Cierran la autodefensa de Totolapan y vecinos el paso de soldados y policías a La Gavia

Debido a una serie de confrontaciones entre militares y policías y la autodefensa de San Miguel Totolapan se mantiene tenso el ambiente en la zona ante un posible choque, porque las autodefensas cerraron las entradas a la cabecera municipal, pues no quieren permitir el ingreso de más efectivos con el argumento de que ayudan al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y se mantienen cerca del puente de la entrada unos 300 uniformados en espera de órdenes para ingresar a la zona que controla el Movimiento por la Paz.
Desde las 4 y media de la madrugada, llegaron policías ministeriales, estatales y peritos con militares de la base de San Miguel Totolapan, intentaban acudir al pueblo de La Gavia, para hacer las diligencias a los ocho muertos, que según el gobierno del estado dejó un enfrentamiento entre la banda de Los Tequileros y de La Familia Michoacana el miércoles.
Integrantes de la autodefensa Movimiento por la Paz y vecinos bloquearon el paso más de cuatro horas a soldados, policías ministeriales, estatales y peritos del MP que se dirigían La Gavia.
Fuentes del pueblo informaron que el hecho ocurrió porque la autodefensa acusa al Ejército de que ayer, cuando resguardaba la población de La Gavia tras el enfrentamiento, dio servicio médico y trasladó a dos heridos del grupo delincuencial que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, a una clínica fuera de Totolapan.
Cuando llegaron los policías comenzó el bloqueo en las entradas con unidades del transporte público. Policías y personal que iba a la diligencia comentó que “entendieron eso como un encierro y que no los dejarían salir”, pero además esperaban un acuerdo para que les autorizaran entrar a La Gavia.
A las 9 de la mañana líderes de la autodefensa se dieron cuenta que los ministeriales se decían “retenidos”, y acudieron a decirles que se podían salir cuando quisieran, y acordaron que para evitar confusiones el convoy saldría del municipio.

Se reagrupan más de 300 soldados y policías

Más de 300 agentes entre militares, policías estatales y ministeriales se reagruparon en la tarde, se instalaron en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, a 2 kilómetros del puente de entrada a San Miguel Totolapan en espera de órdenes de ingresar, y al anochecer se mantenían en sus puestos.
Los militares encabezan el grupo más grande, con más de 200 efectivos, siguen cerca de 10 patrullas del estado con unos 50 elementos y 5 patrullas más de la Policía Ministerial con otros 50.
Los integrantes del Movimiento por la Paz al enterarse del grupo que intentaba ingresar reunió a cerca de 100 personas en el puente, entre mujeres y hombres, con intenciones de impedir el ingreso del convoy.
Había vehículos particulares, tractores y del transporte público listos para cerrar el paso. Solamente permitían el paso a particulares y vecinos de la localidad.
Vecinos y choferes del transporte público se sumaron al movimiento luego de que les pidieron apoyo, y bloquearon la carretera estatal en el poblado de Poliutla del municipio de Tlapehuala, a un kilómetro de la carretera federal.
El bloqueo comenzó antes de las 2:30 de la tarde en la carretera estatal, luego de que los pobladores se enteraron de que en el poblado de Santa Ana del Águila, entre Totolapan y Tlapehuala, hay unos 300 soldados y policías estatales y ministeriales.
En Poliutla se observaron unas 30 combis del transporte público de la ruta Tlapehuala-Arcelia bloqueando la carretera.
Cerca de las 5 de la tarde llegó otro grupo de 30 taxistas de Arcelia y bloqueó la entrada al pueblo del Escondido, en Santo Niño municipio de Tlapehuala, que es una localidad entre Altamirano y Arcelia, a 3 kilómetros de este último municipio. Esta es otra entrada de camino rural que tiene acceso a rutas que llevan a Santana del Águila.
La intención de los bloqueos es impedir que lleguen refuerzos a los militares y grupos policiacos en la zona.
Cerca de las 5 y media de la tarde llegaron al crucero de Poliutla tres patrullas cargadas con escudos y equipo antimotines, que al parecer intentaban llevar a Santana del Águila, pero no alcanzaron a cruzar.

Cerraron el paso a las autoridades

En un primer momento la tarde de este jueves la autodefensa consideraba permitir el ingreso de los policías estatales y ministeriales, pero no del Ejército, a quienes señalaron de estar coludido con El Tequilero, pero luego de la visita del vocero a La Gavia por aire, y ante la falta de diálogo con el movimiento de autodefensa acordaron que no permitirían la entrada a ningún grupo policiaco.
En la tarde se mantuvo en el poblado de Santana el grupo militar y policiaco pero tampoco se movieron los bloqueos, lo que dejó prácticamente cercadas las salidas para ellos.
Las autodefensas pidieron la salida del grupo militar que se ubica en la cabecera municipal, al considerar que no combatió a El Tequilero, sino que incluso le prestó auxilio a su gente para escapar.

Denuncian en Iguala el hostigamiento a estudiantes de Ayotzinapa y padres de los 43

A 31 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, normalistas e integrantes de las organizaciones sociales que los acompañan colocaron ofrendas florales en memoria de los tres estudiantes asesinados, y denunciaron hostigamiento y persecución del gobierno federal en contra de jóvenes de la Normal Rural y los padres de los 43 desaparecidos.
En la mañana ante la versión de que padres de los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan iban a protestar en esta ciudad, los retenes militares que son permanentes en las entradas a la ciudad fueron retirados, la vigilancia y la seguridad en el 27 Batallón de Infantería se reforzó con la colocación de vallas metálicas y la sede del Ayuntamiento fue vigilada por agentes armados de la Policía Federal.
Una hora después de la hora convocada, a las 6 de la tarde inició la primera actividad en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte, sitio al que llegaron cuatro normalistas de Ayotzinapa en un autobús de la estrella de oro, en representación de los padres.
Tras la colocación de una corona de flores de dos estudiantes en el sitio en el que ocurrieron los primeros ataques a los estudiantes, un joven reclamó la falta de atención de las autoridades federales a los padres de los 43 desaparecidos, a quienes los recibieron con policías antimotines y gases lacrimógenos cuando pedían una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Denunció que han recibido amenazas, hostigamiento y persecución de autoridades del gobierno federal como forma de presión para dejar el movimiento.
Crítico que a 31 meses de los hechos el gobierno federal les cierra las puertas y hace caso omiso a sus peticiones, con la finalidad de dar por cerrado el caso y sostener la “mentira histórica”, como se refirió a la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno federal llama la “verdad histórica”.
Un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reclamó que no haya personas sentenciadas por asesinato y desaparición forzada, y demandó justicia para los asesinados, la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural y castigo para los culpables.
“Ya estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras, y si a nosotros como ciudadanos nos duele y nos afecta esta situación, entendemos y justificamos los actos que realizan los padres de familia por la ausencia de sus hijos luego de 31 meses”.
El primer mitin concluyó a las 6:35 y los cerca de 50 activistas del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y la comitiva de normalistas, se trasladaron en vehículos a la estela de Julio César Mondragón Fontes, para colocar también una ofrenda floral y hacer un segundo mitin en el que reiteraron la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que tomó la palabra en el segundo acto donde fue hallado torturado y desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, calificó ese hecho como “una muestra de la podredumbre del PRI-gobierno”, dijo que van a seguir luchando para que sean castigados los involucrados en los ataques y la desaparición de los normalistas.
Advirtió que seguirán al lado de los padres y los normalistas para exigir justicia y no descartó la posibilidad de que una comisión se sume al plantón en la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de las 7 de la noche la comisión de normalistas salió hacia Chilpancingo y los miembros de las organizaciones se trasladaron a la explanada municipal, donde hicieron un acto cívico-cultural como lo han hecho cada mes desde la desaparición de los jóvenes.

Fueron cinco los calcinados en Chilapa y ayer tres hombres ejecutados en una base de transporte

Tres hombres, uno de ellos de 20 años, fueron ejecutados a balazos en una base de Combis del transporte público en la colonia El Jaboncillo, ubicada en la parte alta de la cabecera municipal de Chilapa. En el ataque otro joven y una muchacha de 20 años resultaron gravemente heridos.
Además, fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que los cuerpos calcinados la noche del domingo en un taxi en Chilapa son cinco desmembrados y que el vehículo del transporte público era del sitio Atenas del Sur de esta cabecera municipal.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un boletín de prensa que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado envió cien policías estatales “para contener e inhibir la violencia en Chilapa”.
En lo que va del año suman 48 ejecutados en el municipio de Chilapa atribuidos a la delincuencia organizada, indica un recuento de las notas publicadas en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 12:58 del día recibieron un reporte al número de emergencia al 911, del asesinato de tres hombres en la calle Emperador Cuauhtémoc en este asentamiento.
Testigos informaron que un grupo de personas estaban platicando en la parada de Combis, después llegaron hombres armados al lugar y los atacaron a balazos.
Las víctimas son un joven de 20 años, un hombre de 36 y otro de 45, que quedaron tendidos de lado en la banqueta, a un costado estaban dos vehículos del transporte público estacionados y fueron localizado 10 casquillos percutidos calibre 45 y .9 milímetros.
El joven de 20 años vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul fuerte y botas blancas; el hombre de 36 portaba playera negra, pantalón de mezclilla café y tenis negros, la tercera víctima vestía playera rosa, pantalón de mezclilla azul y tenis azules.
Los dos heridos fueron identificados como Miriam de 20 años, quien fue trasladada al hospital general, y Jaime de 28 años.
Al lugar acudieron militares, policías estatales, municipales y ministeriales que acordonaron la zona, peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron levantadas por sus familiares.

Calcinados la noche del domingo

Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que los restos humanos calcinados hallados la noche del domingo en un taxi en Chilapa, corresponden a cinco personas desmembradas, y que el vehículo de transporte público pertenecía al sitio Atenas del Sur, de la cabecera municipal.
En primer reporte la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que había al menos tres cuerpos en el taxi Tsuru calcinado hallado a unos 300 metros del retén militar y de la Policía Estatal, ubicado en los arcos de entrada a la ciudad.
Sin embargo la mañana ayer, la FGE informó que son cinco víctimas, que fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para las pruebas de genética y para determinar su género.
La FGE abrió la carpeta de investigación 12040190100102120317 en contra de quien resulte responsable.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un comunicado que por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la SSP intensificaron las acciones para detener el repunte de violencia en este municipio.
Comentó que la Sedena mantiene en Chilapa 500 militares sin descuidar otras regiones y agregó que existen operaciones de seguridad permanentes en Acapulco y Chilpancingo.
Agregó que en Chilpancingo, Chilapa, Tixtla y Zitlala se intensificaron los patrullajes para inhibir los hechos de violencia, además se realiza la revisión de vehículos, motocicletas y personas sospechosas.
“La zona comprendida entre los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Tixtla, Zitlala y Chilapa está considerada como prioritaria por el enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas por el control de ese territorio”, concluye el comunicado.
Entre el sábado y el domingo, dos mujeres, una de ellas embarazada, y tres hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos de violencia en Chilapa. Además, una joven resultó herida en uno de los ataques.
La noche del miércoles una camioneta calcinada con cinco cuerpos fue hallada entre la colonia Jacarandas y el fraccionamiento Los Reyes, rumbo a la comunidad Ajacayán. La mañana del martes fueron hallados seis hombres desmembrados depositados en 13 bolsas de plástico, en la carretera de terracería que comunica a la cabecera municipal con la comunidad Xulchuchuio.

Se reúnen jefes de la SSP y militares en Chilapa; se enviaron 100 policías más, informa el vocero

Después de un violento domingo que dejó 10 muertos, cinco de ellos calcinados, en distintos hechos en el municipio de Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió 100 policías más para contener e inhibir la violencia de la región.
El miércoles en la tarde en Acapulco el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo Coordinación Guerrero, para abordar principalmente el repunte de la violencia en Chilapa, luego de que cinco personas fueron encontradas calcinadas en un automóvil en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Ajacayán.
El sábado en un boletín de prensa se dio a conocer que se intensificaría la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los municipios de Chilapa y Chilpancingo. El documento se difundió un día después de que el presidente de la organización de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro reveló que los integrantes del grupo criminal Los Ardillos tienen una ruta en la que se trasladan desde Chilapa a Chilpancingo “de Chilapa a Atzacoaloya, San Ángel y Xiloxuchican. Después enfilan a Juxtlahuaca y Colotlipa, municipio de Quechultenango, pasan por la cabecera municipal y siguen hacia Mochitlán, para después llegar a Petaquillas que ya tienen como bastión y de allí entran a Chilpancingo”.
Ese día Díaz Navarro dijo que las actividades de ese grupo criminal cuentan con la complicidad del gobierno, “porque todo les acepta y permite a ese grupo”.
Pese a la “intensificación” de las acciones de las dos corporaciones, la noche de este domingo se encontró otro carro calcinado con cinco personas en el interior, el hecho violento se registró en la colonia Miguel Hidalgo, en esta ocasión fueron quemados en un taxi y ese día hubo otros cinco ejecutados en distintos hechos en Chilapa.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia subrayó que la determinación de enviar a 100 policías estatales más fue una decisión que tomó únicamente el gobernador, para sumarlos a los 30 que ya están activos en aquel municipio.
Reconoció que desde la semana pasada antes de la calcinación de los primero cuerpos se tenían indicios de que la violencia estaba resurgiendo, ya que el numero de homicidios dolosos de Chilapa iba en aumento.
La zona comprendida entre los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Tixtla, Zitlala y Chilapa está considerada como prioritaria por el enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas por el control de ese territorio, agregó en un comunicado.
Dijo que del primero de enero al 12 de marzo iban 35 homicidios dolosos, aunque en un recuento de lo que se ha publicado en El Sur de los crímenes en los que al parecer estuvo involucrada la delincuencia organizada, suman 45 en ese periodo, más otros tres ejecutados ayer en una base del transporte público.

Otra reunión por la seguridad de Chilapa

El 28 de diciembre de 2016 con la presencia del secretario de la defensa, general Salvador Cienfuegos se hizo la evaluación de la región de Chilapa y Zitlala para reforzar la seguridad.
En ese mismo año pero el 21 de enero fue la reunión de seguridad en el restaurante Casa Pilla, ahí estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y se determinó la construcción de un cuartel militar en Chilapa.
Ayer el comandante de la 35 Zona Militar José Francisco Terán Valle, el secretario de Seguridad Pública del Estado Pedro Almazán Cervantes, así como el responsable de la Policía del estado con destacamento en Chilapa se reunieron en la tarde en Chilapa para supervisar las tareas de seguridad.
La presidencia municipal de Chilapa, en un boletín de prensa, indica que los mandos llegaron en la tarde a esta ciudad azotada por la violencia y la inseguridad.
En la reunión, agrega el documento, el general Almazán Cervantes dio a conocer que se enviaron 100 nuevos agentes de la Policía del Estado para contener e inhibir la violencia, el general Terán Valle confirmó que 500 soldados del Ejército resguardan el municipio.
Al encuentro asistieron el alcalde priista Jesús Parra García y el segundo síndico Esteban García García.
Según la presidencia municipal, Jesús Parra “reconoció” al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores por “el apoyo en materia de seguridad” y solicitó “una mayor atención a este municipio”.
Apenas el pasado jueves el alcalde evadió responder del recrudecimiento de los hechos delictivos en el municipio.
En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dice que “los mandos policial y militar escucharon los planteamientos de las autoridades municipales con el objetivo de identificar sus necesidades en materia de seguridad, durante su estancia en Chilapa el secretario de Seguridad Pública y el Comandante de la 35 Zona Militar supervisaron también el despliegue de la Policía Estatal y militar, así como la instalación de puestos de vigilancia conjunta ubicados en puntos estratégicos de la cabecera municipal para prevenir e inhibir la comisión de delitos”.

En 20 años se ha agravado drásticamente la situación de los indígenas: Centro Morelos

 

A 20 años de su fundación, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), destacó que la situación en que viven los pueblos indígenas con los que trabaja se ha agravado de manera drástica, debido a que además de la pobreza y la miseria que padecían en ese tiempo, ahora, además viven inmersos en un contexto de violencia y de violación a los derechos humanos.
En un comunicado, el Centro Morelos reconoce que, a pesar de su trabajo, el contexto se ha agravado de manera “drástica”, ahora las comunidades viven no sólo en un ambiente de inseguridad alimentaria, sino de inseguridad social, y denuncia que se les sigue negando los más elementales derechos.
“Hoy las comunidades enfrentan otros retos que tienen que ver con la inseguridad provocada por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, que han roto el tejido social hasta en los lugares más apartados contando con la complicidad de las autoridades de todos los niveles”, denuncia el Centro Morelos, en el documento.
Menciona que en ese contexto, 20 años después, dos temas son los que ocupan su agenda, el desplazamiento forzado de las familias víctimas de la violencia y la desaparición forzada de personas por esa misma causa.
El Centro Morelos comenzó sus actividades en 1997, después de varios meses de pláticas informales con vecinos de diferentes comunidades, con quienes los promotores comenzaron a hablar del quehacer de cada uno en la lucha social en el contexto nacional y regional, “de las inquietudes que despertaban las injusticias, la pobreza y marginación que se vivía en los pueblos indígenas”, detalla el organismo en su documento.

La militarización ante el surgimiento del EZLN y del EPR motivaron el interés en crear el organismo, recuerdan

Antes, en 1994 había salido a la luz pública el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en 1996 en Guerrero surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los dos hechos motivaron el incremento de la militarización y la violación a los derechos humanos que se traducían en torturas, extorsiones y detenciones extrajudiciales, y fue lo que motivó el interés de crear un organismo de esta naturaleza.
Cuando los promotores lograron consolidar un grupo con un interés común, donde participaban sacerdotes, docentes, trabajadores de la salud, campesinos y estudiantes, pasaron a la siguiente etapa, en la que el párroco de La Villa de Chilapa, Bernardo Sánchez Cruz tuvo un papel fundamental. “Él, con el conocimiento de las injusticias que sufrían en las comunidades, abrazó la propuesta con mucho optimismo y así, después de varios meses de reuniones, decidimos constituirnos en un organismo de promoción y defensa de los derechos humanos, haciendo su presentación pública el 25 de enero de 1997, y posteriormente hicimos los trámites legales”, recuerdan en el comunicado.
El organismo destaca que, a 20 años, el Centro Morelos “es un organismo de la sociedad civil que llegó para quedarse”.
En los primeros casos que atendió comprobó que no había equivocación en el análisis de la violencia que los militares ejercían hacia la población que sitiaba comunidades indígenas, deteniendo, torturando, desapareciendo temporalmente a varios campesinos y violando a mujeres indígenas.
“Entonces, nos dimos cuenta de que no bastaban los buenos deseos ni las buenas intenciones, sino que, para poder cumplir con nuestra misión, teníamos que buscar incorporar licenciados en derecho con vocación, mística, convicción y, desde luego, buscar recursos económicos para cubrir los gastos”.
Las actividades del organismo durante los primeros 12 años giraron en torno a la promoción de los derechos humanos, organizando alrededor de 20 talleres, reuniones y recorridos permanentes en comunidades de los municipios de Ahuacuotzingo, Atlixtac, Zitlala y Chilapa.
En 2001, el Centro Morelos comenzó a acompañar a víctimas de desaparición forzada, como Faustino Jiménez Álvarez, caso que llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2007 realizó una campaña para promover la formación de la Policía Comunitaria en la región, organizando reuniones en varias comunidades, “pero no se tuvo eco porque la gente lo primero que preguntaba: ¿Cuánto van a pagar? y ¿las armas las va a dar el gobierno?”. El Centro Morelos menciona que por eso extraña que en la actualidad surjan tantos supuestos policías comunitarios.
Para 2010, el organismo publicó el diagnóstico, La situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas y la violencia contra ellas en la región de la Montaña baja del estado de Guerrero, en el que se habla de la doble violencia ejercida sobre las mujeres indígenas.
Actualmente las comunidades enfrentan otros retos, “que tienen que ver con la inseguridad provocada por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada que han roto el tejido social hasta en los lugares más apartados contando con la complicidad de las autoridades de todos los niveles, sufriendo una mayor vulnerabilidad cientos de jóvenes que, impulsados por la miseria, se involucran en los grupos delincuenciales”.
En estas condiciones, menciona que dos temas ocupan su agenda, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas.
Desde 2011, el Centro Morelos acompañó a 32 familias de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, víctimas de desplazamiento forzado ante la delincuencia organizada.
En enero del 2016, comenzó a dar acompañamiento a 34 familias desplazadas de la comunidad indígena de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, víctimas de hombres armados que irrumpieron en sus casas, dejando a seis vecinos muertos.
También ha acompañado a las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Asimismo, después de la irrupción de civiles armados en Chilapa, en mayo del 2015, que dejó por lo menos 16 desaparecidos, “hemos caminado de la mano con el colectivo Siempre Vivos, conformado hasta ahora por familiares de más de 100 personas desaparecidos en el que se encuentran personas de comunidades de Chilapa y Zitlala”.
“Ppese a este panorama” el organismo se encuentra consolidado, “con una mayor experiencia” y se ha convertido en un “referente” en los temas de desplazamiento y desaparición, menciona.

 

La Ley de Seguridad busca legalizar las torturas del Ejército, denuncia la Afadem en Atoyac

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) conmemoró el 103 aniversario del natalicio del líder atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en 1974.
La ceremonia fue presidida por el secretario ejecutivo de esa organización, Julio Mata Montiel, en el Zócalo de Atoyac frente a la placa del perdón que el gobierno federal colocó en disculpa a los familiares de Radilla Pacheco. Ahí denunció que se quieren legalizar los asesinatos y torturas del Ejército.
Esa placa se colocó sin la presencia de los familiares de Rosendo Radilla y de otros desaparecidos de la guerra sucia, y no se invitó a la actividad a las organizaciones que demandan justicia.
En la colocación de la ofrenda floral los familiares y miembros de la organización explicaron que la vicepresidenta de la organización, Tita Radilla Martínez no pudo asistir porque estaba en un foro en la Ciudad de México.
Mata Montiel destacó que la defensora de derechos humanos fue para inconformarse por la propuesta de Ley de Seguridad Interior que pretende oficializar mecanismos de desaparición y tortura del Ejército, “son asesinos, han desaparecido personas, torturado y ahora se quiere legalizar que el Ejército torture y desaparezca a la gente como lo hizo con Rosendo Radilla hace 42 años, con dos días que se llevó al cuartel que había en Atoyac”.
El secretario ejecutivo de la Afadem dijo que este es un día importante para la organización, porque el caso Rosendo Radilla ayudó a modificar las leyes mexicanas después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano.
A 103 tres años de su nacimiento dijo que los familiares y la organización exigen la presentación con vida de Rosendo Radilla y de más de 500 desparecidos de Atoyac en la época de terrorismo de Estado en la década del 70, cuando miles de militares sitiaron el municipio y desaparecieron a más de 300 ciudadanos.
La bisnieta del desaparecido, Cintia Martínez Nogueda destacó que en tres generaciones de su familia no han visto investigaciones serias en el caso.
Criticó que en las excavaciones que ordenó la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH) para localizar los cuerpos, se van posponiendo porque las autoridades dicen que no hay dinero y que esperen.
Destacó que su abuela Tita Radilla ha persistido y luchado pese a muchas adversidades, lo que les da ánimo y fuerza a las nuevas generaciones para exigir justicia.

Se quedará el campamento militar en la entrada de Petaquillas, advirtió el jefe del Ejército

 

El comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez Mendoza, dijo que el campamento en Chilpancingo se mantendrá, pese a las protestas de vecinos y policías rurales de Petaquillas que denunciaron que fueron intimidados por los soldados.
Consultado al finalizar la sesión del Grupo Aca afirmó que la Ley de Seguridad Interior sobre el papel del Ejército en tareas de seguridad, se debe aprobar en el Congreso porque “es para bien de todos”.
Del marino asesinado en la colonia Emiliano Zapata por hombres armados informó que se comunicó con la Secretaría de Marina “por esa pérdida tan importante. Y es gente que está trabajando para Acapulco y está perdiendo”.
Consideró que independientemente del ataque ocurrido el martes, hay coordinación entre las entidades encargadas de la seguridad.
De Ley de Seguridad Interior, Jiménez Mendoza expuso que se requiere que se emita para delimitar sus acciones “para bien de todos surja esta ley, para que nos marque las responsabilidades que tendrá cada una de las autoridades responsables de proporcionar la seguridad a toda la sociedad, no es una seguridad para las fuerzas armadas, es para todo el país”.
Mencionó que ahí se define cómo participará el Ejército, “en qué momento, en qué área, bajo qué esquemas y cuál sería la responsabilidad de cada ente que tiene que participar para dar ese ambiente de seguridad”.

Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.

Solicitan ONG a la CIDH que admita el caso del indígena nahua asesinado por militares en Huamuxtitlán en 2009

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Regional José María Morelos y Pavón, acompañados del Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos solicitaron la admisión del caso del náhuatl Bonfilio Rubio Villegas asesinado por soldados en un retén en Huamuxtitlán en junio de 2009, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición se da ahora que se discute la Ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión que busca darle un marco jurídico a los militares para estar fuera de sus cuarteles, y en la militarización de Guerrero.
En conferencia de prensa transmitida en línea desde la Ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández mencionó que el único militar acusado de homicidio culposo en este caso fue exonerado “porque los jueces le tienen miedo a los militares”, así como ahora los diputados “se doblegan ante la línea dura del poder” y preparan una ley para regular la impunidad que gozan las fuerzas castrenses.
Aseguró que el Ejército se erige por encima de la autoridad civil, toma el control del territorio y no hay quién le ponga un alto, como ocurrió en la agresión a balazos contra el autobús del servicio público donde viajaba Bonfilio, y el agente del Ministerio Público se supeditó a las decisiones de los militares.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre acusó a los jueces de actuar de forma tendenciosa cuando los inculpados son militares y no civiles, ya que los asesinatos de civiles por soldados son juzgados sólo como homicidio doloso y no culposo.
dijo que debe considerarse como agravante que funcionarios públicos capacitados para el uso de armas de fuego y de la fuerza letal atenten contra la vida, “si un militar disparó indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros debió saber que puede privar de la vida a alguien, así como ocurre en otros países”.
En la conferencia en el Centro Prodh también estuvo el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas para informar que su familia decidió llevar el caso a la CIDH porque no es el único homicidio que han cometido los militares en Guerrero.
También náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa de Comonfort, relató que durante siete años han exigido castigo para el soldado que disparó a Bonfilio, y a quien dio la orden de que disparara.
“Un soldado no hace nada solo, recibe órdenes para la acción, el Ejército ha hecho cosas que no debe hacer, hace investigaciones pero todo a su favor, cuando a nosotros como víctimas no nos dan esa facultad de presentar pruebas de cómo fue el caso, sino que ellos hacen, plantan enervantes en el autobús donde iba mi hermano, lo que no encontraron antes en una revisión lo encuentran cuando mi hermano ya está muerto”.

Soldados del 93 Batallón de Infantería dispararon al camión, mataron a Bonfilio y después sembraron droga

En una reseña del caso Santiago Aguirre relató que en junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala abordó el autobús de la línea Sur lleno de pasajeros de Tlapa, y cerca de Huamuxtitlán el camión fue detenido por soldados del 93 Batallón de Infantería que tenían ahí un retén.
Luego de un escrutinio ilegal a los pasajeros y que el chofer reinició la marcha sin que lo autorizaran los soldados, éstos dispararon de manera indiscriminada y desproporcionada contra el camión. Dos balazos pegaron al medallón del vehículo, en el cuello y el cráneo de Bonfilio.
En ese momento el Ejército tomó control de la escena del crimen, manipuló la evidencia al extremo de sembrar enervantes para acusar de los sucesos al chofer del autobús.
Santiago Aguirre dijo que las primeras diligencias recayeron en el Ministerio Público (MP) militar, y tras una larga lucha jurídica el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una sentencia histórica en agosto de 2012, declaró inconstitucional el fuero militar y ordenó sacar la causa penal por homicidio del juzgado militar y que de ella tomara conocimiento un juzgado de distrito.
Hasta entonces la familia y sus abogados constataron las deficiencias de la actuación militar, no fue posible remontar esas “enormes deficiencias por actuación parcial y tendenciosa”, y el juzgado de Distrito exoneró al único militar acusado de los hechos.

El juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar

De las irregularidades, Abel Barrera indicó que el Ejército tomó el control de la escena y sembró droga, ·estaba armando la investigación para proteger a los perpetradores”.
El MP militar hizo la reconstrucción de los hechos, pidió a los cuatro soldados que dieron positivo en el uso de arma de fuego que se colocaran en la posición en que dispararon, y así determinaron que Valentín Alejo Hilario fue el que mató a Bonfilio.
En lo civil el juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar, pero consideró que las pruebas de balística basadas en declaraciones no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal, y exoneró al inculpado.
En ese sentido José Rubio dijo que la injusticia “nos duele como familia y nos da esa fuerza para buscar justicia, la verdadera justicia, se agotaron las instancias con lo militar, ganamos que el caso de mi hermano fuera a un juez civil, desgraciadamente no se pudo lograr nada, la persona que estaba detenida ahora está absuelta, vemos tristemente que no tenemos otra opción más que dar un paso a otra instancia. Tenemos derecho que el gobierno reconozca el delito del Ejército en contra de la sociedad. Espero que este testimonio sirva para que otros levanten la voz. Rechazamos la militarización del país”.

No se garantizó el derecho a la vida, a la integridad personal ni a las garantías judiciales

Vía telefónica desde Washington, Angelita Baeyens del Centro Robert F. Kennedy explicó que en la solicitud de admisión de caso en la CIDH se exponen las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dijo que la militarización de la entidad en el marco de la guerra contra el narcotráfico lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
Consideró que la revisión del proceso por la CIDH va a dejar un precedente que ayude a que no vuelvan a ocurrir casos como el de Bonfilio, y a evitar que la impunidad siga reinando en estas situaciones.
Del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares habló de los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, como hace en Guerrero desde la época de la guerra sucia, que dejó a más de 500 ciudadanos desaparecidos. Aunque en muchos casos estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo el caso del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco fue documentado y concluyó con una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Desde entonces los militares están en las calles y no han significado mayor seguridad, por el contrario, la violencia se ha incrementado”, expuso, y mencionó que en Chilapa en marzo de 2015 la cabecera municipal estuvo resguardada por militares y aún así 30 vecinos fueron privados de su libertad, y siguen desaparecidos.
Además se ha documentado que el Ejército participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Hace 10 años irrumpió en Tierra Caliente el grupo delictivo La Familia Michoacana

 

Desde finales de 2005 en la región Tierra Caliente irrumpen cárteles de la droga que intentan controlar esta zona y sus colindancias con el estado de Michoacán, antes controlada por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Es una zona geográfica en la que colindan el Estado de México, Michoacán y Guerrero y donde convergen carreteras que cruzan desde la costa a la sierra y sus rutas de salida hacia el norte de la República.
La lucha por el área comenzó a inicios del 2006 y una célula de los Zetas a finales del año se presentó con el nombre La Familia Michoacana. Así quedó asentado en los primeros narcomensajes que aparecieron en Altamirano, municipio de Pungarabato.
Para finales de 2007 el control de ese grupo delincuencial era mayor.
Una división interna entre el grupo de narcotraficantes de los Beltrán Leyva provocó que los líderes de las células que estaban en la Tierra Caliente pactaran con La Familia Michoacana, y así se posicionaron más rápido de esta región.
Según fuentes militares, para 2008 La Familia Michoacana tenía el control de la mayor parte de Michoacán, además de los 14 municipios de la Tierra Caliente en Guerrero.
En Guerrero controlaban Zirándaro, Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Arcelia, Tlapehuala, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, Tlalchapa y Coyuca de Catalán.
Algunas células que quedaron de los Beltrán Leyva intentaron recuperar los territorios en varios momentos y con apoyo del capo Édgar Valdez Villareal, La Barbie, pero sin éxito.
En marzo del 2011 unas mantas colocadas en Pungarabato y Coyuca de Catalán dijeron que había una división interna en La Familia Michoacana, la separación era en la región de Tierra Caliente entre Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.
Esa división permitió la entrada de otras células criminales a esta región, como el cártel Guerreros Unidos o el Jalisco Nueva Generación que en diferentes momentos han incursionado en los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, San Miguel Totolapan, pero sobre todo en la parte de la sierra de Tierra Caliente.
Fuentes militares informaron del crecimiento de La Familia Michoacana en Tierra Caliente del Estado de México, bajo el liderazgo de José María Chávez Magaña, El Pony.
En julio de 2014 el comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido informó que fue detenido uno de los más importantes líderes del cártel de La Familia Michoacana, Chávez Magaña.
El Pony fue considerado uno los hombres más fuertes del cártel y protector del capo Jhony Hurtado Olascoaga, El Pez, quien se ha atrincherado en el municipio de Arcelia desde donde mantiene el control de una ruta de trasiego de drogas que iba de los municipios de Apaxtla y Cuetzala hasta el sur del Estado de México, como Tlataya.

Un pacto entre narcos para el cobro de cuotas

Fuentes militares dijeron que La Familia Michoacana mantuvo el control de la mayor parte del territorio colindante entre Guerrero y el Estado de México del lado de Arcelia, entre ellos Tlalchapa, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, y los municipios de Tlatlaya y San Pedro en el estado de México, debido a El Pez, en tanto que en Altamirano Rodolfo Maldonado Bustos, Don José, mantuvo el control de las colindancias entre Guerrero y Michoacán con Los Caballeros Templarios, como Altamirano, Cutzamala y Coyuca de Catalán. Además Huetamo, Michoacán y San Lucas.
Un pacto en 2011 evitó que estos grupos se confrontaran.
Los enfrentamientos y balaceras a plena luz del día y en zonas céntricas por la pelea de territorios se convirtieron en la tranquilidad comercial, pero bajo el cobro de cuota de los grupos criminales a todos los comerciantes de la región para permitirles trabajar.
Para 2013 en San Miguel Totolapan se vislumbraba un nuevo conflicto territorial tras una división de una célula de La Familia Michoacana controlada por Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Desde marzo del 2014 hasta mayo del 2015 la Fiscalía General del Estado (FGE) registró ocho ejecuciones que aparecieron con narco mensajes en contra de la banda de El Tequilero. Estos homicidios fueron principalmente en las colindancias entre Ajuchitlán y San Miguel Totolapan. Todos los narcomensajes estaban firmados “FM” (Familia Michoacana).
Bajo el control de la Policía Municipal El Tequilero se empoderó en San Miguel Totolapan. Las últimas denuncias y órdenes de aprehensión en su contra muestran la relación de siete mandos policiacos de esta corporación vinculados a su grupo.
En marzo de este año según reportes policiacos, Arnulfo Pineda Pérez, El Boinas, fue detenido por policías estatales y encarcelado formalmente en Arcelia por homicidio calificado, en agravio de José Antonio Ceferino Gil. Fue detenido en un retén bajo la orden CUAU/SC/02/00050/2015.
Arnulfo Pineda fue el último comandante que tuvo la Policía Municipal de San Miguel Totolapan en el periodo de Saúl Beltrán Orozco. En la misma orden de aprehensión se incluyen a seis policías más, además de a El Tequilero.
Tres narcomensajes en 2014 anunciaron la aparición del “comando suicida tequileros”, peleando por San Miguel Totolapan y sus fronteras con Arcelia.
Bajo el lema de que San Miguel Totolapan debería de ser para los de San Miguel Totolapan y no para los de Arcelia, El Tequilero asumió el control de la mayor parte del municipio, sobre todo de las partes baja y rural.
“Esto le va a pasar a todos los que le pasen información al Pescado (Johnny Hurtado Olascoaga). Atentamente El Tequilero”, decía el mensaje sobre el cuerpo de la ex regidora panista del municipio de San Miguel Totolapan, María Félix Jaimes Álvarez, quien apareció ejecutada en junio del 2014.
En la sierra se conformaron desde 2015 autodefensas en Los Encinos, Linda Vista y Petlacala. La intención era parar a grupos criminales que subían y atacaban pueblos completos. Entre ellos incluyeron al grupo de El Tequilero como lo hicieron desde el 12 de diciembre vecinos de San Miguel Totolapan.
El Tequilero ya no entraba a la sierra debido a la organización de los pueblos y la entrada de otros grupos, tanto de la costa como del lado de Arcelia y de Apaxtla.
Ante la disminución del territorio, El Tequilero comenzó a secuestrar masivamente a vecinos de Tierra Caliente.
En el último año la Fiscalía de Guerrero le atribuyó más de 40 secuestros, por los cuales cobró rescates y a algunas de sus víctimas las ejecutó.