Este sábado, en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, continuó el foro Diálogo Nacional por la Educación, organizado por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
El encuentro inició el viernes y terminará hoy en el transcurso de la tarde. Este sábado unos 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), y algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, acudieron al segundo día de encuentro.
Uno de los integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que impartió un taller de Derechos Humanos, Armando Miguel Barrera Rocha, compartió algunos consejos de qué hacer en caso de represión, desde cómo evitar el gas lacrimógeno, hasta qué debe tener un botiquín básico para las marchas.
En el transcurso del día hubo cuatro participaciones en el Auditorio de la Normal, un taller de Derechos Humanos fue presentado por la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta; fue leída la ponencia “Diálogo Nacional por la Educación”, de Hugo Casanova; César Navarro Gallegos habló de la Historia de la FECSM; y por último la ponencia “Desaparición Forzada” fue presentada por Valentina López de Cea.
En el taller de Derechos Humanos, integrantes de la Brigada de Paz Marabunta explicaron a los estudiantes y a los padres de familia cuáles son las medidas que deben tomar en marchas y mítines.
Uno de los integrantes de la Brigada, Armando Miguel Barrera Rocha, dijo que cuando un grupo de personas protesta, deberá tener un plan de prevención, saber qué hacer durante la protesta y después.
Además, compartió algunos consejos de qué hacer ante el gas lacrimógeno, cómo generar un protocolo de seguridad, cómo armar redes de monitoreo contra detenciones arbitrarias y qué debe tener un botiquín básico de primeros auxilios para las marchas.
Hoy se espera que culmine el foro Diálogo Nacional por la Educación, con las ponencias “Educación Alternativa”, impartida por Erika Candelaria Hernández; taller de Derechos Humanos, dirigido por la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta; y Política de la Educación Básica y Normal en México, de Alberto Arnaut.
Al finalizar se realizará una actividad sociocultural y clausura del Foro.
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Llaman a la lucha conjunta de los padres y estudiantes por la presentación de los 43
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, Melitón Ortega, declaró que “es una obligación” de los normalistas apoyar a los padres en la lucha por la presentación con vida de sus hijos.
El papá Melitón Ortega, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el papá Emiliano Navarrete Victoriano, familiares de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), estuvieron en la inauguración del foro Diálogo Nacional por la Educación, organizado por la FECSM con el objetivo de defender la educación pública; la Normal Rural de Ayotzinapa será la sede de las mesas de trabajo del foro, que comenzaron ayer y concluirán mañana.
Durante la inauguración, Melitón Ortega dijo que los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, “no hemos, ni un minuto, descansado, a más de 17 meses de esta lucha; mientras no regresen los estudiantes, no se esclarezcan los hechos (los ataques en Iguala), la lucha seguirá”.
Manifestó que los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos le exigirán a las autoridades que todas las líneas de investigación “se ejecuten, hasta el último”. Además, los padres exigirán a las autoridades que se entreguen todas las evidencias del caso Ayotzinapa al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como a la Procuraduría General de la República (PGR), “para identificar a los responsables y saber el destino de los estudiantes”.
Señaló que la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos tiene que ser conjunta entre los padres y los estudiantes, “hoy por hoy, lo importante es que estamos juntos, una lucha aislada no avanza”, señaló.
Aseguró que el foro también es parte de la lucha, ya que en las mesas de trabajo los estudiantes aprenderán cómo mantener la unidad.
Declaró que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y los padres de familia “somos los que resistimos”, pues otras organizaciones se fragmentaron y dejaron de participar en la lucha, “eso fue lo que logró el Estado, desgastar el movimiento (…) Como Ayotzinapa, tenemos la obligación de seguir en la lucha, es obligación de los estudiantes mantener la lucha hasta el final”, concluyó Melitón Ortega, y después los 150 asistentes a la inauguración del foro corearon la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Por su parte, los secretarios generales del Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa expresaron que un pueblo con armas, pero sin educación, está indefenso, por lo que agradecieron la presencia de los normalistas, así como el apoyo de la FECSM a su lucha.
A la inauguración del foro asistió la fotógrafa Emily Persson, quien presentó una exposición de imágenes que capturó en distintas manifestaciones de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Sala de Medios Audiovisuales de la Normal, y que donó para que los estudiantes recuerden el movimiento.
Hay que recuperar la identidad normalista: Enrique Ávila
La primera ponencia del foro fue Historia del Normalismo, que impartió el profesor Enrique Ávila Carrillo, egresado de la Normal Superior de México y maestro en educación primaria, quien llamó a los estudiantes a recuperar su identidad como profesores normalistas.
Enrique Ávila relató el origen de las normales públicas y rurales, como un proyecto del gobierno para “enseñar las normas” a la sociedad; así como del comienzo de la educación que primero fue únicamente para los sacerdotes e hijos de gobernantes.
Señaló que los normalistas son clave en la educación, pero a los maestros (egresados de las normales públicas) se les quitan sus derechos y la identidad, a través del poder de los medios masivos de comunicación, como la televisión, “por los deseos del grupo de empresarios Mexicanos Primero”.
Criticó que cuando los maestros tienen que aplicar un examen a sus alumnos, éste se lleva a cabo sin complicaciones, en cambio a los docentes se les forzó a participar en la evaluación del desempeño del Servicio Profesional Docente, que en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, contó con la asistencia de policías y militares, porque así convenía a los intereses del Estado.
Dijo que cuando los normalistas egresen, se enfrentarán a la realidad de los maestros, del proceso para obtener una plaza y la pérdida de su formación en las normales públicas y rurales, para convertirse en “docentes”, por lo que les pidió que se preparen de la mejor manera.
Puntualizó que el Estado creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para “hacerle creer” a los maestros que tendrían un respaldo en sus derechos laborales, pero, “el SNTE y el gobierno son lo mismo”.
Enrique Ávila donó a la biblioteca de la Normal Rural de Ayotzinapa y a estudiantes de otros estados, como Oaxaca, ejemplares de libros de su autoría que abordan la lucha normalista en 2015, e invitó a los jóvenes a documentarse para saber cómo enfrentar al Estado.
Tendrá la SEP un programa para desaparecer las licenciaturas en las normales: Lev Velázquez
La segunda ponencia del foro fue del integrante de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en Michoacán, Lev Moujahid Velázquez Barriga, quien habló sobre el Plan Integral, Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales (Pidifern), un programa piloto que las autoridades pondrán en marcha en las normales en el ciclo escolar 2016-2017.
De acuerdo con Lev Velázquez, el Pidifern es un programa cuyo fin es desaparecer las carreras en las normales, como la licenciatura en Educación Primaria, Preescolar y otras, de manera que a los normalistas se les forme para convertirse en maestros “idóneos”.
Sobre el Pidifern no hay información pública, tampoco se sabe cuáles serán las normales en las que se implementará; sin embargo, Lev Velázquez dijo que los normalistas deben investigar y conocer el programa para evitar que les afecte.
Manifestó que los normalistas tienen muchos motivos para dar una lucha social unificada, sólo necesitan organizarse para defender a las normales públicas y rurales.
En el primer día del foro, Vidulfo Rosales leería una ponencia sobre Derechos Humanos y Desaparición Forzada, pero debido al retraso en la inauguración y a fallas técnicas en la Normal Rural de Ayotzinapa, su participación se pospuso para el domingo.
Instalan pinos padres de los 43 con retratos de sus hijos en México, Tixtla y Chilpancingo
Aún el 24 de diciembre, comisiones de padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaron en Tixtla, Chilpancingo y en la Ciudad de México, colocando pinos navideños en plazas y espacios públicos, decorados con las imágenes de sus hijos y leyendas alusivas a su lucha y a la demanda de presentación con vida.
En el Zócalo de Chilpancingo no se colocó el pino que la empresa Coca Cola, pese a un intento del Ayuntamiento para que el plantón del Movimiento Popular Guerrense (MPG) no interviniera en la instalación ni alterara la imagen de la empresa, revelaron los activistas. El espacio donde se instalaba un pino monumental quedó vacío, como el año pasado.
Alrededor del asta bandera de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, como símbolo de luto y sangre, activistas formaron un pino con mantas de colores negro y rojo, y colgaron las fotografías de los estudiantes, y de tortugas, emblema de la Normal Rural. En lo alto, en lugar de una estrella, ondeó una bandera de México con siglas MPG y CETEG, y en el centro un número 43.
Luego de colocar viñetas adicionales, los padres, en pleno sol de las 3 de la tarde, hicieron un acto político para invitar a la población a no dejar sola esta lucha y para ratificar que en 2016 seguirán con más fuerza.
A las 11 de la mañana en Tixtla, junto al monumento a Vicente Guerrero, en el parque central, colocaron un pino de plástico verde de unos dos metros de alto sobre una base metálica para sostenerlo en la intemperie.
En la Ciudad de México, una comisión de padres acompañó a un grupo de activistas a la avenida Reforma, junto a un monumento alusivo a los 43, a lado de la escultura El Caballito, para instalar el pino.
En Chilpancingo, el representante de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega aclaró que no tendrían necesidad de salir a las calles si las autoridades hubieran hecho una investigación sincera y responsable de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Al contrario, denunció que montaron una mentira sobre el paradero de los estudiantes, sometiendo a los implicados para que avalaran su tesis y protegieron a los responsables.
Sin embargo, los padres de los desaparecidos, con el respaldo de la población y la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que auspicia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lograron tirar la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR).
Tras muchas protestas y largas negociaciones con el organismo internacional, el gobierno mexicano creó una nueva unidad de investigación. Expresó la confianza en el nuevo equipo de la PGR, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, por el acompañamiento y la buena coordinación que tienen con el GIEI.
No obstante, informó que continuarán las manifestaciones los días 26 de cada mes, y las intermedias. Este sábado en la Ciudad de México, convocaron a una marcha que partirá a las 4 de la tarde del Zócalo de la ciudad de México a la Basílica de Guadalupe, con antorchas y velas. En la ruta más corta, se estimó que la distancia de la protesta será de 8.6 kilómetros.
En el día de Nochebuena, previo a la Navidad, también se convocó a las organizaciones a colocar pinos navideños alusivos a la lucha por la presentación de los 43.
Denunciarán al Estado mexicano ante la CIDH por el asesinato de dos normalistas en Chilpancingo, anuncian
Cada año, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, normalistas y organizaciones sociales marchan para exigir justicia por la muerte de dos estudiantes en un desalojo en el entronque de la autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo.
Hace cuatro años, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino murieron por heridas de bala que policías federales, estatales y municipales dispararon contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa para desalojar la protesta de la carretera. También hubo decenas de heridos y detenidos sometidos a tratos crueles y a tortura.
Pronto se supo en Tixtla que El Cheve y El Güero fueron asesinados. Así llamaban a Gabriel, originario de Tixtla, y a Jorge Alexis, de La Y griega, de Atoyac de Álvarez, los estudiantes ejecutados cuando respondían con piedras a los balazos de los policías.
También se mencionaba que entre los fallecidos a El Comandante, otro normalista que resultó herido de bala, recordó el hermano de Gabriel, Francisco Echeverría, ahora normalista de cuarto grado de Ayotzinapa. Ingresó a la normal en 2012, después de la represión.
Explicó que dos días antes de la manifestación en la capital, donde murió Gabriel, le dijo que le echara ganas, que no se fuera a quedar sin estudiar, y coincidían en que Ayotzinapa era la alternativa de concluir una carretera, pese a los ruegos de su madre, que ahora temía por su vida.
Desde 2013, se sumaron a la demanda los padres de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos en Iguala, en otra agresión policiaca, que este año convocaron a las organizaciones a marchar hasta El Parador de El Marqués, que tras el desalojo a balazos se volvió un sitio icónico de la lucha social.
Ayer, las familias de Jorge Alexis y Gabriel, así como Gerardo Torres Pérez, el normalista detenido ilegalmente y torturado después de la agresión, anunciaron que en el cuarto aniversario presentarán una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Groac) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Testimonios
Ayer, Francisco Echeverría habló por vez primera de la experiencia de él y su familia aquel día, y de la exigencia de justicia que sigue vigente, porque no hay un detenido ni responsable de los hechos, no obstante los videos que muestran a los uniformados disparando, y a sus mandos, contra estudiantes desarmados; “qué es una bala contra una piedra, te descalabra a lo mucho, pero una bala te llega a matar”.
Gabriel, delegado de Ayotzinapa en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), llegó el viernes 10 de diciembre a su casa en Tixtla, venía de Zacatecas de una comisión política, conversó con su mamá y acompañó a su hermano, Francisco a comprar restos de pastel, que usan como alimento para los cerdos.
En el camino, a Gabriel se le antojó una rebanada de pastel y Francisco hurgó en su pantalón, encontró 15 pesos de propina que recibió por ayudar a una vendedora a recoger su puesto, y se los ofreció. A eso se dedicaba, a ayudar en los puestos del mercado antes de entrar a la Normal. La pastelera les regaló la segunda rebanada.
Los hermanos ya habían hablado de que Francisco entrara a la normal, y esa tarde le pidió que le echara ganas, que no se quedara sin estudiar. Más tarde, el dirigente estudiantil recibió una llamada de la Normal y volvió a la escuela.
El domingo 11, habló de nuevo con su mamá y, de alguna manera se despidió cuando su mamá le dijo que se cuidara para no le pasara nada, y el dijo que no se preocupara, pero que si ocurría, se iban a ver después, “allá arriba”. Solo consiguió que lo reprendiera.
El lunes 12 de diciembre, recordó que estaba trabajando en la parcela de su familia cuando recibió una llamada de su papá, para decirle que llamara a su hermano, insistieron los dos y el teléfono los enviaba a buzón. Corrió a Tixtla a tomar la combi a la normal, donde ya había estudiantes inquietos, y escuchó decir que había tres muertos, entre ellos El Cheve, su hermano.
Cuando se dieron cuenta de quién era rectificaron, decían que eran rumores, que no estaba confirmado, mientras en Tixtla se envió un carro a informar, mediante voceo, de la represión. Familiares y activistas comenzaron a llegar a la escuela, y luego de unas horas bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, cerca de la Normal.
Ahí, otra llamada de su papá, para confirmarle la noticia. Con gran pesar fue a su casa, a preparar el lugar para recibir el cuerpo y ver a su mamá, que se enteró por los vecinos de la noticia. No daba crédito a la noticia, a pesar de que ya escombraban la casa.
Llegó a sus manos un diario vespertino, ese mismo día, ahí vieron en fotografías a los dos jóvenes tendidos en el arroyo de la carretera. La señora María de Jesús no lo reconocía, pero Francisco, ya más hecho a la idea, le dijo, “sí es, mamá; mira, son sus tenis, yo se los llevé a coser (al zapatero), son los que le mandó mi hermano de Estados Unidos, y esa bolsa tú se la cosiste”.
Desde entonces, señaló que no ha terminado el acoso, llegan muchas personas como reporteros, incluso policías a tomarles fotos a todos los integrantes de la familia, preguntan cómo están y qué hacen.
“Una ocasión que los normalistas marcharon de la escuela a su casa, una mujer policía le preguntó qué hacían ahí los muchachos, mi mamá me contestó fuerte, ellos están aquí por mi hijo, que mataron el 12 de diciembre, no están haciendo nada malo”, contó.
Es “dirigida” y no “por casualidad” la violencia contra vecinos de Iguala, afirma el alcalde
El alcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza afirmó ayer en conferencia de prensa que los hechos de violencia y las ejecuciones de vecinos que se han dado en el municipio son situaciones “dirigidas”, y que no son de “casualidad”.
Al preguntarle sobre la inseguridad en el municipio, Esteban Albarrán respondió que no sólo él, sino que todos los igualtecos le quieren “dar vuelta a la página” tras lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Reconoció que en el municipio, “no hay ventas, has zozobra, no hay tranquilidad, no hay seguridad…y todo ese tipo de cosas le queremos dar vuelta a la página, y a mí, como autoridad municipal, soy el primer responsable y el primer interesado en que cambien las cosas en el municipio y estamos trabajando en ello, lo que me compete como presidente municipal lo estamos haciendo y lo que le competa a las autoridades estatales y federales ellos harán lo propio, también en su momento”, dijo en relación a que la seguridad está en manos de la federación, en coordinación con el estado ante la falta de seguridad pública en el municipio.
Cerca de la 1 de la tarde de ayer, el alcalde ofreció una conferencia de prensa en el auditorio del Palacio municipal, donde cada miércoles ha dado audiencias públicas.
En materia de seguridad, dio a conocer que en Iguala ya hay 150 policías federales, y prevé que lleguen más, aunque no precisó la fecha.
Cuestionado sobre las ejecuciones ocurridas en el municipio, 25 en lo que va de su gobierno, y a qué las atribuye, el alcalde priista declaró, “son situaciones que se dan, o sea, son situaciones ya muy dirigidas, pues, hacia personas, no es una situación sui géneris, no es algo de la casualidad, es algo ya muy marcado y, bueno, pues estamos muy al pendiente de cómo se está llevando eso y le estamos apostando a que bajen los índices delictivos”.
Y agregó, “efectivamente, creo yo que de repente se suelta otra vez la violencia, son situaciones que se dan, en este momento estamos expuestos a cualquier momento de violencia; sin embargo, creo que el trabajo se está haciendo y pues no estamos como en otras ciudades, como Acapulco o Chilpancingo, donde ahí sí la delincuencia esta desatada”.
Reconoció y destacó el trabajo de la Policía Federal que, aseguró, resguardan todas las colonias y en las comunidades, la periferia y el centro de la ciudad en base a un “mapa delictivo” donde hay “puntos rojos”, los cuales no reveló cuales son.
Entrega 180 proyectos de la Estrategia Integral de reconstrucción del tejido social
Esteban Albarrán dio a conocer que enviaron cerca de 180 proyectos que les fueron requeridos por el gobierno federal sobre la estrategia integral anunciada para la reconstrucción del tejido social en esta ciudad.
Dijo que, dentro de las áreas estratégicas de combate a la pobreza y la prevención del delito, se incluyen remodelaciones a edificios públicos “con inversiones muy fuertes”, entre los que mencionó el Palacio municipal, el mercado, el rastro y la ciudad deportiva.
Agregó que también se incluyen proyectos de rehabilitación de centros deportivos y recreativos, pavimentaciones y drenajes, “lo que nos pidieron ya lo entregamos en tiempo y forma”, dijo.
Sí hay condiciones para celebrar la Feria de la Bandera, dice el alcalde
Sobre la celebración de la Feria de la Bandera Iguala 2016, a realizarse a mediados de febrero, el alcalde Albarrán Mendoza afirmó que sí hay condiciones para la festividad y que en seguridad cuenta con el apoyo del gobierno del estado para su realización, “se trata de que, primeramente garanticemos la seguridad en la feria y que no vaya a haber ningún problema”.
En la conferencia de prensa ofrecida ayer, Albarrán anunció ante los medios de comunicación que el periodista y comunicador, Gerardo Delgado Castañeda, hermano del coordinador de la campaña de Héctor Astudillo Flores en esta ciudad, Herón Delgado, quien será el presidente del comité de la Feria de la Bandera, que, dijo, se formalizará en próximos días.
Sepultan entre música y dolor a los cuatro comunitarios asesinados por sicarios en Tixtla
Los cuatro policías comunitarios de 23, 25, 32 y 40 años de edad, pertenecientes a la Casa de Justicia La Patria Es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, fueron llevados al camposanto con música de viento y guitarras.
La CRAC pidió a reporteros evitar fotografías del cortejo y de los policías comunitarios que han dado su servicio con el rostro cubierto el último año, para evitar más detenciones de sus integrantes, como ocurre desde las aprehensiones de los principales líderes en 2013.
Pronto se supo que entre los fallecidos estaban dos comandantes que dirigían la logística de la seguridad, y dos jóvenes recién incorporados.
Después de la emboscada a los policías comunitarios, este jueves volvieron a la ciudad dos retenes de la Fuerza Estatal, que se habían retirado luego de la persecución en contra de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 11 de noviembre, en la carretera de cuota Tixtla-Tierras Prietas.
Aquel retiro de la fuerza estatal de la cabecera municipal, según las versiones, se debió a que el retén que se encontraba cerca de la caseta de cobro les bloqueo el paso a los estudiantes, lo que provocó enojo en algunos vecinos.
La Policía del Estado sólo mantuvo permanente un retén con equipo antimotín en El Puente de El molino, en la carretera vieja a Chilpancingo, pero que desde la agresión a los comunitarios ya no está en ese lugar. Se advirtió que por esa vía entraron a Tixtla y huyeron a Chilpancingo los sicarios que emboscaron a los comunitarios.
A las 9 de la mañana, tres ataúdes fueron escoltados por unos 200 vecinos a una misa en la iglesia de la Natividad, en el barrio de El Santuario, luego de una hora, los cuerpos de dos policías comunitarios fueron llevados por la avenida principal al panteón viejo, y otro al cementerio de la Villita. Por la tarde se enterraría el último de los fallecidos. No hubo reporteros cerca para evitar la divulgación de los nombres de los policías asesinados por seguridad.
Algunas familias salieron a las calles a ver, como homenaje, el paso de los fallecidos, que al frente eran cubiertos con la fragancia de copal, seguidos por dos guitarristas y al fondo por una banda de música de viento.
Reciben en Ayotzinapa padres de los 43 a damnificados de La Montaña que van en marcha hacia la capital
Padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llamaron a los pueblos de la Montaña a no tener miedo de luchar por sus derechos, en la bienvenida a la caravana del Consejo de Comunidades Damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, que emprendieron una segunda cruzada para demandar a los gobiernos estatal y federal la dotación de granos básicos, vivienda y obras públicas que acordaron en la contingencia.
La caravana llegó a Tixtla alrededor de las 2 de la tarde, en decenas de camionetas tipo Nissan de las que se utilizan en el servicio público entre comunidades; a las 3, marcharon al poniente de la ciudad sobre la carretera federal para pernoctar en la normal rural y protestar hoy en Chilpancingo.
En el arco que señala la entrada a la cabecera municipal, una comisión de padres de familia y normalistas recibió a cerca de 2 mil campesinos indígenas, hombres en su mayoría, delegados y comisarios particularmente, para marchar junto a la Normal Rural por un sendero de curvas sin pavimentar y concluir con un mitin en el casco de Ayotzinapa.
En el encuentro, padres y madres de los normalistas detenidos-desparecidos compartieron su experiencia de 14 meses de búsqueda de sus hijos, y los convocaron a no dejarse vencer frente al gobierno que miente de forma descarada. Insistieron en que el gobierno, como el Ejército, conoce el paradero de los estudiantes, y aunque quiera descargar la responsabilidad en el crimen organizado, la responsabilidad es del Estado.
Ahí, en la carretera, la mujer de origen nahua Cristina Bautista, madre de tres hijos, uno de ellos Benjamín Ascencio Bautista, detenido desaparecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en voz alta dijo que es momento de levantar la voz, “les pido que se sumen a nuestra lucha, y si (Miguel Ángel) Osorio (Chong, secretario de Gobernación) dice que ya basta de echar la culpa al gobierno federal por el caso Ayotzinapa, yo le respondo: ya basta de tanta gente asesinada, de tanta desaparición forzada y de tanta impunidad”.
“La Montaña se levanta contra el hambre y la discriminación”, estaba escrito con letras rojas en la manta que usa como bandera el movimiento indígena. Por su parte, los normalistas de Ayotzinapa presentaron una manta con la leyenda: “Ayotzinapa se solidariza con los pueblos del mundo, explotados por los gobiernos burgueses. Alto a los ataques belicosos y militares del capital”.
El 11 de noviembre se repitió la pesadilla, dice la mamá de normalista desaparecido
En la Normal Rural, hablaron madres y padres de los desparecidos. La mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez dijo que el 11 de noviembre se repitió la pesadilla de la desaparición forzada de Iguala, tras conocer la persecución de policías a normalistas en la carretera Tierras Prietas-Tixtla, incluso en los cerros, así como la detención de nueve, entre ellos otro de sus hijos, un normalista de cuarto grado.
Revivió la angustia en el relato, “están bien, me decían, están detenidos, (pero) no se da cuenta que los detuvieron, no ves que es lo mismo decir que los detuvieron, es como desaparecerlos”. Los estudiantes fueron liberados horas después en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Aclaró que los padres no pidieron estar en el movimiento, pero ahora que están aprendiendo a luchar no se van a dejar, porque tiene la convicción de que su hijo está vivo.
“Ya no hay que dejarnos, somos pobres, pero no pendejos. Lo que vivimos tal vez nos lo merecemos porque el gobierno llega y se lleva todo. Nosotros no nos metimos con el gobierno, el gobierno se metió con nosotros llevándose niños inocentes, y vamos a defenderlos porque ellos nos necesitan. No se rindan, sigan luchando, no nos vamos a vender”, declaró.
Un padre denunció que le ofrecieron 2.5 millones de pesos para dejar de buscar a su hijo, “pero, aceptarlo es como vender a nuestros hijos”, dijo. Añadió que las autoridades siempre han querido dividirlos, para que, como las masacres de Aguas Blancas y de El Charco, los crímenes queden impunes.
El papá de Mauricio Ortega, primero en me’phaa y luego en español recordó que, primero, el gobierno dijo que 18 estudiantes desaparecidos estaban en una fosa y fue desmentido por los peritos argentinos, luego que fueron quemados en Cocula, pero no había rastros de piedras ni de vegetación quemada alrededor, como campesino supieron desde un principio que mentían.
Ahora, tiene claro que fueron los policías municipales con el Ejército los que se llevaron a sus hijos, a pesar de los esfuerzos de decir que los responsables de la desaparición forzada fueron narcotraficantes. “Si ellos (el gobierno) son los mismos narcotraficantes. Nosotros en este país estamos vendidos”, señaló.
Reconoció el respaldo que han recibido del extranjero, donde les dijeron que los gobiernos que reprimen son los mismos que privatizan hasta el agua en sus países, como está pasando en México.
Insistió en que las autoridades se los devuelvan, “ellos saben dónde los tienen, una persona desaparecida es cuando no sabe donde está. Pero estos, se los llevaron los policías, y el gobierno sabe dónde los tiene”.
Por el Consejo de Damnificados, uno de los representantes agradeció la hospitalidad, a una de las regiones más golpeadas por las lluvias de 2013, y que dos años ha cargado con la negligencia del Estado en la reconstrucción de todas las obras y el abasto de los pueblos que perdieron sus cosechas. Precisaron que no piden más que lo que las autoridades se comprometieron a entregar.
Reparará la Segob los daños a Los Avispones este año por el ataque en Iguala, dice Campa Cifrián
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a que este año el gobierno federal va a reparar el daño al equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, tras el ataque la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El funcionario se reunió con las víctimas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), y al final del encuentro indicó que los padres de los futbolistas sobrevivientes de la agresión pidieron ser informados del curso de las investigaciones del atentado que ocurrió la misma noche de los ataques a alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa por sicarios y policías municipales.
Esa noche fueron asesinadas seis personas: tres normalistas, el chofer del camión de Los Avispones y un adolescente de ese equipo de tercera división, así como una mujer que pasó por el lugar en un taxi. También hubo una veintena de heridos y 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos por agentes que siguen desaparecidos.
En entrevista anunció que habrá penas más severas en desapariciones forzadas que en homicidios, porque en los últimos años “delincuentes y algunas corporaciones de seguridad consideraron que les convenía más matar y desaparecer que sólo matar”.
Adelantó que en Washintong tuvieron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para el seguimiento de las desapariciones forzadas en el país, cuando se mencionó que una organización civil de derechos humanos internacional informó que a Guerrero se le conoce en Europa con el mote de fosalandia, debido a los cientos de entierros clandestinos que se han descubierto desde los crímenes de Iguala.
En entrevista colectiva informó que en el encuentro presentaron una relación de 31 víctimas del camión de Los Avispones, algunas mortales, algunas heridas y que estuvieron en los hechos (sobrevivientes).
Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dan seguimiento a la investigación, se dio la orden de evitar la salida de todos los camiones de Iguala, y a este autobús lo atacaron a balazos desde ambos lados de la carretera, en movimiento.
Campa Cifrián añadió que se programaron reuniones de trabajo de aquí a fin de año para atender todas las obligaciones del Estado, entre otras, con los subprocuradores para que les den cuenta de la investigación, porque los padres cuestionaron el trato diferenciado que han tenido respecto de las víctimas de Ayotzinapa.
De la reparación del daño precisó que van a comenzar con las víctimas mortales, y el compromiso es que sus familiares serán atendidos antes de que termine el año. El adolescente de 15 años muerto en el tiroteo fue David García Evangelista.
Aclaró que las indemnizaciones serán de acuerdo a los parámetros de ley y los estándares internacionales, entre las acciones de reparación se encuentra un acercamiento con la federación de fútbol para los jóvenes cuyo proyecto de vida es ese deporte.
Confirmó que el caso de los Avispones se llevó con el caso de Ayotzinapa a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y la investigación está en marcha.
Campa Cifrián dijo que el viernes se reunió con el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el procurador.
De la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que responsabilizó a los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez de la violencia en el estado porque no formaron nuevas policías, añadió que ha sido dificil la coordinación en el caso de Guerrero.
No obstante destacó la nueva coordinación con el estado y los municipios, y que el gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo al comienzo del encuentro con los familiares del equipo de Los Avispones.
En cuanto a la versión de que Guerrero es conocido como Fosalandia en Europa, Campa reconoció focos rojos en términos de desaparecidos, que presumiblemente están en las fosas clandestinas.
Declaró que “en algún momento los delincuentes y en algunos casos corporaciones de seguridad no sólo se coludieron, consideraron que les convenía, más que matar, desaparecer personas y desde entonces hemos tenido en los últimos años un problema grave de desapariciones”.
Se le recordó que las desapariciones forzadas en Guerrero vienen desde la guerra sucia de la década de 1970, y respondió que se está trabajando desde la experiencia internacional en una nueva ley.
La política pública de este gobierno es que el castigo por desaparición forzada debe ser mucho peor incluso que al castigo del homicida, porque hace un enorme daño a la sociedad.
Explicó que las desapariciones forzadas son el único caso donde la certidumbre de la muerte representa una parte de la solución de un problema, “siendo terrible la muerte de un familiar, estar seguro de que el desaparecido murió es un consuelo, pues estamos trabajando para hacer todas las modificaciones a la ley, de manera tal que para el infractor sea más gravoso una desaparición que un homicidio”.
Dijo que se tuvo una reunión bilateral con Estados Unidos, donde estuvo el responsable de la integración del registro de desaparecidos en Estados Unidos, que trabaja en el área de investigación (El FBI), donde se convino apoyo técnico para tener un registro confiable de desaparecidos.
Agregó que en EU se han registrado a la fecha unas 86 mil personas desaparecidas (no del tipo forzado como en México, que se establece cuando hay intervención de funcionarios públicos), de esa cifra, en los últimos años ubicaron a 44 mil.
De la llamada telefónica de un normalista donde mencionan que un grupo de narcotraficantes que opera en Tixtla quiso entrar a la Normal Rural de Ayotzinapa por estudiantes, dijo que la obligación del Ministerio Público es investigar todos los elementos que “legalmente se obtengan” para llegar a la verdad y que se haga justicia.
Al insistir si el espionaje telefónico a un dirigente estudiantil no representa una violación a sus derechos humanos, respondió que los estudiantes ni los representantes lo han planteado a los funcionarios de gobierno.
Aseguró que todas las medidas que dictó la CIDH para los padres y los estudiantes se están atendiendo, y quien se encarga de investigar sobre todo este tema son los expertos.
Detalló que el trabajo de los expertos incluye la investigación, las tareas de búsqueda donde convinieron allegar todos los medios tecnológicos para fortalecer la localización, incluso con fosas y con restos, así como la atención a las víctimas.
Aguirre y Ortega tuvieron “otras prioridades” en vez de combatir a la delincuencia, afirma
El subsecretario Campa Cifrián, señaló que en varias regiones de Guerrero hay focos rojos por la violencia y las desapariciones forzadas.
Aseguró, como acusó el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que Ángel Aguirre y después Rogelio Ortega como gobernadores tuvieron otras “prioridades locales” en vez de establecer líneas de acción para combatir a la delincuencia.
Insistió en que en los últimos años el gobierno federal tuvo dificultades para establecer una coordinación con el gobierno de Guerrero en tareas de seguridad pública.
Al hablar sobre el caso del municipio de Chilapa, en donde este martes en la noche fueron asesinadas seis personas, cinco de ellas, familiares del ex director de la Policía Municipal, Silvestre Carreto, mencionó que en las investigaciones de la PGR a raíz de las denuncias de las desapariciones forzadas que se dieron en mayo pasado tras la incursión de 300 hombres armados que se identificaron como policías comunitarios, hay información relacionada con el desempeño del ex jefe policiaco.
“En la investigación que se realiza del caso Chilapa se investiga una vinculación del funcionario del Ayuntamiento”, señaló Campa.
Familiares de los desaparecidos acusan al ex director de la Policía Municipal de estar vinculado con un grupo de la delincuencia.
Deje de criminalizar a los normalistas y busque a los 43, demandan padres de Ayotzinapa al gobierno
El vocero de los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz, demandó al gobierno federal que deje de criminalizar a los estudiantes de la Normal Rural.
La respuesta fue luego de que se filtró en Milenio diario una llamada telefónica de un dirigente estudiantil, donde se menciona que un “grupo” quiso entrar a la Normal presumiblemente para llevarse a cuatro estudiantes a mediados de octubre.
El diario relacionó la información con las versiones que la Procuraduría General de la República (PGR) integró a la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre, que vinculan a estudiantes con el grupo de narcotraficantes Los Rojos, y que a su llegada a Iguala motivó la agresión contra los normalistas por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que da asistencia técnica el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa descartó esa posibilidad, y subrayó que los estudiantes iban por camiones a Iguala, y de ello estaban enteradas distintas autoridades de gobierno que vigilaron sus acciones en todo momento.
Ayer Felipe de la Cruz agregó que en más de un año que llevan en la Normal Rural desde la desaparición forzada de los 43, han podido corroborar que los normalistas no tienen relaciones con grupos de narcotraficantes, como sugirieron algunas versiones de la PGR.
Cuestionó que las autoridades las impulsen para desviar la atención de la desaparición forzada de los 43 desaparecidos y su localización, y para alargar los plazos de la investigación.
“Porque el gobierno siempre le ha apostado al cansancio de los padres de familia y de las organizaciones que los apoyan”, denunció.
Insistió en que el GIEI ya aclaró que los estudiantes no iban armados ni en plan de confrontación, fue un asunto fortuito que tomaran un quinto autobús de la Estrella de Oro, que pudo generar la reacción violenta de policías y sicarios contra ellos porque se presume que estaba cargada de drogas.
También cuestionó que se intervengan los teléfonos de los normalistas sobrevivientes, “es sorprendente cómo intervienen los celulares de los jóvenes, sobre todo porque Omar (García, el líder estudiantil que mencionan en el nota y sobreviviente de los ataques en Iguala) hace dos o tres meses está fuera (de Guerrero) en comisiones, no me explico cómo hoy sale la nota de esta manera”.
Insistió en que los estudiantes de la Normal son hijos de campesinos, “por eso insistimos en que dejen de buscar donde no hay nada y comiencen a buscar donde debe de ser, que para nosotros sigue siendo el gobierno de México, y que ya dejen de hostigar a los estudiantes”.
De Tixtla, en donde la población acordó un toque de queda por la violencia y el gobierno municipal reconoció la presencia de un grupo delictivo (extraoficialmente se habla de que Los Ardillos, sacaron a Los Rojos desde la pasada administración municipal), De la Cruz aclaró que la Normal y la cabecera municipal son comunidades distintas.
Dijo que los hechos de violencia son parte de la estrategia para imponer las elecciones extraordinarias del Ayuntamiento, suspendidas el 7 de junio por el boicot que impulsaron los padres de familia.
“Es claro que están peleando los políticos del PRI la imposición de su dictadura, quieren imponer mediante el miedo y el terror las elecciones, como hicieron en el pasado proceso electoral, pero eso no quiere decir que esos grupos estén en la Normal”, afirmó.
La CNDH debe de ser más exigente con las autoridades
Por otro lado informó que la PGR ya envió la investigación de Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y los expertos trabajan en la conformación de una unidad especializada de investigación que se va a encargar de todo.
En esta unidad estarían alrededor de 50 personas cuyos perfiles son revisados por el GIEI, para que sean confiables, dijo.
La investigación, como lo recomendaron los expertos, ya salió de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En cuanto a la falta de cumplimiento de la PGR a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de la investigación del caso Ayotzinapa, demandó que el organismo sea más exigente con las autoridades.
Dijo que pasaron más de tres meses para informar la falta de cumplimiento de 26 observaciones y recomendaciones, para corregir distintas diligencias de la investigación, y los padres están enfermando ante el tormento sicológico que implica la espera de noticias de sus hijos.
Corresponde al GIEI y a la PGR revisar versiones de vecinos de Carrizalillo, dicen padres de los 43
El vocero de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Procuraduría General de la República (PGR) están a cargo de la investigación de la desaparición forzada de los normalistas y ellos revisarán las versiones señaladas por los vecinos de Carrizalillo.
Los pobladores han insistido en que en las fosas de la banda criminal Guerreros Unidos, halladas en la zona, podrían estar enterrados los estudiantes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
De la Cruz ratificó que los padres no van a buscar a los normalistas en las fosas de Carrizalillo, porque los primeros días de búsqueda fueron a la región y no hubo información de su paradero.
Estimó que continuarán los hallazgos de fosas y muertos, pero corresponde a las instancias de justicia hacerse cargo de la investigación, es decir, la PGR y el GIEI. Por medio de ellos, los padres recibirán información de resultados científicos.
Dijo que la información de las fosas surgió de pronto, tras la detención de policías federales y un supuesto integrante de Guerreros unidos por vecinos de Carrizalillo, cuando pretendieron llevarse al presidente del Comisariado Ejidal, quien renta sus tierras a la minera Gold Corp.
En este sentido, señaló que tienen muchas dudas y desconfianza de la posibilidad de que en las fosas estén los desaparecidos de Ayotzinapa, ya que el gobierno está muy interesado en mantener la versión de que los normalistas están muertos y que la delincuencia organizada perpetró los crímenes.
Pero aclaró que los padres saben que los hechos de Iguala constituyen un crimen de Estado y de lesa humanidad, y si la delincuencia organizada participó fue en segundo término.
Demandó que el gobierno mexicano dé todas las facilidades a los expertos para que inicien a trabajar en su segundo periodo de mandato, que comenzó a su llegada al país, el 4 de noviembre.
Sin embargo, denunció que las autoridades están retrasando la entrega del expediente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, como se acordó con los expertos el 19 de octubre en Washington previo al informe del primer periodo de mandato en la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
Aclaró que mientras el expediente siga en la SEIDO los expertos no pueden entregar su plan de trabajo, porque desconfían en los funcionarios de esa oficina.
En relación con Carrizalillo, puntualizó que los padres se reunieron con el GIEI el jueves en la Ciudad de México, y ellos les dijeron que iban a encargarse de toda la investigación, “porque para eso vienen a México, para decirnos la verdad, y nosotros confiamos en su trabajo”.
A las autoridades reiteró el llamado a que les den todas las facilidades para que realicen su labor, y que busquen vivos a los desaparecidos, ya que la nueva versión de que pueden estar en fosas de Carrizalillo, parece una forma de deslindarse de responsabilidades.