Etiqueta: Violencia

La impunidad que permitió el gobierno empoderó a El Tequilero, reprochan vecinos de Totolapan

La historia criminal de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, vecino de San Antonio de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, comenzó hace unos 10 años en este municipio de la Tierra Caliente, sin embargo la impunidad que según vecinos le ha dispensado el gobierno lo empoderó y lo llevó a cometer cada vez actos de mayor osadía a partir de hace unos tres años.
Un trabajador del Colegio de Bachilleres recuerda que una mañana del mes de mayo de hace tres años llegó un grupo de personas armadas a esa escuela y pidió hablar con el director, quien los recibió sin saber para qué lo buscaban.
“¿Usted conoce a estos?”, le preguntó uno de los desconocidos al profesor quien les recibió un papel con una lista de nombres. Contestó, sin saber para qué era la consulta que sí, dos eran maestros y tres administrativos. Entonces le pidieron al director que los fuera llamando por separado.
A todos ellos les dijeron que iban de parte “del Jefe” a quien en adelante tenían que mandarle la mitad de su salario. Tres años después los dos maestros abandonaron la escuela antes que pagar la cuota, dos administrativos desaparecieron misteriosamente y un tercero el lunes pasado se sumó al grupo de autodefensa que se propone enfrentar al líder del grupo criminal conocido como Los Tequileros.
“Ya no era posible seguir soportando más, este hombre nos va a acabar”, se quejó el trabajador administrativo de Bachilleres quien el mediodía de ayer portaba una escopeta y el rostro cubierto.
Agregó que esa lista de cinco nombres, actualmente se ha ampliado a unos 200 de gente de la cabecera municipal, “casi la mitad de los habitantes que quedan en este pueblo”, dijo el trabajador, quien agregó que entre esa lista estaba el ingeniero Isauro de la Paz Duque, secuestrado la tarde del domingo pasado por Los Tequileros y que fue la causa de que el lunes se armaran e integraran un grupo de autodefensa, para protegerse del grupo criminal.
Una hermana de la Paz Duque contó que efectivamente a su hermano primero quisieron extorsionarlo con la amenaza de que sería levantado, lo que finalmente ocurrió.
Dijo que por eso, “toda la gente que ve usted que está aquí, está con miedo”, expresó en referencia a los hombres y mujeres armados y encapuchados que rodeaban el mediodía de ayer la casa del ingeniero secuestrado que fue liberado la tarde de ayer.
Agregó que a pesar de eso están en el movimiento porque ya quieren quitarse ese yugo que El Tequilero ha mantenido sobre los habitantes de este pueblo.
“En las redes sociales se ha publicado la lista de las víctimas de ese señor y es inmensa, no solamente de este pueblo, de los otros vecinos de por aquí “, dijo la mujer quien celebró que “la gente haya respondido ahora sí al llamado para organizarse y frenar los abusos y humillaciones de El Tequilero”, porque dijo que el movimiento que comenzó el lunes tras el secuestro de su hermano, no es particular ni de una familia o de un grupo, “es una lucha de todo el pueblo.
“Usted lo va a ver, hoy vienen unas personas, mañana otras y así sucesivamente, porque la problemática es general, no es particular ni algo que se haya presentado de la noche a la mañana, lleva ya muchos años gestándose, desde que comenzó esta situación de violencia”, contó la mujer.
La gente de este pueblo recuerda que El Tequilero comenzó a delinquir en la cabecera municipal y en los pueblos vecinos desde hace 8 o 10 años, cuando comenzaron a hacer las denuncias de los ilícitos, pero que desde entonces el gobierno lo ha protegido, “porque sabe dónde se mueve, dónde está pero lo protege”, acusó Juana Castro, otra de las mujeres que participan en el movimiento civil armado.
“Vamos a ver cómo actúa (el gobierno) ahora, esperamos que esto (el movimiento armado) sea el agua que se derrame del vaso y que realmente se pongan a trabajar, porque no les exigimos que hagan más de lo que sabemos es su trabajo, que es darle seguridad y paz a un pueblo, como habitantes pagamos impuestos y es lo mínimo que podemos recibir”, reprochó.
Otro vecino de este pueblo, quien como muchos se cubre el rostro y evitar dar su nombre, recordó que hace 20 días el fiscal Xavier Olea Peláez aseguró en San Jerónimo el Grande, un pueblo cerca de aquí, que llevaba instrucciones del gobernador Héctor Astudillo “de darle pa’bajo” a El Tequilero, pero añadió que después el funcionario se arrepintió y que todavía están en espera no de que le den pa’bajo, pero sí que lo detengan para que se termine la cadena de crímenes que ha cometido.

Lleva 10 años asolado Totolapan por El Tequilero; mil 400 familias se han ido y sólo quedan 400

Escuelas cerradas, casas abandonadas, comercios con las cortinas abajo –y los pocos abiertos lucen estantes vacíos– es lo que ha dejado en San Miguel Totolapan la violencia atribuible a Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, contra quien desde el lunes se rebelaron los pocos habitantes que quedan en este pueblo y pretenden hacerle frente con escopetas hechizas y rifles de bajo calibre, hasta acabarlo.
La violencia provocada por el grupo criminal Los Tequileros cambió la vida radicalmente en este pueblo desde hace aproximadamente un año, aunque el líder del grupo criminal comenzó a cometer delitos en la cabecera municipal y en pueblos vecinos hace aproximadamente 10.
Un miembro de la autodefensa aseguró que a partir de entonces unas mil 800 familias dejaron el pueblo y solamente quedan unas 400, cuyos integrantes son los que cansados de los secuestros, asesinatos, extorsiones, robos, violaciones amenazas y humillaciones se armaron y enfrentaron luego de que se convencieron de que cuenta con el respaldo del gobierno.
Mientras tanto las consecuencias saltan a la vista. En San Miguel Totolapan, la cabecera municipal, desde el lunes pasado los tres kínder, las tres escuelas primarias, la escuela secundaria y el bachillerato cerraron sus puertas ante el temor de los maestros y de los padres de familia que decidieron no mandar a sus hijos.
Muchos meses antes de por sí algunos de los maestros habían dejado de asistir a sus labores regularmente por el miedo al grupo criminal, contó Daniel, un hombre de unos 60 años que el mediodía de este miércoles empuñaba una escopeta con el rostro cubierto con un paliacate, sentado en la contra esquina de la casa del ingeniero Isauro de la Paz Duque.
De la Paz Duque es la víctima más reciente de El Tequilero, a quien hasta la tarde de este jueves mantenía secuestrado, lo que motivó que los habitantes se armaran de valor y de rifles y escopetas para enfrentar al criminal, vecino de San Antonio de La Gavia, una comunidad ubicada a unos 40 minutos de la cabecera municipal.
De entrada detuvieron el lunes pasado, un día después del secuestro del ingeniero Isauro, a 24 de sus seguidores de este pueblo, entre ellos a su madre María Félix de Almonte, así como a la regidora priista María del Carmen Barrera Delgado. Al resto los acusaron inicialmente de servir de halcones al presunto criminal. Sin embargo el martes soltaron a seis de ellos porque comprobaron que no tenía nada que ver, y hasta la tarde de ayer mantenían a 18 detenidos.
Desde el lunes Daniel y decenas de los vecinos del pueblo se mantienen afuera de la casa del ingeniero que estaba secuestrado, en espera de su liberación. Habían emplazado tanto al presunto delincuente como al gobierno estatal para que entregara a su víctima a las 12 del día de ayer, de lo contrario asumirían otras medidas, dijo el vecino de este pueblo que hacia guardia.
Una de estas medidas explicó, es el cierre de la carretera que comunica a San Miguel Totolapan con San Antonio de La Gavia en cuyos alrededores creen que se esconde el delincuente, que tiene asolados a los pueblos de la zona.
Mientras tanto en el resto del pueblo las calles lucían vacías, las casas abandonadas, los comercios cerrados y los niños encerrados en sus viviendas por sus padres para no arriesgarlos ante cualquier incidente violento.
“Pero esto no es de ahorita, ni por lo que estamos haciendo. El pueblo se ha venido quedando solo desde hace más de un año”, contó Daniel.
Explicó que en el pueblo, que hasta hace poco más de un año era de unos mil 800 habitantes, ahora sólo quedan unos 400, “las familias se han ido poco a poco a distintos lugares del estado o del país, no sabemos a dónde y allí dejaron sus casas, sus tierras, sus bienes”.
Dijo que todos se fueron porque les mataron, les secuestraron o les desaparecieron a un familiar, “o igual porque los extorsionaron o los amenazaron”, y aseguró que en este pueblo, “sin exagerar el 80 o 90 por ciento ha sido víctima de El Tequilero.
“Y le estoy hablando solamente de aquí, de la cabecera municipal, pero el cabrón ha hecho lo mismo en las comunidades vecinas: Santa Catarina, Valle Luz, La Comunidad, San Francisco, Los Guajes, La Tinaja, Terrero, El Cubo, Villa Hidalgo y El Romance, que son las más cercanas y que conocemos. Todos esos son pueblos fantasmas, sus habitantes se han ido y los que quedan son gente de él, de El Tequilero.
Dijo que de hecho en la propia cabecera municipal hay gente que lo apoya, como los que fueron detenidos con su madre y la regidora priista, “que le sirven de halcones”.
Al mediodía de ayer un grupo de mujeres fue a reclamarle a los integrantes del grupo de autodefensa que hayan retenido un camión de Diconsa, cargado de viveres y que según dijeron su destino era San Antonio de La Gavia, y que era para alimentar a la gente de El Tequilero.
Sin embargo el grupo de mujeres que fue a reclamar la mercancía que trasladaba el cambión, aseguró que llegó para surtir la tienda Diconsa del pueblo ante el desabasto que hay en las tiendas particulares, “si de verdad dicen que están luchando por el pueblo entreguen la mercancía porque es para beneficio del pueblo, les exigió una mujer al grupo de hombres armados y encapuchados, pero estos bajaron toda la mercancía y llenaron cientos de bolsas para que las despensas fueran entregadas a la gente que participa en el movimiento.

Secuestrados en su propio
pueblo

Francisco, otro de los vecinos, que a diferencia del resto no estaba cubierto del rostro ni portaba arma, dijo que hace casi medio año que los camiones y camionetas proveedoras de mercancía dejaron de ir a surtir las tiendas de la cabecera municipal, y que sólo los que tienen carro en el pueblo se van a surtir de lo que necesitan a Ciudad Altamirano que está a poco más de una hora en vehículo, o a Arcelia ubicada a unos 45 minutos, los demás tienen que conformarse con lo poco que encuentran, contó el hombre de unos 50 años.
Aseguró también que en esta cabecera municipal hace mucho tiempo que no hay transporte público, porque El Tequilero no deja trabajar, exige cuotas y el que se niega a pagarle lo levanta o lo mata, “y así prefieren no dar el servicio”.
Dijo que desde hace más de tres años los habitantes de San Miguel Totolapan están secuestrados en su propio pueblo, “no podemos ir a trabajar nuestras tierras porque si nos encuentran solos nos levantan o nos matan” denunció don Francisco.
“No le voy a exagerar pero en menos de un año solamente en la cabecera municipal se han llevado a unas 100 gentes, incluyendo niños”, por eso la gente ya no quería salir de sus casas, mucho menos fuera del pueblo a trabajar, “pero ya perdimos el miedo y decidimos organizarnos para ahora sí hacerle frente”.
Después corrigió: “bueno, no le voy a negar, estamos con miedo pero es preferible esto a seguir como estábamos”, reconoció en referencia al movimiento de autodefensa que integraron el lunes pasado, un día después del secuestro del ingeniero Isauro de la Paz Duque.
En este pueblo, la gente está convencida de que Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, cuenta con el apoyo del gobierno, “no es posible que en 10 años que lleva cometiendo delitos por aquí no haya podido ser detenido, y a ver explíqueme usted, el gobernador (Héctor Astudillo Flores) dice que están negociando para la liberación del ingeniero, eso quiere decir que sabe quién es y donde está, pero en vez de detenerlo negocia con él para que entregue a los que tiene secuestrado”, se quejó el hombre rodeado de otros de edad adulta como él, quienes somnolientos se guarecen del candente sol bajo la sombra de las cornisas de las casas de puertas cerradas y enmohecidas por el abandono.

Tiene la autodefensa de Totolapan a 18 retenidos; se armaron ante la violencia, justifica el alcalde

 

La recién formada autodefensa de San Miguel Totolapan mantuvo retenidas ayer a 18 personas incluyendo a la mamá del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, con la intención de intercambiarlas por el ingeniero secuestrado Isauro de Paz Duque, con vida, lo que se asentó como acuerdo en una mesa de negociación con representantes del gobierno del estado que acudieron al punto del conflicto para dialogar.
Ayer cerca de las 10 y media de la mañana llegaron agentes del gobierno del estado a San Miguel Totolapan para dialogar con el movimiento que se levantó en armas este lunes, y para pedirles la liberación de las 18 personas que mantienen retenidas.
Por otra parte según un informe oficial, la noche del lunes, los integrantes de las autodefensas soltaron a seis personas de las 24 que mantenían retenidas en la comandancia, a quienes acusan de nexos con la delincuencia organizada y de trabajar para el grupo criminal Los Tequileros.
Entre los retenidos acusados de vínculos con criminales está la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro y la madre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, la señora Félix de Almonte.

Los acuerdos

La mesa de negociación se canceló casi al mediodía y se retiró el grupo del gobierno una vez que escuchó las inconformidades.
La postura de la autodefensa fue clara desde el principio: no liberar a ningún otro retenido hasta que estuviera libre el ingeniero.
Cerca de las 4 de la tarde se reanudó la mesa de negociación y las demandas de la autodefensa quedaron como acuerdos: Primero que se hará el intercambio de la señora Félix de Almonte, madre de El Tequilero a cambio de la vida del ingeniero Isauro de Paz.
El resto de los retenidos serán puestos en manos del agente del Ministerio Público de Arcelia para su investigación una vez que se haga el intercambio, se respetará la integridad de cada uno y se mantendrá la policía en el lugar como refuerzo a la seguridad.
En la reunión estuvieron Jesús Vargas Vargas director general de Gobernación del Estado, Alejandro Santos González vicefiscal de Prevención, Violeta Carolina Parra Reyna primera visitadora general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, además de una comitiva de siete vecinos de San Miguel Totolapan.
La autodefensa se mantuvo armada, en la tarde hubo reportes de camionetas con civiles armados de El Tequilero muy cerca del centro y eso puso en alerta a todo el grupo que resguarda dos cuadras a la redonda de la comandancia de la policía, donde están los retenidos, pero no hubo ningún enfrentamiento.
Ayer en la reunión hubo versiones de que hay negociaciones con El Tequilero para el intercambio.

“Dónde está mi marido”; se suman al movimiento familiares de víctimas de secuestrados

La presencia militar y policiaca en la cabecera municipal es intermitente, los agentes salen y entran. El argumento es que están buscando al ingeniero en recorridos foráneos.
San Miguel Totolapan está desierto, todos los negocios están cerrados, las casas cerradas, casi no se ve gente en las calles sólo patrullajes de las autodefensas. Algunas viviendas lucen banderas blancas del mismo grupo.
A la zona están llegando personas a sumarse desde muy temprano al movimiento.
Sonia es una mujer de 30 años de edad aproximadamente, acudió con familiares a sumarse al movimiento y expresó, “quiero que me digan dónde está mi marido, lo secuestró El Tequilero”.
Informó que recientemente secuestraron a su esposo, pagó 40 mil pesos por él cuando le pedían 200 mil.
“Estoy embarazada y me hicieron subir una loma para dejar el dinero y a la fecha no sé nada de mi marido, quiero que me lo entreguen por eso estoy aquí, porque quiero que ellos me ayuden a encontrar a mi marido”, dijo la mujer mientras lloraba.

Si el gobernador no atiende San Miguel habrá un enfrentamiento, advierte el alcalde

El presidente municipal Juan Mendoza Acosta, de extracción perredista, dijo a la prensa nacional y estatal que acudió al lugar que si el gobernador Héctor Astudillo Flores no atiende San Miguel Totolapan podría haber un enfrentamiento.
“El pueblo está haciendo su deber, el pueblo se está levantando porque la gente está cansada, mi postura es que lleguemos a un diálogo y que reine la paz, a un término bueno pero que al pueblo se le haga justicia”, dijo.
También expresó que “el tema es la inseguridad, quieren paz, quieren tranquilidad, si el gobierno les garantiza eso desistirán pero además que los tequileros se entreguen”.
“Yo no me he acercado al movimiento pero la situación es así hace 15 días que se levantaron a dos contadoras de aquí, (empleadas municipales), hace ocho días mataron a un tránsito municipal, el domingo se levantan a un ingeniero, eso derramó la gota, la gente se levantó”, relató.
“Yo le pido al gobernador que mire a San Miguel Totolapan porque puede haber un enfrentamiento”.

 

Atacan con cuerno de chivo a cuatro policías de Taxco desarmados que trabajaban con militares; tres están heridos

Hombres armados a bordo de dos vehículos atacaron la tarde de ayer con fusiles AK-47 a cuatro policías municipales de Taxco desarmados, hirieron a tres de los cuales dos fueron reportados graves.
Los agentes iban en una patrulla en el barrio Reforma en la avenida de Los Plateros cerca del centro de la ciudad.
El alcalde priista Omar Jalil Flores Majul dijo que el ataque a los uniformados que hacen funciones de proximidad social, es en respuesta al trabajo con el Ejército y dio a conocer que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad.
Según reportes de fuentes policiacas de seguridad pública del estado y vecinos de la cabecera municipal de Taxco, minutos después de las 12 de la tarde ocurrió una fuerte balacera en la avenida de Los Plateros, en el punto conocido como La Curva del Manguito, lo que generó caos entre automovilistas, comerciantes y en escuelas cercanas a la zona donde padres de familia fueron por sus hijos.
Minutos después las autoridades supieron que dos grupos de hombres armados a bordo de dos vehículos, un Sentra gris y un Jetta negro atacaron con armas de grueso calibre a cuatro policías desarmados, que iban en la patrulla de la Policía Municipal 57016.
El ataque a los policías fue cuando circulaban en la avenida Los Plateros de norte a sur, afuera de la Clínica de Especialidades, cerca de una sucursal de la cadena de tiendas Oxxo. Algunas balas impactaron en la fachada de la clínica y un automóvil Volkswagen Sedan rojo que estaba estacionado afuera.
Tras la balacera la patrulla se impactó con la barda del estacionamiento del hotel Real de San Diego, a unos 50 metros de donde inició el ataque. En seguida los sicarios huyeron.
En el ataque resultaron lesionados por los impactos de bala los policías Cristian de 30 años, Mario de 35 y José Alonso de 35 años.
También se dio a conocer que iba una mujer policía que salió ilesa y que sólo tuvo una crisis nerviosa. Los tres lesionados fueron trasladados para su atención al hospital general de esa ciudad.
En la patrulla de los policías se observaron más de 30 impactos de bala, principalmente en el cofre, el parabrisas y la puerta del lado del chofer.
Según las fuentes, en la zona encontraron más de 50 casquillos percutidos de diferentes calibres, entre estos 7.62 para fusil AK-47.
Tras la agresión se dio a conocer el despliegue de un dispositivo de búsqueda de los sicarios sin que hasta la noche de ayer se hayan dado a conocer resultados.
En declaraciones vía telefónicas tras el ataque a sus policías, el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores Majúl atribuyó el hecho a una respuesta de delincuentes al trabajo coordinado que de los policías con soldados del Ejército.
Adelantó que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad en su municipio, que tiene 76 policías municipales certificados desarmados que hacen funciones de proximidad social.
También tiene el apoyo de militares y policías estatales, estos últimos que son quienes están al frente de la seguridad.
Minutos después de las 2 de la tarde el alcalde informó que sus 76 policías municipales, los cuales tienen acreditados sus exámenes de control de confianza desde 2014 –tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala- están desarmados.
Dio a conocer que a los policías les había estado pidiendo resultados en algunos ilícitos como el robo de vehículos, por lo que se coordinaron soldados del Ejército, así que cree que el ataque de ayer fue en respuesta a esas labores.
Del estado de salud de los tres policías lesionados informó que dos estaban en quirófano, “ya que les dispararon con AK-47”, otro tuvo una lesión en un brazo y la mujer fue dada de alta.
Dijo que pedirá al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad “porque los policías no van a querer salir a las calles después de esto”.
La zona fue vigilada por policías estatales y soldados del Ejército en tanto que la circulación vehicular fue cerrada durante la práctica de las diligencias por peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del estado.

Se levantan en armas en Totolapan tras el secuestro de un ingeniero y retienen a la mamá de El Tequilero

En San Miguel Totolapan un grupo de vecinos se levantó en armas para exigir la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque, quien fue levantado la noche del domingo cerca del poblado de Valle Luz, y acusaron al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como el responsable del hecho.
Los manifestantes retuvieron en la comandancia del lugar a supuestos informantes de criminales (halcones) y entre ellos aprehendieron a la mamá de El Tequilero así como a una regidora del PRI, María del Carmen Barrera Navarro.
En las comunidades El Coco y la Laja municipio de Ajuchitlán del Progreso se reportaron más hombres levantados en armas, en apoyo al movimiento de San Miguel Totolapan y en contra de El Tequilero.
En un video que subieron a las redes sociales, vecinos de La Laja y El Coco reportaron ya entrada la noche que organizaron una autodefensa.
“Nos han humillado, nos han matado a nuestras familias”, dicen en el video y se pronuncian en apoyo a la gente de San Miguel Totolapan y terminan su video gritando “viva San Miguel Totolapan”.
Las comunidades de La Laja y el Coco se ubican en una ruta en dirección a la presa Las Garzas y en un punto colindante con el municipio de San Miguel Totolapan.
Mientras tanto en San Miguel Totolapan cerca de la 1 de la tarde se agruparon más de 100 personas en la plaza principal y comenzaron una manifestación. Llevaban cartulinas y mantas exigiendo que el gobernador Héctor Astudillo Flores cumpla su compromiso de brindar orden y paz, que fue su frase de campaña y pidieron su intervención para liberar al secuestrado.
Según versiones oficiales la noche del domingo Isauro de Paz fue a la comunidad de Valle Luz y ahí fue secuestrado por hombres armados. La gente acusó a El Tequilero como el responsable.
La víctima ha trabajado con una constructora en varias obras importantes de la localidad, principalmente con el Ayuntamiento, así como con varias obras federales mediante diputados perredistas, principalmente. Según la relación de contratos 2015 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en ese año tuvo cinco proyectos a su cargo.
Luego de algunos minutos de protesta el grupo acordó sacar las armas. Se reunieron con diferentes rifles y pistolas y de pronto comenzaron a retener a personas que aseguraron están relacionadas con el grupo criminal Los Tequileros. Se llevaron incluso a empleados municipales.
El ocupó la comandancia de la policía que lleva dos años sin funcionar. Ahí metieron a los retenidos, a algunos en las celdas y a otros en el patio.
Se llevaron a la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro, a quien acusaron de tener nexos con El Tequilero. También informaron que tenían retenida a la mamá del líder criminal.
La comandancia se ubica a dos cuadras de la plaza principal. Ahí llegaron soldados del Ejército e intentaron desarmar a uno de los manifestantes, pero luego de una discusión con el grupo se retiraron.

“Ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada”

El grupo se identificó como una autodefensa de vecinos de San Miguel Totolapan. Hicieron un pronunciamiento en el cual advirtieron, “ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada. Ya no queremos que se sigan violentando nuestros derechos humanos, ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un valle de lágrimas de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad”.
“El gobierno se ha mostrado incapaz de restablecer la paz de nuestro pueblo. Nos pronunciamos como un movimiento totolapense por la paz. Demandamos la liberación de los levantados y secuestrados, que cese la violencia y se restablezca la paz como lo anhelamos y lo deseamos todos, y nos negamos a seguir bajo el yugo de la delincuencia”.
También habló la esposa del hombre secuestrado, la señora Yadira Guillermo García quien le envió un mensaje a El Tequilero y al gobernador: “Nosotros tenemos aquí a la mamá del señor llamado El Tequilero, pido un intercambio a cambio de la vida de mi esposo le entregaremos a su mamá. Así como me entregue a mi esposo así le entregaré a su mamá, pero lo quiero sano y salvo, pero de lo que nos llegue a pasar a mi y a todo el grupo que aquí se manifiesta, responsabilizamos al señor Héctor Astudillo Flores ya que nunca has hecho nada por este pueblo, se ha hecho de la vista gorda, ya estamos cansados, todo el pueblo está cansado de que se llevan a gente inocente, le pido que regrese sano y salvo”.

“Son inocentes” dicen vecinas de La Gavia y enfrentan a la nueva autodefensa

Cerca de las 4 de la tarde llegó un grupo de mujeres a San Miguel Totolapan a exigir airadamente la liberación de los retenidos en la comandancia policiaca y hubo conatos de golpes.
Primero entró el Ejército a la cabecera municipal y detrás de ellos venían dos camionetas con unas 30 mujeres procedentes de La Gavia.
Las mujeres entraron hasta la comandancia con un joven y un señor de la tercera edad. Reclamaron la liberación de los retenidos, porque son “gente inocente”. Pero el otro grupo los acusó de hacer labores de halconeo.
Hubo un intento por retener al único hombre que llevaban pero las mujeres lo defendieron con machetes y hubo un conato de violencia. El Ejército y la Policía del Estado que habían permanecido a una y dos cuadras de distancia como observadores se acercaron a intervenir.
Agentes de ambas corporaciones hicieron un llamado para que liberaran a los retenidos y dejaran las armas, pero la gente se negó.
Hubo reclamos de su abandono a la seguridad en el municipio de San Miguel Totolapan.
Después de varios minutos de diálogo se acordó que liberarían a la mayoría de las personas, y que mantendrían solamente a la mamá de El Tequilero hasta que sea liberado el hombre secuestrado.
Sin embargo a las 8 de la noche no habían liberado a nadie había unas 20 personas retenidas en la comandancia.

Confirma el vocero que surgió una autodefensa en Totolapan contra Los Tequileros

 

El vocero del gobierno del estado en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó anoche que vecinos de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan se levantaron en armas, y detuvieron a varias personas para intercambiarlas con secuestrados que tiene en su poder la banda criminal Los Tequileros.
Fuentes extraoficiales informaron que entre algunos de los detenidos por el recién creado grupo de autodefensa están una regidora priista de ese municipio y la madre del líder de la banda Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, pero estos detalles no fueron confirmados por el vocero.
“No podemos confirmar la detención de la madre de El Tequilero ni de la regidora, lo que sí sabemos es que hay un grupo de personas retenidas por gente de la cabecera municipal”, expuso.
Álvarez Heredia dijo a las 11 de la noche que tampoco tenía el dato de cuántas personas están detenidas por el grupo de autodefensa, “esa es información que no puedo confirmar porque yo como tú hemos observado los acontecimientos conforme van pasando y no tengo, digamos, una parte oficial”.
Sin embargo dijo que tiene conocimiento de “la actuación de un grupo de ciudadanos que actúan obviamente al margen de lo que realizan las autoridades y hasta este momento (11 de la noche) no podemos confirmarte cuántas personas son, quiénes son, pero de que sí ocurrió un hecho en el que ciudadanos, obviamente lastimados por la actuación de este grupo criminal de los llamados Tequileros, orilló a los ciudadanos a levantarse en armas”, confirmó.
Dijo que sabe que se trata de ciudadanos que se armaron “con lo que tenían a su alcance, con lo que hicieron su presentación allí (en la cabecera municipal)”, explicó.
Álvarez Heredia informó que tampoco podía confirmar la detención de una regidora de ese municipio, “yo solamente tengo el dato de lo que se ha sabido a través de las redes sociales, pero oficialmente no me ha informado la Fiscalía y la Policía del Estado”, dijo y aseguró que hasta esa hora no había una denuncia formal del caso.
Agregó que se enteró por un video que se difundió, “sabemos que se trata de un hecho grave en el que los ciudadanos de San Miguel Totolapan deciden organizarse y buscar, incluso a este grupo de Los Tequileros”.

Marchan, cierran la autopista y encaran padres de los 43 a policías federales en Chilpancingo

A cinco años del desalojo a balazos contra normalistas en la Autopista del Sol unos 700 estudiantes, maestros y activistas sociales encabezados por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la capital y encararon a los policías federales por el asesinato de dos jóvenes en esta carretera, ante la violencia acrecentada pese a la vigilancia policiaca y militar y debido a los vínculos de las fuerzas de seguridad pública y armadas con la delincuencia.
“Ustedes mataron a Alexis y a Gabriel”, “¿qué tiene que cuidar en la carretera?”, “¡váyanse a Acapulco!”, “sigan enriqueciéndose con el narcotráfico”, les gritaron padres de familia y estudiantes mientras unos 200 policías retrocedían fuera del asfalto, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre de 2011 policías federales, ministeriales y estatales disolvieron una protesta a balazos y asesinaron a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Al final los policías se refugiaron bajo la sombra de los árboles, mientras los manifestantes bloquearon dos horas el paso a la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para celebrar un acto político.
Después de la ofrenda floral un sobreviviente de aquellos hechos, Edgar Espíritu Olmedo denunció que desde aquella agresión los problemas en la Normal Rural son cada vez mayores.
El estudiante que fue herido de bala en el pecho recordó que en la protesta del 12 de diciembre pedían becas, la aprobación de la matrícula, “en vez de respuestas recibimos balas, dos compañeros muertos y a mi, un grave incidente… a la fecha tengo problemas de salud”.
Denunció que mientras los responsables de los hechos están libres los problemas en la escuela aumentaron, por ejemplo señaló el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde tres estudiantes fueron asesinados y 43 desaparecidos, aunado al “cobarde” asesinato de dos normalistas en la carretera Chilpancingo-Tixtla el 4 de octubre pasado.
Recriminó que las consecuencias no sean contra los perpetradores, “les decimos a todos los presentes que no están solos, estamos aquí con justa razón, luchando por algo que por ley merecemos, a aquel pueblo y todos los que luchan por algo les decimos que vamos a seguir en la lucha. Desde el 12 de diciembre sigue pasando lo mismo, los que realizan actos criminales siguen en libertad, parece que por pedir algo a los gobernantes tiene que morir un ser humano, es increíble que en estos tiempos sigan muriendo compañeros, haya desaparecidos de otras ciudades y sigamos en la misma”.

La marcha

La protesta comenzó a las 11 de la mañana del monumento a Nicolás Bravo ubicado al norte de la capital, avanzó por el centro de la ciudad hacia el sur al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, donde ocurrió el desalojo en 2011.
El contingente conformado principalmente de jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cantó en todo el recorrido consignas revolucionarias, mientras otros estudiantes y activistas a su paso hicieron pintas y colocaron carteles alusivos al 12 de diciembre y al 26 de septiembre, en edificios de gobierno y algunas tiendas Oxxo, leyendas como “pueblo toma conciencia y lucha”.
Avanzaron sobre las principales avenidas de la ciudad y el bulevar Vicente Guerrero que se conecta con la autopista de cuota.
Antes, desde las 10 de la mañana se observó la llegada de policías federales en El Parador del Marqués. Apenas se asomó la manifestación como a las 2 de la tarde, los policías con equipo antimotines ocuparon la mitad de la carretera.
Varios padres y madres en la vanguardia se dirigieron molestos hacia los uniformados que impedían el paso de los camiones del servicio público en que viajaban los normalistas, y querían estacionarlos sobre la carretera federal.
Mientras los mandos comenzaron el diálogo protocolario para pedir que la manifestación no afectara a terceros, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos recriminaron a los federales la agresión a los jóvenes en 2011.
Intensamente reclamaron los asesinatos, los cuerpos desmembrados en Chilpancingo y Acapulco, los desaparecidos y levantados en la entidad y los llamaron a detener a los delincuentes: “ustedes le dispararon a Alexis (Herrera Pino) y a Gabriel (Echeverría de Jesús)”, “pinches maricones, qué tienen que cuidar en la carretera, vayan a buscar los muchachos aquí no hay nada que ver”, gritó una madre de familia.
Los policías retrocedieron varios pasos ante la presión de los manifestantes y mientras aguardaban órdenes de sus superiores, en medio de la discusión -registrada en video con teléfonos celulares de manifestantes y policías-, accedieron a salir de la carretera y a observar la protesta desde la sombra de los arboles, donde estaban antes de que llegara el contingente.
En la carretera un padre de familia hizo una oración mientras estudiantes chaponaban el monte del lugar donde se encontraba la cruz que marca el sitio donde cayó el normalista Gabriel Echeverría, a poca distancia de un letrero de lámina que señala la ubicación de un taller mecánico, y que conserva los huecos de bala de dos diferentes calibres accionados hace cinco años.
Ahí colocaron también la corona de flores en recuerdo de Alexis Herrera, el normalista que recibió un balazo en la nuca, en el carril contrario. El letrero está justo enfrente al acceso de la tienda departamental Liverpool, donde se ubicaron los policías ministeriales y estatales que dispararon a los manifestantes en 2011.

En cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes

Ayer el señor Emiliano Navarrete, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, llamó a no olvidar “porque es lo que el gobierno ha querido siempre”, y ratificó el compromiso de los padres de los desaparecidos a mantener la lucha hasta saber en dónde están sus hijos y que los responsables “personas corruptas” reciban su castigo.
La señora Blanca Nava, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez, denunció que en cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes, “es algo que nosotros tenemos que evitar, esto no puede sucederle a nuestros hijos”.
Consideró una burla para los padres que todos los delitos sigan impunes, “que nos siga pisoteando, que no nos tengan una respuesta. De aquí le digo a (el gobernador Héctor) Astudillo y (al exgobernador Ángel) Aguirre que ya quiero de regreso a mi hijo, no me pienso ir, tengo que saber qué pasó con él y sus compañeros. Este dolor que sentimos no se lo merece nadie, no queremos repetición, pero sobre todo queremos que los regresen vivos”.
Demandó que no manden policías a sus manifestaciones “nosotros no andamos buscando pleito”, asimismo que retiren a los militares de las calles porque “no sirven para nada, nada más están para desaparecer, para andar levantando y matando”.
El vocero Felipe de la Cruz demandó que se investigue y se castigue al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a sus colabores por los crímenes del 12 de diciembre, y luego se refirió a la muerte del trabajador de la gasolinera ocurrido en estos mismos hechos, Gonzalo Rivas Cámara, a quién el senado entregó post mortem la medalla Belisario Domínguez, para hacer creer a la sociedad que los estudiantes son responsables de aquella muerte.
El representante de la Normal Rural señaló que el premio del Senado tuvo la intención de criminalizar a los normalistas, que también son víctimas de la represión de los cuerpos policiacos a la protesta social.
Debido a la intensidad del sol cuatro personas recibieron auxilios por desvanecimientos. El mitin acabó a las 4 de la tarde, cuando estudiantes y activistas abordaron unos 10 camiones del servicio público, y regresaron a la Normal en Tixtla.

Advierte Tlachinollan el riesgo de que se apruebe una ley para que el Ejército siga en las calles


El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que hay un grave riesgo de que en lugar de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal haga una ley a modo para dar facultades constitucionales al Ejército para mantenerlo en las calles en acciones de seguridad pública.
Afirmó que es evidente en las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y en la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el primero dijo que los militares no están obligados a combatir el crimen organizado y si les piden que regresen a los cuarteles lo harán.
La respuesta pública del Presidente ante los secretarios de la Defensa y la Marina fue que por lealtad las fuerzas armadas van a continuar en labores de apoyo a autoridades civiles en materia de seguridad, pese a que reconoce que la tarea corresponde a las procuradurías y secretarías de seguridad pública.
Consultado en el mitin político que encabezaron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes y activistas en la capital, a cinco años del desalojo policiaco en la Autopista del Sol en Chilpancingo, señaló que es una campaña “para impulsar una ley que entendemos está siendo cocinada entre grupos políticos, para hacer una ley a modo”.
Aseguró que hay un grave riesgo de retrocesos legales y sobre todo, peligro de que se haga lo contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que piden que sean las autoridades civiles las que se encarguen de la seguridad e investigación y no los militares.
Consideró que hacer pública esta discusión es con el fin de dar señales de que las fuerzas políticas y sectores sociales tienen que avalar la propuesta.
La discusión “comenzó con un reclamo del Ejercito, ‘ya les hicimos el trabajo, ya pusimos la cara, hubo muertos, ahora queremos ley para que nosotros podamos tener legitimidad y la fuerza y sobre todo el uso de instrumentos jurídicos para poder actuar’”.
Insistió en que la intervención del Ejército no es más que un atentado al Estado democrático, para impedir que las policías cumplan las atribuciones que les corresponden.
En el mitin en la carretera en el sitio conocido como El Parador del Marqués, cuestionó la calidad moral de las corporaciones policiacas y a los mandos del Ejército “que hacen pactos diabólicos con los grandes capos del narcotráfico”.
Afirmó que por esta relación criminal, “fracasó la política represiva del Ejército” en seguridad pública, y los militares tendrán que rendir cuentas de las ejecuciones que han perpetrado desde la guerra sucia de la década de 1970 a la fecha.
A pesar de las graves violaciones que han cometido, denunció que “ahora piden una ley a modo para poder seguir patrullando las calles, para poder tomar en sus manos la seguridad y ahora sí colocar a los ciudadanos contra el paredón, para poder reprimir y sobre todo hacer realidad estas reformas estructurales donde se le niegan los derechos básicos a los pobres”.
Recordó que esta es la lucha de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa: por los pobres, porque no haya más tragedias ni desaparecidos, por el porvenir y por la justicia.
Así los policías “comparsas” del crimen, no tienen calidad moral para encararlos, “solamente con las armas es lo único que les da la fuerza y sobre todo el valor para enfrentar a una ciudadanía combativa como estos jóvenes de las normales rurales de nuestro país”, dijo sobre los agresiones contra los normalistas en los últimos cinco años.
Consideró que la historia de la Normal “es la historia de Guerrero, de rebeldía, que no sucumbe ante la represión caciquil, es la historia de los pobres que bajaron de la Montaña y de la Costa para tomar las calles y para desnudar este poder impune”.
Como referencia mencionó el ataque del 12 de diciembre, y en particular de la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), “que dio la orden de asesinar a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, en el desalojo hace cinco años.
“Aquí -dijo en el mitin sobre la carretera-, enfrente de Liverpool la sangre de los estudiantes no podrá ser borrada nunca, por más que arranquen la cruces, la memoria seguirá viva como fuego ardiente para dar la pelea contra gobiernos impunes, ejércitos que quieren ahora la seguridad pública para seguir reprimiendo y causando terror a la población que levanta la voz”.

Exige justicia el Centro Morelos

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió justicia y alto a la criminalización de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a cinco años del asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
En un comunicado el Centro Morelos manifestó que este caso sigue en la impunidad y recordó que esa protesta de 2011 en la Autopista del Sol en la salida de la capital hacia Acapulco fue para solicitar una audiencia con Aguirre Rivero por un pliego petitorio que contenía solicitudes para mejorar la calidad de la educación, el entonces gobernador prometió recibirlos desde mayo de ese año cuando acudió a la normal.
“Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país”, detalló el escrito.
Además señaló que con el asesinato de estos normalistas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la elaboración de un juicio político del entonces procurador, Alberto López Rosas, a quien no se le fincó responsabilidad.
El boletín añadió que tres años después, en Iguala fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo, uno de ellos fue desollado y 43 más fueron desaparecidos a manos de policías municipales, donde también estuvo involucrado el Ejército y la Marina, esto motivó la renuncia de Ángel Aguirre Rivero.
El Centro Morelos acusó en el comunicado que “Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas son dos de los policías judiciales que accionaron sus armas, (son) responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder acceder a la justicia”.
Ante la impunidad, manifestó su preocupación por “la profunda crisis” de derechos humanos que se vive en el estado y en el país. Recalcó que hay una clara criminalización a la normal de Ayotzinapa, que se ha visto reflejado también en otros hechos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

 

Ejecutan a balazos a un ex comisario de Acatempa, Tixtla; lo hallan frente a una capilla

El ex comisario de la comunidad de Acatempa, municipio de Tixtla, Régulo de la Cruz Carranza, fue ejecutado a balazos y su cuerpo fue encontrado en la carretera frente a la capilla de San Miguelito de esa cabecera municipal.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 6:20 de la tarde de ayer recibieron el reporte de que en el crucero de Atliaca había un hombre asesinado a balazos.
Al lugar acudieron policías municipales, estatales y ministeriales que encontraron el cuerpo que estaba frente a la capilla de San Miguelito, tendido boca arriba, la zona fue acordonada por policías estatales y ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes realizaron las diligencias correspondientes.
El cuerpo de la víctima quien era albañil, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
En Tixtla han ocurrido varios hechos de violencia. Hace 10 días el cuerpo del ex regidor y activista Luis Tenero Encarnación y de otros dos hombres más ejecutados a balazos fueron hallados en la orilla del nuevo libramiento de Chilpancingo a Tixtla, cerca del relleno sanitario en Matlalapa.
El 21 de noviembre el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca, después su cuerpo y el de otro hombre fueron encontrados envueltos en bolsas negras y con cinta café en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande, a unos 500 metros del retén de militares.
El 20 de noviembre los cuerpos de nueve hombres decapitados, desmembrados y con huellas de tortura fueron encontrados a la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo.

 

Es dramática la situación de las desapariciones y preocupante la debilidad institucional: ONU

Los 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y las 409 desapariciones en sólo tres municipios cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero, concluyeron la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH, Jab Jarab y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ofrecieron al gobierno del estado ayuda técnica en materia de derechos humanos y en el área forense para la identificación de cuerpos, además de acompañamiento a las familias de las víctimas y a las organizaciones de defensa de derechos humanos que las asisten.
Ayer casi al mediodía los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH y de la CNDH escucharon durante 2 horas los testimonios, quejas de la falta de resultados en las investigaciones y en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica de los familiares de personas desaparecidas en Chilapa del Colectivo Siempre Vivos.
Estuvieron el representante de la agrupación José Díaz Navarro y el personal del Centro Morelos encabezados por Manuel Olivares Hernández.

El diagnóstico

En conferencia de prensa al concluir la reunión en lo que llamaron “misión conjunta” de la CNDH y la ONU-DH México al estado de Guerrero, los representantes de estas instituciones dieron su diagnóstico.
Jab Jarab calificó sus dos días de labores en la entidad como de comunicaciones intensas con el gobierno del estado, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, agregó.
Reveló que en la reunión del martes con el secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y en Chilapa.
Detalló que tan sólo en Chilapa hay 150 desapariciones, “hay 150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”.
Indicó que aunque el gobierno del estado reconoce la gravedad del problema necesita dar una respuesta adecuada.
Cuestionó que la FGE cuente con sólo cinco agencias de Ministerio Público en todo el estado para atender unos 2 mil 500 homicidios en un año, y más de 400 desapariciones en tres, sin añadir los casos de años anteriores que han quedado en la impunidad.
En otra parte de la conferencia complementó que la información del gobierno del estado es muy preocupante: entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 ha registrado 2 mil 428 homicidios dolosos.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Añadió que la obligación de los gobiernos del estado y federal es garantizar que se resuelva esta situación, que se reparen los daños y que se garantice la no repetición de los hechos.
A pregunta expresa respondió que la ONU-DH no tiene el tiene mandato para declarar zonas de emergencia humanitaria, que son los gobiernos los que las declaran.
Advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar.
“(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, llamó.
De la misma reunión Jan Jarab agregó que le expresaron al secretario general y al fiscal su preocupación con la situación de impunidad e inseguridad, “nos preocupa la debilidad institucional”.
Mencionó que en la reunión con familiares de víctimas de Chilapa encontraron la falta de asistencia flexible a la situación de falta de recursos económicos, porque los familiares se quedan con los hijos de sus esposos desaparecidos.
“Son consecuencias socioeconómicas muy duras para las familias y se necesita ayuda”.
Otro fenómeno, dijo, son las víctimas de desplazamiento forzado interno que le revelaron los colectivos, ya que en algunos casos las personas no quieren ser esclavos del crimen y abandonan sus hogares. “Esas personas también necesitan el apoyo del Estado”, dijo Jan Jarab.

Desplazamiento forzado interno

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava informó que junto a la ONU-DH atenderán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a las familias de desaparecidos y en casos de homicidios que no han sido esclarecidos.
Dijo que documentaron legítimas demandas e inconformidades en los casos de desaparición que se encuentran en las instancias de procuración  de justicia.
“Hay dilación en la investigación y como consecuencia la falta de esclarecimiento de los casos, sin soslayar varios casos de homicidios no esclarecidos”.
Dijo que a las autoridades estatales les hicieron patente la preocupación por las condiciones de inseguridad, violencia e impunidad derivado de las falta de esclarecimiento de los casos en varias regiones del estado.
Dijo que el gobierno del estado reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado interno.
Otro punto de la visita, dijo el primer visitador, fue expresar de una manera sincera solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas.
Durante la estancia en Chilapa de los representantes de la ONU-DH México y la CNDH, se reportó la presencia en dos módulos de seguridad, ubicados en el crucero a la comunidad de Ayahualulco y el que conduce a la comunidad de Atzacoaloya sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, de integrantes del grupo Paz y Justicia sin que se conociera el motivo de su apostamiento donde hasta hace una semana había retenes de soldados del Ejército.