilberto Solano Arriaga; y la alcaldesa de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Diana Carolina Costilla Villanueva.
Destacó que se mantuvieron en los dos eventos políticos, el senador Manuel Añorve Baños, y el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, luego de sus diferencias, principalmente por la continuidad del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que el gobierno estatal respalda todas las acciones del Ejército mexicano en el combate a la delincuencia, en consulta telefónica sobre el enfrentamiento este viernes en la comunidad serrana de El Pescado, en el ejido de Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán.
Afirmó que van a seguir trabajando de manera conjunta, para fortalecer la presencia del Estado mexicano en regiones que estaban tomadas por la delincuencia organizada.
Sobre el enfrentamiento donde resultó muerto el jefe de zona del grupo delictivo La Familia Micho-cana y dos de sus hijos, indicó que los militares realizan acciones conforme a las líneas estratégicas de acción que se están implementando en toda la Sierra, “nosotros obviamente respaldamos la actuación del Ejército mexicano en la zona”.
Confirmó que van a trabajar de manera conjunta con los militares que tienen más efectivos en campo, “para seguir fortaleciendo la presencia del Estado mexicano en estas regiones donde ya no había control, ya la delincuencia organizada se había apoderado de estas regiones”.
Lamentó la muerte de dos soldados en servicio durante ese evento de violencia, pero añadió que hay personas involucradas en la región con la delincuencia organizada y son señalados por toda la población.
De la situación en la región, consideró que “todo proceso de estabilización lleva tiempo, nosotros estamos trabajando para que haya más presencia del Estado, obviamente para que con esto se logre una paz duradera”.
Confió en que “las acciones van trascender, van tener mayores alcances para que la gente de la sierra viva en paz”.
Si bien, en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción Paz es donde se revisan las estrategias acordadas, recordó que el Ejército participa más activamente en las acciones porque tienen tiene un mayor número de elementos en el estado.
Enfatizó que la Sierra tiene una atención especial en este gobierno, porque sus condiciones son más complejas, “hay una gran dispersión de las comunidades, los caminos están en muy mal estado, hay condiciones muy diferentes de trabajo.
También están atendiendo la demanda social, y Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (Cicaeg), prepara la mejora de caminos.
Reprueba expresiones del delegado estatal en la Montaña sobre el paro en el hospital
Sobre el paro laboral del hospital general de Tlapa, confirmó que están revisando alternativas con la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), y probablemente en unos días haya una solución.
De las declaraciones del delegado del gobierno estatal en la Montaña, José Bazán González, para que ciudadanos y alcaldes de la región desalojen a paristas del hospital de Tlapa, en un acto público, Reynoso Núñez aclaró que “definitivamente” esa no es una solución.
Precisó que el funcionario no depende de la SGG, sin embargo, tienen una buena relación como autoridades, y se habló con él.
“Entiendo que son expresiones que se hicieron en algún momento, ya hemos hablado con él, definitivamente la solución no es que se tome justicia por propia mano, para eso estamos la autoridad”.
Confirmó que está en diálogo con la líder de la Sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez, con quien espera encontrar una salida dialogada al paro de labores.
Los trabajadores tienen poco más de tres semanas exigiendo con la toma de oficinas la salida del director y el administrador Javier Blanco Martínez y del administrador Gregorio Ramírez Maldonado, porque no atienden sus demandas para el servicio y como trabajadores.
El secretario indicó que están trabajando en alternativas, en propuestas y probablemente en estos días haya una solución.
