En Guerrero se violan constantemente los derechos humanos y no hay justicia, dice la Codehum ante abogados

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno dijo que los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa mantienen al estado “en el ojo mundial”.
Expuso que en Guerrero se violan los derechos humanos de manera constante y que las autoridades han descuidado la impartición de justicia, aunque también expresó que los guerrerenses no son los mejores a la hora de resolver los conflictos.
En la sesión del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero Julio César Hernández Serna en la que se nombró a los representantes de Chilpancingo, Navarrete Magdaleno expuso la ponencia Los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, en la que resaltó los más de 500 desaparecidos y recordó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando supo sobre los ataques en Iguala.
Denunció que en el estado no se cumplen los derechos básicos ya que en el tema educativo, los habitantes de las comunidades marginadas del estado no cuentan con escuelas cercanas, mientras que en salud el servicio no es gratuito si no que se cobra a los trabajadores mediante seguros médicos, tampoco se garantiza el derecho a la seguridad y a la paz, ya que de manera constante ocurren hechos violentos.
Dijo que la Codehum se creó hace 20 años con sustento constitucional, contrario a otro tipo de comisiones que eran del gobierno, además de que cuenta con “características únicas” como la Comisión del Ministerio Público.
Expuso que en Guerrero “deberíamos estar más adelante en el estudio de derechos humanos y no enfrascados en casos que nos llevan tiempo”, ya que la Codehum no cuenta con suficientes abogados como para resolver todos los casos de manera inmediata, aunque ha disminuido el número de quejas.
Dijo que cuando hay choques entre manifestantes y policías en alguna protesta, la Codehum tiene que escuchar a las dos partes, pero la versión de los uniformados es distinta a la de los inconformes, por lo que tiene que hacer una investigación de fondo para determinar qué fue lo que pasó.
Luego dijo que en Guerrero la violación a los derechos humanos es histórica y señaló como íconos de la omisión de los derechos la matanza de Aguas Blancas, el caso Ayotzinapa en el 2011 y luego en el 2014, el asesinato del líder guerrillero Lucio Cabañas, la desaparición del líder del Movimiento Revolucionario del Magisterio Jacob Nájera Hernández, y del líder social de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco durante la guerra sucia que dejó más de 500 desaparecidos.
Navarrete Magdaleno recordó que estuvo en el acto del perdón en Atoyac en noviembre de 2011, cuando el Estado Mexicano reconoció su responsabilidad en la desaparición de Radilla Pacheco, pero “un perdón nunca será suficiente”.
En la ronda de preguntas se le pidió a Navarrete Magdaleno que mencionara cuál era el caso más representativo en la omisión de los derechos humanos en Guerrero, a lo que contestó que, pese a que evitar hablar Ayotzinapa en los foros de discusión porque es reiterativo su discurso, la desaparición de los 43 normalistas “nos ha marcado”.
Recordó que la noche del 26 de septiembre estaba cenando solo cuando supo de los ataques en Iguala, y de inmediato fue al lugar de los hechos, “en un arranque inexperto” ya que apenas 8 meses antes había asumido la presidencia de la Codehum”.
Dijo que acompañó a los normalistas y documentó los casos de los desaparecidos, pero hace más de dos años que no se esclarecen los hechos.
Agregó que hay quienes consideran que no debe haber más reformas a la Constitución, mientras que otros opinan que se debe crear una nueva, luego reflexionó “si el 90 por ciento de la población no la conoce (la Constitución) ¿para qué crear otra? Hay millones de mexicanos esperando justicia y paz”.
La sesión se llevó a cabo en el Salón Cuicalli y estuvo el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero Julio César Hernández Serna, Hugo Hernández Martínez, y unos 30 integrantes de esa organización.

Protestan en las instalaciones de Prospera trabajadores despedidos y organizaciones; lanzan huevos y jitomates

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, trabajadores despedidos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, arrojaron huevos y jitomates a las instalaciones de Prospera tras el despido injustificado de siete compañeros, continuaron con la exigencia de la destitución del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia y su equipo de trabajo.
Este martes, los trabajadores despedidos, adheridos a la Dirección Colectiva, que mantenían un plantón desde hace 15 días en las oficinas del programa federal para denunciar el despido injustificado de 27 compañeros, fueron desalojados por policías estatales antimotines.
Ayer, minutos antes de las 10 de la mañana unos 70 integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos los siete trabajadores despedidos que continúan en su lucha, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en 2013 de El Mirador, de la comunidad de San Vicente en la sierra de Chilpancingo y normalistas de Ayotzinapa, bloquearon e hicieron un mitin afuera de la delegación estatal de Prospera.
En el mitin refrendaron su exigencia de la destitución del delegado, junto con el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio y el jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano, además de la reinstalación en sus trabajos o en otra dependencia.
Después de las 11 de la mañana, a la consigna de “compañeros apunten y disparen”, los manifestantes lanzaron jitomates y huevos a la fachada de las oficinas y a los policías antimotines que la resguardaban, quienes se cubrieron con sus escudos y cascos.
Posteriormente las organizaciones siguieron lanzando consignas.

Protestan normalistas en Tecpan; exigen sentencia para el acusado de atropellar a dos estudiantes que murieron

 
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron en la Ciudad Judicial de Tecpan y en la explanada del Ayuntamiento, para exigir a las autoridades justicia para los alumnos Freddy y Eugenio, uno de Tixtla y el otro de Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, quienes murieron atropellados en 2014 cuando un camión los golpeó mientras pedían cooperación en la carretera federal en Atoyac.
Los normalistas llegaron en un camión de la escuela y otro del servicio foráneo de la empresa Estrella de Oro.
Informaron que su protesta fue para exigir que se agilice la sentencia al acusado del asesinato de sus compañeros.
En la Ciudad Judicial expusieron que fueron “a ejercer presión” en la audiencia que se llevó a cabo en el interior del juzgado del Distrito Judicial de Galeana por la muerte de los dos estudiantes hace tres años cerca de la comunidad El Ciruelar, donde fueron embestidos por un tráiler.
Más tarde los dos autobuses trasladaron a los estudiantes al Zócalo de la ciudad, donde entregaron volantes a los vecinos, en los que manifestaban su exigencia para que se haga justicia.
La llegada de los alumnos provocó que las autoridades del Ayuntamiento cerraran el edificio y las oficinas aledañas, como la de agua potable, el DIF y Transito, así como el retiro de los autos oficiales.
Una vez que finalizaron la entrega de volantes los normalistas se apostaron en el monumento a Hermenegildo Galeana en el centro del Zócalo, para lanzar consignas en contra de los gobiernos federal y estatal.
Exigieron también la presentación con vida de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de la Normal, Samuel Carranza Nava dijo que el propósito principal de su traslado a Tecpan fue exigir justicia a sus compañeros asesinados hace más de dos años, “tiempo durante el cual no hemos tenido ningún resultado de las investigaciones y vemos que hasta ahora no se hace justicia”.
En el documento que entregaron, señalan que desde que asumió el cargo de gobernador Ángel Aguirre Rivero en 2011 inició una campaña de criminalización contra los normalistas de Ayotzinapa, para estigmatizarlos como violentos y delincuentes.

Marchan 3 mil maestros y activistas en Chilpancingo para exigir la presentación de los 43 normalistas

Unos 3 mil maestros de educación básica agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y a la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero y otros activistas, marcharon en esta ciudad y bloquearon una hora el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a 28 meses de los ataques en Iguala.
Las acciones fueron para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la derogación de las reformas estructurales, principalmente la educativa, rechazaron el gasolinazo y demandaron seguridad en todo el estado ante el aumento de la violencia que las autoridades se niegan a reconocer.
Los manifestantes se concentraron al norte de la ciudad en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, en ese punto comenzó la marcha a las 11:15 de la mañana, se detuvo frente a la 35 Zona Militar y concluyó en el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, en la salida al sur de la ciudad, donde fueron cerradas dos gasolinerías.
La marcha la encabezaron el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, los integrantes de la Comisión Política Carlos Botello Barrera y Saturnino García Cordero, y la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG María Adelita Radilla López, seguidos por los dirigentes de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios.
Los maestros portaban lonas y mantas con las siglas de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG, que se distinguían según la región a la que pertenecen -Centro, Acapulco, Montaña alta, Montaña baja, Tierra Caliente, Norte, Costa Grande y Costa Chica-, en las que también se leyó: “No a la reforma laboral (educativa), no a la evaluación punitiva”.
Los manifestantes portaban banderas rojas y durante la marcha corearon consignas como “magisterio y pueblo unidos jamás serán vencidos”, “va a caer, va a caer, la reforma va a caer”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “la 18 luchando y Adolfo festejando”, en referencia al secretario general del SUSPEG, Adolfo Calderón Nava.
El contingente se detuvo unos 15 minutos frente a la 35 Zona Militar, ahí la activista Roberta Campos Adame denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar el caso de Ayotzinapa, pese a que “a la fecha no hay evidencias que prueben que nuestros compañeros normalistas fueron asesinados en ese basurero de Cocula”.
Exigió que las autoridades federales sigan las líneas de investigación que marcó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia a las familias de las víctimas de los ataques, porque “los padres de familia de nuestros compañeros normalistas llevan más de dos años luchando por sus hijos”.
También participaron los trabajadores del programa Prospera que fueron despedidos de manera injustificada, quienes se solidarizaron los maestros en su lucha contra la reforma educativa y con los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, insistieron en la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, del subdirector del área operativa Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario Christopher Herrera Cano.

El bloqueo

A la 1:38 de la tarde los manifestantes llegaron al cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, ahí se dividieron por regiones para bloquear de manera total el paso vehicular en ambos sentidos y cerraron las dos gasolinerías que se encuentran en la zona.
Para entonces 3 mil manifestantes permanecían en la protesta, el resto se apartó de la marcha en distintos puntos del recorrido, según los maestros, los primeros en retirarse de las acciones fueron padres de familia de las escuelas de la capital que acudieron para apoyarlos, porque tenían que atender a sus hijos.
En la zona había unos 30 policías federales, quienes observaron la protesta e hicieron señas a los automovilistas para que se detuvieran antes de quedar frente al bloqueo.
Resaltó la ausencia de policías antimotines, porque en otras ocasiones los agentes superan de manera considerable al número de manifestantes.
Un grupo de policías se acercó a dialogar con los dirigentes magisteriales, quienes informaron que el bloqueo no sería indefinido sino que se quitaría luego de un mitin, también defendieron su derecho a manifestarse.

En el mitin participaron el representante de Juventud Universitaria, Iván Gómez, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, Radilla López, los trabajadores de Prospera despedidos de manera injustificada y Reyes Guerrero.
El secretario general de la CETEG informó que a nivel nacional hubo 600 maestros cesados por no presentarse a la evaluación de desempeño del Servicio Profesional Docente, de los cuales uno es de Guerrero, pero dijo que eso no impedirá que el magisterio disidente continúe manifestándose.
Informó que este año la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ya comenzó a enviar las notificaciones correspondientes a la evaluación 2017, mediante los directores de las escuelas, y si los maestros las aceptan serán obligados a presentarse al examen, pero “con esta muestra (la marcha) vamos a seguir adelante”; resaltó que es necesario que la lucha magisterial se dé en unidad y con organización.
Por su parte Radilla López celebró que gracias a las acciones que emprendió la sección 18 del SUSPEG de manera conjunta con la CETEG, no se despidió a los maestros que se negaron a evaluarse y que protestaron en contra de la reforma educativa.
Dijo que continuarán “en pie de lucha” y llamó a los trabajadores de la educación a sumarse al movimiento.

Marchan activistas en Chilpancingo en el noveno aniversario del asesinato de un normalista

Unos 100 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales marcharon en esta ciudad en el noveno aniversario luctuoso del egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activista Fidel Benítez Rodríguez, y protestaron en contra al aumento al precio de las gasolinas.
A las 11:25 de la mañana los manifestantes marcharon del museo La Avispa a la cruz que se colocó en el carril de norte a sur de la Autopista del Sol, a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se encontró el cadáver de Benítez Rodríguez el 26 de diciembre de 2008, ahí hicieron un mitin y luego tomaron de manera simbólica la gasolinería Eva III, donde el 12 de diciembre de 2011 fueron reprimidos normalistas de Ayotzinapa.
En las acciones participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y otras organizaciones.
En el recorrido los manifestantes corearon consignas como “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “Gobierno asesino que mata campesinos, gobierno fascista que mata normalistas”, “Fidel, caíste, pero nunca te vendiste” y otras.
Al frente del contingente activistas portaban rosas blancas y cadenas se cempasúchil que colocaron en la cruz de Benítez Rodríguez, también llevaban una pancarta en la que se leyó: “Aguirre Rivero: ¿Verdad que duele la muerte de un hijo? 43 ¿Cómo te la estás pasando hoy?”, en referencia a la muerte de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador perredista a quien los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos responsabilizan de los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Frente a la cruz de Benítez Rodríguez el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame recordó al integrante de la generación Lucio Cabañas como un buen compañero y activista, responsabilizó de su muerte al ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y al secretario Técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, funcionarios que en el 2008 “amenazaron a los egresados de Ayotzinapa” porque no toleraban sus constantes protestas.
Dijo que las organizaciones sociales y magisteriales continuarán conmemorando a los caídos en la lucha social, calificó esa zona de la Autopista del Sol como “el tramo de la muerte”, ya que kilómetros más adelante del punto donde se localizó el cuerpo de Benítez Rodríguez fueron asesinados por policías los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
Los manifestantes lamentaron que la violencia en el estado siga en aumento y condenaron el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, su ex esposo el médico internista del IMSS Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años Isaac Daniel, para quienes exigieron justicia.
El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García dijo que los manifestantes “estamos aquí para conmemorar y rendir el merecido homenaje a Fidel Benítez, solamente muere a quien se le olvida, pero el compañero fue ejemplo de lucha”.
Se solidarizó con la normal de Ayotzinapa y los universitarios que lamentaron el asesinato de la familia Cabrera Rosado, y exigió a la Fiscalía que esclarezca los hechos.
El secretario general de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica dijo que los tres niveles de gobierno “quieren acabar con la lucha social” porque quienes protestan para exigir justicia, una vida digna y seguridad, incomodan a las autoridades, pero eso no impedirá que sigan manifestándose.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza dijo que el gobierno sólo cambia de personajes, pero que continúa la línea de represión en contra de los luchadores sociales. Acusó a las autoridades de no resolver los problemas del estado y de proteger a los delincuentes.
Manifestó que por la situación violenta en Guerrero, “diferentes sectores” han sido atacados y han caído por las balas de la delincuencia organizada, ante lo que exigió a las autoridades que “hagan que les corresponde”. Advirtió que este 2017 será un año de protestas y que las organizaciones no cederán.
El integrante de la CETEG y subsecretario de Educación de Pueblos Originarios, Taurino Rojas González dijo que “desgraciadamente a lo largo de la lucha nos hemos encontrado con muchos obstáculos, la muerte de Fidel es una muestra de que al sistema no le conviene que la gente proteste y luche, exigimos justicia para todos los compañeros”.
Recordó que desde que las empresas trasnacionales se apoderaron de los recursos naturales del país, los pueblos originarios han sido afectados, pero decidieron organizarse para exigir sus derechos constitucionales y continuarán protestando este año.
Al concluir el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos y luego marcharon a la gasolinera Eva III, la cual tomaron de manera simbólica en contra del aumento al precio de los combustibles, aseguraron que la reforma energética es una más que atenta en contra del pueblo.
Puntualizaron que ante el gasolinazo, los mexicanos en distintos estados exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, pero en Guerrero las organizaciones también exigen la renuncia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien pidió un año para acabar con la violencia y no ha logrado disminuirla. Del presidente municipal de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, dijeron que ambos “son títeres” del gobierno federal.

En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Bloquean normalistas de Ayotzinapa la autopista en la capital; exigen que se reanude la búsqueda de los 43

 


Unos 150 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon media hora de manera total el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, para exigir que las autoridades reanuden la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
A las 11:30 de la mañana los normalistas llegaron al cruce de la autopista con la carretera federal, en la salida al sur de la ciudad, a bordo de dos autobuses de la línea Estrella de Oro y un camión oficial de Ayotzinapa, que atravesaron a lo ancho de los cuatro carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total.
La mayoría de los normalistas tenía el rostro cubierto, algunos hicieron pintas en el muro que divide los carriles de la autopista en las que se leyó “Ayotzi vive” y “+43”, en referencia a los estudiantes desaparecidos.
En declaraciones, dos integrantes del comité estudiantil de Ayotzinapa explicaron que el bloqueo era para exigir que las autoridades reanuden la búsqueda con vida de sus compañeros desaparecidos hace dos años en Iguala, así como que esclarezcan los hechos, y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de los ataques.
Uno de los representantes dijo que los normalistas de Ayotzinapa “estamos dispuestos a llegar hasta el final” de la lucha social, hasta que las autoridades le digan a los padres de familia y a la sociedad qué fue lo que pasó con los estudiantes en Iguala y dónde están.
“Vamos a seguir en la búsqueda incansable por nuestros 43 compañeros, no vamos a descansar, no nos vamos a cansar, aquí vamos a seguir hasta el final, hasta encontrar la verdad”, expresó.
También dijo que el bloqueo fue para rechazar la represión en contra de los normalistas, como el desalojo violento el 14 de noviembre de 2007, mientras los estudiantes protestaban en el Congreso local.
Otro de los representantes dijo que las autoridades del gobierno estatal incumplieron la entrega de uniformes y material didáctico para los 128 estudiantes de cuarto año, que debieron hacer el 7 de noviembre pasado, por lo que en el bloqueo también exigieron que envíen los recursos necesarios para los jóvenes que están en proceso de realizar sus prácticas profesionales.
Al bloqueo llegaron policías federales antimotines, el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas y el director general de Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Edwin Noel Morales Leguizamo, quien dialogó con los normalistas y se comprometió a que hoy en la tarde una comisión será recibida por el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Tras el acuerdo, los normalistas se retiraron y la circulación en la autopista y la carretera federal se reanudó de manera regular a las 12 del día.

Que intervenga el gobernador en la solución de las demandas si no quiere protestas, dice Ramos Reyes

 

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero declaró que el gobernador, Héctor Astudillo Flores tiene “en sus manos” el pliego petitorio del magisterio disidente, y si no quiere que los maestros bloqueen vialidades en el estado, debe intervenir para que sus demandas se resuelvan de manera favorable.
Reyes Guerrero asistió ayer a la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se llevó a cabo en la Ciudad de México para determinar el plan de acción que el magisterio disidente seguirá la próxima semana.
Vía telefónica, el secretario general de la CETEG informó que el 25 de mayo, al concluir la marcha de la unidad en Chilpancingo, una comisión del magisterio disidente le hizo llegar a Astudillo Flores el pliego que contiene 88 peticiones, las principales son la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, el rechazo a la reforma educativa y a la evaluación del Servicio Profesional Docente, y el cese de las órdenes de aprehensión en contra de los maestros.
Señaló que si Astudillo Flores interviene para resolver las demandas del magisterio disidente en el estado y para que se instale una mesa de trabajo a nivel nacional, en la que participen la CNTE y el gobierno federal, “no habrá necesidad de realizar marchas, protestas, mítines ni bloqueos”.
Precisó que, si lo que las autoridades pretenden es que los maestros adopten una actitud “pasiva” si no obtienen respuestas favorables a sus demandas, “no es posible, tenemos que continuar con la lucha, como secretario general (de la CETEG) tengo que velar por los intereses de todos los compañeros”.
Pidió que el gobernador cumpla su lema de campaña, “orden y paz”, que intervenga para solucionar los problemas del sector educativo y así concluirán las protestas en el estado, pero “sino hay orden y paz, no podemos (los maestros) quedarnos conformes ni callados”.
Expresó que las declaraciones de Astudillo Flores son una amenaza más del gobierno estatal a la CETEG, como fueron los anuncios del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero, quien advirtió que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) aplicará descuentos y despedirá a los maestros que acumulen cuatro faltas.
El viernes, luego de la instalación y toma de protesta del Comité de Consulta y Participación Ciudadana y del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en el Salón de la República, de Casa Guerrero, Astudillo Flores advirtió a los maestros de la CETEG y a integrantes de las organizaciones sociales, que si creen que bloqueando la Autopista del Sol van a obtener beneficios, eso no ocurrirá porque no permitirá que los ciudadanos se conviertan en rehenes de las movilizaciones.
“Nosotros no estamos esperando que seamos rehenes de quiénes están bloqueando la Autopista (del Sol); insisto, entiendo el problema del magisterio, hemos tratado que los operativos se realicen de la manera correcta, pero todas aquellas organizaciones, que estén pensando que van a obtener beneficios bloqueando la Autopista, lo digo con una gran determinación, no van a tener una respuesta positiva a este tipo de acciones”, dijo.

Acepta el Estado que el presidente de la CIDH esté en el mecanismo para el caso Ayotzinapa, informan

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptó que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, también relator para México, forme parte del mecanismo internacional de seguimiento en el caso Ayotzinapa, informó el vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz.
En consulta telefónica De la Cruz recordó que otro planteamiento de los padres, es que dos de los cincos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se incluyan en el mecanismo que dará continuidad a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, precisó que este punto, entre otros que plantearon a la canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas hace dos días, serán resueltos hoy en la reunión de la representación del país con los comisionados de la CIDH.
Indicó que los padres solicitaron también que el nuevo mecanismo haga un monitoreo mensual a las investigaciones de los crímenes de la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, con base en las recomendaciones y líneas de investigación que planteó el GIEI, hasta el cierre de su segundo mandato.
Lo que quieren los familiares de las víctimas es que los nuevos expertos internacionales asistan a las reuniones de seguimiento mensual de los padres con las autoridades, donde la PGR da cuenta de los avances, de diciembre de 2015 a la fecha.
Subrayó que la funcionaria mostró disposición, y que “probablemente se integren (también) las propuestas del gobierno mexicano”. Aclaró que aún no saben quiénes ni cuántas personas se pueden integrar al mecanismo, y la temporalidad de las visitas periódicas.
Informó que como representantes de los familiares de los desaparecidos y de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y de los heridos y asesinados, acudirá a la reunión el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, quien firmó en nombre de las víctimas las medidas cautelares que a pocos días de los ataques de Iguala les otorgó la CIDH, y que el gobierno mexicano está obligado a acatar.
Felipe de la Cruz adelantó que los movimientos por los 43 en Estados Unidos protestarán durante el encuentro.
Por otra parte, los padres regresaron de la Ciudad de México a la Normal Rural de Ayotzinapa, donde tienen su sede.
Informó que los padres volverán a la capital del país el 24 de enero para preparar la protesta de la acción global del 26 de mayo, a un año y ocho meses de los ataques en Iguala.