Locatarios del mercado de artesanías Papagayo, ubicado en la Vía Rápida, denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no ha comenzado los trabajos de reconstrucción del inmueble previstos para febrero.
En conferencia de prensa, el comerciante y presidente del Comité de Obras, Francisco Javier Bautista, dijo que el gobierno federal les prometió ayuda y “ahora no sabemos nada de ellos”.
Añadió que los comerciantes están en la incertidumbre porque ya viene de nuevo la temporada de lluvias y sus locales siguen destrozados.
Indicó que son 587 locales con 200 locatarios y que lo único que piden es “saber si el gobierno va meter manos, que nos diga, y si no va a trabajar para la reconstrucción también nos diga, porque no queremos hacer un gasto si vamos a tirar todo lo que ya construimos porque harán la remodelación”.
Indicó que el mercado de artesanías fue uno de los más afectados por el huracán Otis porque “fue destruido en su totalidad”. Añadió que lo poco que se ve levantado lo han hecho los comerciantes para que pudieran vender en diciembre (Karina Contreras).
La alcaldesa Abelina López Rodríguez se reunió con empresarios ayer en la mañana en la oficina de Presidencia Foto: Cortesía del Ayuntamiento de Acapulco
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pidió a representantes de las cámaras empresariales que sus agremiados paguen sus contribuciones y ser “solidarios” con el Ayuntamiento porque no tiene dinero, porque el gobierno federal y del estado la han dejado sola.
Este miércoles la alcaldesa se reunió en su oficina con los presidentes de cinco cámaras empresariales “a fin de trabajar de manera conjunta para aumentar la recaudación y mejorar la imagen y los servicios del destino turístico”, se informó en un boletín.
El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, indicó que la alcaldesa López Rodríguez dio un informe de las actividades que se hicieron por parte del municipio luego del impacto del huracán Otis, como la contratación de camiones pesados por un monto de 200 millones de pesos para retirar la basura.
En el encuentro la edil señaló que tanto el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador como del gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado Pineda, la han dejado sola y que no tiene dinero para terminar el año, por eso solicitó a los presidentes de las cámaras que sus agremiados ayuden pagando las licencias de funcionamiento y el predial, dijo Martínez Sidney.
La alcaldesa subrayó en el encuentro que es una mujer honesta y que todo el dinero del presupuesto se ha usado para lo que se requiere, e informó que hay varios proyectos para continuar con la reactivación económica de la ciudad.
El presidente de la Canaco, dijo que en la reunión no se habló de algún incentivo para los empresarios locales, sin embargo la cámara a su cargo presentará una contrapropuesta porque la mayoría de los negocios tiene grandes pérdidas y no tienen las condiciones para pagar las contribuciones.
“Vamos a hacerle una contrapuesta, las licencias siguen altas, y que se han pagado. También hemos visto que sí invierte en la ciudad”, expresó Martínez Sidney.
En el boletín del Ayuntamiento se indicó que en el encuentro también se definió la instalación del Comité de Fomento a la Inversión, con el propósito de otorgar posibles apoyos y programas, dicho comité estará integrado por las cámaras empresariales y áreas del gobierno de Acapulco. Este comité tendrá reuniones entre cada 15 días y un mes para dar seguimiento a las estrategias en favor de la vida económica del municipio.
A la reunión asistieron el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Javier Saldívar Rodríguez; el presidente electo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Acapulco, Ignacio Rendón Romero; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Guerrero, Enrique Castro Soto, y la presidenta de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Pie de la Cuesta, Nelly Mejía Cienfuegos, a quienes se les llamó pero no respondieron el teléfono.
Régulo Viviano Mendoza; la presidenta Adriana Garnica; Adilene Canoy y Georgina Sandoval Baltazar en la conferencia de prensa del Gobierno instituyente del Municipio de Las Vigas Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Integrantes del cabildo instituyente de Las Vigas, desprendido del municipio de San Marcos, exigieron ayer en conferencia de Prensa en Chilpancingo al Congreso local les tome protesta y los instale como cabildo.
Encabezados por Adriana Elizabeth Garnica Ventura, quien encabeza la planilla, como presidenta, denunciaron que han pasado dos meses de que se venció el plazo sin que haya habido una causa justificada para que no se haya instalado el cabildo.
Garnica Ventura, fue acompañada por los regidores Georgina Sandoval Baltasar y Régulo Viviano Mendosa.
Dijo que desconocen por qué el Congreso local no ha querido tomarle posesión a la planilla ganadora.
“Lo que pedimos al Congreso es que dejen trabajar al municipio de Las Vigas, que nos regresen a ver, que nos dejen ser, que ya basta, estamos abandonados y necesitamos trabajar para resolver los problemas de nuestros municipios”.
Demandó a los diputados que permitan que el municipio comience a trabajar y que los proyectos que tienen en puerta se hagan realidad en beneficio de los pueblos.
A nombre de las familias de las Vigas exigió que les permitan ejercer sus labores porque no hay ninguna justificación para sigan retrasando la instalación del cabildo.
Indicó que no quiere pensar que no la dejan ejercer porque es mujer, igual que el cabildo de San Nicolás, (antes de Cuajinicuilapa) que también la encabeza una mujer y no le han tomado protesta, “¿será ese el motivo que no nos dejan ejercer porque somos mujeres?, se preguntó.
La regidora Abilene Cano Ocampo, también le exigió al Congreso local que ya cumpla con la ley y que les tome protesta y los instale como cabildo instituyente.
Dijo que hay muchos problemas y que el cabildo ya requiere comenzar a trabajar para atender, por ejemplo, “las escuelas que se están cayendo”, los caminos destrozados, los servicios de agua potable y alcantarillado que ahora no son atendidos por el ayuntamiento de San Marcos al que pertenecían y que como ya forman parte a otra demarcación no se hace cargo de sus problemas.
“Y tiene razón porque ya no le correspondemos a San Marcos nuestro municipio de Las Vigas, ahora nos corresponde trabajar a nosotros por nuestro propio municipio, pero no podemos hacerlo porque no nos toman protesta, no nos han dado posesión”, reprochó.
Régulo Viviano Mendoza, otro de los regidores, informó que el nuevo municipio necesita que sea atendido en sus caminos saca cosecha, agua potable “y muchos de los servicios que requiere la gente que nos pide que los ayúdenos, pero no podemos si los diputados no nos aprueban comenzar a trabajar”.
La alcaldesa Garnica Ventura agregó que hay muchos servicios que tienen que ser atendidos por las nuevas autoridades pero que mientras no los instale el Congreso no pueden trabajar, “por eso pedimos de todo corazón al Congreso que nos escuche”, clamó.
Mientras los trabajos de limpieza sobre la avenida Costera van avanzando, en calles secundarias apenas a un lado, como la Cristóbal Colón, cerca de Galerías Acapulco, la situación es distinta: grandes montones de escombros y basura, así como el abandono, aún son la regla.
No obstante, y de la mano de los propios vecinos y comerciantes aledaños, en los últimos días la situación pretende mejorar.
Durante un recorrido este viernes al mediodía, se pudo observar que entre las calles Wilfrido Ruiz Massieu y Doctor Ignacio Chávez, la Cristóbal Colón luce con poca gente, con decenas de negocios cerrados y casas solas, pero con algunos atisbos de la búsqueda de la normalidad.
Así, desde la calle Ignacio Chávez, que hace esquina con avenida Universidad, a partir de la CFE, negocios como lavandería Speed Wash o una estética ya ofrecen sus servicios.
Más delante, pasados los escombros de lo que fue la cancha de futbol rápido de la Universidad Americana, empleados del afamado restaurante Buzo’s ya iniciaron la limpieza del lugar, asegurando que pretenden abrir lo más pronto posible.
“Estuvo cabrón lo que pasó”, dijo uno de ellos, “pero pues ya hay que trabajar, si no, no hay para comer”.
A continuación, hospederías como Suites Vicky ya limpiaron su frente, al igual que el hotel Tulipán, aunque continúan arrojando escombros a la calle.
En una esquina, mientras la tienda de impermeabilizantes ya trabaja, personal del súper Neto inició con los trabajos de limpieza y aunque rechazaron dar declaraciones, adelantaron que están a la espera de que les informen para cuándo van a abrir, indicando que en su caso no hubo tantos destrozos.
Una cerrajería, un negocio de copias fotostáticas, donde en ambos casos sus encargados celebraron que no hubo saqueos, y la popular lonchería La Tiendita ya están de regreso.
Ahí, media decena de comensales ya degustaban alimentos calientes tras el huracán.
A la par, en el edificio amarillo contiguo, en el que se encuentran despachos y consultorios, estaba sin actividad mientras que el edificio gris, enfrente, el laboratorio clínico y un consultorio de oftalmología ya estaban abiertos y ofreciendo servicio.
Un grupo de vecinos, de un negocio cercano señalaron, que la gente del antiguo Edificio Trébol, ya en esquina con Ruiz Massieu, y donde hay consultorios de médicos especializados, contrató un camión para que sacara su escombro, lamentando que el Ayuntamiento aún no haya podido traerles equipo para avanzar con la limpieza de las calles.
Mientras, la papelería La Crayola ya cambió de giro y ahora vende tacos de cochinita, y el auto lavado El Manguito ya abrió sus puertas para trabajar, negándose a comentar sobre cómo es que ya tiene agua.
En las calles cercanas, Segunda de Cristóbal Colón, Tercera de Cristóbal Colón y las demás, el movimiento es mayor, a pesar de los escombros y la insalubridad; prácticamente la actividad comercial ha regresado en medio de la basura que se acumula desde el impacto del huracán.
Ahí, desde la tortillería, la barbería, la ferretería y hasta el puesto de reparación celulares, que están en el callejón que dirige a la gente hasta la avenida Cuauhtémoc, están abiertos, al igual que el popular callejón del antojo, donde varios negocios ya abrieron y hasta están buscando meseras, cocineros y repartidores. Tal es el caso de La Sazón de Alina.
Más atrás, en otra de las cerradas, se encuentran los Laboratorios Medimagen que ya está en operación. Éste ya opera de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, ofreciendo promociones especiales debido al huracán.
Después de un año de los acontecimientos en San Miguel Totolapan, en donde fueron asesinados el presidente municipal Conrado Mendoza, junto con su padre, el ex alcalde Juan Mendoza, y 20 colaboradores más del Ayuntamiento, no hay detenidos; el operativo para detener a los responsables se terminó en seis meses y la investigación no fue concluida.
Y es que desde la tarde del 5 de octubre del 2022, se informó de la llegada de un operativo especial que en coordinación entre la Policia Del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército, y la policía ministerial buscarían a los responsables.
De acuerdo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, las ejecuciones serían responsabilidad de La Familia michoacana, ese día encabezadas por José Alfredo Hurtado, El Pez.
El operativo presentó varios detenidos relacionados con jóvenes que vendían drogas, algunos con vehículos robados, y otros dedicados a la vigilancia delictiva, conocida como el “halconeo”. Ninguno de los relacionado de manera directa con la masacre ocurrido en San Miguel Totolapan el 5 de octubre.
Más de 500 elementos se sumaron al operativo en San Miguel Totolapan. Pero conforme pasaron los meses disminuyó la presencia, a tal grado de qué en abril pasado después de Semana Santa, la seguridad de los cuerpos policiacos externos al municipio se retiró por completo.
El Ejército y la Guardia Nacional mantenían un puesto de control en la entrada del municipio en la zona de las bodegas.
La seguridad está a cargo de un grupo reducido de 15 policías municipales.
Pero la investigación no ha concluido. Datos oficiales de la Fiscalía General del Estado confirman que de los 22 cuerpos de los que se informó como personas que fallecieron en esa balacera, por lo menos el de ocho no pudieron ser inspeccionados y no hay datos forenses debido a que fueron trasladados de forma inmediata por los familiares hasta diversas comunidades y algunos de ellos a la sierra, sin que se hiciera la autopsia de ley.
Además versiones de vecinos de San Miguel Totolapan, cuentan hasta 24 fallecidos producto de la balacera, pero la Fiscalía no pudo terminar la investigación forense por las complicaciones de traslado y por no tener la seguridad de los lugares en donde estaban los cuerpos.
De las acciones que permanecen en San Miguel Totolapan después de los acontecimientos, la instalación de la agencia del Ministerio Público, del distrito de Cuauhtémoc que se trasladó completamente a San Miguel Totolapan. De forma permanente se quedó en esta localidad el personal que se encontraba en Arcelia.
En las afueras de las instalaciones del Ministerio Público en San Miguel Totolapan permanecen estacionadas las unidades móviles para los trabajos forenses que no han sido movidas.
Estas instalaciones el ministerio público se activaron en octubre del año pasado. Fue en junio pasado que el presidente municipal Fredy Vazquez Palacios tomó las instalaciones e hizo señalamientos por la detención de dos campesinos con vehículos con reporte de robo y acusó a policías ministeriales de afectar a la población por revisiones diversas que realizaban en la plaza principal.
Sin embargo después de esa protesta en donde vandalizaron las instalaciones del ministerio público, el propio municipio restauró el espacio y no se supo de otro conflicto incluso de operativo su acciones de la policía ministerial.
Mujeres barren las calles de Coapinola en la víspera de la instalación de las autoridades del municipio Ñuu’ Savi Foto: Rosendo Betancourt Radilla
Ayer se llevó a cabo una intensa jornada de trabajo de los habitantes del municipio Ñuu’ Savi para que hoy se instalen sus autoridades en esta cabecera municipal, pero lo más extenuante será después, porque tienen que “construir desde cero” la infraestructura que les negó durante décadas el sistema de partidos políticos. Felipe García Camilo, quien formó parte del comité de gestión del nuevo municipio, informó que Ayutla tenía 143 comunidades, 40 son na’ savi y de éstas 37 se desprenden de esta demarcación y conforman Ñuu Savi.
Al instalarse el nuevo municipio, Ayutla pierde su obligación con esas comunidades, y luego de que el Congreso del Estado tomó protesta este miércoles a las autoridades instituyentes, se llamó a los representantes para que renunciaran a sus cargos.
Hoy se instala el municipio y se prepara una gran fiesta. Ayer ya preparaban 17 tinas de unos 50 litros con pozole para recibir a los invitados a la instalación del gobierno instituyente, encabezado por Donaciano Morales Porfirio.
Ayer no se pudo localizar a los demás gestores ni a los integrantes del gobierno debido a sus múltiples tareas para organizar las actividades de hoy que empiezan a las 8 de la mañana con una misa, y en la cabecera municipal había gente preparando la comida, barriendo calles, limpiando la iglesia, incluso barrieron la carretera que lleva al pueblo.
Felipe García contó que se celebró una asamblea con las comunidades y acordaron regirse por el sistema normativo de usos y costumbres, “el primer gobierno será con presidente municipal, síndico, regidores y después la asamblea lo va a restructurar, recordemos que es un municipio instituyente, y las reglas las dicta el Congreso del Estado, pero ya enviamos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la solicitad para continuar con nuestro sistema normativo, pero ahora en Coapinola estamos en espera de ver cuándo sesiona”.
Agricultura de autoconsumo
El comisario de Coapinola sirve de comer a policías comunitarios de la CRAC en la víspera de la instalación de las autoridades del municipio Ñuu’ Savi Foto: Rosendo Betancourt Radilla
Coapinola está a unos 40 minutos en automóvil desde Ayutla, hay muchos tramos en el que la carretera está hecha pedazos, no cuenta con hospital, sólo tiene primaria y telesecundaria, las calles están sin pavimentar, los teléfonos celulares sólo tienen señal en un par de pequeños lugares y el servicio de Internet es mediante fichas de prepago de 10 pesos por 7 horas.
Ante esto, Felipe García expuso: “a lo mejor vamos a nacer como uno de los municipios más pobres del estado, la lucha inicia por eso, porque el sistema de partidos por muchos años nos tuvo en el abandono, primero se luchó por el sistema normativo propio, y a partir de ahí la lucha fue por tener nuestro municipio”.
La cabecera municipal cuenta con 300 habitantes. Se dedican principalmente a la agricultura de autoconsumo. En el camino se pueden observar decenas de maizales bien cuidados, de hasta un metro y medio de altura, a diferencia de los cultivos de Ayutla que parecen secarse ante la falta de lluvias, y aunque están cerca, el clima cambia de cálido a templado abruptamente luego de 30 minutos de camino.
Dijo que con el nuevo municipio se busca avanzar en infraestructura, “en carreteras, salud, educación, es lo principal, buscar mejores condiciones de vida”.
Ante la pregunta respondió que es una ventaja la creación del nuevo municipio, “vamos a empezar desde cero de la mano del pueblo, nos da la oportunidad de organizarnos bien, como las queremos. Por ejemplo en Ayutla llega un nuevo gobierno y muchas
veces ya viene amarrado y se les complica atender a los pueblos, primero tiene que cumplir sus compromisos, y aquí los compromisos son con el pueblo”.
“Iniciamos sin nada, sin un mueble para sentarse, todo desde cero, y ese es nuestro principal reto, nos queda por delante mucho trabajo para armar la infraestructura para atender a los ciudadanos”.
“Estamos contentos, ahorita la gente anda arriba y abajo organizando todo, cada comunidad tiene su comisión, las danzas, los músicos, la comida, todos andan felices, y lo más importante es que nos organizamos”.
Afirmó que es una ventaja que el 98 por ciento de la población del nuevo municipio sea na’savi (el otro 2% es gente que se casó con gente de ahí o que llegó a trabajar y creó arraigo), “faciliata la forma de organización y la comunicación, como tenemos la misma cultura, nosotros entendemos la importancia de la asamblea como autoridad, lo que determina se tiene que acatar, a diferencia de en Ayutla que la gente lucha pero por lo individual, no por lo colectivo, y nosotros tenemos la filosofía de que siempre se debe de luchar por el bien de todos, todos tenemos que progresar unidos”.
“Tenemos esperanza porque es lo que siempre soñamos, se está haciendo realidad nuestro sueño”, dijo.
Coapinola
Al llegar a Coapinola a las 3 de la tarde de ayer se desató una intensa lluvia, lo que fue aprovechado por una decena de niños para jugar bajo el agua, unos ponían botes de plástico sobre las corrientes que se formaban en la empinada calle principal, otros buscaban chorros que escurrían de los techos para mojarse.
En la comisaría unos seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso vigilaban la entrada portando sus uniformes verde olivo y escopetas.
El comisario, Aurelio Morales Guadalupe, amable y diligente aceptó recorrer el pueblo con el reportero, permitió que se tomaran fotos y video de la preparación de los alimentos y presentó a los personajes más destacados de la comunidad, a pesar de lo atareado que se encontraba.
A diferencia de las ciudades, en Coapinola la vida es parsimoniosa, la gente camina lento, habla rápido y fuerte y ayer parecía no poder borrar la sonrisa de su cara.
Su amplia iglesia de una torre situada en el centro de la población, parece estar protegida por los cerros que la rodean, ahí adoran a la virgen María en asunción, “porque está en la tierra y en el cielo, por eso la escogieron los abuelos”, contó el comisario.
Frente a la iglesia se preparaban los alimentos, los hombres acarreaban agua para ponerla hervir y cuidaban que no se secaran las tinas con el maíz, atizaban el fuego, iban por leña y sacaban del lugar a uno que otro perro que no resistía acercarse ante el exquisito olor y las piezas de carne de cerdo colgadas en un árbol para el pozole.
Las mujeres lucían vestidos propios del pueblo na’savi, de brillantes colores rosa, verde, azul, amarillo, morado, naranja, sonreían y apladían la masa de maíz para hacer tortillas.
Decenas de mujeres indígenas prepararon cientos de tortillas mientras charlaban en tu’ un savi y se carcajeaban.
Humo, aromas, colores y algarabía inundaban el ambiente previo a la instalación del gobierno del nuevo municipio.
Entre las casas de techos de teja se veía a los niños correr libres sin la supervisión de adultos, sin el temor de que algo les pudiera pasar porque ni siquiera hay tránsito vehicular.
Después de hacer las tortillas, un grupo de unas 20 mujeres salió a las calles a barrer minuciosamente las calles, y siguieron hacia la carretera y también la barrieron.
Mientras, a las 6:40 de la tarde, el comisario servía de comer a los policías comunitarios que se tomaron un descanso en el atrio de la iglesia.
Para despedirse, el comisario dijo que se esperaban 900 invitados más los colados, “ya tenemos todo listo, aquí ahorita ves todo vacío (dijo señalando el atrio de la iglesia) pero cuando hacemos fiesta no nos alcanza el espacio”.
El programa para la instalación formal del Cabildo instituyente de Ñuu’ Savi es una misa a las 8 de la mañana, a las 9 un recorrido con cohetes y música por la comunidad, una ofrenda al Dios Savi, a las 10 la toma de protesta de las nuevas autoridades, a las 11 música con bandas de viento, la danza del potete y otras tradicionales, y a las 2 de la tarde, “un grandioso baile con el grupo Gran Luz alternando con La Nueva Leyenda”, para celebrar que “cumplimos el sueño de ser independientes”, dijo el comisario.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que es grave lo que pasó el lunes en Chilpancingo, cuando irrumpieron violentamente campesinos de varios municipios, porque indica que hay vacíos de poder que están retomado los grupos delincuenciales.
Entrevistado por teléfono, dijo que la frase de que “hay gobierno y gobernadora”, que viene diciendo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es sólo para las redes sociales, porque en los hechos no están nutridas de resultados tangibles.
Abel Barrera declaró que los campesinos de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec han experimentado el racismo, el despotismo, la discriminación y la falta de obras públicas de parte de las autoridades, y ante la ausencia de éstas son presa fácil de los intereses de la delincuencia.
“Quiere decir que la gente está encontrando en otros actores la respuesta, la atención, el apoyo y el acompañamiento que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no les están dando”.
En contraparte, dijo, el gobierno está dilapidando dinero en gastos suntuosos en lugar de canalizarlos a los lugares más abandonados donde hay ausencia de obra pública, y todo eso ha colapsado el sistema político.
Alertó que después de que las comunidades irrumpieron el lunes en Chilpancingo, lo van a seguir haciendo con el apoyo de estos grupos porque hay un colapso del sistema político en el estado, “independientemente de qué partido sea, la gente, al final de cuentas, lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, pero ya vio que no le está respondiendo ningún partido”.
Añadió que es evidente que el aparato burocrático sigue siendo el mismo elefante que no caminaba antes y que no funciona ahora “y esto está descomponiendo el escenario político en Guerrero, aparte de que hay impunidad, corrupción y no está funcionando el sistema de justicia como debería de ser”.
Explicó que en este panorama sombrío ahora “los grupos violentos” tienen atrapados a los pueblos aunque pongan en riesgo su vida y, sobre todo, el ejercicio público de las libertades y los derechos fundamentales.
Insistió que lo que se vio el lunes en Chilpancingo es que la gente busca canales de interlocución con las autoridades, porque en Guerrero hasta la fecha no los hay, o no son eficaces “ahora es más difícil tener acceso a una reunión con la gobernadora, también las reuniones con el secretario de Gobierno son muy complicadas y la gente tiene que recurrir a acciones como la del lunes.
“Aquí se atiende a las personas cuando se manifiestan públicamente, cuando visibilizan su caso, cuando bloquean la carretera día y noche, como pasa en la Montaña”.
En tanto que los funcionarios que se ofrecen al dialogo no tienen incidencia para resolver los problemas, “es decir, se aplica una política racista y discriminatoria, ese es el problema, hay un descuido total y la gente no encuentra interlocución”.
El director de Tlachinollan explicó que el respaldo que los pueblos dieron al grupo delictivo que los convocó el lunes, indica que estos grupos no sólo dan su dinero para subsidiar campañas, sino que al mismo tiempo trabaja con las comunidades para fortalecer su presencia y legitimidad en los gobiernos municipales.
“Ante la descomposición de la clase política, ahora hay una recomposición de actores de la delincuencia que está reposicionándose en estos territorios”.
Dijo que el control territorial que tienen esos grupos no sólo es tener gente que cuida entradas y salidas de los pueblos y los patrulla, sino que ahora es control poblacional, “tienen ascendencia en las comunidades y a través de su llamado a la comunidad se junta porque ya tienen alianzas, migas y empieza a haber una estructura, hay un consejo de autoridades, hay representantes, consejo de comisarios”.
Explicó que ya se empieza a ver una estructura en estas comunidades en relación a una agenda pública, que tiene que ver con los servicios básicos, con carreteras, “y tiene una implicación, hilos que son finos y cortantes que tienen que ver con los intereses de la delincuencia”.
Ante esta pérdida de poder del gobierno, Abel Barrera dijo que afirmaciones como la que hace la gobernadora de que “hay gobierno y gobernadora”, sólo son frases hechas para las redes sociales, “pero no son frases nutridas de resultados tangibles y programas concretos”.
“No vemos hasta la fecha un programa en el estado que demuestre que hay gobierno, no hay un modelo de seguridad que tome en cuenta a la población para que sea parte del proceso de seguridad ciudadana, los servicios públicos están colapsados, la atención a los colonos, a las madres de familia, a los colectivos de víctimas, a los estudiantes, a los normalistas, a los padres de familia que requieren maestros, ahí es donde vemos que no cuadra la frase con los hechos”.
Dijo que la gente quiere resultados, hechos, acciones, presupuesto, obras, “eso sí tendría sustancia y consistencia, pero una frase para las redes sociales queda, en los hechos, como una voz en el desierto”.
El abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano; los coordinadores de la Casa da Justicia de Las Juntas Caxitepec, en el municipio de Malinaltepec, Jesús Cesáreo; de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús; y de Espino Blanco, Martín Rosales; el abogado Vidulfo Rosales y los asesores Uriel Leal y Fernando Xochihua en la conferencia de prensa para fijar posición de la CRAC ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta sobre derechos indígenas que hizo el Congreso Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.
La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo
El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.
El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández en conferencia de prensa por la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2023 Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En un diagnóstico que los obispos de Guerrero entregarán al Papa Francisco en su encuentro que tendrán en junio próximo, en El Vaticano, le hablarán de la pobreza, pues “da lástima por los guerrerenses y pena caminar por los caminos del sur”, anunció el obispo José de Jesús González Hernández.
Dijo que le hablarán de un Guerrero “áspero”, al que no se le ha invertido “nadita” para que salga de su atraso.
Con motivo de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2023, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa ofició el mediodía de ayer una misa en la catedral de la Asunción de María y al terminar ofreció una conferencia de prensa.
Aunque no dio fecha, confirmó que los obispos del sur del país se reunirán con el Papa en junio próximo y que le entregará un diagnóstico de lo que han visto en Guerrero: “una pobreza que da lástima, que da lástima de ser guerrerense, que da pena caminar por los caminos del sur”.
Dijo que conoce Guerrero “y está áspero, no se le ha invertido nadita; ¡Santa María! Estamos 50 años atrás. No se ha invertido para riego y mantener a la gente sembrando, no se ha hecho nada para la captación de agua y mínimamente para mantener unas vaquitas, unos animalitos o unos árboles frutales para comer”.
Criticó que lo que se le da a la gente “son dádivas que hacen más flojitos a algunos y eso no es digno”.
González Hernández dijo que ve una gran pobreza y que solamente se mantienen los que tienen un colchoncito y de eso viven, “pero no se ve que se avance en los pueblitos, más bien parecen pueblos fantasmas”.
A pregunta expresa, atajó que más que un posible estallido social por esta situación, ve “muerte”, pero advirtió que es probable que si sigue la situación así haya un estallido social, “aunque yo los veo todavía pacíficos y buenos, todavía están esperando que venga una luz, una fuerza que los ayude”.
Cuestionó que como es posible que, por ejemplo, un soldado esté en paz cuando canta: “Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo… y que se quede contento cuando está viendo a su gente morir; el soldado es el que protege a su país, a sus ciudadanos”.
Ya se reunieron con
la gobernadora
González Hernández informó que después de los diferendos por su opinión con respecto a la violencia, los cuatro obispos de Guerrero ya se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y le expresaron el sentir de sus fieles y de la gente de Guerrero con respecto a la violencia.
Informó que le pidieron que se actúe, que se detenga y que se castigue a los generadores de la violencia: “que haya punidad porque es la impunidad la que no nos deja en paz”.
Contó que la gobernadora les prometió que se va a actuar “y esperamos que lo haga”.
Añadió que Salgado Pineda argumentó que el problema de la violencia no es sólo de Guerrero, sino regional y nacional.
Reveló que después, cuando se realizaron los bloqueos en la Tierra Caliente, él y el obispo de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta, se comunicaron por teléfono con la gobernadora para darle su opinión del problema.
“Nos sorprendió que al día siguiente se desbloqueó, me dio mucho gusto, no sé si porque intervenimos o porque ya había avances en el diálogo”.
El obispo celebró que mediáticamente se haya resuelto el bloqueo pero advirtió que las causas que provocan los bloqueos no se han resuelto: “en Tierra Caliente se siguen yendo las familias y hasta comunidades enteras, la situación está difícil porque no hay seguridad ni esperanzas de que puedan trabajar”.
Contó que en Yextla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), querían fundar una nueva parroquia, pero les dijeron que no, “porque ya no hay gente”.
Informó que pastoralmente están acompañando a los desplazados de comunidades de Heliodoro Castillo, refugiados en Tlacotepec, para crearles un espacio mínimo de paz, seguridad y proveerlos de alimentos “porque sus problemas son fuertes, dejan sus casas y bienes”.
Anunció que está pendiente otra reunión de los cuatro obispos con la gobernadora para finales de mayo, en la que le van a expresar nuevamente sus opiniones.
Resistir ante el aborto y los
matrimonios igualitarios
A pregunta expresa de los reporteros respecto al aborto y los matrimonios igualitarios, el obispo pidió “resistir” y llamó a que no se acepten ni el aborto ni los matrimonios igualitarios.
Explicó que esas ideas han avanzado por falta de comunicación, porque cuando se les explica a los padres en qué consiste, “quisieran resistir, pero sabemos que las aprueban casi a escondidas, buscan la manera de agarrarnos desprevenidos”.
Adelantó que en la reunión con la gobernadora le van a pedir que si puede intervenir, pero que las familias y la sociedad deben seguir resistiendo “para ver si todavía es posible que (las leyes) se revoquen”.
Antes, durante su homilía con motivo de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2023, González Hernández pidió por “las hermanas y hermanos periodistas que han sufrido a causa de su profesión, y por los que han sido privados de su vida”.
Dijo que se ha constatado que actualmente no es fácil transmitir la verdad con amor, con justicia y con libertad; “nos han secuestrado muchas veces la libertad para transmitir la verdad”.
Agregó: “ustedes saben hermanos periodistas como les ha costado y les costará, igual que a nosotros, ser verdaderamente libres y transmitir lo que conocemos y lo que hemos visto, muchas veces hasta nos dicen: “eso no, ponga otra cosa, es difícil”, pero pidió insistir porque “la verdad nos hará libres”.
Dijo que no podemos quedarnos dormidos “mientras vemos tantas injusticias a causa de tantas mentiras; ustedes y nosotros por vocación o profesión buscamos la verdad, y cuando falta, nos quedamos insatisfechos, desanimados, por eso la importancia de seguirla buscando y ofrecer a la sociedad un granito de alivio, un soplo de paz y alegría”.
En un comunicado que se distribuyó a los reporteros convocó a “desarmar los ánimos promoviendo un lenguaje de paz; hablar de corazón a corazón es hoy muy necesario para promover una cultura de paz allí donde hay guerra, para abrir senderos que permitan el dialogo y la reconciliación allí donde el odio y la enemistad causan estragos.
Dijo que se necesitan comunicadores dispuestos a dialogar, comprometidos a favorecer un desarme integral y que se esfuercen por desmantelar la sicosis bélica que se anida en nuestros corazones”.
Niños de la primaria Raúl Isidro Burgos, de la comunidad Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri, toman clases casi a la intemperie Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Nuevo Balsamar
En Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), a 20 minutos de Chilpancingo, 51 niños de la primaria Raúl Isidro Burgos reciben sus clases desde hace cinco años en una galera sin paredes, con horcones y techo de lámina galvanizada.
En tanto que los 41 alumnos de la telesecundaria Francisco González Bocanegra, de esta misma localidad, ocupan desde hace dos años dos cuartos de una casa en obra negra, que les prestaron. Antes, los estudiantes recibían sus clases a la intemperie o en galeras sin paredes.
Los directivos de estos planteles en esa comunidad, habitada por familias reubicadas de Balsamar, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), que resultaron damnificadas por las lluvias de la tormenta Manuel en 2013, denunciaron que el gobierno estatal dio marcha atrás a un acuerdo del año pasado, para la construcción de las escuelas durante este y el próximo año.
El director de la primaria, Miguel Ángel Barrera, informó que llevan cinco años trabajando en estas condiciones, a pesar de que desde 2021 cuentan con su clave, matrícula escolar y con los documentos de la donación del terreno para que se construyan las aulas.
Explicó que han sobrellevado el funcionamiento de las escuelas con las donaciones de algunas personalidades y cooperaciones de los padres de familia.
Las tres aulas de la primaria se encuentran sobre una plataforma de tierra, en la que los vecinos levantaron con horcones de madera una sola galera, sin paredes que dividan a los “salones”; el techo es de fajillas y lámina galvanizada.
La galera se encuentra en lo alto, a media falda de una loma, y al mediodía las violentas corrientes de aire arrastran gruesas nubes de polvo de las calles sin pavimentar, que pasan sobre cuadernos y libros de los alumnos, quienes, si bien cuentan son butacas, no tienen pizarrones ni otro tipo de mobiliario o material didáctico, con el que sus profesores se puedan apoyar para su enseñanza.
“Esto es un poco desesperante, ustedes ven las condiciones en que estamos trabajando. Ahorita es el polvo y el aire fuerte, y en la temporada de lluvias se nos presenta más fea la situación, por el agua que nos pega fuerte, por la falta de paredes y por el lodo por el que tenemos que pasar para llegar hasta aquí”, contó Miguel Ángel Barrera.
Se quejó que no han recibido el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. “Nos hemos acercado al municipio, con la presidente municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo (del PT), pero desafortunadamente no hemos tenido respuesta. Hemos ido al Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), y a la misma Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a entregar solicitudes para que nos construyan las aulas, y nos dicen sí, pero ya llevamos cinco años y no hay nada”.
El director de la primaria informó que en junio del año pasado se reunieron sus maestros, las del preescolar y de la telesecundaria, con André Gordillo Olivares, secretario técnico de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se comprometió a que en 2022 se construirían las dos aulas de preescolar, en 2023 las tres de la primaria y en 2024 las tres de la telesecundaria.
Sin embargo, denunció que el año pasado sólo se construyó una de las dos de preescolar y en enero pasado les informaron “que siempre no” se van a construir este año las tres de la primaria, porque no se incluyeron en el presupuesto de este año.
El director Miguel Ángel Barrera hizo un llamado a las autoridades educativas, “para que nos den respuestas favorables. En este caso el IGIFE y el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña”.
Aseguró que las autoridades saben en qué condiciones están trabajando.
Informó que el mismo secretario Rodríguez Saldaña visitó en noviembre pasado esa escuela, “aquí lo tuvimos, vio como está nuestra escuela y dijo que este año nos la construirían, pero ahora resulta que siempre no”.
El maestro reconoció que sus gestiones se complican por la falta de reconocimiento de las autoridades a la comunidad, “con Leonardo Bravo (de donde vienen los desplazado) ya no se tiene ningún contacto y con Eduardo Neri (a donde pertenece ahora Nuevo Balsamar) hemos tenido acercamientos, pero no hay respuesta. Su argumento es que no es una localidad reconocida por el municipio, entonces, ellos dicen que no le pueden meter recursos a algo que no tiene certeza jurídica”.
Mientras tanto, añadió que la matrícula va en aumento, pues cuando llegaron eran 27 niños y en cinco años han aumentado a 51, “y va a seguir aumentando, pero mientras, las condiciones son desfavorables para nosotros. Trabajar en estas condiciones no se puede”, se quejó.
Por separado, los 41 alumnos de la telesecundaria Francisco González Bocanegra trabajan en tres reducidos cuartos de una casa particular, que se encuentra en obra negra.
El director Antonio Salazar informó que hace dos años les prestaron esta casa, construida de tabicones, sin revocar, y con techo de lámina galvanizada, construida en la parte alta de Nuevo Balsamar. Dijo que es la única casa que a simple vista se aprecia en mejores condiciones, en relación con el resto de las viviendas construidas por Sedatu para los damnificados de la tormenta Manuel.
Los alumnos de la telesecundaria no cuentan con butacas y tienen que improvisar sus asientos y soportes para sus cuadernos y libros, con cualquier objeto de madera o metálico.
Atienden el plantel tres maestros y el director, quienes no cuentan con pizarrones, escritorios, archiveros, ni lo esencial, como un televisor o señal de internet.
Antonio Salazar informó que antes de que les prestaran la casa, los alumnos recibían sus clases a la intemperie o en galeras, como las que utiliza la primaria Raúl Isidro Burgos.
En tanto, los 21 niños del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez se hacinan en la única aula que les construyó el IGIFE el año pasado.
