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Confía Saldaña en que el Trife desechará la impugnación a la elección de la UAG

El rector electo de la UAG, Javier Saldaña Almazán, durante su participación como invitado a la sesión del Grupo ACA Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

El rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, manifestó que confía en que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) se dé a su favor, porque los argumentos de los opositores contra las elecciones internas han sido rechazados por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), pues es una cuestión académica no política.
“Si tienen su dinerito que lo sigan (gastando). Ya fueron oídos y vencidos en los amparos correspondientes, tres veces. Fueron a la corte interamericana, les dijeron que no ha lugar, los juzgados colegiados, los de distrito también dijeron que no ha lugar y el Trife lo va a desechar. Lo más importante es el trabajo, ellos ojalá y den clases también y tomen unos cursos”, dijo Saldaña Almazán en declaraciones a reporteros al finalizar su participación como invitado en la reunión del Grupo ACA.
Sin abundar en el tema, el rector electo llamó a los universitarios a concentrarse en la elaboración de su plan de trabajo, porque el tema de las elecciones es “una etapa que concluyó para nosotros”.
Señaló que su equipo de abogados dará seguimiento y respuesta legal al escrito que hicieron integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG ante el TEE, por el recurso de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
“Ya no le voy a prestar atención, yo los he invitado a que si quieren integrarse, a dialogar, bienvenidos. Mandaré una comisión para que hable con ellos. Ellos son tres personas y son 89 mil 997 universitarios los que sí queremos trabajar”, expresó.
El rector electo añadió que a los universitarios no se le debe olvidar que por culpa de los que integran el movimiento opositor, “nos empezaron a cobrar el ISR, porque teníamos un acuerdo (con la federación), pero ellos lo rompieron por andar haciendo sus movimientos. Además, ellos les cobraron a los trabajadores cuotas de mil pesos y juntaron 2 millones de pesos para los amparos y perdieron el caso. Ellos llevaron una propuesta a Amílcar (el diputado federal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros) para quitar las cuotas en la universidad. Quieren entregar la universidad. No tienen que cosas que hacer. Imagínate que un abogado, que da clases en derecho, busque un abogado externo ¿qué, no tienen capacidad?”.
Informó que a partir del 1 de septiembre se empezará a reunir con todos lo que lo apoyaron de dos años para acá, del Grupo Universidad y otras organizaciones de la UAG. Indicó que todos van a quedar representados, porque es una persona incluyente, obviamente que cumplan con el perfil, porque “hoy vamos a integrar la paridad de género y también le vamos a dar el 2 por ciento al grupo LGTB”.
En la reunión con el grupo ACA, Saldaña Almazán presentó su Proyecto de Universidad 2023-2027, que dijo será incluyente y en los cargos habrá gente con perfil.
Sobre lo académico, dijo que una vez que se haga un análisis de toda la oferta educativa, el Consejo Universitario planteará las directrices, qué carreras se van a impulsar y consolidar.
Sobre los movimentos para exigir ingresar a la UAG, sobre todo en el área de la salud, el rector electo dijo que éstos no son gratuitos, “alguien les está pagando”.
Dijo a los socios del Grupo ACA que su única aspiración es hacer un buen trabajo para los universitarios y que las casas de estudiantes estarán en permanente revisión y ahí hay mucho apoyo del gobierno estatal, porque la univesidad sólo tiene recursos para pagar su nómina, por lo que se hacen muchos esfuerzos para que los jóvenes tengan esas condiciones básicas, para que puedan estar en esos espacios.
Explicó que durante su primera administración se hizo una reingeniería, donde como rector hizo una reforma al estatuto para tener una universidad organizada. En el segundo periodo se consolidó la parte académica y en este tercer periodo como rector lo que viene es adaptarse a la tecnología y resaltó que durante la pandemia, ella ayudó a que los jóvenes siguieran con sus estudios.

Preocupa a feministas impunidad de líder de Morena por violencia política de género

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses expresó su preocupación porque el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, impugnó dos veces las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización de mujeres señalaron que las medidas otorgadas en el proceso de queja de violencia política en razón de género que promovió Bernal contra el González Varona, no afectan al imputado, sólo son parte del procedimiento de sustanciación que se realiza antes de enviar el expediente al TEE, donde será juzgado.
La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal Reséndiz.
En la conferencia, advirtieron que el diputado y sus abogados han visitado a los magistrados electorales para cabildear el proceso que sigue en atención del IEPC. Los llamaron a que no ceder a ningún tipo de presión.
Sobre esta duda en la actuación del Tribunal local, la feminista Yuridia Melchor Sánchez precisó que más que presión, la Red ha observado opiniones que no se han ajustado marco legal.
Explicó que hay antecedentes de varias de las sentencias que ha emitido el TEE, impugnadas en las salas regional y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que se han ganado en estas instancias.
“Si se ha ganado allá, entendemos que es porque el razonamiento apegado, o como lo mencionan ustedes: manipulado o no a nivel local, es una situación que dejamos ahí. Pero si se impugna, significa que el razonamiento que en ocasiones se hace en el TEE no es ajustado a lo que establece la norma electoral”.
Recordó que la sentencia de la primera impugnación del diputado González Varona contra acuerdo la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, fue aprobada por mayoría de los magistrados electorales. Sólo votó en contra Alma Delia Eugenio Alcaraz.
“Es igual al tema de la paridad. Hemos ido avanzando de manera numérica, de manera cuantitativa se ha avanzado, pero estamos en el trabajo día a día para que se avance de manera cualitativa.  Lo hemos dicho como parte de la Red, que el ser mujer no garantiza conciencia de género, y no solamente en el TEE, también en la integración del Congreso del Estado, en la integración del poder ejecutivo, incluso en los ayuntamientos”.
La también ex procuradora de Derechos de la Mujer de la actual administración estatal, subrayó que el TEE no se ha pronunciado por la violencia política de género que constituyen los comentarios misóginos y fuera de lugar que profirió el diputado contra Bernal Reséndiz, y que motivaron la denuncia.
“El diputado local, en su calidad de agresor, impugnó el análisis de riesgo que elaboró el IEPC, en el que dicta las medidas cautelares”. El TEE revocó el acuerdo y ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir uno nuevo bajo lineamientos del protocolo, recordó.
Después de que la Comisión ratificó las medidas cautelares que prohíben al diputado acercarse a la denunciante fuera de los trabajos legislativos, González Varona promovió otro juicio de impugnación al nuevo acuerdo, como se informó en la edición de El Sur de fin de semana.
En la conferencia de prensa participaron de Movimiento Territorial del PRI, Olivia López Galicia; la ex diputada del PRI, Guadalupe Castillo Díaz; la militante del PRD, Sol Cuevas; del PAN, Yolanda Vázquez Bautista, y la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Tixtla, Dulce María Alvarado.

Dejó mucho qué desear el TEE

La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal.
Aclaró que es poco usual que un presunto responsable de violencia política en razón de género, impugne medidas cautelares, como González Varona.
“El hecho de que impugne por segunda ocasión, pareciera emitir el mensaje de que este actor lo que busca es la impunidad y dejar a la denunciante en una situación de desprotección, enciende una alerta para nosotras”.
Además, señaló que los esfuerzos del imputado, de acercarse a los magistrados electorales, “nos parece muy delicado porque puede estar vulnerando el principio de debida diligencia y debido proceso”.
Pidió que el Tribunal de manera muy especial atienda lo que establece la Ley General de Víctimas, sobre la obligación del Estado a realizar acciones que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos, a evaluar de manera permanente impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas, que implican las medidas cautelares y de protección.
Consideró delicado que el presunto agresor pida el retiro de las medidas cautelares a la diputada, que no le afectan, porque todavía no constituye una sanción del TEE, que no ha emitido sentencia en el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 03.
Añadió que el diputado miente en sus argumentos de impugnación a las medidas cautelares cuando dice que la denuncia de violencia política en su contra se basa en declaraciones hechas en el pasado, de manera única y que no existe repetición.
Salinas Díaz aclaró que hubo réplicas en medios de comunicación a la posición de González Varona sobre Bernal, a quien acusó de que el PRI usó su imagen para que ganara la elección el primero en la fórmula de la candidatura al senado, Manuel Añorve Baños.
La activista recordó que Bernal promovió otro PES contra otras actoras: la consejera nacional de Morena y representante ante el IEPC, Esther Aracely Gómez Ramírez, y la representante de Morenas Guerrero, Teresa Nava Alfaro, que hicieron pronunciamientos públicos, en donde denostan su imagen pública.
Asimismo denunció que el TEE dejó mucho que desear al aprobar una sentencia débil por actos de violencia política en razón de género contra el alcalde de Coyuca de Benítez, Osiel Pacheco Salas, y otros funcionarios municipales, donde tampoco ordenó su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
Confirmó que sólo ese hecho, vulneró el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia de la víctima, regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.

Ratificará el Trife el criterio del TEE sobre la elección, asegura el abogado de la UAG

Karina Contreras

El coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Felipe de Jesús González Mozo, confió en que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) sea en el mismo sentido que la dada por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) sobre las elecciones internas.
Argumentó que hay precedentes, donde la Sala Superior del Trife ha resuelto otros casos de otras universidades, que han impugnado sus elecciones de rector, como fue el caso de Veracruz, Puebla y Colima, donde “asumió la Sala Superior el mismo criterio que asumió el Tribunal Estatal Electoral de Guerrero, en el sentido de que las elecciones en las universidades, para elegir a sus autoridades internas, no son impugnables a través de los medios que establecen las leyes federales”.
Hay una autonomía institucional, constitucional, que no puede soslayarse, “la autonomía universitaria está también blindada constitucionalmente, por el artículo 3 y la propia Constitución le otorga una protección, un blindaje”. Añadió que toda controversia que surgan dentro de las universidades, se debe resolver por sus propios tribunales y ya hay un precedente.
Ejemplificó con que en 2017, la propia ex candidata Silvia Alemán promovió ese recurso y su caso lo llevó a los tribunales, donde lo rechazaron por improcedente. “Promovió el mismo juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos ante la Sala Superior y de igual manera se lo desecharon, con ese mismo argumento, y en este caso estamos plenamente seguros de que va suceder lo mismo, porque los tribunales no han cambiado, no han variado ese criterios, son las mismas leyes que regían en 2017 que rigen ahora. Difícilmente van a cambiar. Es el mismo camino recorrido, esto ya tiene un precedentes. A lo mejor el abogado Rubén Cayetano reconoce que hay un precedente, que este camino ya se había realizado”.
“Nosotros tenemos la plena seguridad de que el tribunal federal va sostener su criterio, que ya es conocido por todos”, dijo y agregó que la UAG cuenta con una sólida legislación para resolver controversias, sea electoral o no lo sea, pues se cuenta con instancias internas para hacer justicia. “La justicia universitaria está muy sólida, con los órganos que al interior están funcionando y con las leyes que nos rigen. Por lo tanto, cualquier situación que se considere violatoria o que atente contra un derecho, son nuestras propias instancias que deben determinar y, en el caso concreto la impugnación que se hizo, pues nuestro tribunal universitario determinó, analizó los agravios, ya les dio contestación, ya les dijo que no procedían las impugnaciones que presentaron, pero no lo quieren ver asi”.
Pero aun así, están en su derecho de irse a las instancias, pero “ahí se las declaran improcedentes por la misma situación”.
En declaraciones telefónicas, al funcionario universitario se le preguntó su opinión sobre la entrega del escrito, que hicieron integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, ante el TEE, el recurso de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y respondió: “Bueno, están siguiendo la ruta legal, la ruta impugnativa que cabe. Después de que el tribunal electoral resuelve, cabe la posibilidad que sus resoluciones también sean revisadas por un tribunal federal”.
En este caso, la Sala Regional Superior del Trife y están ellos en su derecho, porque todas “las resoluciones de los tribunales son revisables”, pero ya es un camino recorrido hace algunos años por la misma ex candidata Silvia Alemán.
Señaló que el fondo del asunto “es que ya hay jurisprudencia definida, hay criterios muy bien estructurados en los tribunales, que las elecciones de las universidades públicas, dada su autonomía, no se equiparan a un proceso electoral constitucional, como el caso de los poderes del estado”.
El responsable jurídico de la UAG dijo que en este caso, no cabe el supuesto para ser impugnado a través de las leyes electorales locales o federales. Dijo que dentro de la universidad hay autoridades electorales, que ya revisaron todo el proceso electoral, lo validaron, “donde hubo un recurso de impugnación que fue atendido, se aplicó la justicia universitaria, pero dada la autonomía, esa justicia universitaria es la que queda al interior de la UAG. Entonces los tribunales, tanto locales como federales, no pueden revisar los actos de las universidades”.
Sobre la inelegibilidad del rector electo, Javier Saldaña Almazán, que es uno de los argumentos de los integrantes del movimiento, el responsable jurídico dijo que ese análisis no lo hicieron a través de un recurso interno, que la propia legislación universitaria establece, “debieron inconformarse ante la Comisión Electoral dentro del plazo de las 24 horas en que fue aprobado el registro. No agotaron ese medio de defensa interno y quisieron hacerlo hasta cuando se dio el resultado”.
Indicó que hay reglas para inconformarse, no cuando a ellos se les ocurra presentar una impugnación, sino que existe un plazo establecido.
Dijo que los inconformes hacen una mala interpretación de la ley, porque el primer rectorado de Javier Saldaña, éste se eligió con una ley que fue derogada. La ley actual le da posibilidades porque la aplicación de la ley no es retroactiva.

 

Entregan opositores a Saldaña nueva inconformidad por la elección en la UAG

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, en conferencia en el lobby del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), entregó este lunes ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) el recurso del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
En ese requerimiento se pide que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revise las irregularidades que se cometieron en la elección de rector de la UAG y la inelegibilidad del ya rector electo, Javier Saldaña Almazán.
Ello, luego de que el TEE desechó la semana pasada el juicio electoral ciudadano que presentaron ante ese organismo local.
“Venimos a combatir la arrogancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que al igual que otros tribunales, cuando se trata de intereses políticos, se hacen de la vista gorda y de oídos sordos, en este caso en el que estamos frente a un atraco monumental, visto por miles de guerrerenses, menos por magistradas y magistrados”, leyó en una declaración el abogado Rubén Cayetano García, en conferencia de prensa después de que entregaron el documento en la oficialía de partes.
Explicó que la impugnación mediante el juicio ante la Sala Regional del Trife, “es porque en Guerrero se niega el derecho humano de acceso efectivo a la justicia o protección judicial, que se encuentra establecido como garantía constitucional en el artículo 17 de la Constitución federal y es la base de un Estado democrático de derecho”.
Cuestionó que el TEE haya declarado improcedente el juicio electoral ciudadano TEE/JEC/033/2023, aplicando una causal de incompetencia para proceder a desecharlo, “pero si es incompetente, debió considerar la posibilidad de reencauzar la demanda al órgano jurisdiccional, que hubiese considerado competente, atendiendo al principio de acceso efectivo a la justicia prevista por el artículo 17 constitucional”.
Añadió que al desechar dicho recurso, el TEE “abortó la posibilidad de estudio de las irregularidades planteadas como agravios, imposibilitando resolver sobre un proceso y resultados, en el que se sobajó la ley orgánica 178, por un estatuto contrario a la misma y una convocatoria que violó la paridad de género, que permitió la inelegibilidad del candidato único y la periodicidad democrática de la universidad guerrerense, razón por la que la sala regional deberá analizar las causas y procedibilidad de nuestros agravios”.
Reprochó que el TEE impuso una interpretación “incorrecta y distorsionada de la autonomía universitaria, para proceder impunemente a justificar esa causal de improcedencia y declararse incompetente, pasando por alto que a la Universidad Autónoma de Guerrero la ley no la excluye de la estructura estatal, ni la exime de cumplir, como cualquier otro organismo autónomo”.
Añadió que en la UAG se deben observar los principios que, de acuerdo con su ley orgánica, deben regir la elección de sus órganos de gobierno o dirección, para considerar que el resultado es democrático.
“En tal sentido, es obligación de la autoridad jurisdiccional ponderar entre la autonomía universitaria y los derechos humanos que se estiman vulnerados. La autonomía universitaria no puede ser obstáculo para restringir algún aspecto del derecho humano de sus miembros, como es el principio de igualdad y no discriminación en un proceso electoral, en donde participan todos los universitarios con su voto directo”.
Advirtió que van a agotar todos los recursos legales que estén en sus manos, para lograr la defensa de la democracia en la UAG.
Acudieron a entregar el documento los abogados Cayetano García, Román Ibarra Flores y los ex aspirantes a la Rectoría, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo.

 

Vuelve a impugnar Jacinto González las medidas cautelares que le impuso el IEPC

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, volvió a impugnar las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para que, entre otras restricciones, no se acerque a la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, en tanto se desahoga la queja de violencia política en razón de género en su contra.
Luego que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó el primer acuerdo y ordenó a la comisión emitir uno nuevo, con un análisis de riesgo y otros lineamientos de protocolo, que motiven y justifiquen la decisión, la que se aprobó la semana pasada y ratificó las medidas de protección.
Según el recurso de apelación publicado en estrados, desde este domingo, el acuerdo “viola el principio de legalidad, en sus vertientes de fundamentación y motivación y de fundamentación jurídica, exhaustividad y congruencia”.
El diputado argumentó que ninguno de los lineamientos requeridos por el TEE fueron desarrollados por la comisión para establecer los riesgos notorios o afectaciones inminentes, su nivel, la peligrosidad, el establecimiento de potenciales amenazas y su factibilidad, así como la idoneidad de la medida de protección impuesta.
Se señala que tampoco observó un análisis que arrojen datos que, de alguna manera en la actualidad, difamen, injurien, denigren o descalifiquen a la denunciante en el ejercicio de sus funciones políticas, en menoscabo de su imagen pública.
En cuanto a la naturaleza de los cargos del imputado, como dirigente de partido estatal y diputado local, consideró que la autoridad debía analizar “preliminarmente a la luz de los derechos de libertad de expresión, pero de frente al derecho que tiene la denunciante a una vida libre de violencia, y en particular, a no ser objeto de violencia política, en su calidad de servidora pública”, y aseguró que tampoco lo hizo.
Insistió en que las medidas cautelares “no pueden basarse sólo en la denuncia de posibles hechos constitutivos de violencia política de género”, sino que es indispensable un estudio preliminar, en el que se brinden razones suficientes para decir que la conducta denunciada puede traducirse en un acto violento que afecta derechos políticos electorales.

Emplaza el TEE al Congreso a instaurar los cuatro ayuntamientos instituyentes

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), solicitó nuevamente al Congreso de Guerrero un informe sobre el cumplimiento que ha dado a las sentencias referente a la designación de los integrantes del Ayuntamiento instituyente del nuevo municipio de Ñuu Savi, y le otorgó un plazo de dos días hábiles para entregarlo. Y recordó al Poder Legislativo que este retraso “conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
En el acuerdo plenario presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz se advierte que de no cumplirse con esta solicitud de informe, el Congreso local se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en la ley.
En el acuerdo se señala que en el primer informe que el Congreso entregó al TEE, el poder Legislativo informó de un “plan de trabajo” en el que establecen entre otros tiempos, un plazo de seis semanas para “llevar a cabo la consulta a las comunidades del municipio para que avalen las propuestas de las personas que se designen como integrantes del Ayuntamiento instituyente”.
Es decir que después de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integre la planilla del Ayuntamiento instituyente, continúa un plazo de seis semanas para que estos nombres sean avalados por las comunidades, pero aún no hay fecha para tener al menos la propuesta de este cabildo.
El TEE también estableció que de acuerdo a lo que dice la ley, el Ayuntamiento instituyente de Ñuu Savi (al igual que los de los otros tres nuevos municipios) debe ser nombrado antes de septiembre, previo a que inicie el proceso electoral.
Pero solo el plazo de seis semanas, representan “42 días, cuando solo se dispone de 65 a 61 días, antes de iniciar el próximo proceso electoral 2023-2024, no obstante, se debe considerar en éste, el plazo que requiere el Instituto Electoral para resolver la solicitud del cambio de modelo de elección”.
El TEE le recordó al Poder Legislativo que “los plazos y términos establecidos en ambas sentencias son imperativos, por lo que no pueden ser objeto de retardo, y éstos se han venido acotando por el transcurso del tiempo, lo que impacta en hacer nugatorio el derecho de las y los justiciables y conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
El TEE requirió al Congreso local a través de la presidencia de la Mesa Directiva y de la Jucopo, un informe dentro del plazo de dos días hábiles en el que se detalle el cumplimiento que ha dado a las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional y por la Sala Regional Ciudad de México, en el que pidieron que se incluyan las constancias que sustenten su informe.
Y se apercibe que dé incumplir “con lo ordenado en el punto de acuerdo que antecede, se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas” en el artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En la sesión, el TEE revocó la resolución de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del IEPC del pasado 18 de abril con las que declaró la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización ciudadana Guerrero Pobre, emitida por el Consejo General del órgano electoral.
El pleno, se declaró fundado el agravio planteado por el representante legal de la organización ciudadana Guerrero Pobre, Rubén Valenzo Cantor, los magistrado confirmaron que se realizó una “indebida fundamentación y motivación en la determinación de invalidar siete asambleas municipales, así como, a la violación al derecho de audiencia al no haberle notificado a la organización, los resultados de la verificación y autenticidad de las afiliaciones realizada por el INE y, al haberse emitido el dictamen y la resolución impugnada, sin analizar las consideraciones del oficio con dichos resultados”.
El TEE ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral y al Consejo General del IEPC emitir un nuevo dictamen y una nueva resolución, respectivamente.
El Tribunal confirmó también la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el proyecto emitido por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, se determinó declarar infundado el juicio promovido por el ahora ex presidente del Comité Directivo Municipal panista en Coyuca de Benítez Bruno Calixto Ríos Díaz, toda vez que, el actor no demostró que el acto la falta de entrega de prerrogativas le causara alguna afectación a su derecho político electoral de ejercicio del cargo partidista durante su periodo.

Irá a las instancias legales para que no le quiten su grado emérito, replica Reyes Carreto

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ramón Reyes Carreto, declaró que recurrirá a todas las instancias legales para impedir que lo despojen del grado de maestro emérito, porque dijo que es una prestación laboral establecida en el contrato colectivo de trabajo.
El ex rector fue entrevistado este martes, después de que junto con un grupo de universitarios del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, entregaron un documento en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en el que piden que el Juicio Electoral Ciudadano que presentaron en contra de la elección de rector en la UAG, se resuelva apegado a derecho y con justicia.
Ahí, Ramón Reyes reconoció, sin embargo, que no duda que puedan quitarle ese derecho, porque el grupo que hoy contrala a la UAG tiene también el control del Consejo Universitario.
“Voy a acudir a todas las instancias legales, porque ‘maestro emérito’ es una prestación laboral establecida en el contrato colectivo, pero no dudo que puedan hacerlo, tienen un Consejo Universitario, donde la mayoría solamente alza la mano y a mí no me permiten hablar más de15 minutos. Así, es muy difícilmente que me vayan a llamar para que me defienda”.
Pero dijo que si lo llegan a hacer, será de manera arbitraria, por lo que tendrá que acudir a las instancias legales.
Reyes Carreto explicó que la razón de quitarle ese derecho es como represalia por la impugnación que están promoviendo, en contra de la elección de Javier Saldaña Almazán como rector de la UAG.
“Hoy no puede revelarse alguien en contra de quien controla la universidad, porque ya es amenazado de expulsión a través del Consejo Universitario, que se ha vuelto una instancia expulsora de los trabajadores que reclaman sus derechos”.
Por su parte, la ex aspirante a la Rectoría, Silvia Alemán Mundo, calificó como inaudito que pretendan quitarle un derecho que le corresponde y le expresó su solidaridad, “aquí estamos para defender al ex rector Ramón Reyes Carreto”, dijo.
El también aspirante, Jesús Urióstegui Tarín, denunció que en la UAG hay una fuerte persecución política contra todo el que disiente del grupo que controla a la UAG, encabezado por Saldaña Almazán, “hay un hostigamiento que no sale a la luz pública, pero que ahí está. Pero no tenemos miedo, porque tenemos la razón”.
Denunció que no sólo Ramón Reyes está sufriendo represión, sino la misma Silvia Alemán, a la que pretenden expulsar de la UAG, y al abogado Rubén Cayetano García, que pretenden declarar persona no grata en la UAG.
En su caso, denunció que en el pasado Consejo Universitario fue agredido físicamente por un grupo de porros del rector electo, Saldaña Almazán, “que dirige un personaje de apellido Machuca”.
Dijo que es la forma en que ahora está operando “esta administración, controlada por Javier Saldaña” e hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que le deje de dar su respaldo.

Resolver la impugnación de la elección de rector con apego a derecho, piden al TEE opositores de Saldaña

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, durante la conferencia prensa que ofrecieron en el lobby del Tribunal Electoral del Estado luego de que se reunireron con la magistrada, Alma Delia Eugenio Alcaraz Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a resolver no sólo apegado a derecho, sino con justicia, el Juicio Electoral Ciudadano que presentaron ante ese organismo.
Una comisión de ese movimiento, encabezada por los abogados Rubén Cayetano García y Román Ibarra Flores; el ex rector Ramón Reyes Carreto, y los ex aspirantes a rector, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo, quienes se reunieron con la magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaraz.
Los universitarios le entregaron un documento en el que piden al organismo electoral que no se deje presionar, ni ceder “ante el chantaje e impedir que intereses políticos aviesos materialicen sus insanos procedimientos, adjudicándose un rectorado bajo la simulación de un proceso democrático, con candados no previstos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, 178, para impedir la libre participación de aspirantes e imponer un candidato único”.
Después, en conferencia de prensa, denunciaron que “la mafia” que encabeza en la UAG el rector electo, Javier Saldaña Almazán, está ejerciendo distintas represalias en contra de los opositores.
El movimiento opositor presentó el recurso de inconformidad el 3 de junio, ante la Comisión Electoral de la UAG, pero resolvió en contra y el 10 de junio presentó el Juicio Electoral Ciudadano ante el TEE.
Los actos reclamados son la imposición de candados en la convocatoria para la elección de rector o normas que son menores a la ley electoral; el incumplimiento de la paridad de género; la inelegibilidad del ahora rector electo, así como la violación a la periodicidad de las elecciones, debido a que, argumentan, si hubo elecciones en 2017 debió haberlas en el 2021 y las siguientes en 2015.
Recomendaron en su escrito no deteriorar aún más el concepto de autonomía con el pretexto del “no injerencismo” y la concesión “de un manto de impunidad, solapando procedimientos arbitrarios y violatorios de disposiciones de orden público superiores a cualesquier norma interna hecha a modo, para mantener el control absoluto en nuestra Alma Mater”.
Pidieron “disipar la sospecha de que las dos últimas magistraturas fueron cuotas partidistas entre Morena y PRI, actuando con absoluta imparcialidad”.
Exhortaron a no sentar el peor precedente antidemocrático en Guerrero y a no salirse por la tangente, “evadiendo entrar al fondo del asunto, bajo falsos silogismos de falta de legitimidad por no ser candidatos, ya que en el presente asunto no estamos frente a un tema de autogobierno, educativo o académico, de investigación, o cultural interno, sino ante la flagrante violación de una ley (la 178), que en su artículo primero se señala que es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, ley que, como todas las leyes, emana de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que este tribunal debe salvaguardar”.
Aclararon que no harán ninguna manifestación, marcha o mitin en el TEE, “porque no somos iguales, porque nos asiste la razón y porque guardamos la esperanza de que magistradas y magistrados reflexionarán sobre su papel histórico en este asunto y establecerán un criterio limpio, ajeno de intereses políticos del poder, para recuperar la democracia y la periodicidad en la Universidad Autónoma de Guerrero”.
El ex rector Reyes Carreto dijo que la posición de este grupo de universitarios va a continuar impugnando, a pesar de las amenazas de proceder legalmente en contra de varios universitarios y agregó que si no procede el Juicio Electoral en el TEE, van a continuar en otras instancias.
Silvia Alemán advirtió que van a defender los derechos políticos de las mujeres universitarias, porque no puede ser que en la máxima casa de estudios se estén pisoteando los derechos políticos de las mujeres universitarias, dijo en referencia a que le impidieron su participación en la elección.
Jesús Urióstegui declaró que de lo que se trata es de restaurar la universidad democrática, e hizo un llamado a los que se han enquistado en la institución a que la regresen al pueblo de Guerrero, “para que se trabaje en bien de los guerrerenses con proyectos y no hacerla un trampolín con fines políticos”.
El abogado Román Ibarra volvió a insistir en que con el aval de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el grupo que encabeza el rector electo Saldaña Almazán despilfarra más de mil millones de pesos del presupuesto de la universidad para sus fines políticos.

Llaman magistrada y diputados a frenar la violencia política en razón de género

El coordinador parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón; la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Evelyn Rodríguez Xinol; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez; el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias; el senador perredista, Miguel Ángel Mancera y la secretaria de la Mujer del gobierno del estado, Violeta Pino Girón, durante la inauguración del diplomado Sobre la Violencia Política en Razón de Género Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En la inauguración del diplomado sobre violencia política en razón de género, magistradas y diputados llamaron a hacer frente a este tipo de agresiones desde las instituciones y los partidos políticos.
En el acto realizado en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), la presidenta de este órgano, Evelyn Rodríguez Xinol, el diputado Héctor Apreza Patrón y la diputada Gabriela Bernal Reséndiz llamaron a que desde las instituciones y de los partidos se realice un frente y una “cruzada” contra la violencia política en razón de género
Asistieron mayoritariamente militantes del PRI y en menor medida del PRD. Ahí estuvo también el senador Miguel Ángel Mancera Espinoza, a quien el priista Héctor Apreza Patrón Patrón calificó como “una de las mentes lúcidas” de México.
El convenio de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado lo firmaron las diputadas presidentas de la Mesa Directiva y de la Comisión para la Igualdad de Género, Yanelly Hernández Martínez y Gabriela Bernal Reséndiz, y el senador por Guerrero Manuel Añorve Baños, quien preside ese instituto.
De acuerdo con lo dicho en el acto en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), la intención es “propiciar el análisis de las causas y efectos de la violencia política contra las mujeres, y ampliar y potencializar las habilidades para la prevención, identificación, investigación y atención de la violencia política contra el sector, que garantice el ejercicio libre y pleno de sus derechos político-electorales”.
En su mensaje la magistrada presidenta del TEE Evelyn Rodríguez Xinol dijo que con este diplomado se busca dotar de herramientas a las instituciones guerrerenses para erradicar todas las formas de violencia que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos político electorales de las mujeres.
La magistrada llamó a órganos de gobierno, electorales y de impartición de justicia, a los actores y partidos políticos, así como las organizaciones de la sociedad civil a trabajar de manera coordinada y eliminar este tipo de violencia. Señaló que el TEE tiene la responsabilidad de que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández, dijo que a partir de este diplomado y firma de convenio se establecerán “las bases generales de coordinación que contribuyan en la deliberación y la toma de decisiones legislativas”.
El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local Héctor Apreza Patrón, a nombre de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, confió en que la firma de este convenio contribuya para hacer conciencia sobre este mal que lacera a las mujeres, e impacte en la sociedad para el sano desarrollo humano.
En el acto realizado en el auditorio del TEE, la presidenta de este órgano, Evelyn Rodríguez Xinol, el diputado Héctor Apreza Patrón y la diputada Gabriela Bernal Reséndiz llamaron a que desde las instituciones y de los partidos se realice un frente y una “cruzada” contra la violencia política en razón de género.
En el acto estuvieron el diputado Osbaldo Ríos Manrique; las diputadas Julieta Fernández Márquez y Alicia Zamora Villalva, así como los diputados Raymundo García Gutiérrez, Andrés Guevara Cárdenas y Rafael Navarrete Quezada; la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Raymundo Casarrubias Vázquez, y la presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, Diva Hadamira Gastélum Bajo.

No dejarse presionar por una distorsionada autonomía, piden al TEE opositores de Saldaña

Integrantes del Movimiento por la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, en la conferencia de prensa con la ex diputada de Morena, María de Jesús Cisneros: la catedrática de la UAG Silvia Alemán, el abogado Rubén Cayetano y los maestros Román Ibarra y Jorge Luis Urióstegui Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a no dejarse presionar por intereses que distorsionen los conceptos para desechar la impugnación contra el nombramiento como rector electo de Javier Saldaña Almazán.
En conferencia de prensa, el abogado Rubén Cayetano García indicó que el 15 de junio se radicó el caso y se turnó a la ponencia de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, como Juicio Electoral Ciudadano 033/2023, por la anulación del proceso electoral que alteró la normalidad democrática de la institución educativa.
Explicó que la normalidad democrática debe ser inalterable y ésta se rompió, porque no hubo elección extraordinaria para culminar la gestión de 2021 a 2025 a través de un rector sustituto para el actual periodo. El nuevo periodo por el que fue electo Saldaña Almazán es de 2023 a 2027.
Proponen que se sancione que no hubo elecciones en 2021 y que se restablezca la periodicidad o normalidad democrática, para que, no habiendo elecciones en 2021, pueda haberlas en 2025, 2029, 2033 y así sucesivamente.
Cayetano García aclaró que la demanda expone un problema de legalidad, que no involucra el autogobierno, la educación, de investigación o presupuesto, por lo tanto, exhortaron a los magistrados “no dejarse presionar por intereses políticos aviesos, que distorsionan el concepto de autonomía para deshacer convenientemente (el juicio)”.
Asimismo, les piden a los magistrados que actúen “con absoluta y meridiana imparcialidad, porque el agravio que se sustenta en la ruptura de la periodicidad democrática en la universidad, particularmente lo que tiene que ver con la Ley Orgánica, probada en 2016 por el Congreso local”.
La ley orgánica que rige a la UAG establece que debe hacer elecciones extraordinarias si el rector electo se separara antes de los años de la gestión. Si se separa después de cumplidos dos años, el Consejo Universitario podría nombrar un rector en sustitución, para ir a elecciones ordinarias en el plazo de cuatro años.
El abogado señaló que, en referencia de la gestión universitaria, los sexenios de las gubernaturas sólo se modificaron en una ocasión para empatarse con los comicios federales, a partir de una reforma a la Constitución, no por decisión de grupos.
“Se trata de la salvaguarda de la legalidad, del estado de derecho, del marco constitucional del que emanan nuestras leyes, mismas que están obligados a hacer prevalecer, para evitar un grave retroceso y precedente antidemocrático en Guerrero”.
Advirtió que si el tribunal deja pasar esta irregularidad, sentará un grave precedente para que cualquier persona altere las fechas de las elecciones universitarias, sin consecuencias.
Los promoventes del juicio porque en el proceso electoral les negaron el registro de candidaturas, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train, respaldaron la representación de Cayetano García, como abogado y en su calidad de universitario honorario, al ser egresado de la institución educativa.
Alemán Mundo añadió que cualquier ciudadano puede pedir cuentas a la UAG, que recibe 3 mil 200 millones de pesos del presupuesto público. Además, que defender la legalidad no lesiona la autonomía, y que debido a esta exigencia, ha sufrido violencia política en razón de género.
Urióstegui Train denunció que grupos porriles están amenazando a los opositores que defienden la legalidad y un trabajador de la Facultad de Derecho, que no es consejero, lo agredió en la sesión Consejo Universitario, donde el grupo opositor fue a conocer la calificación de la elección.
Insistió en el uso político que el grupo hegemónico pretende dar al alumnado, como plataforma para ganar senadurías.