Etiqueta: Na savi

Bloquean indígenas de Rancho Ocoapa, Ayutla, y la UPOEG a una empresa que tala los bosques

Indígenas de la comunidad na savi de Rancho Ocoapa, municipio de Ayutla, bloquearon este martes los trabajos de una empresa maderera que hace tres semanas comenzó a talar el bosque del núcleo agrario de La Concordia y abrió una carretera en tierras de Rancho Ocoapa sin su permiso, derribando árboles de encino y ocote y ocasionando daños al medio ambiente.
Apoyados por policías ciudadanos armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), más de 50 indígenas de la localidad inmovilizaron tres máquinas trascabo y dos camiones de volteo que abrían una carretera en sus tierras. También retuvieron dos camiones troceros que regresaban para llevarse madera de la zona.
El comisario municipal de Rancho Ocoapa, Sergio Sixto Nereido denunció que la empresa maderera firmó un convenio con el núcleo agrario de La Concordia y con Coapinola, pero dijo que ignoraron a su pueblo en cuyas tierras comenzaron a provocar daños con la apertura de la carretera para que pasen los camiones cargados de madera.

Las demás comunidades de la zona están en territorio de la CRAC; vecinos dicen temer una confrontación

Rancho Ocoapa, se encuentra a poco más de una hora al oriente de Ayutla, la cabecera municipal, y es la única comunidad en la zona que cuenta con policía ciudadana de la UPOEG, el resto de las localidades es territorio de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, por lo que los habitantes temen que el conflicto provoque otra confrontación entre las dos agrupaciones.
Desde las 12 del día de este martes, unos 100 indígenas, la mitad de ellos policías ciudadanos armados de la UPOEG, bloquearon el acceso a la zona en donde la empresa maderera propiedad de Gabriel Bautista, quien tiene su aserradero cerca de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, está talando los árboles.
El bloqueo se instaló en el crucero que se encuentra entre las comunidades de Mezoncillo y Tres Cruces, para impedir que sigan saliendo camiones cargados de madera, pero también para prohibir que los trabajadores de la empresa sigan abriendo el camino en tierras que les pertenece.
Los casi 100 indígenas llegaron a la zona ayer al mediodía e inmovilizaron tres retroexcavadoras y dos camiones de volteo que se utilizaban para abrir el camino por donde van tumbando árboles de encino y ocote, mientras que la tierra y piedras que remueven y ruedan, provocan daños a la maleza.
“Aquí el problema son los límites que no respetaron. Están trabajando en terrenos que no les corresponde. Estas tierras son de Rancho Ocoapa y nosotros estamos en nuestro derecho de defenderlo como sea, como sea”, advirtió el comisario Sixto Nereido, con la ayuda de un traductor.
Denunció que la empresa maderera que está abriendo la carretera y ocasionando daños al medio ambiente no pidió permiso a la comunidad, “a mí no me tomaron en cuenta, ni tuve conocimiento de nada”, dijo.
Después de caminar los casi 3 kilómetros donde la empresa abrió una nueva carretera y en otras partes amplió la que ya estaba, el comisario dijo que los habitantes de su comunidad solamente están defendiendo el bosque, porque quienes entraron sin su consentimiento “están derribando árboles, dañando la tierra y el medio ambiente y eso ocasiona que se acabe el agua, se vayan los animales silvestres, y provoca graves daños al medio ambiente”, insistió.
El comisario, dijo que el bosque “es la vida” parta los habitantes, no solamente de la zona, sino para los de las comunidades y pueblos de más abajo. “Nosotros estamos defendiendo el futuro de la niñez, estamos defendiendo los bosques, el agua, el medio ambiente”.
Cuando los indígenas recorrían sus tierras en donde se abre la carretera, llegaron las autoridades agrarias de La Concordia, que es la comunidad que tiene el permiso para la explotación de la madera, a quienes les impidieron el paso y les reclamaron que hayan dado permiso a la empresa maderera de abrir el camino en tierras que no son suyas.
Uno de los representantes de La Concordia, que no fue identificado, dijo que el permiso también lo autorizó el comisariado del ejido de Coapinola, Camerino Castro García, pero el comisario de Rancho Ocoapa insistió en que a él no lo tomaron en cuenta, y que por ello los habitantes de su pueblo decidieron impedir el paso de los camiones con madera en sus tierras.
Los campesinos de Rancho Ocoapa denunciaron que el convenio solamente lo conocen y fue autorizado los comisariados de La Concordia y Coapinola, pero no el resto de los ejidatarios.
“Están enterados todos los ciudadanos”, aseguró el representante de La Concordia, quien al ver que le impedían el paso, a bordo de una camioneta Nissan doble cabina se regresó junto con dos de sus acompañantes, y dijo que volvería con el comisariado de Coapinola para que se aclararan las cosas, lo que después de las 2 de la tarde aún no ocurría. La discusión inició a las 11 y media de la mañana, aproximadamente.
Los indígenas de Rancho Ocoapa explicaron que sus vecinos de La Concordia pretenden sacar la madera por tierras de Rancho Ocoapa para que los camiones troceros no pasen por las comunidades de La Concordia y Coapinola, porque temen que los habitantes de estos pueblos se enteren del saqueo de la madera de su ejido, porque insistieron que el convenio sólo lo conocen los comisariados.
El comisario municipal aseguró que los comisariados de los dos núcleos agrarios que autorizaron el convenio no cuentan con los requisitos que establece la normatividad y que, a pesar de ello, el empresario ya comenzó a extraer la madera.
Ayer, durante el bloqueo de los trabajos de la empresa maderera, los indígenas de Rancho Ocoapa contaron con el respaldo de una comisión de habitantes de La Fátima.
“Aquí todos estamos unidos para defender el bosque” dijo, y demandó a los comisariados de La Concordia y Coapinola que diriman las diferencia mediante el diálogo y no con la violencia, y los responsabilizó del conflicto porque no lo tomaron en cuenta.
Ante la posibilidad de que los indígenas de las comunidades de La Concordia y Coapinola acudan a retirar el bloqueo, el comisario Sixto Nereido los convocó a que resuelvan el diferendo mediante el diálogo, “de manera pacífica, no con violencia”.
Después de que los indígenas inmovilizaron la maquinaria de la empresa maderera, se instalaron en plantón en el acceso hacia la zona donde desde hace tres semanas se comenzaron a talar los árboles de ocote y encino.
Los indígenas colocaron lonas para protegerse del sol y la lluvia, y advirtieron que van a permanecer allí el tiempo que sea necesario para proteger sus tierras.
Unos 40 o 50 policías ciudadanos armados de la UPOEG que resguardan el plantón, pertenecen a las comunidades de Rancho Ocoapa y La Fátima.
A pesar de las diferencias que existen entre la dirigencia de la UPOEG y las autoridades comunitarias de la CRAC en otras zonas, en estas comunidades hay coordinación entre la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria, aseguró el comisario de Rancho Ocoapa.
Sin embargo, los vecinos advirtieron del riesgo de que la policía de la CRAC intervenga para apoyar a las comunidades de La Concordia y Coapinola en este diferendo por la explotación de la madera.
Incluso, durante la discusión entre las autoridades agrarias de La Concordia y los de Rancho Ocoapa, el mediodía de ayer, los primeros reprocharon que estuviera la policía ciudadana en una zona que es territorio de la CRAC, pero los habitantes de Rancho Ocoapa le aclararon que en esa comunidad está la Policía Ciudadana de la UPOEG.

Falta una parte de la tercera entrega de granos a damnificados de la Montaña

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron buscar reuniones con autoridades estatales y federales para que les entreguen los granos básicos faltantes, maíz, frijol y arroz, de la tercera remesa en 63 comunidades, por lo que además generarán acciones para que se los entreguen.
Asimismo, señalaron que está pendiente la cuarta entrega a la que se comprometió el gobernador priista Héctor Astudillo Flores, pero no tiene fecha de inicio, y que quedan pendientes la quinta y la sexta entregas que pedirán al gobierno federal.
Luego de la revisión de los asuntos de la reunión, los nahuas, me’phaa y na savi participantes dijeron que buscarán los acercamientos, por lo que acordaron que una comisión de 11 representantes acuda a la Ciudad de México a una reunión con el senador Armando Ríos Piter, este 27 de abril, para que medie en la entrega de los granos para las familias de los 13 municipios que integran el Consejo.
Buscarán que los atienda el secretario de Desarrollo Social, Gustavo Miranda, con quien tuvieron acuerdos cuando era subsecretario de Gobernación federal, ya que el actual, René Juárez, los ha ignorado, para que les resuelvan la quinta y la sexta entrega de los granos básicos.
Asimismo, acordaron que en la semana buscarán platicar con el gobernador para que les diga cuándo iniciará la cuarta entrega a la que se comprometió su gobierno.
Dijeron que esperarán una respuesta de las autoridades antes del 6 de mayo, o de lo contrario iniciarán movilizaciones para exigir el derecho a la alimentación y que se ve vulnerado porque sus tierras quedaron dañadas luego de la tormenta Manuel de septiembre de 2013, y no pueden producir.
En la reunión estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y representantes de los municipios de Malinaltepc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Atlixtac, Zapotiltán Tablas y Tlacoapa, entre otros.
La reunión inició a las 10 de la mañana y terminó alrededor de las 2 de la tarde.

Promesas sin cumplir, burlas y engaños provocaron la retención del alcalde de Tlacoachistlahuaca

Zacarías Cervantes

Juquila Yucucani, Tlacoachistlahuaca

(Segunda de tres partes)

Promesas incumplidas, engaños y burlas del presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio, del Partido del Trabajo, fueron la causa de que indígenas na savi de Juquila Yucucani, la mayoría mujeres, lo retuvieran el 27 de marzo en la comisaría municipal, y lo liberaron cuando firmó un acta en la que se compromete a entregar un millón y medio de pesos “para beneficio de la propia comunidad”. El texto fue escrito a mano y firmado por el alcalde.
En una entrevista este miércoles 5 de abril, ante la presencia de Principales (ex comisarios, que son autoridades tradicionales) del pueblo en la comisaría de la localidad, el comisario Juan Perfecto Aguilar y el líder Benito Zeferino Sánchez aclararon que el dinero lo utilizarían para construir un albergue comunitario, que también les servirá como comisaría municipal, obra que el alcalde se comprometió hacer en 2016 pero incumplió.
La versión de los representantes del pueblo se dio en medio de la polémica que provocaron las declaraciones de Carmona Villavicencio, en el sentido de que los habitantes de este pueblo lo retuvieron en la cárcel de la comisaría y lo liberaron cuando firmó un acta en la que se compromete a pagarles un millón y medio de pesos, como indemnización por los plantíos de amapola destruidos por el Ejército en días recientes.
Con la ayuda del traductor Miguel Ortiz Ortega, el reportero platicó con el comisario Juan Perfecto Aguilar y el líder de Juquila Yucucani, Benito Zeferino Sánchez, quienes acompañados por los Principales del pueblo narraron el origen del conflicto con el alcalde Carmona Villavicencio, quien después de su detención ha emprendido una campaña en contra de este pueblo al que acusa de exigirle un millón y medio de pesos como indemnización por la amapola destruida por los militares.
Zeferino Sánchez explicó de entrada que a diferencia de los anteriores alcaldes, quienes apoyaron con obras o con dinero en efectivo a esta comunidad, Carmona Villavicencio los engañó desde que anduvo en campaña.

Juquila Yucucani, era una colonia de Santa Cruz Yucucani

Por diferencias partidistas Juquila Yucucani se separó de Santa Cruz Yucucani de la que era una colonia a principios del año 2005. Entonces nombró a un comisario propio y sus habitantes comenzaron su gestoría de manera independiente para tener su propia infraestructura social.
Santa Cruz se encuentra en la parte alta de una loma y las casas de Juquila están asentadas en la parte baja, ambos caseríos están separados por una carretera de terracería que cruza a la mitad y por la que se puede llegar en dos horas en vehículo a Putla de Villa Guerrero, Oaxaca.
En el año de la independencia de Juquila de Santa Cruz, el presidente municipal panista Eloy Salmerón Díaz (quien gobernó el periodo 2005-2008) construyó en Juquila Yucucani las dos primeras aulas de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla. También les donó una camioneta de 3 toneladas y les construyó la cancha de básquetbol.
El siguiente alcalde, el priista Oswaldo Salmerón Guerrero (2009-2012) construyó el techado de la cancha, introdujo la red de agua potable y pavimentó 100 metros de la calle principal.
El también priista Amando Ramos Brito, quien sustituyó a Oswaldo Salmerón y que gobernó el 2012 al 2015, construyó las otras dos aulas de la escuela primaria y dio a la comunidad 50 mil pesos en efectivo para un terreno que ahora les sirve para usos múltiples.
Zeferino Sánchez contó que en cambio, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio, electo para el periodo 2015-2018, es el único que en año y medio que lleva como alcalde no les ha hecho ninguna obra, y que por el contrario los ha engañado y se ha burlado de ellos.
Dijo que los habitantes de Juquila Yucucani no le pidieron nada, y que fue el propio edil quien cuando andaba en campaña les prometió en una primera visita la construcción de la comisaría municipal, la iglesia y un comedor comunitario.
En una segunda visita se reunió con las mujeres de la localidad y se comprometió a comprarles un terreno para construir un centro de salud, les dijo que les donaría una ambulancia para el traslado de los enfermos a Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, o a Ometepec.
Incluso les anunció que “habrá tanta obra” que la gente de la comunidad que se fue de jornalera a los estados del norte del país, “va a regresar porque yo les daré empleos aquí en las obras”, mencionó Zeferino Sánchez.
Desde entonces a algunos habitantes del pueblo les pareció que las del alcalde eran mentiras y que se estaba burlando de ellos, pero le dieron el beneficio de la duda, sobre todo cuando en su discurso de toma de posesión en septiembre del 2015, Juan Javier Carmona dijo que iba a gobernar sin distinción de personas.
“A todos les voy a servir parejo”, dijo entonces el alcalde según los recuerdos del comisario Juan Perfecto quien estuvo en la ceremonia, cuando además, el recién ungido anunció especialmente al contingente que fue de Juquila que a partir del 15 de octubre de 2015 les enviaría a dos maestros pagados por el Ayuntamiento, como lo hizo el anterior alcalde.

Rompen “relaciones de amistad” con el presidente municipal

El 15 de marzo de 2016 acudió a la Presidencia Municipal una comisión para recordarle al alcalde sus compromisos con Juquila Yucucani, pero entonces el presidente municipal Carmona Villavicencio les respondió que él no podía construir la comisaría, porque los gobiernos federal y estatal no le autorizan recursos para ese tipo de obras.

Para los indígenas el albergue en el que planean que también tenga un espacio grande para su comisaría es la obra prioritaria de su pueblo, porque la actual, construida de bloc por ellos mismos, es insuficiente.
Por la respuesta negativa del alcalde desde ese 15 de marzo, los indígenas se desmoralizaron y rompieron “relaciones de amistad” con Carmona Villavicencio.
“Levantamos un acta que remitimos al gobernador Héctor Astudillo Flores para enterarlo de que el presidente municipal nos dijo que no construiría la comisaría”, contó Benito Zeferino.
El comisario Juan Perfecto Aguilar informó que ha acudido cuatro veces al Palacio de Gobierno en Chilpancingo para gestionar la construcción de la comisaría.
También mostró un oficio de fecha 14 de febrero de 2017 enviado al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez a quien le piden su intervención ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que el gobierno del estado les construya el albergue comunitario de 30 por 15 metros dentro del cual se incluya la comisaría, “porque el presidente municipal no quiere hacernos obras para nuestra comunidad”, dice el escrito.
Como reacción de sus gestiones ante el gobierno estatal y ante la dirigencia estatal del PRI, el presidente municipal visitó Juquila Yucucani el 14 de marzo pasado y pidió platicar con los habitantes para planear las obras comprometidas, pero como los habitantes ya habían acordado suspender relaciones con él, el comisario le pidió que regresara después porque primero iba a consultarlo con la gente.
Convinieron entonces que Carmona Villavicencio regresara el 26 de marzo. Ese día la mayoría de los vecinos se reunieron en la comisaría para esperar al presidente municipal. Había un ambiente festivo, pero Carmona Villavicencio no llegó.
En su lugar el alcalde mandó a dos ingenieros del Ayuntamiento, quienes sin consultar a los habitantes ni al comisario se dispusieron a medir la actual comisaría municipal, y cuando el comisario Juan Perfecto les preguntó qué hacían, los empleados le contestaron que sacaban las medidas para “armar el proyecto” de la nueva comisaría y que la obra comenzaría el próximo año, “cuando salga el nuevo presupuesto”.
Una mujer se acercó a los ingenieros y les dijo: “no quedamos así, quedamos que el presidente iba a venir hoy, pero vienen ustedes y no quedamos en ese acuerdo”.
El comisario contó que ese día había reunidas como 70 mujeres, aparte los hombres, juntos pasaban de 100. Las más enojadas eran las mujeres y fueron las que sometieron a los dos ingenieros y a otra persona que los acompañaba y los metieron a la cárcel que se encuentra en una esquina de la comisaría.
Contó que a uno de los retenidos le permitieron salir para que fuera a la caseta telefónica que está en Santa Cruz Yucucani y llamara al presidente municipal, para que le dijera que necesitaban verlo a él para que les informara qué obra va a iniciar.
Cuando regresó el empleado les dijo que le contestó una hermana del presidente, y más tarde lo volvieron a mandar a hablar y al regresar esta vez les informó que le contestó un sobrino del presidente y que iría a darles una explicación.
Pero entonces la irritación de los pobladores aumentó, sobre todo entre las mujeres quienes, según Benito Zeferino, tomaron como una burla la información del ingeniero.
A las 2 de la tarde del mismo 26 de marzo llegó a Juquila un sobrino del presidente municipal, acompañado por el director de Seguridad Pública, Jesús Grandeño López, y el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Mejía Cristóbal, resguardados por 14 policías municipales.
Las mujeres ya estaban exaltadas y reclamaron a los funcionario por qué no fue el presidente municipal, “en la campaña bien que vino a gritar hasta con aparato (altavoz) para hacer su promoción, ¿y ahora por qué en vez de él manda a su secretario y a su director de seguridad?”.
La gente agarró al secretario del Ayuntamiento y lo metió a la cárcel y sacaron a los dos ingenieros y a su acompañante, “ustedes no van a pagar por culpa de otros”, les dijeron y los dejaron que se fueran.
En seguida le reclamaron al director de Seguridad Pública por qué bajó sólo y no llevó la patrulla, el jefe policiaco les explicó que la había dejado con el chofer arriba, en Santa Cruz Yucucani y las mujeres le ordenaron que fuera a traerla.
Un grupo de mujeres lo siguió, pero luego el director les dijo que la patrulla no se había quedado con el chofer y que él traía las llaves y las mujeres le reclamaron, “por qué andas contando mentiras, no somos tu calzón para que nos andes contando lo que tú quieras”, le reprocharon e intentaron someterlo, pero el funcionario intentó echarse a correr y sacó su pistola en medio de las mujeres.
Las mujeres quisieron quitarle el arma, pero el director de Seguridad Pública la entregó a uno de sus policías, al que se la quitaron después, mientras el jefe policiaco era llevado a la cárcel.
Durante la noche los policías municipales se quedaron en la comisaría de Santa Cruz Yucucani.
Al día siguiente, el 27, permitieron que los dos funcionarios salieran a almorzar a las 10 de la mañana y le pidieron al comisario que los dejara libres, para que fueran a informarle al presidente municipal que querían hablar con él, pero el comisario y los principales les dijeron que no, porque la gente del pueblo se iba a enojar con ellos.
En cambio, les fueron a comprar fichas de Internet a la comunidad vecina para que se comunicaran desde dentro de la cárcel. Ese día se presentó molesto el alcalde y fue detenido y encarcelado por los vecinos.

Toman en Ometepec la Jurisdicción Sanitaria; piden médicos y enfermeras

 

Desde hace dos años, dos centros de salud que atienden a ocho comunidades na savi de la parte alta de Tlacoachistlahuaca, no tienen médicos, enfermeras ni medicinas, porque no hay trabajadores de la salud que quieran ir a pueblos alejados de la cabecera municipal.
Ayer, desde las 8 de la mañana unos 100 habitantes tomaron las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 06, ubicada en Ometepec, para presionar a las autoridades a enviar a un médico, enfermeras y medicamentos al centro de salud que atiende a las comunidades de Jicayán de Tovar, El Limón Guadalupe y Barranca Estaca.
El comisario, Demetrio Velázquez Hernández, vía telefónica denunció que las solicitudes que han enviado a la Secretaría de Salud del estado (Ssa) han sido ignoradas.
Los habitantes na savi viven a dos horas de recorrido en carro desde la cabecera municipal; los médicos y enfermeras que han sido enviados al lugar no duran más de tres o cuatro meses y son cambiados, pero no repuestos por la Ssa.
Para los habitantes, viajar a Ometepec para recibir la atención de un médico particular es prácticamente imposible, sólo de transporte deben gastar al menos 220 pesos de ida y vuelta, más la consulta, que cuesta de 150 a 400 pesos.
En las comunidades, los campesinos viven de sus cosechas de maíz y frijol principalmente, y de la venta de los granos. La mayoría, si no es que todos los habitantes, que entre las tres comunidades suman 2 mil, viven en la pobreza.
El comisario dijo que el martes pasado, una mujer murió en Jicayán de Tovar, ante complicaciones de su embarazo y la falta de un médico que la atendiera en el centro de salud que desde hace un año no funciona.
Dijo que la última médica que tuvieron estuvo tres meses y la cambiaron, “piden sus cambios porque tienen palancas, el problema es que se deja descubierto y nos dejan abandonados”.
Indicó que antes de la protesta, el viernes todavía hablaron con el jefe de la Jurisdicción, Macario Navarrete Chávez, a quien le reiteraron su necesidad, pero no hubo respuesta.
El comisario contó que en las tres comunidades las enfermedades comunes, como la gripe o la diarrea, son atendidas de forma casera, pero que en algunos casos hay el peligro de que a los niños o a los adultos mayores se les compliquen las infecciones y mueran.
Velázquez Hernández indicó que el alcalde de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio había apoyado la petición de las comunidades ante el gobierno del estado, pero tampoco obtuvo buena respuesta. Por la tarde se informó que hoy serán enviados un médicos y una enfermera.

No se da servicio en dos de los 11 centros de salud del municipio, informa el alcalde

El alcalde Carmona Villavicencio dijo que, además del centro de salud de Jicayán de Tovar, en el de la comunidad de Santa Cruz Yucucani no tiene un médico y sólo está una enfermera desde hace dos años; este centro atiende también a las comunidades de Las Chanecas, Juquila Yucucani, Plan Mamey, San José Rancho Limón y El Trapiche.
En estas comunidades, hay al menos 2 mil habitantes, y están hasta a tres horas y media de recorrido en carro desde la cabecera municipal, aunque en temporada de lluvias el recorrido es de nueve horas, porque no hay una vía pavimentada.
El alcalde sostuvo que ha solicitado médicos a la Ssa, pero la propia dependencia no encuentra a médicos que quieran irse a la comunidad, y los que son enviados buscan la forma de ser cambiados a otros centros de atención en zonas urbanas.
En el municipio hay 11 centros de salud, y sólo estos dos tiene el problema.
El alcalde petista ofreció que el médico que esté dispuesto a ir a trabajar en esas comunidades recibirá una gratificación extra del municipio, porque hay una obligación de atender la salud de los vecinos de la zona alta de Tlacoachistlahuaca.

 

Llaman organizaciones de la Montaña a diputados y al gobernador a trabajar su iniciativa de ley

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec) anunciaron que se movilizarán este martes en Chilpancingo para exigir que los diputados retomen la iniciativa popular de Ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
Ante la cercanía del 15 de marzo, cuando fenece la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, las organizaciones llamaron a los diputados y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reciban a una comisión en una reunión de trabajo en la que expondrán el contenido de la ley, solicitud que les hicieron llegar mediante un oficio el 1 de marzo de 2017.
Asimismo, pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Los integrantes de las organizaciones, Ilaviel Cantú, Maribel Soto Jerónimo y Abel Bruno Arriaga dijeron que en los oficios enviados también se les informó a las autoridades que los pueblos acordaron movilizarse este martes 7 de marzo, para respaldar la iniciativa popular que reunió 6 mil 122 firmas de indígenas.
Agregaron que esperan la representación de 73 comunidades de 14 municipios de La Montaña en la manifestación, “aunque pueden ser muchos o pocos, porque cada comunidad se mueve con recursos propios, no hay grupos, no hay padrinos, sólo el objetivo de mejorar una ley que contemple ampliamente a los pueblos”.
Indicaron que la iniciativa popular es pionera en el estado y cumplió los requisitos que se necesitaban al ser verificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que hizo la muestra al azar del 10 por ciento de los firmantes, al visitar a 591 de ellos que ratificaron su firma y con ello se cumplieron los requisitos de iniciativa popular propuesta por el Consejo de Comunidades y el Frecodec en su resolución 001/SE/03/03-2017.
Abel Bruno explicó, de manera general, que la iniciativa busca que se reconozcan los diversos sistemas de justicia en los pueblos, “ya que la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) ya no es el único cuerpo de seguridad comunitaria que existe en el estado; pero también con candados que se sujeten a los principios comunitarios y se defina en asambleas, legitimados para evitar grupos armados al servicio de algo”.
Dijo que la ley 701 tiene 70 artículos, y que es la base de la iniciativa popular que propusieron, ahora con 115 artículos en los que consideran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “lo que se busca es que esté más amplia, no sólo que se ratifique la 701, y por eso hay apartados específicos como los derechos políticos electorales para su inclusión en las instituciones políticas”.
Agregó que se pide que los pueblos elijan a su presidente o diputados, y que haya curules especiales para pueblos indígenas me’phaa, na savi, nahua y ñomnda, ya que los diputados que llegan por la vía partidista no representan a los indígenas, traicionándolos.
Además, se pide la revocación de mandato si así lo solicita el 5 por ciento de la población, porque el actual sistema político encubre a los diputados y presidentes, y lo mejor es que el pueblo decida.
Piden que se institucionalice el programa de granos básicos, viviendas, y que haya escuelas de nivel superior en la región, porque cada año hay miles de jóvenes rechazados; que los servicios de salud sean gratuitos; se paguen los precios justos en los productos como el café, que bajó un peso, contrario al aumento de la canasta y los servicios básicos.
Comentó que se pide el derecho a la consulta para evitar que empresas mineras entren al territorio sin autorización de la comunidad, y de igual manera para las actividades militares y policiales, que deben acordar con los pueblos.
Pidieron que los diputados hagan su trabajo y aprueben la propuesta, pues en el IEPC los representantes de los partidos dijeron que la respaldaban y que estaba bien, por lo que invitaron a quienes quieran sumarse a la propuesta a que lo hagan y si tienen agregados también, pero que no pretendan obstaculizarla.
Lamentaron que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se presten al juego del gobierno al promover una consulta en donde no se invitó ni se pidió la opinión de las organizaciones ni pueblos indígenas.

Faltan más de 500 maestros bilingües en primaria y preescolar; los idóneos no hablan lenguas maternas

El director general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Silvio Joel Molina Ruiz dijo que en el sector hacen falta más de 500 maestros bilingües para preescolar y primaria en el estado.
De acuerdo con Molina Ruiz, la causa principal de la falta de maestros es que los idóneos que aprobaron la evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente no saben hablar las lenguas originarias, que son ñomndaa, na savi, me’phaa y náhuatl.
El 20 de febrero, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna, el supervisor de la zona de escuelas indígenas migrantes de Acapulco, Rogelio Solano Lorenzo dijo que, en los últimos años, la SEG envía a maestros que no saben hablar las lenguas originarias; además, los planteles no cuentan con instalaciones apropiadas ni servicios públicos.
Consultado al respecto, Molina Ruiz reconoció que las autoridades abandonaron las escuelas de educación indígena hace unos 10 años, pero desde que llegó a la SEG en mayo de 2015, durante la administración del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, y apoyado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), ha procurado mejorar la atención a los planteles.
Dijo que la educación indígena se imparte en escuelas de educación inicial, preescolar y primaria, con el objetivo principal de enseñar las lenguas originarias y preservar su cultura.
Señaló que, en las escuelas indígenas los maestros están obligados a enseñarles a los alumnos a hablar y escribir en alguna de las lenguas originarias, pero también tienen que aprender español, por eso es necesario que los docentes sean bilingües.
Sobre la falta de maestros en las escuelas, dijo que la SEG procura enviar a docentes bilingües, pero que el problema es que los idóneos no conocen las lenguas originarias, por lo que la dependencia entrega contratos de seis meses para cubrir los espacios necesarios, mientras llegan los adecuados; pero esta situación provoca la inconformidad de los padres de familia y manifestaciones.
Precisó que, en educación indígena hacen falta unos 300 maestros bilingües en preescolar y 250 en primaria, “tenemos muchas necesidades”, señaló.
Dijo que las escuelas indígenas cuentan con programas como Escuelas de Reforma, Escuelas al Cien y Escuelas de Tiempo Completo, que aportan recursos para la construcción de las instalaciones, “actualmente hay más apoyo, comparado con el de hace 10 años, nosotros contamos con el programa de Inclusión que dota de materiales (a los planteles), a lo mejor es mínimo y no se puede focalizar en alguna escuela, pero sí está el apoyo”.
Consideró que hay avance en las escuelas, y que la prioridad es que se enseñen las lenguas maternas, porque hay comunidades en el estado en las que ya no se hablan, por lo que se tienen que impartir como segunda lengua, ya que la materia de lengua indígena aparece en las boletas de los alumnos.
Dijo que “lo que nos toca hacer” es preservar las lenguas originarias.

En El Coyul, Cochoapa el Grande, niños indígenas no van al kínder ni a la primaria porque no hay maestros

Los pobladores de la comunidad na savi de El Coyul del municipio de Cochoapa el Grande se quejaron de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no les ha hecho caso en su petición de profesores para sus hijos de preescolar y primaria, quienes no van a clases.
Por lo anterior, el pasado jueves  8 de diciembre visitó la comunidad el coordinador auxiliar de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Región Montaña, Iván Nochebuena Bravo, para escuchar los planteamientos de los padres de familia, profesores, autoridades municipales y agrarias que tras esperar años decidieron presentar una queja ante este organismo por vulnerar el derecho a la educación de sus hijos.
Desde temprana hora los padres de familia y autoridades del centro preescolar bilingüe 30 de Abril se concentraron en las instalaciones para contar que desde hace tiempo sus hijos en edad de acudir al preescolar no lo pueden hacer porque no pueden ser atendidos ante la falta de profesores.
También, que desde hace años han enviado oficios a la SEG dirigidos a los secretarios de Educación en turno, a los directores de Educación Indígena y a los delegados regionales de los Servicios Educativos, a los supervisores y jefes de sector, sin respuesta.
La profesora Minerva de Dios Galeana mencionó que en preescolar están inscritos 113 niños, pero que son atendidos por dos profesores y uno tiene a la vez funciones de director, Estanislao Díaz, y sólo atienden los grados de tercero con 45  y segundo con 50; el resto serían de primer año.
Agregó que hay más niños para cursar el primer año, pero como los padres saben que no hay profesores mejor se los llevaron a trabajar a los campos o están en su casa.
Dijo que en la zona 032, con sede en Arroyo Prieto, hay una sobrepoblación escolar que contrasta con la escasez de profesores como en la comunidad de Río Encajonado donde una sola maestra atiende a 80 niños o dos profesores en Arroyo Prieto y si algún padre quiere llevarlos a estas comunidades tendrá que caminar más de tres horas porque no hay un servicio de transporte continuo.
Mencionó que han solicitado más maestros, pero la SEG sólo les dice que no cuenta con recursos y eso fue en la última reunión del 24 de noviembre en que se reunieron con el subsecretario Emiliano Díaz Román.
Los encargados de contar las experiencias de gestión para que lleguen más maestros al preescolar fueron los señores Eloy Alejo Hernández y Justo Comonfort de la Cruz quien tiene otra hija que no va porque “no hay maestros de primero” y le dijeron al de la Codehum que las peticiones vienen desde el 2013 y que ya están cansados de exigir maestros  sin que les hagan caso pues son muchos niños, y se requiere de unos tres para atender a los menores, además de que esa no es la única necesidad también está mejorar las aulas pues algunas son de madera.
La segunda visita por parte de la Codehum fue en la escuela primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano donde el padre y campesino Bernardino Andrés López de 35 años contó su preocupación de la falta de maestros porque sus hijos no tienen clases y muchos por eso no van.
Dijo que fueron muchas veces a Chilpancingo a ver a las autoridades y dejarles las peticiones desde el 2012 sin que les den respuesta. También habló de la gestión que han hecho para construir aulas de madera.
Explicó los inconvenientes de salir a gestionar porque cuando salen a Metlatónoc por el lado de Jicayán de Tovar y Valle Hermoso se encuentran con balaceras por los conflictos agrarios que tienen y que en temporada de lluvias salir de la comunidad es difícil porque los caminos se cierran por los deslaves.
Ángel Domínguez Galeana dijo que en esta comunidad se ha sufrido demasiado sin que el gobierno los tome en cuenta, no sólo en educación, sino en salud, en la alimentación  y que por eso hay muchas generaciones alrededor de los 30 años que no saben leer ni escribir o no aprendieron a hablar español por falta de educación.
Dijeron que por eso respaldan a los maestros porque son muchos niños y ellos pocos para atenderlos, aunque eso signifique que las autoridades se molesten con ellos; que así se los han hecho saber.
Mencionaron que por eso la queja está contra los integrantes de la SEG el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, el director de Educación Indígena, Silvio Joel Molina, y el delegado regional, Marciano Anastasio Cano, por no enviar profesores.
La directora de la primaria, Mirna Dircio Solano, contó que ahora son siete maestros porque les quitaron dos sin reponérselos, de un profesor saben que hizo un examen para cambiar de clave y lo aprobó, pero de otra profesora sólo la fue a traer el jefe de sector sin dar más explicaciones.
La falta de profesores no es lo único que le hace falta a esta comunidad y a los niños y niñas del poblado que van al preescolar y a la  primaria, también condiciones de seguridad para cruzar el río que atraviesa el  pueblo y comunica con el preescolar donde los cientos de niños cruzan todos los días con el riesgo de algún accidente.
A un lado están los cables de un puente colgante, ahora inservible.
El Coyul es una comunidad na savi enclavada entre la Costa Chica y La Montaña, su clima es caluroso durante el día y un sol brillante, por las noches y madrugada es frío que se acentúa durante el invierno.
Para llegar desde Tlapa son necesarias más de cinco horas en esta temporada, porque en lluvias los caminos se cierran y la entrada es por el municipio de Tlacoachistlahuaca o bien se usa la vía que atraviesa la comunidad de El Choqui  o por Arroyo Prieto.
Por ahora se usa la carretera pavimentada Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca, terminada apenas hace un año, pero inaugurada varias veces por presidentes de la República como Felipe Calderon, que ahora está en malas condiciones por los derrumbes que dejó la temporada de lluvias.
A los padres de la comunidad los acompaña en el procedimiento el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

 

 

Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH

 

El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.

 

Que la CNDH pida al estado que armonice la Ley 701 con las instituciones, demanda la CRAC

Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.

Critican las reformas estructurales en el desfile de la Independencia en Tototepec, Tlapa

En la comunidad na savi de Tototepec, del municipio de Tlapa, se llevó a cabo un desfile del Día de la Independencia crítico de las reformas estructurales del gobierno federal, que pidió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, la libertad de presos políticos y exigió la construcción de obras que necesita el pueblo.
El desfile de protesta fue encabezado por una escolta formada por autoridades municipales que portaban la bandera, el alcalde Abundio Campos, el presidente de bienes comunales y delegados de los anexos de este poblado.
Siguió el contingente de la Policía Comunitaria adscrita a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, padres de familia y alumnos de preescolar, primaria, secundaria, del Colegio de Bachilleres y de educación a distancia, que portaban diversas pancartas en que pedían que muriera el mal gobierno, mejores servicios, apoyos a la educación y que ésta sea gratuita.
Al frente llevaban una lona en la que manifestaban que las instituciones educativas de Tototepec se sentían defraudadas y que no aceptarían imposiciones, y preguntaban si creían en la bondades de la reforma.
Otra lona fue la que llevaban niñas de primaria, en la que se preguntaba, “Por qué nos asesinan, si somos el futuro de México”.
Los participantes en el desfile repetían la consigna de “Tototepec unido jamás sería vencido”, pedían la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la presentación con vida de los 43 estudiantes, entre otras demandas.
Tras recorrer las principales calles de la ciudad, el contingente se reunió en la cancha del poblado, donde dijeron que el desfile fue de lucha contra las autoridades federales, estatales y locales, porque arrebataban y pisoteaban los derechos plasmados en la Constitución, por lo que no era un desfile más de alegría sino de protesta, para exigir que las autoridades volteen a ver a Tototepec, que tiene muchas carencias.
Al cierre del desfile habló el representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Melitón Ortega, para invitar a los vecinos a seguirse organizando para defenderse de las acciones del gobierno federal, y los llamó que se sumen a las actividades simultáneas del próximo 25 de septiembre, en la víspera del segundo aniversario de la desaparición y agresión a los estudiantes de la Normal en Iguala.
Invitó también a participar en la acción global del 26 de septiembre en la Ciudad de México, donde marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo, con diversas instituciones de educación, organizaciones sociales y la población en general.
Dijo que los padres de los 43 normalistas ven como una burla e impunidad la designación de Tomás Zerón de Lucio como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), por lo que no reanudarán el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) si no se castiga al funcionario por ensuciar la investigación.