Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC

 

En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.

Se lleva la Policía Comunitaria de Teloloapan a cuatro hermanos, informan fuentes policiacas

El miércoles de la semana pasada cuatro hermanos campesinos de la cabecera municipal de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco) desaparecieron luego de haber sido detenidos por presuntos policías comunitarios de Teloloapan, en el centro de esa ciudad.
Según información de fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado, ayer fue presentada la denuncia en el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en esta ciudad.
Según los reportes, cerca de las 3:30 de la tarde del miércoles de la semana pasada tras ir a comprar al centro de Teloloapan, la mamá de Isidro y Juan Martínez Salgado, de 27 y 25 años, presenció la detención de sus hijos por hombres que portaban armas largas y cortas y que viajaban a bordo de dos camionetas picop una gris y otra guinda con rótulos de la Policía Comunitaria.
Los presuntos comunitarios los detuvieron sin razón aparente cuando esperaban a su mamá afuera de la sucursal Bancomer en el centro de Teloloapan y se los llevaron sin dar información a su mamá y la esposa de uno de ellos que los acompañaban.
Se dio a conocer que al día siguiente, más familiares de ellos llegaron a la cabecera municipal de Teloloapan para buscar a los dos hermanos detenidos un día antes.
Por la noche de ese día, un grupo de 20 supuestos comunitarios armados llegaron a la casa que le habían prestado a la familia para quedarse a dormir. Los hombres irrumpieron en la casa y se llevaron por la fuerza a otros dos hermanos de los primeros, David y Mario de entre 30 y 32 años.
Se dio a conocer que hasta ayer los cuatro hermanos seguían desaparecidos y la Policía Comunitaria Tecampanera no les había dado información a los familiares de la supuesta detención.

Las acciones por la Ley 701 tendrán el respaldo del Ayuntamiento, dice el alcalde de San Luis Acatlán

También las comunidades de la región de la Costa Chica se movilizarán en defensa de los derechos de los pueblos originarios y para que se amplíen, no sólo por la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, declaró este lunes en Chilpancingo el presidente municipal de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García.
El alcalde que llegó a la presidencia municipal con las siglas del Movimiento Ciudadano (MC), adelantó que sería un riesgo si esa ley pierde su vigencia, como lo hará el 1 de abril si no se ratifica, porque dejaría en el desamparo legal a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que han dado buenos resultados en contra de la inseguridad en la región de la Costa Chica-Montaña.
Dijo que la actuación de la Policía Comunitaria ha frenado el ingreso de las mineras en la zona, y denunció que en su municipio se ha visto nuevamente la presencia de extranjeros, sobre todo canadienses, y vehículos de la minera Media Luna, pero que los pueblos no les van a permitir sus trabajos de exploración.
El domingo se reunieron en Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, y acordaron movilizarse la primera semana de marzo para defender la iniciativa popular de ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, entregada al Congreso local como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 sea derogada.
El alcalde Vázquez García, en cuya cabecera municipal está la Casa Matriz de la CRAC, fue consultado este lunes en Casa Guerrero, a donde acudió a recibir una de las siete unidades médicas y cuatro ambulancias del régimen ordinario del Programa IMSS-Prospera, que se entregaron además a los alcaldes de Cualac, Tlacoapa, Alcozauza, Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Ayutla de los Libres.
Declaró que seguramente los diputados del Congreso del Estado y los funcionarios del gobierno estatal están pensando en que esa ley pierda su vigencia, como está previsto, “y de esta forma afectar a los indígenas, pero no se va a permitir, al menos en San Luis Acatlán la gente está organizada y va a salir a defender su ley”.
El también abogado agregó que lo menos que puede hacerse es ampliar los derechos de los pueblos indígenas en esta ley.
Informó que como en la Montaña, en San Luis Acatlán también hubo una reunión de la Policía Comunitaria el sábado, en donde trataron la Ley 701 y acordaron la postura que va a asumir la CRAC hasta la fecha límite que tiene el Congreso para la aprobación de una nueva ley.
Adelantó que las acciones de los pueblos indígenas tendrán el respaldo del Ayuntamiento, “porque en materia de seguridad a nosotros sí nos ha funcionado la Policía Comunitaria en nuestro municipio, y la vamos a defender dentro del marco de la legalidad”.
Reconoció que detrás de la postura de dejar al margen de la legalidad a la Policía Comunitaria pudiera estar la pretensión de abrirle las puertas a las mineras extranjeras que ya están al menos en su municipio, en donde existen concesiones autorizadas por el gobierno federal.
El alcalde declaró que hay un rechazo total por unanimidad de las comunidades, aunque reconoció que hay líderes de la misma región que llevan el mensaje de que estas minas traerían beneficios y que eso es lo preocupante, “que utilicen a nuestra propia gente para permitir el acceso de estas minas” aunque insistió en que la idea general de las comunidades es el rechazo a la introducción de las empresas mineras.
Adelantó que frente a este problema el Ayuntamiento que preside va a respaldar la postura mayoritaria, “siempre y cuando estén dentro del marco de la ley”.
Destacó que las tierras son de los campesinos y que estarán en su derecho de defender hasta sus últimas consecuencias su patrimonio.
Vázquez García dijo que no tiene el dato de cuántas concesiones están autorizadas en el municipio de San Luis Acatlán, pero que es público que las mineras están interesadas en una mina ubicada en Pazcala del Oro, otra cerca de Mixtecapa, el Tlaxcalistlahuaca y Yoloxóchitl.
Denunció que a estos lugares han ido representantes de empresas disfrazadas de investigar qué tipo de minerales pueden extraer en la región.
Reconoció que no se han reanudado los sobrevuelos que se denunciaron en 2010 y 2011, pero que les pareció extraño encontrar a un canadiense que hace aproximadamente un mes se accidentó en una motocicleta, en un tramo del camino de Arroyo Mixtecolapa y Pazcala del Oro. Recordó que nunca se aclaró qué andaba haciendo en esa zona, y que el caso sólo se conoció porque sufrió un accidente en su motocicleta.
“Los campesinos dicen que es de la gente que andaba realizando trabajos de exploración de las minas de la región”, afirmó el alcalde.
Denunció que los campesinos también han visto vehículos con el logotipo de la minera Media Luna, “pero los campesinos están pendientes, no van a permitir ningún estudio en la región. Yo tengo permanente comunicación con ellos y sin duda alguna van a tener el respaldo nuestro, siempre y cuando marchemos dentro de la legalidad”.

Cancelan audiencias a Gonzalo Molina; el traductor no certificó que conocía sus usos y costumbres

Beatriz García

Chilpancingo

Este viernes, dos audiencias que tenía programadas el preso político Gonzalo Molina González en el Juzgado Séptimo de Distrito se cancelaron, una de ellas por segunda ocasión, ya que al traductor que presentaron le faltó un documento que acreditara que conoce los usos y costumbres de Tixtla, municipio del que es originario el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El abogado de Molina González, Hegel Mariano González informó que, a las 11 de la mañana estaba programada la primera audiencia para seguir el proceso de la causa penal 59/2013 por portación de arma de fuego sin licencia, y la segunda audiencia, a las 12:15 del día, para la causa penal 67/2013, por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, cometidos contra servidores públicos.
Agregó que el 7 de febrero tenía programada la audiencia para presentar a dos testigos de los hechos ocurridos en una confrontación entre policías comunitarios y policías municipales de Tixtla en 2013, sin embargo no se llevó a cabo porque el juzgado no solicitó un traductor.
Ayer estaba programada la audiencia, y la defensa del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla llevó a una traductora, pero no la aceptó el juzgado porque no estaba certificada por las autoridades.
Mariano González informó que se trasladó a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) para solicitar un intérprete, y minutos después del mediodía llegó al juzgado con el traductor certificado de la SAICA, pero la primera audiencia fue cancelada porque ya había pasado la hora programada.
También les informaron que no se podía llevar a cabo la segunda audiencia porque el traductor certificado por la SAICA no llevaba el documento que acreditara que conocía los usos y costumbres del lugar de origen del preso.
El abogado del preso político de la CRAC informó que les interesa probar, antes de que termine el proceso, la fama pública de Gonzalo Molina González, para mostrar que la Policía Comunitaria en Tixtla surgió en un contexto de inseguridad, y para dar fe de que las actividades del promotor siempre han sido en el marco de la lucha y la gestión social.
Agregó que esperarán a que les notifiquen nuevas fechas para las audiencias.

Aceptan acusadores de Arturo Campos en su careo que no lo conocen y que no les ha pedido dinero

En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.

Demandan vecinos de Palantla, Chilapa, que intervenga el gobierno para que deje las armas el grupo afín al FDP

Una comisión de pobladores de la comunidad nahua de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, demandó este jueves en Chilpancingo la intervención del gobierno del estado para que otro grupo de habitantes de ese lugar, que encabezan líderes del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor dejen las armas, porque representan un peligro para ellos.
El grupo de vecinos formaba parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los llamados pueblos fundadores, que tienen su base en Rincón de Chautla, pero se disgregaron tras un enfrentamiento que tuvieron en febrero de 2015 con los policías comunitarios del FDP.
Apenas el miércoles, un grupo de policías comunitarios de la CRAC de los pueblos fundadores, al que pertenecía un grupo de San Jerónimo Palantla, marchó en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, donde demandó la cancelación de 67 averiguaciones previas, de las cuales para 60 ya se liberaron las órdenes de aprehensión.
Las averiguaciones previas fueron integradas como consecuencia de la confrontación con miembros del FDP, y en éstas están incluidos algunos de los ahora ex policías comunitarios de San Jerónimo Palantla, por lo que en la conferencia de prensa de ayer también demandaron la cancelación de las averiguaciones previas y las ordenes de aprehensión.
A las 5 de la tarde de este jueves, los pobladores de San Jerónimo Palantla ofrecieron una conferencia de prensa en esta ciudad en la que se deslindaron de Torres Fierro y Gue-vara Tejedor, porque son “los que insisten en que San Jerónimo Palantla siga teniendo conflictos con sus vecinos de Rincón de Chautla”.
En San Jerónimo Palantla hay dos grupos, el que pertenecía a la CRAC de los pueblos fundadores, que son los que ofrecieron la conferencia de prensa de ayer, y el grupo que encabezan los dirigentes del FDP. Para resolver el conflicto entre ambos, que estaban en permanente confrontación, el gobierno del estado promovió la firma de una minuta de acuerdos. En ella, los afines al FDP se comprometieron a retirar las demandas penales contra el grupo adversario, y éste aceptó desarmar a los policías comunitarios de San Jerónimo Palantla que pertenecían a la CRAC.
Sin embargo, ayer un vecino de Palantla, Cornelio Xochitempa denunció que ellos cumplieron pues se desactivaron como policías comunitarios, y que el FDP no ha retirado las demandas panales, como era el compromiso.
Ante esta situación, exigieron la intervención de las autoridades estatales para que se desarme al grupo del FDP, pero también que cumpla con el retiro de las demandas, pues funcionarios del gobierno estatal sirvieron de mediadores para la firma de la minuta.
En la conferencia de prensa que ofrecieron la tarde de ayer, Xochitempa leyó un comunicado en el que se establece que ellos, como vecinos de San Jerónimo, respetaron el acuerdo firmado entre Rincón de Chautla y el gobierno del estado, para que ninguna policía comunitaria operara en San Jerónimo.
Sin embargo, acusaron que el otro grupo de pobladores, encabezado por Constantino Calvario Merino, apoyado por dirigentes del FDP no respetaron el acuerdo y continúan portando armas.
Los pobladores de San Jerónimo Palantla informaron que sus mismos vecinos que defienden intereses de Constantino Calvario, interpusieron las demandas contra los ex integrantes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, a pesar de que ya existe un acuerdo de que los hechos de violencia ocurridos el 8 de febrero del 2015, cuando hubo cuatro muertos de los que se acusa a los policías comunitarios de Rincón de Chautla, no se van a perseguir de oficio y que las averiguaciones quedarían sin efecto.
Por otra parte, demandaron justicia para Isaac Xochitempa Chautla, promotor de la CRAC de los pueblos fundadores de San Jerónimo Palantla, asesinado el 24 de noviembre del 2015. Del homicidio acusan a los afines al FDP.
También denunciaron que todavía no hay apoyo ni atención de los gobiernos del estado y del municipio para los familiares de las víctimas del 24 de noviembre del 2015, cuando hubo tres asesinatos provocados por el FDP en esa misma comunidad.

 

Marchan comunitarios en Xicotlán, Chilapa; exigen que se cancelen 60 órdenes de aprehensión en su contra

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de los pueblos fundadores marcharon este miércoles en esta comunidad. Al final las autoridades llamaron a la paz, a la justicia y al gobierno del estado a que retire todas las 67 averiguaciones previas y cancele las 60 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.
Al mediodía unos 500 vecinos de 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) se concentraron en esta comunidad y después marcharon del crucero de Mexcaltepec a la cancha de Xochitlán. La marcha fue encabezada por civiles de las comunidades donde tiene presencia esta Policía Comunitaria. Atrás caminaron policías armados.
En la marcha los manifestantes gritaron consignas como: “Unidad de los pueblos por la paz”, “Ya no queremos más violencia”, “Unidad, unidad, unidad…” exigieron.
Los policías comunitarios de los pueblos que acudieron de estos dos municipios de la parte baja de la región Montaña, están adscritos a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, al final de la manifestación desmintieron acusaciones en su contra, que dijeron, les ha hecho Constantino Calvario Merino “y su grupo delictivo de la comunidad de San Jerónimo Palantla de Chilapa”.
En las acusaciones, denunciaron, los responsabilizan de los enfrentamientos con la gente de San Jerónimo Palantla, pero se deslindaron de este caso ocurrido el año pasado.
En su pronunciamiento recordaron que este lunes se reunieron los coordinadores de la CRAC, consejeros, presidentes de comisariados de bienes comunales, delegados, comisarios municipales y que tomaron acuerdos con respecto a la emboscada que sufrieron en San Jerónimo Palantla, encabezada por Domingo Orgin Calvario, Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa y Alfonso Orgin Castro.
Manifestaron a los tres niveles de gobierno que no están de acuerdo en que “nos sigan fabricando delitos para discriminarnos ante la sociedad, porque somos una institución regida por nuestras costumbres y por comunidades”.
Denunciaron que ellos se han encargado de brindar la seguridad a los pueblos pero que el grupo de San Jerónimo Palantla les han fabricado muchos delitos como los del 8 de febrero del 2015, cuando les prepararon una emboscada cuando iban al diálogo para liberar a sus compañeros de la Policía Comunitaria, Isaías Xochitempa Chautla y Rufino Orgin Calvario.
El coordinador agregó que esa vez ellos encontraron cascajos de armas de diferentes calibres, pero que después les interpusieron demandas en las que el agente del Ministerio Público “se prestó al chantaje sabiendo que hay documentos firmados por los tres niveles de gobiernos y la CRAC en los que nos exculpan”.
“La CRAC-PC de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla siempre ha respetado los acuerdos que se firmaron el 1 y el 11 de febrero del 2015, se elaboró una acta de conciliación en donde se acordó que nadie, ni el comisario municipal ni el comisario suplente encauzaron a los ciudadanos de nuestras comunidades, ni tampoco a la CRAC”, recordó el consejero.
Dijo que los directivos informaron que en marzo del 2016 se pactó que la casa de Rincón de Chautla asumió un acuerdo en el que se comprometió a liberar a los detenidos que estaban en proceso de reeducación, Alfonso Orgin Castro, Apolinar Calvario Tlatempa, Heladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Mientras tanto los de San Jerónimo Palantla encabezados por el comisario municipal Francisco Chautla Cicinteco y Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario y más de 25 ciudadanos que participaron en la reunión se comprometieron a retirar las denuncias que interpusieron ante el Ministerio Público en contra de los policías comunitarios y autoridades de la CRAC de Rincón de Chautla, “pero ellos no espetaron los acuerdos, mucho menos retiraron las demandas”.
Demandaron a las autoridades federales, estatales y municipales que respeten la estructura de esta organización, y se declararon independientes de cualquier otro grupo que opera en el estado.

Ha logrado la paz en 15 comunidades de Chilapa y Hueycantengo, informa un consejero

 

En un territorio que se disputan los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos, 15 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) han logrado vivir en paz desde hace dos años, tras la organización que logró la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), de los Pueblos Fundadores, que se ha declarado independiente de los sistemas comunitarios existentes.
“Aquí se cometían asaltos, violaciones, homicidios, secuestros, pero después de que nos organizamos cesó todo. Ahorita todo está bien, ya no se quejan las comunidades, por eso aunque nos estamos cooperando para dar seguridad, las comunidades están de acuerdo porque están en paz”, dijo el consejero regional de la agrupación comunitaria, Bernardino Sánchez Luna.
La organización que aglutina a 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera y en la que participan 300 policías comunitarios que se encargan de la seguridad, se deslindó ayer de los otros sistemas comunitarios como la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán y de las casas de El Paraíso y de Tixtla, y han trabajado por su cuenta en estos pueblos en donde también funciona la Policía autodenominada por la Paz y la Justicia.
–¿No han tenido aquí conflictos con grupos del crimen organizado?, –se le preguntó al consejero, a sabiendas de la pugna que hay entre Los Rojos y Los Ardillos.
–Hasta ahora no, está todo tranquilo.
–¿Tienen coordinación con la Policía Estatal, con la Federal y con el Ejército?, –se le preguntó al consejero.
–Nosotros solamente exigimos respeto al gobierno. No nos coordinamos con ellos. Ellos hacen su chamba y nosotros la nuestra.
–¿En la chamba de ustedes no ha habido amenazas, hostigamiento y obstáculos de las fuerzas estatales y federales?
–Cuando iniciamos (en 2015), sí había intimidaciones, pero ahorita se va calmando todo; de hecho, hay trabajadores aquí en Xicotlán, y el presidente municipal de Chilapa nos pidió que los fuéramos a recoger a la orilla de Chilapa, porque tenía miedo de venir a trabajar aquí por la violencia.
“Con eso, el presidente municipal está reconociendo nuestro trabajo, aunque no nos apoya económicamente, pero nos reconoce el trabajo que hacemos, simplemente se niega a soltarnos el recurso”, dijo.
Este grupo de policías comunitarios se fundó el 27 de agosto de 2014, bajo los auspicios del ex consejero de la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán, Cirino Plácido Valerio. Sin embargo, a raíz del conflicto que este grupo de comunitarios tuvo con los ciudadanos de San Jerónimo Palantla, se deslindaron de Cirino y formaron un grupo separado que aglutina a las 15 comunidades de municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
–¿Ustedes son independientes de otros grupos de la Policía Comunitaria que formó la CRAC?, –se le pidió que precisara.
–Somos independientes, o sea que trabajamos con los pueblos. No nos coordinamos con nadie (de los otros grupos del CRAC) ahorita.
–Cuando ocurre un hecho delictivo, ¿Qué pasa con los detenidos, a dónde se los llevan?
–Los sometemos a reeducación y quienes deciden son los comisarios y los consejeros cuánto tiempo se les va a dar. De hecho, no ha habido detenidos porque hablamos con las comunidades para que se respetara la ley.
“Les pedimos que se evite llegar a la violencia, antes que llegar al sistema de reeducación, por eso ahorita está todo tranquilo”, explicó.
–Desde que se formó este grupo de la Policía Comunitaria, ¿cuántas personas han sido detenidas?
–Cuando iniciamos fueron como 30, porque no entendía la gente y seguía cometiendo delitos. No había grandes delitos, pero se amenazaban, se quitaban sus derechos, pues.
Sin embargo, agregó que posteriormente se firmaron actas en los pueblos en las que los habitantes y las familias se comprometieron a vigilar la actuación de los habitantes, “y ahora ya no tenemos detenidos, ya está todo tranquilo”, reiteró.
–¿Desde que se formó esta Policía Comunitaria, cuáles son los obstáculos que han tenido?
–El problema que tuvimos fue con San Jerónimo Palantla, porque entre ellos mismos tienen pleitos, es un problema interno, quisimos entrar y entonces tuvimos problemas con ellos, por eso ahora nos deslindamos de ellos.
“El problema de San Jerónimo, aunque aprobó la mayoría nuestra presencia, los demás no estuvieron de acuerdo, por eso nos retiramos. Hasta ahorita, no sabemos si hay un grupo delictivo detrás de ellos, pero lo que sabemos es que tienen problemas de terrenos, de agua, de escuelas, y están divididos, el comisario municipal por un lado y el comisariado de bienes comunales por otro”, explicó.
–¿Ustedes ya no tienen injerencia en ese pueblo?, –se le preguntó al consejero.
–Ya no, si se llegaran a integrar tendrán que entregar otra acta en donde aceptan incorporarse a la CRAC, pero no ha llegado ningún documento.
El consejero explicó que con la decisión de retirarse de esa comunidad están respetando los acuerdos que firmaron con el gobierno estatal el 11 y 25 de marzo de 2016, cuando se estableció que la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla liberaría a cuatro detenidos de San Jerónimo Palantla, y éstos se desistirían de las ordenes de aprehensión de más de 60 policías comunitarios.
Pero denunció que la gente de San Jerónimo Palantla no cumplió porque en vez de retirar las órdenes de aprehensión en contra de los comunitarios, presentaron más demandas, apoyados por el Frente de Defensa Popular (FDP).

Ampara la Ley 701 al comunitario Samuel Ramírez, destaca su abogado en la última audiencia del caso

Este lunes fue la última audiencia de vista en el juzgado Séptimo de Distrito para resolver la causa penal 61/2013 por portación de arma sin licencia que mantiene en la cárcel desde hace más de tres años al policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez.
El abogado Rogelio Téliz García argumentó durante la audiencia que el arma que portaba el detenido es propiedad de la comunidad que lo designó policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con fundamento en la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que su actuación se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La audiencia para desahogar el caso estaba programada para las 11 de la mañana pero a esa hora personal del juzgado informó a la defensa que se aplazaría porque no pudo ser notificada la solicitud para el perito traductor debido a que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado se encuentra cerrada por manifestantes, lo que generó un retraso hasta las 12:30.
El abogado Téliz García solicitó la autorización de un traductor externo y al final la audiencia se pudo llevar a cabo.
Sería sólo para la ratificación de las conclusiones de inculpabilidad a favor de Samuel Ramírez que fueron presentadas el 8 de diciembre del año pasado en las que él y sus compañeros policías comunitarios, Catalino Maldonado Mendoza, Santiago de Jesús Gálvez y Jorge Ortega García expusieron por qué estaban armados el día que fueron detenidos.
Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios de Zitlaltepec. De ellos 7 obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados. Sin embargo cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza y solamente Samuel Ramírez fue consignado y sigue preso.
En la última audiencia para desahogar el proceso y que determinará la sentencia que se emitirá, el abogado Téliz García solicitó que sean tomadas en consideración por la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales “el criterio nuestro que debe ser absolutoria la sentencia”.
El abogado expuso que la defensa ha demostrado que Samuel Ramírez pertenece a una institución comunitaria amparada en la Ley 701, y que el delito que presuntamente cometió y que se le imputa (portación de arma) no lo cometió porque fue electo policía comunitario por el pueblo y pertenece a la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Incluso, explicó que el arma por la que fue sujeto a proceso pertenece a la comunidad, “razón por la cual debe quedar eximido de responsabilidad, porque simplemente realizaba un servicio comunitario y en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las comunidades tienen en todo momento el derecho de decidir de manera libre con base a sus usos y costumbres la forma de organizarse, cuidarse y convivir como pueblos indígenas”.
Tras la audiencia de ayer la jueza tendrá que resolver la sentencia a más tardar en tres meses, y con ella también se resolverá la situación jurídica de los otros cuatro policías comunitarios que fueron liberados bajo fianza, informó.
En este juzgado estaba programada una audiencia para resolver la causa penal 59/2013 que se le sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, sin embargo la audiencia se aplazó debido a que el juzgado no pudo solicitar un traductor.
El abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano González informó que entre ayer y hoy miércoles el juez determinaría una nueva fecha para la comparecencia.

Sólo con la CRAC los pueblos indígenas tienen seguridad, dice la madre del comunitario preso

 

A doña Beatriz Gálvez Macario le cambió la vida cuando organizó a la gente de Zitlaltepec en contra de la violencia que mantenía a raya a ese y a otros pueblos de la Montaña.
Ella formó la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el 2013. Eso le trajo como consecuencia que a su hijo Samuel Ramírez Gálvez lo encarcelaran.
Después su marido la dejó porque la culpó del encarcelamiento de su hijo, y el año pasado la metieron 17 días a la cárcel tras de que los familiares de su esposo la acusaron de asesinarlo, sin que se haya encontrado su cadáver.
Ella supone que su marido huyó para no enfrentar el problema de su hijo preso.
A punto de salir libre Samuel, un na savi como ella, Beatriz dice que no se arrepiente de su participación en la CRAC y que seguirá en la Policía Comunitaria porque es la única manera de tener la seguridad que no garantiza el gobierno a los pueblos indígenas.
Entrevistada después de la audiencia de su hijo Samuel el mediodía de este martes, la mujer indígena contó que en 1997 la gente de su pueblo, Zitlaltepec, no podía vivir tranquila “porque estaba muy complicada la situación, no podíamos salir a comprar a Tlapa porque en el camino había de todo, secuestro, violaciones a las mujeres, asaltos y eso fue lo que hizo que comenzáramos a organizarnos en la comunidad para darnos seguridad nosotros mismos”.
Ese pueblo se encuentra a 8 horas caminando a Metlatónoc, la cabecera municipal, en vehículo llegan en dos a Tlapa.
Dijo que la única alternativa en ese tiempo fue formar su policía comunitaria, “porque nuestra comunidad es una de las más apartadas de la montaña, y tenemos que pasar por lugares muy solitarios, escabrosos y peligrosos”.
Beatriz Gálvez fue una de las más activas para formar la Policía Comunitaria, incluso a ella le deben los habitantes de varios municipios en la Montaña que la Casa de Justicia de la CRAC se haya instalado en Zitlaltepec, “allí comenzamos a dar el servicio de seguridad y muchos pueblos vecinos se incorporaron”.
Uno de los primeros que se enrolaron en la Policía Comunitaria para cuidar al pueblo fue su hijo Samuel Ramírez Gálvez, “él así lo quiso, pero la gente también así lo decidió”, dijo la mujer entrevistada en las instalaciones del juzgado Séptimo de Distrito, minutos después de que Samuel asistiera a la última audiencia de vista en la que su defensa ratificó los argumentos de descargo para que la jueza emita una sentencia a su favor.
Por su activismo doña Beatriz fue nombrada en el 2013 coordinadora de la CRAC, “estaba yo prestando ese servicio cuando detuvieron a mi hijo sólo porque estaba interesado en dar seguridad a su comunidad. Él estaba convencido que era la única forma de que viviéramos con tranquilidad y que no hubiera robos, asaltos, que pudiéramos salir sin que nos pasara nada”, declaró.
Recordó que Samuel entró de voluntario en la Policía Comunitaria cuando apenas había entrado a los 18 años, en 2012. Iba para dos años en la organización cuando lo detuvieron.
“Yo veo muy mal que lo hayan detenido, porque empezando desde el municipio el estado y el gobierno federal no nos dan seguridad, pero todos están en contra de los comunitarios. No sé por qué están en contra de nosotros cuando nos protegemos entre los mismos paisanos. Ellos quieren quedar bien pero no hacen las cosas como debe de ser, no nos dan la seguridad. Los policías municipales cuidan la cabecera municipal, el Palacio, pero no dan seguridad a las comunidades que pertenecen al municipio, mucho menos los policías estatales y federales, no van para allá a ver si estamos bien o mal, ellos están en las ciudades”, se quejó.
Denunció que, sin embargo, cuando las comunidades indígenas se organizan para formar su propia policía, “se quejan de que les estorbamos y nos detienen como si fuéramos delincuentes, secuestradores, pero no es cierto, estamos para defender a los pueblos y si hacemos algunas actividades sólo es para detener a los que están maleados, y al detener a los policías comunitarios se ve que el gobierno está del lado de los malos”, dijo.
–Usted contribuyó a resolver el problema de la inseguridad en su pueblo, pero por el otro se creó problemas en su familia. Detuvieron a su hijo, la dejó su esposo, la acusaron de homicidio y la detuvieron por esa causa, ¿está arrepentida?- se le preguntó.
–No, no estoy arrepentida. Yo formo parte del Comité de la Carta de los Derechos de la Mujer. Yo siempre he estado en contra de los hombres. He visto muchos casos de mujeres golpeadas, discriminadas, golpeadas y no pueden hablar porque no hay gobierno que las defienda, porque se cree que la mujer nació para atender a su marido.
“Yo he participado en reuniones y conozco los derechos para defender a la muer, estoy consciente, por eso no me arrepiento de lo que estoy haciendo porque sé que estoy haciendo algo bueno para mi comunidad y para las demás mujeres, que necesitan despertar para saber que no pueden estar humilladas ante el hombre”, expuso.
–Pronto va a resolverse la situación legal de su hijo Samuel, en caso de que salga libre y decide seguir siendo policía comunitario, ¿usted lo respaldará?
–Sí, sí lo respaldo porque yo sé que él no está haciendo nada malo, está defendiendo al pueblo y no me arrepiento de que él esté dando su servicio, aunque el gobierno esté en contra de él y de la Policía Comunitaria.
“El gobierno saca a la luz lo que le conviene, y lo que no lo hecha debajo de su mesa, y eso creo que no se vale, pero mientras el pueblo esté organizado y haga lo que más le convenga estoy de acuerdo en participar”, agregó.
Beatriz Gálvez aceptó que después del encarcelamiento de Samuel se retiró un rato por falta de recursos, “yo soy madre de familia, tengo una familia que mantener y tengo que visitar a mi hijo y es un problema bien fuerte para mi. A parte de eso estoy mal de salud”.
Y es que dos años después de que cayó en la cárcel su hijo, su esposo Raúl Ramírez Onofre la abandonó, al acusarla de ser la responsable de que lo hayan detenido porque ella era coordinadora de la CRAC cuando se lo llevaron.
Después de que su esposo la abandonó en 2015 los familiares de Raúl la acusaron del homicidio de éste, sin que se haya encontrado el cuerpo. Sin embargo estuvo encarcelada 17 días, “pero yo sé, tengo testigos que el señor se fue, me abandonó pero para culparme a mi sus familiares planearon que estaba muerto para encarcelarme, pero mientras yo no tenga culpa no me da pena, no me deprime porque sé que no soy culpable de lo que se me acusa”.