El director de la Comisión de Infraestructura Carretera Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, dijo que entre los problemas que tiene la avenida Escénica son las empresas de servicios por cable que abren sin supervisión y las fugas constantes de agua que hay y que provocan baches.
En declaraciones telefónicas el funcionario estatal dijo que los próximos días sostendrán una reunión con la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) para abordar las fugas en la avenida Escénica porque ya se trabaja en una licitación para una obra y se pueda dar solución a las fallas que tiene.
Precisó que la mayoría de los accidentes se debe al exceso de velocidad de los conductores en donde para transitar por ella debe respetar los 50 kilómetros y muchos lo hacen arriba de la velocidad permitida. Indicó que posterior al huracán Otis, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se han estado haciendo trabajos de rehabilitación y limpieza.
Explicó que se acaba de terminar una inversión cercana a los 2 millones de pesos para la demolición de rocas, porque después del huracán es más susceptible que haya desprendimientos; también se hace limpieza de cunetas y alcantarillas. Indicó que el actual gobierno viendo los problemas que se tienen en la Escénica ha gestionado recursos extraordinarios para esa avenida y en unos 15 días se lanzará la convocatoria para iniciar con la rehabilitación de esta vía importante, por lo que se invertirá una buena cantidad de la Base Naval a La Cima.
Al funcionario se le preguntó cuál es el diagnóstico real que tienen de esa avenida y que se encuentra en condiciones malas a lo que respondió: “Tenemos una problemática con las cableras, es un problema muy grande porque nosotros no estamos dando el permiso, pero ellos abren. Estamos en coordinación con Tránsito estatal para no permitir que ninguna cablera abra la carretera, por ese lado, porque los permisos los da el Ayuntamiento”.
Dijo que ellos han hablado con las empresas que introducen cables rompiendo el pavimento para que no lo hagan y si lo hacen que esté una persona de Cicaeg, un superintendente o residente para que les indique cómo se debe trabajar, porque de lo contrario hacen cosas que no están bien. Otro problema son las fugas de agua que tienen años sin que se les dé atención por parte de parte de CAPAMA.
Agregó que ha habido mucha ruptura de tubos y eso ocasiona los baches en la Escénica y “no es que tengamos mala calidad, el problema es que, si se rompe un tubo, agua brota, hace le bache y tenemos que repararlo”. Agregó que la avenida es responsabilidad del gobierno del estado y como tal han lanzado campañas para que los ciudadanos tengan precaución en dicha avenida, que no pasen los límites de velocidad que son los 50 kilómetros por hora y “si todos respetaran el señalamiento yo creo que los accidentes serían mínimos, pero no respetan esto y por lo tanto sí han ocurrido accidentes”.
Sobre que apenas en la administración pasada se hizo un reencarpetamiento por lo que se le preguntó si no sirvió, dijo que lo que se hará es cortar cinco centímetros y lo que “hicieron es reencarpetar carpeta sobre carpeta y los registros quedan abajo, la carpeta quedó bien, pero ha habido muchas fugas de agua y ahorita estamos en reuniones con Capaseg y próximamente lo haremos con la presidenta para que tomemos medidas y eso ya no siga sucediendo, porque los baches van a seguir sucediendo mientras no se repare esa tubería”.
El funcionario hizo un llamado respetuoso a los automovilistas y motociclistas para no exceder los límites de velocidad, respetar los señalamientos de tránsito y los que viajan en moto usen el equipo de seguridad.
El integrante de la Comisión Política del Frente Popular de la Montaña (FPM) Juan Sánchez informa el ofre-cimiento de una mesa de diálogo para los primeros días de abril con diputados Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de cuatro organizaciones sociales, exigieron al gobierno del estado y al Congreso local una investigación a fondo, justicia y castigo a todos los responsables e implicados en el asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.
Los dirigentes de las agrupaciones Frente Popular de la Montaña (FPM), Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETREG), academicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Directorio del Poder Popular, se manifestaron este jueves afuera del Congreso local.
Plantón por reconicimiento de Cerón
En tanto, los integrantes del FPM ampliaron ayer su plantón que instalaron el miércoles afuera del Congreso, donde piden una reunión con los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para pedirles que se cumpla un acuerdo legislativo en el que se reconozca al dirigente social asesinado Arnulfo Cerón Soriano como defensor de derechos humanos.
También exigen que el Congreso local que requiera información al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del por qué se dejó en libertad al presunto autor intelectual del homicidio de Cerón Soriano, el ahora aspirante a la alcaldía de Tlapa por Morena, Marco Antonio García Morales.
Ayer, además del campamento que instalaron el miércoles en la entrada a la explanada del Congreso local, instalaron otro en la entrada al estacionamiento y por la noche amenazaron que si no recibían respuesta a su petición de reunirse con los representantes de la Jucopo, a partir de este viernes impedirían el acceso al personal.
A las 10 y media de la mañana llegaron a solidarizarse representantes de la CETEG, academicos de la UPN y de la agrupación del Directorio del Poder Popular.
Las cuatro organizaciones exigieron en un mitin justicia en el caso del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan, que se realice una investigación a fondo, castigo a todos los responsables del asesinato, así como a los ex funcionarios implicados en las irregularidades del caso, al pretender falsear la información de los hechos.
El representante de la CETEG, Rogelio Beltrán, dijo que además de que fueron a solidarizarse con el FPM y a exigir a los diputados integrantes de la Jucopo que los reciban en audiencia, también acudieron para emitir un pronunciamiento conjunto con las otras agrupaciones de exigencia para que las autoridades esclarezcan a fondo el asesinato del estudiante Yanqui Kothan.
El académico de la UPN de Chilpancingo, José Luis Ayala, expresó que los representantes de las cuatro organizaciones exigen justicia y castigo a todos los responsables del asesinato del estudiante Yanqui Kothan.
“Estamos pidiendo el total esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables pero también que se desarrollen políticas públicas que no permitan nunca más que vuelvan a pasar estos acontecimientos que lastiman a la sociedad en general”.
Juan Sánchez Gaspar, uno de los integrantes de la comisión política del FPM, dijo que siempre se han solidarizado con la Normal de Ayotzinapa desde la desaparición de los 43 estudiantes, “y vemos que las agresiones a esa Normal se van complicando más”.
Denunció que el estudiante Yanqui Kothan “fue asesinado de manera cobarde y nosotros condenamos enérgicamente el caso y exigimos que se haga justicia y se castigue a todos los asesinos”.
En la noche, el también integrante de la comisión política del FPM Telésforo Aguilar, informó que ampliaron el campamento que instalaron el miércoles en la entrada de la explanada del Congreso local y se colocaron también en la entrada del estacionamiento.
La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, rechazó las declaraciones estigmatizantes del alcalde de Taxco, el empresario Mario Figueroa Mundo, en contra de periodistas –a quienes calificó de “pseudoperiodistas”– y con las cuales responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia del “secuestro” de 12 trabajadores del área de limpia en su municipio.
La denuncia en contra del edil que pretende la reelección en el municipio, ahora arropado por Morena, se da en medio de la crisis de desapariciones ocurridos en los últimos meses en esta ciudad turística, en la que reporteros han sido privados de la libertad y golpeados, y a una semana de la desaparición de 12 personas de las que se desconoce su paradero.
El fin de semana fueron publicadas declaraciones que el edil postulado por Fuerza por México, Mario Figueroa concedió a medios nacionales en las que atribuyó el secuestro de 12 trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de residuos sólidos, así como el asesinato de una pareja de profesores a “pseudoperiodistas”, por presuntamente generar violencia en las redes sociales.
En las declaraciones del empresario, en las que además advirtió que no sería extraño que en los siguientes días pueda haber más homicidios como “resultado de hablar mal de los compañeros (trabajadores en las redes sociales)”, adjudicó todo lo que pasa en su municipio a los “pseudoperiodistas”, que, según él, “están generando violencias, desestabilidad (sic) y confusión social”.
En el comunicado difundido el domingo, la oficina para México y Centroamérica de la ONG, rechaza las declaraciones estigmatizantes realizadas por el alcalde taxqueño Figueroa Mundo, en contra de periodistas y comunicadores locales.
“El funcionario público, además de generalizar a la prensa como ‘pseudoperiodistas’, responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia por el secuestro de 12 trabajadores de limpieza en el municipio”, advierte la organización.
Detalla que en varias entrevistas para medios nacionales que concedió el edil, “realizó conjeturas en donde señaló que periodistas han generado desestabilidad en el municipio, con la finalidad de generar desconcierto en la sociedad”.
Advierte que este tipo de actos por parte de las autoridades, en particular del presidente municipal de Taxco, vulneran el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y tiene un efecto inhibitorio para la prensa.
Asimismo, Artículo 19 recuerda que las declaraciones del servidor público se dan en el contexto de que el mes pasado tres periodistas de Taxco y junto con familiares de ellos, fueron privados de la libertad durante una semana por presuntos criminales, además de la agresión a balazos en contra de otros cuatro en Chilpancingo.
La organización internacional exige al alcalde Mario Figueroa Mundo “abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas”, y puntualiza que las autoridades deben cuidar que sus declaraciones no estigmaticen la labor periodística dado a su rol público y el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía.
De acuerdo con la organización, Guerrero se mantiene como una de las entidades con más agresiones contra la prensa, pues tan sólo en el primer semestre del 2023 documentaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos, el homicidio de Nelson Matus que se mantiene impune.
“En este contexto de violencia continúa contra la prensa, y en un año con hechos particularmente violentos en el estado de Guerrero, es menester de las autoridades generar un ambiente que propicie la cobertura periodística, particularmente de hechos de seguridad que son de relevancia pública”, indica la ONG.
También indica que la Comisión Interamericana ha reiterado que en su responsabilidad del Estado se encuentra el “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Hasta la tarde de ayer el edil Mario Figueroa no había dado respuesta o postura ante este exhorto, por el contrario, mediante sus redes sociales compartió videos y fotografías celebrando su cumpleaños en la sede del Ayuntamiento donde algunos subordinados, amigos y simpatizantes le llevaron música de viento, y en el Palacio Municipal festejó partiendo pasteles, tomando chocolate y comiendo tamales con sus allegados.
Siguen desaparecidos los 12 trabajadores
A una semana de la privación de la libertad y desaparición de 12 funcionarios, empleados del gobierno taxqueño y familiares, todos trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de desechos, se desconoce su paradero.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE), no había actualizado información de los dispositivos de búsqueda para localizar a estas personas, y de acuerdo con el último comunicado, se informó que los operativos conjuntos con Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, se habían ampliado al municipio vecino de Tetipac, zona en la que también opera la célula del grupo delictivo La Familia Michoacana, a la que se le han atribuido diversos hechos delictivos.
Los trabajadores privados de la libertad y desaparecidos entre el 23 y el 26 de diciembre son: Marcela de Jesús Valladares Jacobo, de 37 años, Hannia Montserrat Salgado Salas, de 20 años, Wendy Alejandra Salas Gutiérrez y la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez, aunque de ésta última no se ha emitido boletín de búsqueda.
Asimismo, Fernando Antonio Alemán Gutiérrez, de 47 años, y su hijo, Fernando Antonio Alemán Montenegro, de 20 años; además, los hermanos Diego Geovanny, Alan Rubén y Brayan Alexis Sainz Morales, de 18 y 22 años. También el jefe de la Unidad de Transferencia de Residuos Sólidos, Tomás Heladio Bustos Hernández, de 68 años, José Carlos Hernández Ávila, de 43 años y Fermín Alberto Sainz Avilés, de 22 años.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.
Francisco Magaña / Brenda Escobar / Karina Contreras / Redacción
Atoyac / Zihuatanejo / Acapulco / Iguala
El mitin de directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado en el Zócalo de Atoyac Foto:?Francisco Magaña
Directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado realizaron un homenaje en el Zócalo de Atoyac para recordar el noveno aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y el asesinato de tres de ellos.
En el evento, donde también estuvieron el Frente Progresista Guerrerense y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se hicieron honores a la Bandera y se entonaron canciones alusivas al ataque contra los estudiantes, que calificaron como un trágico evento que estremeció al país.
Los manifestantes exigieron justicia en el caso y se sancionar a los responsables.
Lamentaron que esté por concluir la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hasta la fecha se haya encontrado a los estudiantes.
Por el contrario, señalaron que el gobierno ha hostigado y reprimido a los padres de los 43 y defendido al Ejército para que no se sepa la verdad.
Al término del evento los manifestantes se trasladaron al antimonumento en la localidad de la Y Griega sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo
En ese mismo lugar por la tarde las organizaciones Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Afadem y Raiz Zubia hicieron un encendido de 43 velas en honor a los normalistas desaparecidos.
Exigieron su presentación con vida y castigo a los responsables, que lamentaron, están siendo exonerados.
Organizan maestros activos y jubilados un mitin por los 43 desaparecidos en Zihuatanejo
En Zihuatanejo, maestros activos y jubilados de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como profesores egresados de la normal rural de Ayotzinapa, participaron en un mitin frente al antimonumento de los 43, ubicado en las inmediaciones de la Fuente del Sol, para recordar a los normalistas desaparecidos hace nueve años.
Este martes, poco después de la 1 de la tarde, bajo los intensos rayos del sol, los maestros iniciaron con el mitin que tuvo cinco oradores, quienes coincidieron en que la sociedad guerrerense no debe olvidar esta fecha histórica, en la que un grupo de estudiantes normalistas fueron víctimas “de la maldad, la opacidad, la injusticia y la sinrazón”.
Los maestros fueron convocados por el dirigente municipal de la CETEG en Zihuatanejo, Martín Maldonado Arcos, y unas 70 personas respondieron a esa convocatoria.
El maestro Miguel Ángel Adame Bello, ex director de la primaria Vicente Guerrero, sostuvo que “decir nos faltan 43, es solamente un número que se suma a tantos otros que han desaparecido y no tenemos noticias de ellos. Cuando decimos ‘ni perdón ni olvido’, corremos el riesgo de que estas acciones se normalicen y que esta desaparición de jóvenes se hagan parte de la cotidianidad, nada más falso que esa mentira”.
Luego, vino al micrófono la maestra Mildred Martell Jiménez, quien señaló que “hoy no es una fecha cualquiera, los días 26 y 27 de septiembre tienen que ser conmemorados como una verdad que tenemos que tener presentes los guerrerenses, para levantar la voz, porque si a estos 43 normalistas les arrebataron la vida por una injusticia, con aquella verdad diciendo que fue narcotráfico, no lo podemos seguir permitiendo”.
Indicó que los maestros deben continuar concientizando al pueblo de Guerrero, “sensibilizarnos por los problemas sociales que tiene nuestro estado y los normalistas no son la excepción. Hace ocho años que no hemos tenido una sola verdad de lo que sucedió y podemos decirlo con todas las palabras: ‘Fue el estado’”.
Maestros activos y jubilados pertenecientes a la CETEG en Zihuatanejo, llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 Foto: Brenda Escobar
“El estado no quiere y no permitió que la gente de Guerrero levante la voz, ante tantas injusticias que nos han cometido, que hoy somos merced de la impunidad y que hoy no estamos luchando por los derechos que estos normalistas querían: una educación digna, una educación que me permita tener libertad, que trascienda los muros de la escuela, que trascienda en una sociedad libre y justa y aquella persona que levanta la voz es tildada, y en Guerrero, es aniquilada”.
El profesor Raúl Román Román declamó una poesía en memoria de los normalistas desaparecidos y, luego, los ahí presentes entonaron el canto Venceremos, con el que se dio por concluido el mitin.
Exige el FPG al presidente López Obrador
dar solución a los padres de los 43 normalistas
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense (FPG), realizaron un acto para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 años de la desaparición de los normalistas, donde pidieron al gobierno federal dar respuesta a los padres de los estudiantes.
Al acto en el antimonumento de los 43 en la Vía Rápida se reunieron unas 50 personas, entre ellos el luchador social Eloy Guillén Cisneros, para exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes normalistas.
A nombre de los integrantes del Frente, el maestro de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Uriel Leal Ramírez dijo que no podían dejar pasar desapercibido la conmemoración de dichos acontecimientos.
“Como equipo repudiamos la violencia venga de donde venga y se ejecute contra quien se ejecute. Hace nueve años comenzaba a escribirse una tarde negra, un acontecimiento vergonzoso porque se comenzaba a escribir una historia aberrante donde 43 jóvenes, con muchas ilusiones, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban siendo ilegalmente detenidos, ilegalmente secuestrados y eso, obviamente, vino a marcar una antes y un después en la historia de nuestra entidad que desafortunadamente ha estado marcada por la sangre de muchos guerrerenses que han dado su vida por tener mejor condiciones de vida”.
Indicó que los hechos de los 43 fue un hecho aberrante, vergonzoso: “Exigimos al Estado mexicano dé una respuesta positiva a los padres”, y señaló que han circunstancias que han hecho que no haya una “credibilidad por partes de las familias de los estudiantes y haya duda. En un gobierno que se dice de Cuarta Transformación debe haber mucha transparencia, no importa caiga quien caiga, pero aquí no se puede seguir cubriendo o cuando menos, porque cuando menos esa es la percepción de la ciudadanía, de que por parte del gobierno hay una especie de encubrimiento a los militares”.
Leal Ramírez dijo que desde ese antimonumento a los 43 exigen al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “dé una respuesta transparente porque la sociedad lo exige y además se castigue a los autores intelectuales y materiales que están atrás de este acto”.
Indicó que seguirán acudiendo todos los años que sean necesarios hasta que se esclarezcan los hechos y haya justicia para los normalistas y sus familias, que haya esclarecimiento, castigo y no exista impunidad, “porque ese es un gran problema que tenemos en México”.
Agregó que cuando hay impunidad sencillamente no hay justicia y “eso no lo podemos seguir permitiendo”.
Suspenden actividades hoy el Ayuntamiento de Iguala y negocios locales para evitar conflictos
Ante la convocatorias para manifestarse por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el Ayuntamiento de Iguala suspendió labores para hoy miércoles, mientras que algunos negocios locales y centros comerciales bajaron sus cortinas, para no ser víctimas de actos vandálicos.
A la suspensión de actividades y de labores se sumaron desde el martes pasado, varias escuelas de nivel básico y medio superior de la ciudad, avalada por un comunicado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
De manera verbal, se les informó a los más de mil 600 trabajadores de presidencia, síndicos, regidores, secretarios, directores y jefes de área, sobre la suspensión de labores para evitar cualquier confrontación, ante las protestas que están programadas para hoy, reanudando el próximo jueves 28 de septiembre.
Algunos negocios locales del primer cuadro del centro de la ciudad, mercado y centros comerciales de esta ciudad bajaron sus cortinas este martes y abrirán hasta el jueves, para evitar saqueos y robos. También se reportó que la actividad comercial se redujo hasta en un 50 por ciento.
La sobreviviente de desaparición forzada ordenada por el gobernador Rubén Figueroa Figueroa y ejecutada por su jefe de la Policía Judicial, Arturo Acosta Chaparro, Alejandra Cárdenas Santana, consideró que es parte del derecho a conocer la verdad que ambos funcionarios de alto nivel son señalados como participantes de desapariciones forzadas en el anexo tres del informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).
La militante de izquierda y maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) saludó el informe porque quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos deben ser “exhibidos como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Los ex integrantes de la Comverdad, Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, presentaron el jueves en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco el anexo tres de su Informe final, Personas participantes en desapariciones forzadas, que fue editado por la organización internacional pro libertad de expresión Artículo 19.
El anexo del informe de la Comverdad señala que el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) “golpeó sin respiro” a la UAG y “se le hace responsable de más de un centenar de desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, maestros y estudiantes”.
De Arturo Acosta Chaparro, la investigación arroja que llegó a ser el director de todas las corporaciones policiacas del estado y en el gobierno de Figueroa Figueroa “mandó a construir 16 celdas bajo las instalaciones que están hoy a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Las habilitó como cárcel clandestina, a la que fueron llevados muchos detenidos que en ocasiones aparecieron muertos”.
Consultada vía telefónica, Alejandra Cárdenas Santana afirmó que esta parte del informe de la Comverdad “está abonando al esclarecimiento de hechos que son una herida abierta para el estado de Guerrero y es muy importante porque finalmente la gente tenemos derecho a saber la verdad y la gente joven también tiene derecho a conocer la verdad”.
Consideró que “no sólo se trata del castigo a los culpables, sino al derecho a la verdad y además de que la gente sea exhibida como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Alejandra Cárdenas Santana formó parte del grupo de apoyo del Partido de los Pobres fundado por Lucio Cabañas, “yo nunca he negado mi participación en este grupo, pero fui solamente, dijéramos, personal de apoyo y aun así tanto Antonio Hernández (su pareja sentimental) como yo fuimos detenidos en la Ciudad de México” en agosto de 1978.
Ambos fueron llevados a una cárcel clandestina de la capital del país y luego fueron trasladados a diversas cárceles clandestinas de Guerrero, “donde pude ver con vida a varios de los compañeros que el gobierno decía que estaban muertos, que los habían matado sus propios compañeros y, sin embargo yo los vi en las cárceles clandestinas”; Luis Armando Cabañas, Jaime López Sollano, hermano de Saúl López Sollano, el ahora delegado del gobierno estatal en la región Sierra, entre otras personas.
Señaló que Acosta Chaparro, el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, que también aparece en el informe, “y un tal capitán Aguirre fueron los directamente responsables de mi desaparición y tortura, entonces me parece muy bien que lo saquen a la luz, me parece excelente, sobre todo, porque se sienta un precedente de que la impunidad no va a ser un elemento que se le deba adjudicar al presente gobierno”.
Salió amnistiada en noviembre de 1978 por el apoyo de Rosario Ibarra de Piedra “y en gran medida porque Amnistía Internacional nos declaró a Antonio y a mí presos de conciencia”, lo cual casi no había ocurrido. Alejandra Cárdenas presentó su denuncia frente al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos.
Respecto a la inclusión del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en la lista de participantes de desapariciones forzadas, la profesora emérita de la UAG indicó que “uno de los grandes problemas, incluso de la inseguridad hoy en día, es la impunidad, entonces a mí me parece que este tipo de informes abonan al esclarecimiento, a que no permanezcan en la penumbra estos delincuentes porque son delincuentes”.
Resaltó que aparezcan funcionarios de este nivel porque el ex mandatario estatal “no solamente fue responsable por omisión, sino por participación directa, fíjate, no es lo mismo. Normalmente se acusa a los gobernadores o funcionarios de altísimo nivel por omisión, pero en este caso es participación directa”.
Señaló que Figueroa Figueroa “participa directamente, da las órdenes directamente y estaba orgulloso de eso” y agregó que una vez el mandatario estatal declaró que “los desaparecidos están muertos, ¿y cómo sabe él que están muertos? ¿Porque dio órdenes específicas sobre eso o a qué se debe que él sepa que están muertos?”.
“Declararlo como parte del engranaje de la tortura y de la desaparición forzada me parece un hecho de gran envergadura”, concluyó.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, opinó que los movimientos sociales y la represión en la etapa reciente incluidos en los nuevos libros de texto, se cuenta de forma “parcial” porque no se señala a los militares como responsables de ciertos hechos y en otros a los responsables intelectuales.
Desde su punto de vista, no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia en todos los casos y se diga quiénes son los perpetradores, así como que se les lleve ante la ley.
Pero reconoció que el hecho de que estos episodios de la represión estén en los nuevos libros, “es importante, porque las nuevas generaciones deben conocer la historia reciente de México, sus movimientos sociales y la represión que se dio para acallar su lucha”.
Agregó que también sería importante que, si se está incluyendo la guerra de baja intensidad en los años de 1970 con sus más de 500 desaparecidos, con la desaparición de los normalistas, la masacre de Aguas Blancas y la masacre de El Charco, se debe decir que en algunos casos fue el Ejército el responsable.
Mesino Mesino agregó que en las masacres de El Charco y la de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los más de 500 desaparecidos, principalmente en el municipio de Atoyac, después del movimiento del profesor Lucio Cabañas Barrientos, los perpetradores fueron miembros del Ejército.
En el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas recordó que quien orientó y armó la masacre fue, con todo el apoyo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Arturo Acosta Chaparro, un general retirado del Ejército, quien también estuvo involucrado en la represión de la década de 1970.
“Entonces, sí a la historia, pero también se debe decir quiénes fueron los perpetradores y deben incluirse en la historia de México. La historia hay que decirla real y completa”, exigió.
La dirigente de la OCSS declaró que, desde su punto de vista, se está contando una historia parcial porque todas esas masacres estuvieron dirigidas desde el Estado y no fueron aisladas y en el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas, fueron dirigidas por la policía y ordenadas por un ahora ex gobernador y un militar en retiro.
Añadió que desde la represión de los años de 1970 fue el Estado quien, para acallar, aplastar y desmovilizar la guerrilla de Lucio Cabañas utilizó al Ejército.
También se refirió a imprecisiones, pues dijo que en el texto del libro se cuenta que cuando fue la masacre de los campesinos de la OCSS en el vado de Aguas Blancas, iban a “participar en una concentración en la que pedirían la presentación con vida de unos de sus compañeros que estaban detenidos, e intentaban llegar al Palacio Municipal de Atoyac”.
Pero recordó que iban a pedir la presentación de su compañero desaparecido, Gilberto Romero Vázquez.
“Yo creo que para escribir la historia hay que ser precisos y conocer los hechos reales. El compañero Gilberto fue desaparecido el 24 de mayo de 1995 y la organización protestaba para su presentación, pero también por el cumplimiento de demandas de insumos y obras que estaban pendientes”.
Mesino declaró que la derecha en México “está enfurecida” porque se están incluyendo estos episodios de la historia en los libros, “pero este nuevo gobierno está omitiendo, a fin de cuentas, los nombres de los perpetradores que cometieron las masacres, las desapariciones y la represión”.
Dijo que se omite que en todas estas masacres el responsable fue el Estado, para acallar la protesta social.
Denunció que actualmente se está viviendo una situación ingobernable y se está llegando a un estado de excepción, “porque no tenemos gobierno, pues ¿a quién te diriges si los responsables de las desapariciones, robos, secuestros son los perpetradores del pasado? Por eso estamos viviendo una situación crítica”.
Para la dirigente de la OCSS no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia y se digan quiénes son los perpetradores y se les juzgue.
Añadió que actualmente, el gobierno está rebasado por la violencia debido a la impunidad en que quedaron los responsables de la violencia del pasado. “Por eso, ahora vivimos una situación caótica y peor, nunca un movimiento guerrillero secuestro, quemó, desapareció como lo están haciendo ahora los grupos delictivos con el apoyo del gobierno”, denunció.
Mesino Mesino reprochó que en este gobierno hay una agenda pendiente en materia de derechos humanos y de justicia, en casos como el asesinato del diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, y de los dirigentes sociales Ranferi Hernández Acevedo, su hermana Rocío Mesino y Luis Olivares, todos que quedaron en la impunidad.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey, en el conversatorio Violencia política en razón de género desde una perspectiva jurisdiccional, administrativa y sociedad civil en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán, afirmó ayer, durante el conversatorio organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en Chilpancingo, que el 70 por ciento de los casos registrados de violencia política en razón de género se dan a nivel municipal.
También aseguró que no se imponen sanciones adecuadas y por tanto no se combate la impunidad, para evitar que personas que violenten políticamente a las mujeres ostenten o aspiren a un cargo de elección popular.
L a presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, pidió al Congreso del Estado que armonice en la entidad la Ley General de Responsabilidad Administrativas, que sigue pendiente.
Ayer se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del TEE, el conversatorio Violencia Política en Razón de Género desde una Perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Sociedad Civil, en el que participaron la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Indalecia Pacheco León, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, y la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.
En Iliatenco, debió impedirse
volver a participar al agresor: Carla Humphrey
La magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaráz, fue quien planteó a las ponentes: “¿Qué impacto ha habido a tres años de haberse legislado la violencia política contra las mujeres en razón de género en la prevención, atención o erradicación; qué impactos tendrá la reforma constitucional al artículo 38 de la Constitución, denominada Tres de Tres?”, y “¿qué papel ha jugado la sociedad civil en el avance y legislación y tratamiento de la violencia política en razón de género y cuáles serían los retos de los órganos electorales de cara al próximo proceso electoral?”.
La consejera, Carla Humphrey afirmó que a tres años de la legislación se ha visibilizado la violencia política en razón de género, y ejemplificó que Guerrero tienen la primera elección anulada en el país. Ello, con el caso de Iliatenco y la violencia que se ejerció contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta Nicolás, en 2021.
Sostuvo que aún falta que a las personas que se acredite que cometieron violencia política en razón de género no participen en los procesos extraordinarios de elección, como ocurrió en Iliatenco, donde se repuso la elección y volvió a ganar el candidato que violentó.
Dijo que hay instrumentos jurídicos y herramientas que permiten visibilizar esta violencia con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en la materia, del cual, de 293 que hay en el país, Guerrero tiene dos casos, aunque resaltó que este tipo de violencia se comete más a nivel municipal con un 72.21 por ciento, 16.92 a nivel estatal y 10.88 a nivel nacional.
Sostuvo que en Veracruz es vergonzoso que hay un regidor que ha reincidido 11 veces por cometer violencia política en razón de género, lo que deja claro que las sanciones no son eficientes, porque se aplican multas económicas y amonestaciones públicas, y “no se imponen las sanciones de manera adecuada y, por tanto, estamos combatiendo la violencia política, pero no estamos combatiendo la impunidad, no estamos impidiendo que esas personas que violentan políticamente a las mujeres puedan ostentar o aspirar a un cargo de elección popular”.
Pese a leyes, persiste la violencia: Muriel Salinas
Muriel Salinas Díaz destacó que en Guerrero sigue pendiente que el Congreso del Estado armonice la reforma en materia de violencia política en razón de género, “este Congreso local se ha resistido mucho a avanzar en esa armonización legislativa… sólo ha avanzado en la reforma la Ley de Acceso, pero falta la armonización en todas los demás ordenamientos jurídicos tanto en materia electoral como administrativa, tenemos un déficit”.
Planteó en Guerrero que también hay una ley estatal que establece el principio de paridad de género para la elección de comisarías municipales, pero como son elecciones a cargo de los ayuntamientos, hay un desafío porque aún hay violencia política de género terrible, y planteó el caso de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, donde nueve mujeres se quejaron porque no les permitieron votar.
Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco
La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.
La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos
Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.
Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco
La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.
La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos
Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.
La Asociación guerrerense contra la violencia hacia las mujeres (Agcvim), reveló que localizaron restos de Karla Mariel, una de las primeras jóvenes reportadas como desaparecida en junio de 2018 en Chilpancingo, a través de la Alerta Alba, y que el presunto feminicida se encuentra en prisión cautelar.
Durante la presentación del libro Sobrevivientes y víctimas de feminicidio en Guerrero, la tarde-noche del martes en el Palacio de la cultura de Chilpancingo,
la académica universitaria Rosa María Gómez Saavedra, llamó a la acción, con esta publicación, comenzando con la exigencia de presentación de la niña María Fernanda, raptada por su papá el mismo día que con su pareja homosexual, asesinaron a Sendy, la mamá de María Fernanda, en Chichihualco, y desde hace tres años se desconoce su paradero. Es otro de los nueve casos documentados en el libro.
La presentadora y docente del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, reconoció el compromiso, la ética y la dedicación en la atención de las víctimas de la directora de la organización civil, Marina Reyna Aguilar, quien ha dado seguimiento a estos nueve casos de manera directa.
Destacó que la Iniciativa de Spotlight de ONU Mujeres para la eliminar todas las formas de violencia de mujeres y niñas, tenga un programa de fortalecimiento a las organizaciones como la Agcvim, que realizó, entre otras acciones dos libros, Nuestra Historia en Movimiento, sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Guerrero, y la memorias del feminicidios y víctimas indirectas de feminicidio.
Denunció que el eje transversal de los feminicidios documentados, es la violencia institucional que viven quienes acuden a las dependencias y no son atendidas, que trae como consecuencia la falta de justicia.
“Cómo van a dejar de sentir ese dolor los familiares si sienten que no son atendidos, por ello tenemos que generar nuevas formas de atención, de vigilar que funcionarios y funcionarias se apliquen en las políticas que les corresponden. Hoy debemos plantear una disculpa pública por los asesinatos que se han dado en el periodo de la alerta de violencia de género (2017)”.
Llamó a convertir este libro en una acción de transformación, para que la alerta de violencia feminicida, genere justicia, con presupuestos para las familias de las víctimas que fueron privadas de la vida.
En la presentación estuvieron tres víctimas indirectas, y una sobrevivientes de los testimonios. Norma Alcaráz Jiménez, dio voz a su hija, Danae, cuyo caso sólo fue registrado como homicidio, y como su mamá no estaba acreditada en el expediente víctima indirecta, hasta la intervención de Reyna Aguilar.
La enfermera Elsa García Jimenez, sobreviviente de feminicidio, huyó con su hijo cuando recuperó la conciencia después de que su agresor la dio por muerta.
Griselda Vazquez Ramirez dijo que su hermana Sendy nunca imaginó que moriría tan joven a manos de su ex esposo, Javier, con quien había vivido casi 20 años juntos y procrearon dos hijas. Se divorciaron cuando supo que era homosexual, y dividieron el terreno donde vivían, y se convirtieron en vecinos.
“Los vecinos dicen que esa noche escucharon ruidos y un golpe muy fuerte, como si alguien se hubiera caído; una vecina se asomó a la casa, pero vio todo oscuro y pensó que no había nadie. Javier y Roberto aprovecharon la oscuridad de la noche para torturarla, después de matarla hasta se dieron tiempo de borrar evidencias porque incluso lavaron el piso”. También se llevaron a María Fernanda.
Finalmente, María Carmen Rodríguez, habló de hermana de Karla Mariel, que describió como una mujer bonita, sociable, buena amiga, hermana y madre. Después del reporte de su desaparición, ya sospechaban del esposo le había hecho daño. “Como es posible que una persona que te dice amar, que eres el amor de su vida, es dificil pensar que te pueda quitar la vida, que así sucedió”.
Aclaró que este año supo que fue detenido en prision cautelar, despues del hallazgo de restos humanos de Karla Mariel, y un abogado les advirtió que puede ser liberados porque cuando pasa dos años, y no está sentenciado aún puede salir en libertad.
El diputado local y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.
Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179
También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.
La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH
Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.
Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género
También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.
