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Denuncia amenazas Chávez Adame ante la Codehum; comenzaron tras su ruptura con el gobernador, declara

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que su familia y él han recibido amenazas telefónicas, después de que se rompió el diálogo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre la filtración de la delincuencia organizada en su gabinete, y de que le exigiera la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
El 6 de diciembre, la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el gobernador en Casa Guerrero, después de que marcharon para solicitar una audiencia para plantear sus demandas.
Ese día, a Astudillo Flores le plantearon 10 puntos, entre ellos que atienda la seguridad en el municipio, la filtración de la delincuencia en el gabinete y la destitución del secretario de Educación, lo que molestó al gobernador, que abandonó la reunión.
Tras el rompimiento de diálogo, la Dirección Colectiva se reunió con el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, para exponerle la situación, minutos después de la 1 de la tarde en la oficina del ombudsman.
Durante la reunión, Chávez Adame expuso a Navarrete Magdaleno la inquietud de la Dirección sobre la reunión sostenida con el gobernador.
El dirigente resaltó que, en aquella reunión, Astudillo Flores se molestó cuando le pidieron la destitución del secretario de Educación y le plantearon la filtración de la delincuencia en su gabinete.
Después de esa reunión, Chávez Adame dijo que el gobernador, “ya lo agarró personal”, y de lo que les había pasado con de la Vega Otero le dijo que, “ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie, y si tú tienes pruebas de que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas”.
Después de esa reunión, Chávez Adame ha recibido amenazas telefónicas, así como su esposa y su hija, lo que le dijo le preocupa y le hace temer por su vida.
Después de la reunión, Chávez Adame fue consultado por reporteros, y detalló las amenazas que ha recibido. Aseguró que las llamadas no son algo nuevo, pero que ahora ya se dirigen a su familia, “después del 6 (de diciembre)… he visto esas personas (sospechosas que portan radios), por eso yo mandé la alerta a los compañeros, de lo que pudiera ocurrir; pero sí, nosotros creemos que son derivados de ese incidente”, expuso.
Narró que, en una ocasión, supuestos policías federales citaron a su esposa y a su hija cerca de la tienda Comercial Mexicana, diciéndoles que él estaba detenido, lo que resultó falso.
Añadió que las llamadas que recibe son cortas y le dicen frases como, “hijo de tu puta madre, vamos a ir contra ti, contra tu familia; si no le bajas, pues aquí vas a quedar”, además, su esposa recibe llamadas preguntándole por su hija.
Dijo que interpondrán una denuncia penal “contra José Luis González de la Vega Otero; en esa denuncia vamos a señalar, de lo que nos pueda pasar a nosotros, a… Astudillo, al secretario de Gobierno (Florencio Salazar Adame) y a De la Vega Otero, porque ya lo conocemos”.
Nicolás Chávez contó que la situación que prevalece en el estado tiene que ver con que no se ha podido parar la violencia, y que el gobernador también sabe qué grupos delincuenciales están operando en Chilpancingo.
Dijo que en el asesinato del dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, la delincuencia y estado son lo mismo, que se ponen de acuerdo para determinar quién les estorba.
“Yo creo que aquí hay algo interesante que se tiene que resolver, y que las instituciones, con las secretarías de Estado, están coludidas con la delincuencia organizada, eso lo hemos dicho porque algunos funcionarios del propio gabinete, siendo ellos los responsables para resolver los asuntos, te mandan a negociar con la delincuencia organizada”, ahondó el dirigente de la APPG.
Ejemplificó que esto sucede en Transportes, en Seguridad y en la Secretaría General de Gobierno; que uno de los involucrados es el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, que tiene mucho que ver con lo que sucede en estado, lo que también dijo en la reunión con el gobernador.
Sostuvo que, “si a nosotros nos pidieran un careo con el gobernador y los propios funcionarios, nosotros les diríamos que ellos mismos están avalando ese procedimiento inusual que se ha dado en estas administraciones”. Indicó que los gobiernos pasados y los actuales son aliados para mantener el poder, y que son capaces de matar con tal de seguir conservado el poder.

 

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.

Aumentaron 25.6% los homicidios este año respecto de 2015; suman 871 en cinco meses

En mayo en Guerrero ocurrieron 179 homicidios con características de los crímenes de la delincuencia organizada, casos que en los cinco meses que van del año suman 871 asesinatos, 178 más que en el 2015, lo que representa un aumento del 25.6 por ciento.
De acuerdo con un recuento de la información publicada en El Sur, en el mes pasado 81 ejecuciones ocurrieron en Acapulco, que tiene el 45.2 por ciento del total del estado, y 98 en otros 25 municipios de la entidad.
En los 31 días de mayo hubo 14 asesinatos más que en los 30 días de abril de este año en los que ocurrieron 165 asesinatos, lo que significa un aumento del 8. 4 por ciento.
De las 96 muertes que ocurrieron en los 25 municipios en mayo, sin contar Acapulco, 10 fueron mujeres. Las regiones en las que ocurrieron más asesinatos fueron la Norte, Centro y la Costa Grande.
Los municipios con mayor número de homicidios en este mes son Iguala con 22, Chilpancingo con 20, Zihuatanejo con 11, Heliodoro Castillo (Tlacotepec) con seis, Cocula con cuatro, Buenavista, La Unión, Tepecoacuilco y Zirándaro con tres, Atoyac, Ayutla de los Libres, Chilapa, Tlapa, San Luis Acatlán, Coyuca de Benítez y Taxco con dos, San Jerónimo, Tecpan, Teloloapan, Huitzuco, Cutzamala de Pinzón, Ahuehuepan, Ciudad Altamirano, Tixtla y Apaxtla de Castrejón tuvieron uno.
Las víctimas fueron ejecutadas a balazos, golpes, con navaja, machete, piedras, degolladas y un hombre fue desmembrado y depositado en bolsas negras. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
En el recuento se contaron 17 jóvenes de entre 20 y 30 años,  dos menores de edad, uno de 11 y otro de 14 años y las demás víctimas tenían entre 30 y 80 años.
Entre las víctimas hay una policía municipal, un músico, siete taxistas, la trabajadora de una fonda, un líder transportista y su esposa, un trabajador de la Coca-Cola, dos estudiantes, cuatro campesinos, el jefe de seguridad de un bar, dos albañiles, un líder transportista de la COSTEG, un ex agente ministerial, una comerciante de oro, un urbanero, una policía estatal y un hombre con su hijo.
Además un trabajador de Bodega Aurrera, un guardia de seguridad del Instituto Tecnológico de Zihuatanejo, dos choferes de Urvan, un trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE),  el dueño de un taller de reparación de celulares, un médico, un joyero, un comandante del Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), un comerciante y una empresaria.

La violencia en 25 municipios

El 3 de mayo una mujer policía municipal de Tecpan fue asesinada a balazos por su pareja adentro de su casa. El sospechoso es agente activo de la Policía Federal (PF) del sector caminos.
Un día después dos taxistas asesinados fueron encontrados en Ayutla y un feto en San Luis Acatlán. Uno de los choferes fue reportado desaparecido a la Policía Ciudadana de la UPOEG.
El 5 de  mayo dos jóvenes ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron encontrados en un camino de terracería de la comunidad de Tecuescontitlán, municipio de Tepecoacuilco.
La noche de ese día hombres armados ejecutaron a balazos al líder de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD) y ex dirigente de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte, Victórico Martínez López, en el estacionamiento de su casa en la calle Altamirano frente al mercado municipal en Iguala, también mataron a su esposa que lo esperaba en su automóvil.
Al siguiente día dos jóvenes  ejecutados a balazos, atados de las manos y con los ojos vendados fueron encontrados en el encauzamiento del río Huacapa, cerca del restaurante Señorial y del Congreso local en la capital. A un lado de los cuerpos había dos narcomensajes.
El 9 de mayo en la región Tierra Caliente tres hombres murieron en un enfrentamiento que ocurrió entre civiles armados y policías federales, en la comunidad  El Bajío y Cupuán, en la sierra de Zirándaro de Los Chávez.
Después de nueve días tres hombres ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados en la orilla de la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en El Mirador, en Zihuatanejo.
El 19 de mayo en hechos distintos fueron localizados los cuerpos de dos hombres ejecutados en Iguala, uno estaba desmembrado. Uno es un joven de 22 años que fue hallado ejecutado a balazos, con huellas de tortura y las manos atadas a la espalda en un camino de terracería de la colonia California, al sur de la ciudad.
En otro hecho ese día fue hallado un cuerpo desmembrado de un hombre adentro de dos bolsas negras, en un canal de riego de la colonia Juan Álvarez de Iguala.
El día 22 ocurrió un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y presuntos delincuentes que dejó dos muertos, entre ellos una policía del estado, cuando revisaba una Urvan del  servicio público de Chilapa  en la carretera en el crucero a Atliaca, en Tixtla.
Tres días después una mujer y un hombre fueron ejecutados a balazos en distintos hechos en Zihuatanejo. Un caso ocurrió cuando una guardia de seguridad del Instituto Tecnológico de Zihuatanejo fue sacada de su casa y ejecutada a balazos en la vía pública, en la colonia Las Pozas de ese municipio.
El 27 de mayo los cuerpos de tres jóvenes ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados cerca de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en una brecha que comunica con Agua Zarca, municipio de La Unión. A un lado de los cuerpos había una narcomanta.
La tarde del sábado dos campesinos y un niño de 11 años fueron fusilados en la carretera Chilpancingo-La Cieneguita, a la altura de la colonia Santo Domingo al norte de Chilpancingo.
Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos fueron emboscados y ejecutados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La mañana del lunes la conocida empresaria restaurantera y también dedicada a la venta de bienes raíces, María de Lourdes Maldonado de la Cruz fue ejecutada en la calle Gonzalo N. Ramírez de la colonia Tribuna Nacional de Chilpancingo, a unos 100 metros de la casa del gobernador Héctor Astudillo Flores.

81 homicidios en Acapulco

La violencia en mayo en Acapulco cerró con 81 homicidios: 24 asesinatos menos que el año pasado en el mismo mes y 20 menos que en abril donde se contabilizaron 101 víctimas, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Las zonas con el mayor número de homicidios fueron la colonia Ciudad Renacimiento con 11, la Primero de Mayo (parte alta de La Cima) con cuatro, y el fraccionamiento Las Playas con tres.
Con 81 muertos en mayo se dio un promedio de 2.7 homicidios dolosos al día. Entre las víctimas se contabilizaron 66 hombres y 8 mujeres,  de los cuales 54 fueron identificados por sus familiares.
Entre las víctimas están seis taxistas, siete comerciantes, dos choferes de camiones urbanos, cuatro trabajadores de tortillerías, cuatro meseros, dos mecánicos, un repartidor de pizzas, un trabajador del restaurante 100% Natural y un estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Además de un asesor inmobiliario, una empleada doméstica, un abogado, un policía auxiliar comisionado como escolta, un cargador de la central de abasto, un trabajador del IMSS, un chofer de camioneta de la ruta alimentadora de San Agustín, un albañil y un trabajador de lavandería.
Según el recuento de este diario, en enero se contabilizaron 70 homicidios, en febrero 73, en marzo 98 y en abril 101.
En mayo se registraron 81 homicidios, 24 menos que año pasado en el mismo mes en el que hubo 105.
Respecto a las edades de las víctimas, entre 14 a 24 años hubo 21 asesinados, de 25 a 34 hubo 14, de 35 a 44 fueron 15, de 45 a 54 años se contabilizaron dos homicidios. En el rango de edad de 55 a 64 años y de 65 a 74 hubo un muerto por cada uno.
En la colonia La Mira y en la unidad habitacional se contabilizaron dos asesinatos. El resto de los homicidios ocurrieron en las colonias La Mira, La Laja, Llano Largo, La Quebradora, La Garita, la céntrica Progreso y Loma Bonita.
Asimismo las colonias Emiliano Zapata, Alborada, Seis de Enero, Coloso, playa Icacos, Costa Azul, el fraccionamiento Hornos, José López Portillo y los poblados de El Quemado, Tres Palos, La Venta y San Isidro. También hubo uno en Sinfonía del Mar, en la zona turística del puerto.
En lo que va del año en Acapulco se han contabilizado 423 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada.

Ofrece la PGR 1.5 millones de pesos por el paradero de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista

La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de 1 millón 500 mil pesos por la localización del presidente y la coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, desaparecidos por sicarios protegidos por soldados del Ejército y policías ministeriales el 7 de diciembre de 2011, cerca del poblado de Rodesia, municipio de Tecpan, en la Costa Grande.
A cinco años de su desaparición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se ofrece una recompensa a quien proporcione información para la localización de los dos ecologistas.
También ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos a quien ayude a localizar a los responsables de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y los que resulten, cometidos en agravio de los ecologistas.
En el acuerdo A/037/16 se detalla que el 7 de marzo del 2013 la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC) de la PGR, se inició una investigación por esos delitos contra los activistas.
En la publicación se dan a conocer los números telefónicos a donde se podrán hacer las denuncias: (55) 53 46 15 44 y 53 46 00 00 extensión 4748 y al correo electrónico [email protected].
Con la misma fecha en el Diario Oficial de la Federación fueron aprobadas otras seis recompensas para desaparecidos de otros estados como Veracruz, Tamaulipas y la Ciudad de México.
Marcial Bautista y Eva Alarcón Ortiz fueron bajados del autobús en el que viajaban hacia la Ciudad de México el 7 de diciembre del 2011, por hombres armados que interceptaron el vehículo después de una revisión de soldados del Ejército.
Los ecologistas fueron sacados del autobús alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando iban por la carretera federal Zihuatanejo- Acapulco en la localidad de Rodesia, municipio de Tecpan.
Los testigos relataron que al vehículo se subieron hombres armados y encapuchados, quienes preguntaron por el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautista Valle.
Ambos viajaban a la ciudad de México a una reunión con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Durante su desaparición operaba el Grupo Coordinación Guerrero, el cual no dio información de la ubicación de los ecologistas.
Por el crimen fue detenido el comandante de la Policía Ministerial Cesáreo Espinoza Palma, El Ganso.
Desde la desaparición las hijas de ambos luchadores sociales, Coral Rojas y Victoria Bautista iniciaron una intensa búsqueda y demandaron a las autoridades estatales que agilizaran la investigación.
Más por el trabajo de las jóvenes que por la participación del gobierno, el 27 de diciembre del 2012 fue detenido el comandante de la Policía Ministerial adscrito a Tecpan de Galeana, Cesáreo Espinoza Palma, acusado de participar en la desaparición de los ecologistas.
Ese día la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado) informó en un comunicado de prensa que el jefe policiaco y uno de sus acompañantes, José Jhony López Galván fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que rindieran su declaración ministerial al respecto.
El Ganso fue señalado de estar en el retén que detuvo el autobús en el que viajaban la madrugada en que los delincuentes se llevaron a los dos ecologistas.
El 14 de diciembre del 2011 fueron detenidos 28 policías municipales de Tecpan de Galeana para que declararan en torno a los hechos, pero sólo 48 horas y luego fueron puestos en libertad.
Durante las investigaciones fue señalado el Ejército como participante en la desaparición de los ecologistas, y el 12 de diciembre de 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que aseguró que ninguno de sus elementos participó, a pesar de los testigos que relataron que antes de que subieran los sicarios al autobús, en un retén un militar subió y preguntó por Marcial Bautista.
En su declaración ministerial uno de los detenidos, José Jhonny López Galván, El Güero dijo que “los mataron de un balazo y luego los quemaron con gasolina y leña en una huerta de mango”, pero según un peritaje a los restos que señaló el delincuente, éstos no correspondían a Eva Alarcón ni a Marcial Bautista.

No han dado casas a damnificados de la sierra de Chilpancingo: APPG

A más de dos años de los daños provocados por el la tormenta Manuel y el huracán Ingrid los gobiernos federal y estatal no han estregado viviendas a los damnificados a pesar de que están en el padrón, denunciaron ayer.
En conferencia de prensa el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que son más de 3 mil familias damnificadas de comunidades de la sierra de Chilpancingo a quienes no les han entregado las viviendas que les prometió el gobierno federal, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y el 28 de enero iniciarán acciones de protesta.
Dijo que la comunidad con más familias damnificadas es San Vicente, a quienes el gobierno federal les prometió reubicarlos en el paraje conocido como Coapanguito, pero a más de dos años no ha ocurrido y las familias que se han instalado han construido sus viviendas con sus propios recursos.


Reporta la Canaco 30 robos a comercios, nueve secuestrados y tres asesinados en la capital en 2015

El encargado de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato, informó que el año pasado fueron registrados 30 robos a los comercios de ese organismo, además hubo nueve secuestros a comerciantes, de los cuales tres fueron asesinados.
Dijo que esa cifra es menor en comparación del 2014, y que Mario Moreno Arcos el entonces alcalde tiene vínculos con la delincuencia.
El mes pasado fueron reportados al menos seis robos a comercios en Chilpancingo, y ayer Damián Huato explicó que estos delitos pertenecen al fuero común y se trata de asaltantes que no son del crimen organizado.
Mencionó que dentro de ese organismo, los empresarios afiliados han mostrado su preocupación por el tema de la inseguridad y violencia que vive Chilpancingo, ya que los mecanismos de seguridad no han dado los resultados esperados.
Asimismo, el empresario afirmó que durante el 2015 fueron registrados alrededor de 30 robos a comercios, de los cuales la mayoría ocurrieron los últimos tres meses debido a la inseguridad que se acrecentó tras el cambio de gobierno.
Damián Huato reveló que también hubo nueve secuestros de comerciantes, de los cuales tres terminaron en asesinato, “aunque cabe aclarar que esta cifra disminuyó comparada con el 2014 cuando estaba a cargo Mario Moreno Arcos como alcalde de Chilpancingo, él mantenía un vínculo con el crimen organizado y los comerciantes éramos vulnerables por ello”, subrayó.
Indicó que los dueños de los comercios no denuncian debido al tiempo que tardan en elaborar la diligencia o bien por la desconfianza que tienen hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Consultado de si confía en las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del estado, enfatizó, “sinceramente no sé que tan buena sea la acreditación policiaca, creo que eso ha frenado la contratación de policías, de los 4 mil que hay al menos 3 mil 500 no pasan alguna de las cinco pruebas que realizan”.
“Yo creo que debe incrementar la capacitación de los cuerpos policiacos e incorporar a más policías, y también desarrollar proyectos sociales de largo alcance que toquen las fibras de la sociedad y hagan posible un relanzamiento de seguridad en Chilpancingo”, abundó.
A pregunta expresa de que en la capital hay únicamente unos 120 efectivos policiacos para brindar seguridad preventiva a las mil 200 colonias que hay en Chilpancingo dijo, “el tema es la acreditación, primero los muchachos no quieren entrar, luego si hay un factor por el que no acrediten los desaprueban, hay que capacitarlos constantemente y darles confianza para que brinden un buen servicio a los comercios y a la ciudad en general”.

El incendio de las Urvan, “pleitos entre la delincuencia organziada”, dice la SSP

El secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes dijo que el incendio de camionetas del transporte público este sábado en esta ciudad fue por un “pleito entre la delincuencia organizada”, y minutos más tarde aseguró que las quemaron por problemas entre transportistas.
Consultado al término de la inauguración del memorial del jugador del equipo de los Avispones de Chilpancingo, David Josué García Evangelista, asesinado en los ataques a normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014, señaló que las dos camionetas del servicio público fueron quemadas por un problema entre grupos del crimen organizado.
A pregunta expresa sobre el reporte que tenía de los hechos ocurridos durante la mañana de este sábado, respondió que, “fueron incendiados dos vehículos, son pleitos entre delincuencia organizada”.
Se le preguntó entonces si no se trataban de camionetas del servicio publico, a lo que contestó que se estaba investigando, ya que en la capital, “suelen haber vehículos clonados”.
Unos minutos más tarde, el funcionario estatal señaló que los hechos estaban siendo investigados, y que se trataba de un problema entre transportistas.
“Todo hecho delictivo es delicado, se está realizando la investigación, y la parte correspondiente aportara las pruebas”, señaló.
A pesar de preguntarle sobre los detalles del incendio en las dos primeras Urvan del servicio público local, el secretario no pudo responder ni la hora a la que pasó ni el estado de los choferes que conducían.