El diputado Alfredo Sánchez Esquivel recurrió por segunda ocasión al Tribunal Electoral del Estado (TEE) para denunciar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena tergiversó su queja contra la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Yoloczin Domínguez Serna, pues los argumentos empleados para declararse incompetentes no atienden su denuncia.
Sánchez Esquivel recurrió a la CNHJ de Morena el 16 diciembre de 2022. Presentó una queja “por presuntas faltas graves realizadas contra los estatutos” de Morena, en el caso donde la presidenta de la actual presidenta Jucopo habló de irregularidades en la construcción de la demolición de la biblioteca del Congreso, en el periodo en el que el diputado presidía la Junta.
En febrero de 2023 la Comisión la declaró improcedente por haberla presentada fuera de tiempo. Inconforme con el dictamen del órgano intrapartidista, recurrió al TEE, quien ratificó el falló de la Comisión el 23 de marzo de este año. El 29 de marzo el diputado recurrió a la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual resolvió el 18 de mayo de este año y ordenó a la CNHJ de Morena que en un plazo de 15 días hábiles “se pronuncie respecto de la procedencia de la queja presentada por (Sánchez Esquivel) el 16 de diciembre de 2022”.
En su demanda, el diputado acusó a Domínguez Serna de asociarse con el PRI para expresar ideas en contra de Morena. Señala que “ha realizado de manera sistemática, reiterada y pública, señalamientos infundados y repetitivos, como, ‘daño patrimonial’, ‘decisión unilateral’ todo esto en detrimento de nuestro partido y con estas conductas se transgreden las normas contenidas en documentos básicos y estatutos..”.
Alfredo Sánchez solicitó que la Comisión se pronunciara en el sentido de que Yoloczin Domínguez había rebasado los límites del derecho a la libertad de expresión y creado una opinión negativa “en contra de nuestro movimiento”.
En un acuerdo del 8 de junio, la CNHJ de Morena argumentó que “de las pruebas ofrecidas se advierte que las actas de sesión, el dictamen de seguridad estructural, las publicaciones en redes sociales y las manifestaciones hechas en entrevistas a medios de comunicación, están encaminadas a los actos de investigación derivados de la demolición del inmueble denominado Biblioteca Siervo de la Nación, incluso se vislumbra opiniones por parte de legisladoras pertenecientes al Congreso del Estado de Guerrero, las cuales el promovente señala como infundadas.
“De lo anterior, se desprende que los motivos de disenso no están sujetos a un control por parte de esta Comisión, ya que no se trata de un asunto interno partidista sino del ejercicio de la función pública legislativa” de sus integrantes.
Inconforme con el fallo, Sánchez Esquivel recurrió otra vez al TEE el 8 de junio. El recurso fue enviado a la Comisión el 14 de junio y admitido el 15 de junio por la Comisión.
Casos en contra
Por separado, los integrantes de la CNHJ de Morena acordaron “regularizar” y “acumular” en un solo expediente las dos quejas promovidas contra Sánchez Esquivel por violencia política en razón de género contra la diputada Yoloczin Domínguez Serna, ambos están en etapa de resolución en esa instancia partidista.
Así los expedientes promovidos por Yoloczin Domínguez y por Graciela Ortiz Flores “y otras”, quedan en uno solo que será “subsanado bajo un procedimiento sancionador electoral, conforme lo previsto en los estatutos y el protocolo de ese partido para prevenir, atender, sancionar, reparar, el daño y erradicar los casos de violencia política contra las mujeres al interior de Morena.
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado debatieron en sesión pública el proyecto la resolución de la apelación que promovió el dirigente de Morena, Jacinto González Varona, contra las medidas cautelares que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que le prohíbe acercarse o comunicarse con la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a propósito de la denuncia por violencia política en razón de género en su contra.
En abril pasado, en un acto en Ometepec, el líder de Morena, González Varona, acusó que la diputada priista prestó su imagen en el proceso electoral de 2018 para que el ahora senador Manuel Añorve accediera a su escaño.
En un video difundido a través de grupos de whatsapp, se escucha al líder de Morena decir que la diputada Gabriela Bernal -quien participó en la fórmula priista al Senado- fue utilizada para engañar a la gente. El 18 de abril la diputada presentó una denuncia ante el IEPC contra el también diputado federal por violencia política de género.
La propuesta de la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, aprobada con tres votos a favor y uno en contra de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, revocó el acuerdo de las medidas cautelares de la Comisión de Quejas, y ordenó al organismo que emita un nuevo dictamen en un plazo no mayor de 24 horas.
Sólo Eugenio Alcaraz apoyó el plazo de 24 horas que estableció en el proyecto Rodríguez Xinol, aprobado por el voto de la calidad de la presidenta, porque los magistrados, Hilda Rosa Delgado Brito y J. Inés Betancourt Salgado, pidieron ampliar a 48 horas el plazo para fundar y motivar el documento.
Betancourt señaló que técnicamente 24 horas era muy poco tiempo para elaborar una resolución fundada y motivada con la exhaustividad que se está solicitando en esta sentencia.
Delgado Brito argumentó en favor de la ampliación del plazo que no se denunció violencia física, para emitir medidas cautelares en 24 horas como señala el reglamento del IEPC, sino de “violencia sicológica y simbólica”. En ambos casos, precisaron que todavía nadie se ha pronunciado sobre la demanda de violencia política.
En el voto razonado en contra de la revocación de las medidas cautelares, Eugenio Alcaraz advirtió que no observa en ellas perjuicio a la libertad de expresión que argumentó el quejoso, como dirigente político y diputado local.
Consideró que, en la presunción de restituir su derecho electoral “a la libertad de circulación de sus expresiones, no cambiaría en nada que el recurrente (González Varona) deba cambiar cualquier manifestación contra la denunciante, que contenga señalamientos sexistas, machistas, estereotipados, o bien que se abstenga a un acercamiento o comunicación con la quejosa; de hacerlo podría, en su caso, no sólo haber una repetición del acto, sino generar nuevas probables conductas de violencia política en razón de género”.
El dictamen aprobado por el TEE ordena a la Comisión de Quejas del IEPC, que analice la calificación del riesgo otorgado al caso, a partir del análisis de la intención y consecuencias de las conductas violentas, que tome en cuenta el contexto específico del caso y si tiene un carácter meramente probabilístico; que haga una diferencia entre peligrosidad y riesgo, y que considere la percepción de la víctima sobre la peligrosidad de la persona agresora, así como su percepción de seguridad al regresar a su casa, centro de trabajo, continuar ejerciendo sus derechos políticos y electorales, entre otros lineamientos.
Desechan impugnación del caso contra Sánchez Esquivel
Por otro lado, el colegiado desechó por unanimidad el juicio de impugnación que presentó Teresa Nava Alfaro y otras ciudadanas contra una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que favoreció al diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, acusado de violencia política de género contra la diputada Yoloczin Domínguez.
Señalaron que, el 25 de enero la CNHJ de Morena otorgó a las actoras tres días hábiles para acreditar su afiliación partidista, “bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se desecharía de plano, acuerdo que fue notificado el mismo día a las actoras por los estrados electrónicos y vía electrónica a las hoy actoras”. Sin cumplimiento, se desechó el caso en el organo partidario el 23 de febrero.
La impugnación de las denunciantes que llegó a la sala regional, terminó ayer en desechada y en archivo “por el cambio de situación jurídica” de las quejosas, que dejó sin materia el juicio de impugnación.
Ordena a la comisión de VPG del PAN, reabrir el caso de Felícita
El TEE declaró fundada la impugnación de la dirigente municipal del PAN de San Marcos, Felícita Navarrete Neri, contra una resolución del 12 de enero de 2023, de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes de su partido, por no sancionar conductas del presidente estatal del Comité Directivo Estatal, Eloy Salmeron Díaz.
Entre estas condutas, la quejosa señaló la obstaculización del pleno ejercicio de sus derechos político electorales de asociación y afiliación política, y el ocultamiento de información, al no notificarle el supuesto acuerdo de suspensión de prerrogativas, que configuran violencia política de género.
El colegiado, ordenó a la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del PAN, analizar todas pruebas en su conjunto y emitir nueva sentencia de manera exhaustiva, fundada y motivada, con el planteamiento de Violenica política de género hacia la actora, en un plazo de 20 días habíles,contados a partir de la notificación de la sentencia.
Millán Sánchez: sigue litigio de la elección de consejeros
Por otro lado, el TEE desechó la controversia del ex candidato a consejero estatal del PAN, Carlos Millán Sánchez, contra la resolución de la Comisión de Justicia sobre la elección interna, por “cambio un situación jurídica del caso”.
En el proyecto del caso, se detalla que la Sala Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación declaró fundados los agravios del militante, tras un estudio de fondo, y la Comisión de Justicia deberá emitir una una nueva resolución, lo cual deja sin efectos el juicio en Guerrero.
En declaraciones al terminar la sesión del TEE, Millán Sánchez destacó que la sala regional corrigió la plana a la comisión de Justicia del PAN, y a magistrados electorales de Guerrero que inicialmente desecharon su demanda.
Ahora, señaló que la comision intrapartidara deberá analizar el cómputo, inaplicaicón con exhaustividad, donde afirma que tienen más porcentaje de votación que tres consejeros que entraron en funciones.
Aclaró que son posibles tres escenarios, que se ordene repetir la asamblea, o la elección de consejeros hombres, que se le admita como consejero estatal, o se deseche, y como afectado, vuelva a impugnar.
Opositores al sistema normativo por usos y costumbres en Ayutla se manifiestan con pancartas durante la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades (AMCRA) este domingo en ese municipio de la Costa Chica Foto: Cortesía Anwar Delgado
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Opositores al sistema normativo por usos y costumbres en Ayutla de los Libres irrumpieron en la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades (AMCRA), en la que se definiría si la consulta sobre la continuidad del sistema o regresar al sistema de partidos incluiría a todos los vecinos del municipio.
En la AMCRA que se realizó el pasado 30 de abril, casi el 100 por ciento de las autoridades de las comunidades determinaron que no se realizara la consulta abierta a toda la población, pero esta determinación fue impugnada por los opositores ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), órgano que invalidó la asamblea y dio 15 días al IEPC, así como a las autoridades del municipio, para que la repusieran.
El presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del IEPC, el consejero Edmar León García, explicó que, entre otros motivos, el TEE determinó invalidar la asamblea del 30 de abril porque en el orden del día no se convocó para tomar una determinación, y en su lugar, decía que era para informar respecto a la solicitud de consulta.
Edmar León explicó también que el fin de semana pasado, el Concejo Municipal Comunitario que gobierna el municipio hizo reuniones informativas en diferentes sedes, y que en la asamblea que se realizaría este domingo se llevarían las actas en las que se establece la opinión de las comunidades “respecto a sí a la consulta o no a la consulta”.
Pero, tras la irrupción del grupo de opositores se canceló la sesión de la AMCRA y plantearon “llevarla para después”, sin embargo, el consejero recordó que el TEE estableció un plazo de 15 días, que concluye este martes o miércoles, por lo que no lo podrán cumplir.
El consejero recordó que estas asambleas se realizan los fines de semana, por lo que buscarán la manera de dar cumplimiento a la sentencia del TEE, “a lo mejor estaríamos fuera del plazo, pero finalmente hubo un impedimento material para poder llevar a cabo la asamblea de hoy, y estos impedimentos están previstos en la propia ley”.
Edmar León comentó también que el mandato del TEE señala que la AMCRA será la que determine si se realizará o no la consulta para definir un cambio de sistema de elección de las autoridades municipales, y que no se plantea que sea una decisión que tome alguna otra autoridad o de otra manera.
En declaraciones telefónicas, uno de los opositores que encabezó la protesta por la que finalmente se canceló la asamblea, Rutilio Espíndola Castro, afirmó que el IEPC no realizó esta asamblea de manera correcta, porque no se está tomando en cuenta “el sentir de todos los ciudadanos”.
También precisó que “se elaboró un acta” que fue firmada por el encargado de la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales del IEPC, Zenaido Ortiz Añorve, en la que solicitan que se realice la consulta y advierten que en caso de no hacerla, tomarán otras medidas, como la toma de carreteras y autopistas o retener a los funcionarios del IEPC que acudan.
“Nosotros ya agotamos la vía pacífica, la vía legal”, también advirtieron que no permitirán que cambien la asamblea de Ayutla a alguna comunidad, para poder desahogarla, porque radicalizarán las acciones, dijo el perredista Rutilio Espíndola, del equipo del diputado local Raymundo García Gutiérrez.
De acuerdo con videos y transmisiones en redes sociales, los opositores a la elección de autoridades bajo el sistema normativo propio llegaron al auditorio municipal en el que se realizaba la asamblea, y abrieron por la fuerza una reja, que era resguardada por policías municipales, dónde entraron gritando: “¡Sí a la consulta! ¡Sí a la consulta!” y “¡fuera usos y costumbres!”.
Los inconformes, principalmente de la cabecera municipal y algunas comunidades, reclamaron que dentro de las comunidades la AMCRA “ya no nos toman en cuenta”, a quienes acusaron que junto con el IEPC tomaron la decisión de no realizar la consulta a la ciudadanía.
El orador pidió que se realice una consulta en la que se pregunte a todos los ciudadanos y no sólo a las autoridades de las comunidades, sobre si quieren que la elección de autoridades continúe bajo el sistema normativo propio o regrese al sistema de partidos. Incluso, acusó que los comisarios asistentes a la asamblea no sabían qué es lo que estaban firmando o si la Casa de los Pueblos falsificó las firmas.
En breves videos difundidos por los opositores que irrumpieron en la asamblea, se observa a un señor que frente a representantes del IEPC acusó a este órgano y a la Casa de los Pueblos, de realizar asambleas “de manera mañosa, tramposa, en forma manipulada. Piden la firma de los compañeros de manera anticipada”, además de que validan estas asambleas sin la asistencia mínima.
También acusaron al IEPC de que “han estado desde 2014, 2015, con los dados cargados a este sistema. Han estado totalmente volcados a apoyar a este sistema, no se ha cumplido con el principio de la imparcialidad. Todo el IEPC ha estado de esa manera”.
Otra de las acusaciones fue que los promotores del sistema normativo propio “han hecho las cosas con apoyo de grupos armados, de la UPOEG y CRAC, y con estos grupos armados han enfrentado a la ciudadanía común y corriente, a la ciudadanía indefensa”.
Consideró que a la población mestiza se les está tratando como a “ciudadanos de tercera”.
Opositores al gobierno por usos y costumbres irrumpieron en el lugar donde se reunían representantes y autoridades que definiría si la consulta sobre la continuidad de ese sistema o regresar al de partidos incluiría a todos los ciudadanos del municipio. La asamblea se suspendió a días de que venza el plazo impuesto por el Tribunal Electoral del Estado. Los inconformes advirtieron que si no se consulta a todos bloquearán carreteras y retendrán a funcionarios Foto: Cortesía Anwar Delgado
Revientan opositores la asamblea en Ayutla
para la consulta sobre usos y costumbres
El TEE invalidó la anterior porque ésta no se convocó para tomar una determinación, sino solamente para informar al respecto. Si no se incluye en la consulta a todos los ciudadanos del municipio tomarán carreteras y retendrán funcionarios, advierten inconformes con el gobierno comunitario
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Opositores al sistema normativo por usos y costumbres en Ayutla de los Libres irrumpieron en la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades (AMCRA), en la que se definiría si la consulta sobre la continuidad del sistema o regresar al sistema de partidos incluiría a todos los vecinos del municipio.
En la AMCRA que se realizó el pasado 30 de abril, casi el 100 por ciento de las autoridades de las comunidades determinaron que no se realizara la consulta abierta a toda la población, pero esta determinación fue impugnada por los opositores ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), órgano que invalidó la asamblea y dio 15 días al IEPC, así como a las autoridades del municipio, para que la repusieran.
El presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del IEPC, el consejero Edmar León García, explicó que, entre otros motivos, el TEE determinó invalidar la asamblea del 30 de abril porque en el orden del día no se convocó para tomar una determinación, y en su lugar, decía que era para informar respecto a la solicitud de consulta.
Edmar León explicó también que el fin de semana pasado, el Concejo Municipal Comunitario que gobierna el municipio hizo reuniones informativas en diferentes sedes, y que en la asamblea que se realizaría este domingo se llevarían las actas en las que se establece la opinión de las comunidades “respecto a sí a la consulta o no a la consulta”.
Pero, tras la irrupción del grupo de opositores se canceló la sesión de la AMCRA y plantearon “llevarla para después”, sin embargo, el consejero recordó que el TEE estableció un plazo de 15 días, que concluye este martes o miércoles, por lo que no lo podrán cumplir.
El consejero recordó que estas asambleas se realizan los fines de semana, por lo que buscarán la manera de dar cumplimiento a la sentencia del TEE, “a lo mejor estaríamos fuera del plazo, pero finalmente hubo un impedimento material para poder llevar a cabo la asamblea de hoy, y estos impedimentos están previstos en la propia ley”.
Edmar León comentó también que el mandato del TEE señala que la AMCRA será la que determine si se realizará o no la consulta para definir un cambio de sistema de elección de las autoridades municipales, y que no se plantea que sea una decisión que tome alguna otra autoridad o de otra manera.
En declaraciones telefónicas, uno de los opositores que encabezó la protesta por la que finalmente se canceló la asamblea, Rutilio Espíndola Castro, afirmó que el IEPC no realizó esta asamblea de manera correcta, porque no se está tomando en cuenta “el sentir de todos los ciudadanos”.
También precisó que “se elaboró un acta” que fue firmada por el encargado de la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales del IEPC, Zenaido Ortiz Añorve, en la que solicitan que se realice la consulta y advierten que en caso de no hacerla, tomarán otras medidas, como la toma de carreteras y autopistas o retener a los funcionarios del IEPC que acudan.
“Nosotros ya agotamos la vía pacífica, la vía legal”, también advirtieron que no permitirán que cambien la asamblea de Ayutla a alguna comunidad, para poder desahogarla, porque radicalizarán las acciones, dijo el perredista Rutilio Espíndola, del equipo del diputado local Raymundo García Gutiérrez.
De acuerdo con videos y transmisiones en redes sociales, los opositores a la elección de autoridades bajo el sistema normativo propio llegaron al auditorio municipal en el que se realizaba la asamblea, y abrieron por la fuerza una reja, que era resguardada por policías municipales, dónde entraron gritando: “¡Sí a la consulta! ¡Sí a la consulta!” y “¡fuera usos y costumbres!”.
Los inconformes, principalmente de la cabecera municipal y algunas comunidades, reclamaron que dentro de las comunidades la AMCRA “ya no nos toman en cuenta”, a quienes acusaron que junto con el IEPC tomaron la decisión de no realizar la consulta a la ciudadanía.
El orador pidió que se realice una consulta en la que se pregunte a todos los ciudadanos y no sólo a las autoridades de las comunidades, sobre si quieren que la elección de autoridades continúe bajo el sistema normativo propio o regrese al sistema de partidos. Incluso, acusó que los comisarios asistentes a la asamblea no sabían qué es lo que estaban firmando o si la Casa de los Pueblos falsificó las firmas.
En breves videos difundidos por los opositores que irrumpieron en la asamblea, se observa a un señor que frente a representantes del IEPC acusó a este órgano y a la Casa de los Pueblos, de realizar asambleas “de manera mañosa, tramposa, en forma manipulada. Piden la firma de los compañeros de manera anticipada”, además de que validan estas asambleas sin la asistencia mínima.
También acusaron al IEPC de que “han estado desde 2014, 2015, con los dados cargados a este sistema. Han estado totalmente volcados a apoyar a este sistema, no se ha cumplido con el principio de la imparcialidad. Todo el IEPC ha estado de esa manera”.
Otra de las acusaciones fue que los promotores del sistema normativo propio “han hecho las cosas con apoyo de grupos armados, de la UPOEG y CRAC, y con estos grupos armados han enfrentado a la ciudadanía común y corriente, a la ciudadanía indefensa”.
Consideró que a la población mestiza se les está tratando como a “ciudadanos de tercera”.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), sancionó al alcalde de Coyuca de Benítez, el morenista Osiel Pacheco Salas, junto con otros servidores públicos y funcionarios del Ayuntamiento, por violencia política en razón de género en contra de la regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.
En sesión pública, los magistrados declararon procedente la demanda porque quedó acreditado que no le permitieron el ejercicio de sus funciones negandole información, retuvieron sus pagos desde mayo de 2022, no dieron de alta al personal de su oficina, entre otros actos que constituyen violencia de tipo verbal, simbólica y económica.
La falta del alcalde fue calificada como “grave ordinaria”, y recibió multa de 10 mil 100 UMA, que equivale a 10 mil 374 pesos, y una amonestacion para los demás infractores. Y motivó en redes sociales críticas de activistas políticas que consideraron muy baja la sanción, porque mencionan su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
La presidenta de la Red por los Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, señaló que la sentencia no es proporcional con el daño causado a la víctima ni garantiza la reparación del daño en medidas efectivas, y pone en duda la imparcialidad del órgano jurisdiccional.
“Desde nuestro punto de víctimas esta sentencia se debe impugnar y la Red ofreció acompañamiento a la víctima para ir a la siguiente instacia”, indicó vía telefónica.
El jucio del Proceso Especial Sancionador 03 de este año que promovió la regidora de Comercio y Abasto Popular contra el alcalde Pacheco Salas, el secretario de Gobierno, Víctor Hugo Catalán Díaz; la secretaria general, Silvia Talavera Organes; la síndica Procuradora, Romana Leonardo Apolonio; la directora del Jurídico, Yamireth Stephany Hernández Mazón, y la secretaria de Administración, Esther Ríos Soberanis, fue turnado a magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
En el proyecto se acreditaron actos y omisiones que obstruyeron el ejercicio de su cargo como regidora, así como expresiones que implican violencia verbal, simbolica, económica y sicológica.
Señaló que el alcalde omitió a responder a las solicutudes de la denunciante sobre las finanzas de la administración, el número de empleados en nómina, de los laudos laborales, el presupuesto en el último trimeste del ejercicio fiscal de 2021, y el desistimiento de la demanda laboral de la secetaria de Servicios Públicos.
Asimismo, el secetario de Bienestar no le dio información de la demanda laboral de la secretaria Servicios Públicos, de varias actas de cabildo de 2021, y la copia del reglamento inrterno del Ayuntamiento; la sindica y la directora juridica también evadieron su responsabidad.
La Secretaría de Finanzas suspendió sus pagos desde mayo de 2022, el
El oficial mayor y el director de Recursos Materiales omitieron entregar material de papelería a su oficina y tampoco dieron de alta al personal. Además de que la denostraron con la intención de descreditarla ante los demás miembros del cabildo en el ánimo de no atender sus peticiones. En una sesión del cabil, el alcalde le dijo que su participación “era pura demagogia”.
El alcalde fue sancionado con una multa de 10 mil 374 pesos, el resto una amonestación, además de abstenerse de volver a denostar a la regidora y obstaculizar su función. También tendrán que pagar su atención sicológica, cubrir los pagos y cuotas suspendidas hace un año, en un plazo de cinco días hábiles.
Débil sentencia: Red Guerrerense
En consulta, Muriel Salinas Díaz calificó como “débil” esta sentencia porque no garantiza medidas adecuadas de no repetición, por no establecer la inscripción de los infractores en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
En el supuesto de que tenga que hacerlo el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana, advirtió que los magistrados debieron establecer el tiempo que deben permanecer en el listado. No haberlo hecho, vulnera el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia.
“Este tipo de sentencias genera la duda respecto de la imparcialidad del tribunal, porque, aún cuando acreditan la comision de estos actos de VPG, ninguna de las sanciones son equivalentes al daño causado, carecen de fuerza, de contundencia para tener un efecto de no repetición”.
Recordó que la reciente reforma a la ley electoral local se incorporó la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, para evitar que ocupen un cargo público o por designación quien haya sido sancionado VPG contra las mujeres en razón de género, y la única forma de constatarlo es consultar Registro de Personas Sancionadas. “No incluiros, emite mensaje lamentable, parece que protegen al agresor”, denunció.
Además, señaló que el tiempo de permanencia en el registro, tendría que ser razonable, de uno o dos años, para garanizar el acceso a la justicia y reparacion integral del daño, para tenga efecto de exigibilidad la 3 de 3, y no tengan acceso a las candidaturas de la siguiente elección.
“Lo que ha ocurrido en algunas sentencias, donde sí se ordena la inscripcion, es que la permanencia de estas pesonas en el registro es de tiempo breve. Seguimos esperando del TEE que no les tiemble la mano y sean garantistas de la debida diligencia y del acceso a la jsuticia”
Señaló que estas sentencias deben observar también lo dipuesto en artículo 12 de Ley General de Victimas, en las fracciones segunda, sobre la reparación expedita. de manera proporcional y justa, “no lo vemos en esta sentencia”
Consideró “ridicula” la multa para el alcalde, “no es absoluto digamos reparadora del daño causado en cuanto a la violencia económica de la que fue víctima la regidora, aun cuando se le restituyan las pagos que le retuvieron ilegalmente”.
El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero, informó que quienes aspiraban a la Rectoria, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui, este lunes interpusieron, a través del Tribunal Universitario, un juicio electoral ciudadano para “impugnar la viciada elección de rector”.
En un comunicado aseguraron que sobre la declaración de validez del proceso y de rector electo, en la persona de Javier Saldaña Almazán, aún “no hay definitividad, ni cosa juzgada, y serán los órganos jurisdiccionales quienes dicten la última palabra en el veredicto final. Será el Tribunal Electoral del Estado (TEE) de Guerrero el que resolverá este juicio que se ha promovido”.
En declaraciones telefónicas, Silvia Alemán Mundo explicó que el juicio lo hicieron a través del Tribunal Universitario, porque “así es el trámite, se tiene que presentar al tribunal, para que lo haga llegar al Tribunal Electoral”.
Indicó que ese juicio no lo pueden hace de manera directa, porque el camino es ese, donde se debe entregar al Tribunal Universitario y éste hacerlo llegar al Tribunal Electoral.
Se le preguntó si cree que proceda, tomando en cuenta que los órganos electorales de la UAG han rechazados sus argumentos, y respondió: “Todo puede cambiar, todo puede ser reconsiderado, sobretodo, a la luz de los nuevos acontecimientos y a la luz de los derechos políticos de las mujeres, que ha habido avances que no había, y eso es uno de los agravantes que se incorporaron. La violación, en este caso, a nuestros derechos políticos en función de género”.
Sobre si buscar órganos electorales externos no violenta la autonomía universitaria, respondió que no, porque “son derechos constitucionales y ninguna autonomía universitaria puede estar por encima de los derechos constitucionales, porque es la Carta Magda y todos los demás derechos son de legislaciones de menor estatura, de menor poder y toda la legislación se debe subordinar a los derechos constitucionales. No puede haber violación a los derechos, ni siquiera de una institución como la UAG”.
El comunicado indica que los agravios expresados por los recurrentes, son la “parcialidad con la que actuó el Tribunal Universitario y el Consejo Universitario, al resolver el recurso de inconformidad que se interpuso”. Añaden que esa parcialidad vició la resolución impugnada y quedó demostrado a partir de que, en el considerando cuarto, en lugar de entrar al estudio y análisis de los agravios que se expresaron para resolver conforme a derecho y conforme a la ley, se procedió oficiosamente a darles contestación.
Señaló que se “exhibe una predisposición del tribunal responsable, que se aleja de la imparcialidad y litiga en nuestra contra, descalificando nuestro proceder, asumiendo postura a favor del rector electo, Javier Saldaña Almazán, exhibiendo que no sólo los consejeros universitarios, la Comisión Electoral y Consejo Universitario, sino también el tribunal forman parte de la ‘cargada’ a su favor, haciendo uso de las instituciones para imponerse como rector de la UAG”.
Añade que se insiste en el juicio electoral ciudadano, en que no se cumple la paridad de género y que el rector electo es “inelegible”. Agregan que la convocatoria, de fecha 21 de marzo de 2023, es ilegal en razón de que, partiendo de que no ha habido elecciones para rector desde 2021 y que el actual rector, José Alfredo Romero Olea, incurre en la ilegalidad, porque no fue electo para una gestión de cuatro años, debido convocarse a una elección extraordinaria para elegir al rector sustituto.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), requirió al Congreso local que en un plazo de dos días hábiles presente las constancias de cumplimiento de las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional, del 26 de abril, y por la Sala Regional Ciudad de México del Trife, sobre la integración del cabildo instituyente Ñuu Savi.
El 18 de mayo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Federal Electoral (Trife), conminó al Congreso de Guerrero, y a la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, como órganos de dirección, “a que, de manera urgente y a la brevedad determine las personas que deberán integrar el Ayuntamiento Instituyente del municipio de Ñuu Savi”
Sin embardo, en el acuerdo plenario aprobado ayer por el tribunal local señala que han han pasado 42 días de la emisión de la sentencia del TEE (26 de abril), y 24 días de la emisión de la sentencia de la Sala Regional, “sin que hasta el momento la autoridad responsable haya informado sobre el cumplimiento dado a la misma, o en su caso, que está en vías de cumplimiento”.
Por lo anterior, reiteró que los términos establecidos en las dos sentencias, “no pueden ser objeto de retardo, y éstos -los plazos- se han venido acotando por el transcurso del tiempo, lo que impacta en hacer nugatorio (frusta en expectativa social) el derecho de las y los justiciables”.
Regresan al IEPC el caso Sánchez Esquivel
Por otro lado, devolvió a la Unidad de lo Contencioso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una denuncia por violencia política de género contra el diputado local de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, por irregularidades y omisiones en la integración en el Procedimiento Especial Sancionador, a fin de “garantizar los principios de inmediatez, exhaustividad y legalidad”.
Asimismo, el TEE declaró inoperantes los agravios denunciados por el representante del PRI, Alberto Saavedra Chávez, en contra del registro del partido político local México Avanza, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al estimar “que no controvierte de manera frontal y eficaz las consideraciones de la autoridad responsable”.
Desechó de plano otra demanda que promovió el ciudadano Eriberto Flores Terrero, en contra de la aprobación del Partido Alianza Ciudadana, por “carecer de interés jurídico y legítimo para controvertir el acto impugnado”.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey, en el conversatorio Violencia política en razón de género desde una perspectiva jurisdiccional, administrativa y sociedad civil en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán, afirmó ayer, durante el conversatorio organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en Chilpancingo, que el 70 por ciento de los casos registrados de violencia política en razón de género se dan a nivel municipal.
También aseguró que no se imponen sanciones adecuadas y por tanto no se combate la impunidad, para evitar que personas que violenten políticamente a las mujeres ostenten o aspiren a un cargo de elección popular.
L a presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, pidió al Congreso del Estado que armonice en la entidad la Ley General de Responsabilidad Administrativas, que sigue pendiente.
Ayer se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del TEE, el conversatorio Violencia Política en Razón de Género desde una Perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Sociedad Civil, en el que participaron la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Indalecia Pacheco León, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, y la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.
En Iliatenco, debió impedirse
volver a participar al agresor: Carla Humphrey
La magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaráz, fue quien planteó a las ponentes: “¿Qué impacto ha habido a tres años de haberse legislado la violencia política contra las mujeres en razón de género en la prevención, atención o erradicación; qué impactos tendrá la reforma constitucional al artículo 38 de la Constitución, denominada Tres de Tres?”, y “¿qué papel ha jugado la sociedad civil en el avance y legislación y tratamiento de la violencia política en razón de género y cuáles serían los retos de los órganos electorales de cara al próximo proceso electoral?”.
La consejera, Carla Humphrey afirmó que a tres años de la legislación se ha visibilizado la violencia política en razón de género, y ejemplificó que Guerrero tienen la primera elección anulada en el país. Ello, con el caso de Iliatenco y la violencia que se ejerció contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta Nicolás, en 2021.
Sostuvo que aún falta que a las personas que se acredite que cometieron violencia política en razón de género no participen en los procesos extraordinarios de elección, como ocurrió en Iliatenco, donde se repuso la elección y volvió a ganar el candidato que violentó.
Dijo que hay instrumentos jurídicos y herramientas que permiten visibilizar esta violencia con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en la materia, del cual, de 293 que hay en el país, Guerrero tiene dos casos, aunque resaltó que este tipo de violencia se comete más a nivel municipal con un 72.21 por ciento, 16.92 a nivel estatal y 10.88 a nivel nacional.
Sostuvo que en Veracruz es vergonzoso que hay un regidor que ha reincidido 11 veces por cometer violencia política en razón de género, lo que deja claro que las sanciones no son eficientes, porque se aplican multas económicas y amonestaciones públicas, y “no se imponen las sanciones de manera adecuada y, por tanto, estamos combatiendo la violencia política, pero no estamos combatiendo la impunidad, no estamos impidiendo que esas personas que violentan políticamente a las mujeres puedan ostentar o aspirar a un cargo de elección popular”.
Pese a leyes, persiste la violencia: Muriel Salinas
Muriel Salinas Díaz destacó que en Guerrero sigue pendiente que el Congreso del Estado armonice la reforma en materia de violencia política en razón de género, “este Congreso local se ha resistido mucho a avanzar en esa armonización legislativa… sólo ha avanzado en la reforma la Ley de Acceso, pero falta la armonización en todas los demás ordenamientos jurídicos tanto en materia electoral como administrativa, tenemos un déficit”.
Planteó en Guerrero que también hay una ley estatal que establece el principio de paridad de género para la elección de comisarías municipales, pero como son elecciones a cargo de los ayuntamientos, hay un desafío porque aún hay violencia política de género terrible, y planteó el caso de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, donde nueve mujeres se quejaron porque no les permitieron votar.
Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco
La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.
La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos
Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.
Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco
La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.
La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos
Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.
A dos meses de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó el acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) que había desechado la denuncia de 353 morenistas contra Alfredo Sánchez Esquivel por violencia política de género en contra de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, y le ordenó realizar un análisis con perspectiva de género, el órgano partidario no ha emitido una nueva resolución.
La integrante de Morenas Guerrero, Tere-za Nava Alfaro, confirmó que desde que el TEE regresó a la CNHJ la denuncia solo ha habido dos audiencias en la que únicamente se realizó una exposición de hechos y otra de pruebas y alegatos.
Desde el 29 de marzo el TEE revocó el acuerdo de desechamiento de la CNHJ da la queja presentada 353 mujeres contra Alfredo Sánchez, porque consideró que el órgano partidista debió juzgar con perspectiva de género, y que la información solicitada a las promoventes ya estaba presente en la denuncia.
El TEE ordenó a la CNHJ que admita la queja, y, en su momento resuelva “con perspectiva de género, puesto que, lo que se busca es una vida libre sin violencia para las mujeres”, debido a que no se revisó de manera correcta la denuncia contra Sánchez Esquivel por presunta violencia contra la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
También se supo que además de esta denuncia contra Sánchez Esquivel, hay otra presentada ante la misma instancia partidista por la consejera estatal Arlene Sarabia Peña.
De esta denuncia no se tienen detalles, pero sí se sabe que es por violencia de género y que aún no existe una resolución. Arlene Sarabia es subdirectora de Recursos Materiales del Congreso y es cercana a Yoloczin Domínguez Serna.
Desechan queja de militante de Zihuatanejo
Nueve meses después de que tomaron posesión los nuevos dirigentes de Morena en el estado, la CNHJ resolvió que la impugnación de una militante de Zihuatanejo fue infundada.
María Amelia Villalobos recurrió a la CNHJ el 3 de septiembre de 2022, luego de que el 1 de septiembre la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) emitió los resultados oficiales de los congresos distritales celebrados en el estado, para impugnar los resultados oficiales del distrito 03. La nueva dirigencia de Morena en Guerrero tomó posesión desde el 4 de septiembre de 2022.
En su queja la morenista que aspiraba al cargo de congresista en la elección interna de los días 30 y 31 de julio del 2022, señaló que al cierre de la votación y comienzo del conteo de votos “se presentaron actos de intimidación a la mesa directiva de votación, centro auxiliar número 1, Tecpaán de Galeana, y hasta la culminación del conteo que terminó a las 15:04 horas del día 31 de julio del presente año, me percaté en repetidas ocasiones que me anulaban votos, aproximadamente 40 de ellos que contaban a mi persona, donde la intención del voto es clara y de acuerdo a la guía para la realización de los congresos distritales, eran votos válidos, anexo fotografía del incidente que la mesa levantó de esta irregularidad”.
La CNHJ resolvió que en las pruebas presentadas “no es posible obtener algún indicio o presunción de coacción de voto, así como una violación a los derechos político-electorales de la parte actora por supuestamente habérsele anulado diversos votos válidos. De ahí que no le asista la razón a la parte promovente”.
En su resolutivo la CNHJ determinó que “es infundado e ineficaz el único agravio hecho valer por la parte actora”. La resolución fue suscrita por unanimidad por los cinco comisionados (Daniel Velázquez).
El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), determinó revocar la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN por no revisar con perspectiva de género y por los procedimientos incorrectos en el pago de prerrogativas que denunció la presidenta del Comité Directivo Municipal de San Marcos, Felícita Navarrete Neri.
Ésta acusó a su dirigencia estatal de cometer en su contra violencia política de género por obstaculización del desempeño de su cargo partidista.
Con el proyecto TEE/JEC/019/2023 presentado en la sesión por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y aprobado por unanimidad de votos, se revocó la sentencia de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN porque valoró incorrectamente el informe de la Comisión Nacional del PAN, así como el acta del 6 de agosto de 2021 en la que se ordenó la suspensión del pago de prerrogativas.
El TEE consideró que este órgano partidario faltó a su obligación de fundar y motivar su determinación del pago de prerrogativas adeudadas en especie.
Los magistrados consideraron que los agravios de la actora son fundados por lo que ordenó a la Comisión de Justicia que dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, “emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que, aplicando una perspectiva de género”.
En esta nueva sentencia debe realizar “una correcta valoración” de las pruebas remitidas por los órganos intrapartidarios, y de no existir documento idóneo que acredite eficazmente el pago del 8 de julio de dos mil veinte, por 6 mil 900 pesos que demanda la panista.
Ordena también que se analice la omisión de pago de prerrogativas de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 para lo cual deberáì allegarse de los elementos probatorios necesarios “que le permitan resolver de manera exhaustiva, fundada y motivada, el planteamiento de la actora”.
Mientras que al Comité Directivo Estatal del PAN le ordena que en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de que le notifique el fallo, dé cumplimiento a la resolución y notifique a la actora de manera personal, en su domicilio particular, el acta de sesión en la que se ordenóì la suspensión de prerrogativas, a fin de garantizarle una adecuada defensa.
Ordena también al CDE que el pago de la cantidad que resulte a favor de Felícita Navarrete Neri lo realice mediante depósito en efectivo o transferencia, para lo cual deberá otorgarle un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de que le notifique el fallo que emita.
Para esto pide que determine de manera pormenorizada, fundada y motivada, si la omisión de pago acreditada, actualiza o no la obstrucción del cargo como lo señala la panista.
