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Se va la Policía Federal también de la región de la Tierra Caliente para contener protestas contra el gasolinazo

 

La Policía Federal (PF) se fue otra vez de la región Tierra Caliente, este viernes y sábado los agentes fueron enviados a otras partes de la República, donde hay conflictos sociales debido al incremento en los precios de las gasolinas. Lo mismo sucedió en Iguala el jueves pasado.
Desde diciembre de 2014, tras los ataques de agentes a estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el gobierno federal desarmó a todas las policías municipales de los nueve ayuntamientos de la región, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, desde entonces no hay otra corporación que atienda la seguridad, hacen recorridos policías federales y del estado, pero su presencia es intermitente en la zona.
La llegada de la PF a Tierra Caliente fue el 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que la corporación permanecería ahí para atender los problemas de seguridad, luego del levantamiento armado ocurrido en San Miguel Totolapan en contra de la delincuencia.
El 13 de diciembre se informó de la conformación de una operación de búsqueda del ingeniero Isauro de Paz, quien estaba secuestrado y fue liberado, entonces se anunció, “una fuerza conjunta de 220 elementos para iniciar un operativo de búsqueda y localización, integrada por 120 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 policías federales y 40 estatales”.
Pero la Policía Federal se fue de la región desde el viernes y sábado, fueron enviados a otros estados donde se han incrementado las manifestaciones en contra del gasolinazo.
Los grupos que había en Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano, Arcelia y San Miguel Totolapan principalmente fueron recogidos y dejaron las bases abandonadas. En los hoteles se observan sólo las recientes barricadas que construyeron para su protección.
Debido a que se incrementaron las protestas contra el aumento al precio de la gasolina, se reforzarán ciudades clave, pero no se conoce si los agentes van a regresar.
Esta medida ocurre a menos de un mes de que inició el movimiento de autodefensa en San Miguel Totolapan, el cual provocó el anuncio de una fuerte operación de la Policía Federal en esta zona de San Miguel Totolapan, para brindar seguridad tal y como lo pidió la población.
En 2016 la corporación estuvo sólo cinco meses en Tierra Caliente y de manera intermitente, según los registros del pago de hoteles.
Su última llegada fue el 15 de diciembre, después de cuatro meses de ausencia. Cuando no hay policías federales sólo 80 policías estatales tienen que atender los nueve municipios, tarea que no pueden cumplir porque es mucho territorio y son largas las distancias.
La Policía Federal llegó a la zona en el último mes, pero sólo en tres municipios instaló bases permanentes: Arcelia, Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán.
A San Miguel Totolapan los agentes entraban constantemente, pero sin quedarse. El resto de los municipios: Cutzamala, Zirándaro, Tlalchapa, Ajuchitlán y Tlapehuala, no tienen la presencia de ninguna corporación, sólo hay recorridos esporádicos de grupos militares.
Recién el jueves los 200 agentes de la Policía Federal que estaban al frente de la seguridad en Iguala fueron enviados a la Ciudad de México, para contener las protestas y saqueos provocados por el gasolinazo, la seguridad quedó a manos de policías municipales desarmados y algunos estatales.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.

Enfrentamientos y una persecución a balazos en Tixtla deja tres heridos y cinco detenidos

Cinco detenidos y tres heridos, dos de ellos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejó una persecución a balazos desde el barrio El Santuario en esta cabecera municipal hasta la carretera Atliaca-Apango, luego de que hombres armados atacaron a policías estatales.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó en un boletín de prensa que en esta acción hubo cinco detenidos y se les decomisó una Suburban blindada blanca, adentro tenían 298 cartuchos calibre .223, cuatro cargadores para fusil AR-15, 321 cartuchos calibre 7.62 x 31 para fusil AK-47 o cuerno de chivo y 20 gramos de mariguana.
A los cinco presuntos delincuentes les decomisaron dos cuernos de chivo y dos fusiles AR-15, una pistola calibre 9 milímetros, una granada de mano, 16 cargadores calibre AR-15, 19 cargadores calibre AK-47, y dos chalecos antibalas.
Los agentes estatales hallaron entre la maleza un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15 equipado con lanza granadas.
Fuentes policiacas informaron que a la 1 de la tarde la Policía Estatal recibió el reporte de que había gente armada en una camioneta Suburban blanca, en los lavaderos del barrio El Santuario. Al acudir los uniformados para verificar el reporte fueron atacados a balazos.
Antes de que ocurriera el ataque los delincuentes colocaron un retén en el barrio, revisaban a los automovilistas y motociclistas que pasaban por el lugar.
La agresión en contra de los estatales, provocó una persecución desde este barrio en la transitada avenida Insurgentes hacia la gasolinería ubicada a un lado de Los Arcos de la entrada a la ciudad.
Unos 10 hombres armados a bordo de una camioneta Suburban y otro vehículo al llegar a Los Arcos se encontraron con otra patrulla de la corporación, los civiles se regresaron por esa ruta, que los llevó hacia la carretera federal Tixtla-Chilapa.
Según testigos, ahí los agresores dispararon contra las personas que se encontraban en el hospital del ISSSTE y el hospital Comunitario e hirieron a tres hombres, dos de ellos trabajadores de la CFE, además balearon cuatro vehículos que estaban estacionados, uno de la CFE.
En los barrotes y la fachada del hospital Comunitario había impactos de bala. Ante este hecho los dos hospitales cerraron sus puertas, asimismo tiendas de abarrotes, fondas, ferreterías y papelerías que se ubican en la avenida Insurgentes ante el temor de que ocurriera otra balacera. La tienda Bodega Aurrerá suspendió su servicio 3 horas.
Una testigo relató, “fue como a la 1 de la tarde cuando estaba comprando comida, de pronto escuchamos muchos balazos, vimos una Suburban blanca y otro carro, iban abordo unos 10 civiles armados quienes empezaron a disparar como locos a la gente que pasaba por el lugar, y ahí hirieron a tres personas”.
“Nosotros lo que hicimos fue refugiarnos dentro de la fonda para que no nos pasara nada, porque estos locos disparaban donde sea, tuvimos miedo porque pensé que nos iban a matar”, contó.
Los tres hombres heridos fueron trasladados en una ambulancia de la Secretaría de Salud estatal y en otra de la Secretaría de Protección Civil estatal a un hospital de Chilpancingo, para recibir atención médica.
Después de la agresión en contra de los vecinos en el hospital del ISSSTE y Comunitario, los civiles armados se dirigieron a la carretera federal Chilpancingo-Chilapa y se metieron a la carretera que se dirige de Acatempa a Atliaca.
Antes de llegar a Apango los sicarios se dirigieron a una brecha que lleva a un corral de vacas, dejaron la Suburban abandonada y huyeron hacia los cerros.
Al llegar los policías estatales fueron atacados nuevamente, lo provocó un enfrentamiento a balazos. El helicóptero de la corporación que sobrevolaba la zona recibió un balazo. Los agresores se refugiaron entre los cerros y la maleza.
Después llegaron más policías en 11 patrullas junto a policías comunitarios de la Coordinador Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Acatempa, quienes se desplegaron entre los cerros para detener a los delincuentes.
Después de la 1:30 de la tarde los agentes cerraron la carretera entre Atliaca y Apango. A las 5 de la tarde se restableció la circulación vial en esa zona. En la carretera se observaron varios casquillos para AK-47, y los hombres armados lograron huir entre los cerros ubicados a un lado de la carretera.
Asimismo dos patrullas de militares y otras dos patrullas de la Policía Estatal recorrieron las inmediaciones de Atliaca para detener a los presuntos delincuentes.
Además en la persecución entre los uniformados y delincuentes, vecinos de Atliaca salieron de sus casas para saber qué estaba pasando luego de que vieron la movilización policiaca y militar.
En la noche la Secretaría de Seguridad Pública estatal dijo en un comunicado que a la 1 de la tarde hubo un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales en Tixtla, y que la Policía Estatal desplegó policías para atender el llamado de la población.
La dependencia informó que los uniformados y militares llegaron al lugar donde había ocurrido un enfrentamiento, los hombres armados se dirigieron hacia Apango lo que generó una persecución, “los delincuentes desde sus vehículos abrieron fuego en contra de los policías, así como a una aeronave de la corporación logrando impactarle disparos en el fuselaje sin afectar su movilidad”.
En la persecución las autoridades policiacas alcanzaron una Suburban blindada blanca, en la que iban abordo seis hombres armados en las inmediaciones del poblado de Atliaca, agrega.
La SSP dice que junto a militares detuvieron a cinco civiles armados, les decomisaron la Suburban blanca, cartuchos de diferentes calibres y armas largas y que los detenidos se llaman Jesús, Francisco, Jesús Enrique, Omar y José Manuel, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.
“Se tuvo conocimiento que como daño colateral del enfrentamiento que sostuvieron estos delincuentes con otro grupo criminal, resultaron tres personas lesionadas, fueron atendidas en hospitales en Chilpancingo”, concluye el comunicado.

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

El grupo de El Tequilero podría huir a una ranchería pero está cercado, considera la autodefensa

El grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan investiga la posible ruta de escape del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, de La Gavia a la sierra luego de que el Ejército cercó ese poblado sin que lo pueda detener.
Una versión es que pudiera irse a una ranchería que está aproximadamente a 5 kilómetros de distancia rumbo a la sierra, luego de la presión de la Policía Ministerial y de los soldados en La Gavia.
La autodefensa cree que el grupo criminal Los Tequileros están cercados pues por un lado están ellos vigilando la ruta hacia la parte del centro, del otro lado del río en las comunidades El Remance, El Cubo y La Tinaja hay grupos que también se armaron y vigilan que ese grupo no cruce el río Balsas.
En tanto que en la parte alta de la sierra está la policía comunitaria que también bloqueó.
En la ruta de la sierra se encuentran los puntos más importantes de cruce hacia la Costa Grande bloqueados por la policía comunitaria que es contraria al grupo de El Tequilero en la comunidad de Petlacala, en Encino Amarillo y más arriba en la comunidad Lindavista.
En las colindancias con Ajuchitlán se encuentran levantadas en armas las comunidades El Coco y La Laja que son otra de las rutas de escape desde La Gavia. Estos grupos son afines a los civiles armados de San Miguel Totolapan.
La valoración de un posible escape hacia la sierra surgió luego de que el Ejército y la Policía Ministerial prácticamente rodearon el pueblo de La Gavia así como su cerro en donde detuvieron a cinco delincuentes y liberaron a tres secuestrados, pero no se ha informado de que entre los detenidos esté el líder de la banda.
El ejército recorre puntos cercanos a la comunidad, considerando que parte de la célula podría ubicarse en otro de los cerros cercanos, pero la autodefensa tiene la versión de que podrían haber tomado una ruta a pie para escapar.

A Los Tequileros les gusta caminar

Entre los integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan hay víctimas del grupo criminal de El Tequilero, unos han sufrido de extorsiones y otros han tenido algún familiar secuestrado y consideran que una de las principales características de estos delincuentes es que les gusta caminar largos tramos de terreno.
Según los testimonios de secuestrados de Arcelia en enero cuando ese grupo se llevó a 23 vecinos, entraron a esta ruta caminando y ahí se llevaron una camioneta.
Los maestros que también fueron secuestrados a principios de año en Santana del Águila municipio de Ajuchitlán, también confirmaron que tomaron una ruta a pie por los cerros cercanos y que todos los días cambiaban de un punto a otro caminando largas distancias. El cansancio fue tal que el director de la escuela falleció el primer día ya que tenía una complicación física.
A la comunidad de San Jerónimo el Grande también en Ajuchitlán, donde recientemente secuestraron a 10 vecinos, éstos informaron que el grupo de Los Tequileros entraron caminando por el río y por un camino que va de Santana del Águila. Estiman que pudieron haber caminado más de 15 kilómetros.
Por eso la mayoría de los secuestrados han sido liberados en las faldas de los cerros, principalmente los cercanos a La Gavia. Suben y bajan en poco tiempo sin que puedan ser detenidos.

Más de 50 casas de víctimas de secuestros o asesinatos siguen abandonadas en el centro de San Miguel Totolapan

En el centro de San Miguel Totolapan hay más de 50 casas abandonadas porque las familias fueron desplazadas, los dueños ya no quieren volver porque sufrieron secuestros o les mataron a algún familiar en los últimos tres años.
Según la estimación del grupo de autodefensa, esta semana regresaron cerca de 60 integrantes de familias que estaban viviendo en otros municipios o en comunidades alejadas de Tierra Caliente o en otras partes del estado.
Hay todavía una lista de personas que terminaron en los Estados Unidos o en el Distrito Federal huyendo de la violencia de San Miguel Totolapan.
Se estima que son más de 50 casas sólo en la parte del centro que se encuentran abandonadas, y que la mayoría de ellas representan negocios que fueron cerrados desde hace tres años y no volvieron a funcionar.
Por lo menos tres familias de dueños de comercios grandes de materiales y de abarrotes que estaban en el centro, no han regresado y no lo quieren hacer.

Liberan al hijo y al sobrino de un adulto mayor que se sumó a la autodefensa

El miércoles el señor Abacuc de 77 años se sumó a la autodefensa, a pesar de su avanzada edad llevó víveres con la esperanza de que el movimiento le regresaría con vida a su hijo y a su sobrino secuestrados, quienes fueron liberados la tarde de este lunes.
A casi una semana de sus mensaje de apoyo, el movimiento de autodefensa celebró con el señor Abacuc la libertdad de sus dos parientes y la de un amigo de ellos, quienes fueron secuestrados el 28 de octubre en la carretera de San Francisco a Valle Luz, que son dos pueblos muy cercanos La Gavia.
La familia no quiere hacer declaraciones pero su felicidad no la esconde. Hablan una y otra vez con la gente que mantiene la seguridad en San Miguel Totolapan, porque “de no haberse iniciado esto ellos no estarían libres. Sabemos que el gobierno le entró, pero si ellos no se hubieran movido el gobierno no hubiera hecho nada. Fíjese cuánto tiempo llevaban secuestrados y nadie nos hacía justicia”, dicen.
Habacuc dijo el 14 de diciembre “vengo a sumarme a este movimiento para pedirles su apoyo, porque creo que así podrá regresar mi hijo”.
Su mensaje no quiso ser escuchado por la comisión negociadora que envió el gobierno del estado, pero la presión del grupo de autodefensa hizo crecer el movimiento y la exigiencia de que ingresaran al pueblo de La Gavia en busca de El Tequilero.
“Yo soy de los Guajes, me vine caminando desde haya (14 kilómetros), vine a sumarme a este movimiento porque creo que pueden rescatar a mi hijo Abacuc y mi sobrino Tomás. No sé nada de mi hijo desde esa fecha. Me vine andando porque con la ayuda de todos creo que se puede. Yo no sé porque motivo no hacen nada, hay gente que dice que los mataron pero no aparecen. Las autoridades no han dicho nada, no sé nada de mi hijo y de mi sobrino. Ya no quiero que ande por allá, quiero a mi hijo por favor”, suplicó el señor entre lágrimas el miércoles 14, justo después de la liberación del ingeniero Isauro que fue intercambiado por la mamá de El Tequilero.
El lunes oficialmente se anunció la liberación de tres secuestrados, Pedro, Tomás y Abacuc, y la detención de cinco integrantes del grupo criminal Los Tequileros, que los tenían cautivos en el cerro de La Gavia.

Deja dos muertos y dos heridos un enfrentamiento en Palo Barrenado, sierra de Ajuchitlán

En la sierra del municipio Ajuchitlán del Progreso se reportó un enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad de Palo Barrenado, donde hubo dos muertos y dos heridos.
El primer reporte mencionaba 10 hombres heridos pero el alcalde, Onofre Santana Ramírez, confirmo vía telefónica dos muertos y dos heridos según el reporte que recibió de la parte alta del municipio, pero dijo que desconocía los detalles y las causas del enfrentamiento.
Un primer reporte policiaco señalaba cuatro muertos y daba como fuente al mismo presidente municipal, quien finalmente desmintió y dijo que pudo tratarse de una confusión.
No se conocen detalles de este enfrentamiento y el gobierno del estado reporto en un boletín que partió a la sierra de Ajuchitlán un grupo de militares, para verificar la información.
Se trata de una ruta de más de 5 horas de camino desde la cabecera municipal. La población de Palo Barrenado es una localidad pequeña de no más de cinco casas que se ubica en la parte más alta de la sierra.

 

Hallan en basurero de Coyuca de Catalán el cuerpo de un taxista levantado

Un taxista que fue levantado la noche del domingo mientras trabajaba fue encontrado muerto en el basurero de Coyuca de Catalán la mañana de este lunes, con un impacto de arma de fuego en la cabeza.
A las 10 de la mañana aproximadamente trabajadores de limpia encontraron en el basurero el cuerpo, y dieron parte a diversas corporaciones policiacas.
La víctima fue identificada como Leonel de 50 años, originario de Balderrama municipio de Cutzamala, pero ya vivía en Altamirano; era chofer del taxi con número 17 del sitio Miguel Hidalgo de Riva Palacio, Michoa-cán, al otro lado del río Cutzamala.
Agentes de la Fiscalía confirmaron que tenía un impacto de bala de grueso calibre en la cabeza.
El basurero se ubica a las afueras de la cabecera en las faldas de un cerro del barrio del Capire. La casa más cercana está a 2 kilómetros y nadie escuchó los disparos.
Las primeras investigaciones señalan que el hombre fue asesinado en el mismo lugar donde lo encontraron. Llegó la Policía Federal pero sólo tuvo conocimiento del hallazgo por el personal de limpia.
En la tarde el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Irrumpe un comando en Petacalco, ejecuta a un taxista y balacea la comandancia de la PF

Un taxista ejecutado a balazos, el ataque a la comandancia de la Policía Federal, a dos casas y a una tienda de abarrotes fue el saldo de una jornada de violencia en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión en la región Costa Grande.
Consultado por teléfono el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia confirmó el hecho e informó que las autoridades policiacas hacen las investigaciones para dar con los responsables.
Según el parte informativo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, al mediodía de ayer hombres armados en vehículos entraron a Petacalco que está a 20 minutos de la cabecera municipal de La Unión.
Los agresores ejecutaron a balazos a un taxista en el centro de la localidad y después llegaron a la comandancia de la Policía Federal que atacaron a balazos, las balas alcanzaron dos viviendas y una tienda de abarrotes.
En este ataque armado no se reportaron muertos ni heridos y autoridades policiacas realizaron las investigaciones para dar con los responsables.
En la región Costa Grande ha habido otros ataques contra agentes federales, a principios del mes, el 8 de diciembre en Zihuatanejo los cuerpos de tres agentes de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República PGR y de otro hombre fueron encontrados dentro de una camioneta incendiada.

Marchan 2 mil estudiantes y padres en Tlapa; exigen seguridad o crearán su policía comunitaria

 

Estudiantes, profesores, padres de familia y representantes de organizaciones sociales marcharon para exigir seguridad a las autoridades municipales, estatales y federales luego del secuestro y liberación tras el pago de un rescate de un alumno de la escuela Secundaria Técnica 132 Caritino Maldonado Pérez, ocurrido hace dos semanas cuando salió del plantel.
Los padres manifestaron que si no se brinda seguridad del Ejército y la Policía Estatal que cuentan con un cuartel en la ciudad, y la Policía Municipal recurrirán a la Policía Comunitaria o se creará en las colonias.
En la marcha participaron más de 2 mil ciudadanos, estuvieron los alumnos de los dos turnos de la secundaria técnica acompañados de profesores, padres y madres que convocaron a la movilización, se sumaron las escuelas primarias Benito Juárez, la Adolfo López Mateos, el jardín de niños Rafael Rodríguez y la preparatoria Número 11, así como organizaciones y grupos organizados.
El secuestro del alumno según la información oficial ocurrió el viernes 9 de diciembre, circuló en las redes sociales un mensaje en el que se llamaba a los padres de la secundaria a tomar precauciones porque “al parecer habían secuestrado a algunos niños”, ese rumor fue confirmado el martes 13, y el comité de padres de familia y profesores convocaron a una reunión urgente.
El miércoles 14 en la reunión se planteó lo del secuestro y la falta de seguridad, ante lo que se acordó que se marcharía este lunes para exigir atención de las autoridades.
Otras fuentes informaron que el niño estaba afuera de las instalaciones de la secundaria cuando llegó un carro de donde bajaron hombres armados y lo subieron con violencia. Horas después pidieron rescate a su familia que al parecer reunió el dinero y fue liberado la madrugada del sábado muy golpeado.
Ayer al frente la marcha los manifestantes llevaban una lona en la que se leía, “La escuela secundaria Técnica 132 manifiesta su rechazo a todas las formas de violencia contra nuestros hijos y la sociedad en general, y nos pronunciamos a favor de la paz”.
En otra exigían a las autoridades municipales, estatales y federales mayor seguridad, “queremos vivir en una sociedad libre de violencia y caminar en las calles con confianza”.
Los manifestantes llevaban globos blancos, vestían playeras blancas y pancartas pidiendo seguridad y alto al secuestro.
Desde un carro de sonido se escuchó el llamado a las autoridades a dar seguridad y “si se alían con los delincuentes peor les va a ir”. Llamaron al pueblo tlapaneco a organizarse y dejar de ser atemorizados por los robos, extorsiones, secuestros, asesinatos y todo lo que implica la violencia.
Pidieron una sociedad sin miedo, que se pudiera caminar y no saber de desmembrados o secuestrados y para eso se deben de organizar, ya que en la Montaña y en Guerrero hay muchos ejemplos de policías comunitarios. “Padre de familia incorpórate para que no sea tu hijo el secuestrado o desmembrado”.
La marcha salió de la secundaria al este de la ciudad al Ayuntamiento donde hubo un mitin, los manifestantes pidieron hablar con el presidente municipal priista Jesús Noé Abundiz García quien generalmente no se encuentra en el inmueble, y lo mismo pasó ayer.
Antes del mitin hicieron un alto frente a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Ahí el primer reclamo de los padres de estudiantes que tomaron el micrófono fue que las autoridades municipales se comprometieron a participar en la marcha en la reunión que tuvieron en el plantel la semana pasada, pero “no lo hicieron, los esperamos, son cómplices de los delincuentes”.
Ahí un padre mencionó la paradoja de contar con un cuartel militar y de la Policía Estatal en esta ciudad y que no se tenga seguridad, “y ni hablar de la seguridad pública municipal” porque la violencia aumenta y si no se contiene los jóvenes y padres “nos organizaremos para formar policías comunitarias como se hace en los pueblos para no permitir agresiones”.
Dijo que en diversos momentos han pedido audiencias con el alcalde sin que se les dé una respuesta, “ahora el pueblo ya no tiene miedo”.
Exigió el compromiso de las autoridades a que no habrá más atropellos, y precisó lo único que buscan es justicia y respeto a los derechos humanos de los niños.
El secretario general del Ayuntamiento, Julio César Naranjo Jiménez intentó participar para decir que hacen su trabajo, pero no lo dejaron hablar gritando que querían ver al presidente municipal, el grito se extendió y lo obligó a dejar el micrófono visiblemente molesto.
Una profesora reclamó el incumplimiento de los acuerdos con el Ayuntamiento de poner policías municipales y de tránsito para cuidar el plantel, además de colocar luminarias.
Pidieron al alcalde que diera la cara porque la solución no estaba en los trabajadores, pero éste no llegó, más tarde se supo que repartía láminas a integrantes del movimiento antorchista en la unidad deportiva.
Los padres y profesores se reunieron con el secretario para que firmara la minuta de los compromisos que adquirió en la reunión y se retiraron del Ayuntamiento.

El asesinato en Ayutla del desplazado de La Laguna podría ser una represalia, advierten ONG y piden justicia

 

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) condenaron el asesinato del desplazado por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Constantino Díaz Pérez y exigieron una investigación y castigo a los culpables.
Además demandaron la atención de los desplazados de acuerdo con los estándares internacionales.
El domingo hombres armados a bordo de un Tsuru blanco asesinaron a Constantino Díaz Pérez en Ayutla afuera de la tienda Neto. Era uno de los desplazados por la violencia en La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y refugiado en ese municipio desde hace tres años.
“El hecho acontecido aproximadamente a las 10 de la mañana en el centro de Ayutla ha causado preocupación a los pobladores de la colonia La Libertad, donde actualmente se encuentran reubicados los desplazados”, se advierte en el comunicado.
Refiere que Díaz Pérez de 36 años se dedicaba a hacer trabajos de electricidad que fue lo que lo llevó a esa ciudad el domingo, pues fue a comprar piezas. Según testigos estaba comprando refacciones para arreglar una motosierra, pues de esa manera se ganaba la vida.
Entonces un Tsuru blanco con cuatro personas a bordo se detuvo, de ahí descendió un hombre encapuchado con un arma AK-47 y le disparó en varias ocasiones, su cuerpo fue impactado por seis balazos que lo mataron, además quedó herido otro hombre. El vehículo de inmediato se retiró rumbo a la salida a Tecoanapa, se relata en el documento.
Agrega que su esposa y sus tres hijos quedaron en estado de vulnerabilidad, porque las condiciones en las que han vivido desde hace tres años son precarias.
“Ante estos hechos es preciso señalar que no es la primera vez que sufren un atentado ya que justamente el día domingo 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10 el señor Hermelindo Díaz Pérez… vio que en la loma del cerro se encontraban tres personas y cuando lo vieron dos de ellos se agacharon y el otro se quedó parado dándole la espalda, Hermelindo le gritó “¿qué hacen allí?” y el que estaba parado se dio la vuelta, Hermelindo se percató que en sus manos portaba un rifle de alto poder y le disparó en ráfaga, se narra en la misiva.
Ese día logró escapar y sus hermanos salieron en su defensa con un rifle calibre .22 que se utiliza para cazar animales en el campo, con el que repelieron la agresión. Ese día acudió la Policía Ciudadana de La Unión quienes siguieron a los sicarios, ese día resultaron muertos dos de los agresores y otro fue detenido.
“No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez sea una represalia, ya que el viernes 9 de diciembre la señora Catalina Pérez Duque acudió al juzgado de primera instancia a una diligencia en contra del C. Tereso Díaz Núñez quien se encuentra procesado por el asesinato de doña Juventina Villa Mojica, bajo la causa penal 21/2013 en el juzgado de Primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Mina”, indica.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos puntualizan que el gobierno del estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los desplazados, pues según sus testimonios las medidas cautelares con las que cuentan desde el 20 de julio de 2013 han disminuido poco a poco, hasta quedar sólo un Policía Estatal de guardia.
Subrayan que es importante que el gobierno del estado no deje el asesinato de Díaz Pérez como un hecho aislado y se investigue y se castigue a los responsables.