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Desconoce Donoso el convenio para el diagnóstico de derechos Humanos: Tlachinollan




El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró ayer que la postura del secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Fernando Donoso Pérez, en torno a que no hay sustento legal para asignar un millón de pesos al diagnóstico sobre derechos humanos, refleja el “desconocimiento” que existe del convenio que firmaron los tres poderes, para que se elabore dicho documento.
Dijo que en ese sentido, lo que preocupa a las Organizaciones No Gubernamentales es que “no se entienda, ni se conciba” a los derechos humanos como un asunto importante en un estado como Guerrero. Sin embargo advirtió que aún cuando no haya esos recursos el comité que se formó en noviembre “va a seguir trabajando”.
Hace cuatro días, el jueves 28 de diciembre, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rossana Mora Patiño, informó que estaba buscando etiquetar un millón de pesos para los trabajados del diagnóstico sobre los derechos humanos en Guerrero, que hará un comité en este año. Un día después Donoso dijo que no existe “sustento legal” para asignar esa cantidad.
Consultado al respecto, Barrera Hernández señaló que si el diputado del PRD, “se refiere a que no existe un escrito, un planteamiento como presupuesto, pues eso es cierto, no lo hay, pero sí existe un compromiso de los tres poderes de gobierno para impulsar la elaboración del diagnóstico y eso debe estar por encima”.
Vía telefónica agregó que la postura de Donoso sólo muestra que “desconoce la naturaleza” del acuerdo tripartita que firmó el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, y Rossana Mora, en noviembre del año pasado.
Por esta situación, dijo que a las ONG “nos preocupa la manera de concebir este trabajo por parte del diputado Fernando Donoso, nos preocupa que no lo encuadre dentro del compromiso que asumió el Poder Legislativo”.
Barrera Hernández recordó que el dinero se está solicitando porque aún cuando la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que tiene sus propios recursos, “éstos no podrían sustentar todo el trabajo”. Además refirió que con la firma del convenio “se asumió el compromiso en términos de hacer un trabajo colectivo”.
Sin embargo insistió que para eso “se necesitan recursos, porque se van a hacer análisis, investigaciones de campo, consultas a expertos, en fin, no es sólo una cuestión de irnos a sentar e intercambiar opiniones, se trata de ir a las regiones y preguntar a las víctimas cómo ven esta problemática”.
Dijo que por ello, en la reunión que tuvo el comité el 22 de diciembre “se planteó que sea la diputada Rossana Mora quien se encargara de considerar esa situación de los recursos, para poder operar las actividades elementales y necesarias”.
Acerca de si ve viable que el comité acuda al Congreso local para formalizar la asignación de recursos, Barrera Hernández, descartó esa posibilidad y explicó que quienes deberían asegurar las condiciones son los representantes de los tres poderes, la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra por parte del Ejecutivo, Rosana Mora por el Legislativo y Román Pinzón por el Judicial, “ellos tiene la capacidad para hacerlo, su compromiso está implícito en el convenio”.
“Si no se puede desde el Congreso, el gobierno del estado lo puede hacer a través de un fondo que puede formar de sus distintas secretarías, aunque propuso que no se debe ver en qué programa encaja, sino como una investigación propia, lo otro le restaría importancia”, apuntó.

Sin sustento queja contra delegado de Invisur en Derechos Humanos, hecha por colonos de la 7 de junio

No se puede escriturar sin el aval del dueño, aduce López Salgado

Karina Contreras El delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, dijo que la queja en la Coordinación Regional de los Derechos Humanos contra él, hecha por los habitantes de la colonia irregular 7 de junio no tiene razón de ser, pues el predio invadido es de un particular y ellos no pueden escriturar sin la autorización del dueño.

En una reunión sostenida en sus oficinas con inconformes de esa colonia, les aclaró que es mentira que tenga interés en el predio, pues solo ha acudido a levantar el estudio socioeconómico para hacer la regularización, a petición de los propios colonos.

López Salgado les manifestó que incluso a suspendido los trámites de escrituración por los problemas internos que tiene, le ha señalado al dueño del predio, Jorge Armando Platas, que mientras no se solucionen los problemas esa dependencia no va a regularizar.

El sábado pasado, habitantes de la 7 de junio pusieron una queja en la Codehum contra el director general del Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato y el delegado, Alejandro López Salgado, por violaciones al derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica y por ejercicio indebido de la función Pública.

Los colonos le manifestaron que los sacaron de las lista para que se han regularizados, y se está metiendo a otra gente ajena, cuando ellos tienen más de 7 años posesionados del predio. En ese momento, el delegado López Salgado pidió el nombre a uno de los presentes y reviso la lista oficial donde encontró el nombre del quejoso, diciéndole “no se vale confundir”. Finalmente, acordaron que van a revisar la lista que tiene el Invisur detalladamente.

Antes, en una conferencia de prensa en el zócalo, los colonos, encabezados por el abogado Alvaro Díaz Castro, acusaron que Invisur y el dueño del predio, José Armando Platas, les quieren quitar sus predios a 66 familias y por los cuales han pagado 5 mil pesos de enganche.

Según Díaz Castro de “manera perversa y dolosa”, quieren sacar a las familias de las listas de regularización para beneficiar a gente extraña y a familiares del delegado López Salgado y del líder priísta Antonio Ruiz Rodríguez. Manifestó que en el lugar se vive un clima de zozobra, violencia e inestabilidad por culpa de Invisur y José Armando Platas, por lo que pedían la destitución del delegado.

Montiel mandó construir la puerta negra, un lugar de tortura en la cárcel de Acapulco

 

 Testimonios de los ex presos políticos Eloy Cisneros Guillén, Arturo Gallegos Nájera, Juan García Costilla y Rosa María Gómez Saavedra

 Los ex presos políticos Eloy Cisneros Guillén, Arturo Gallegos Nájera, Juan García Costilla y Rosa María Gómez Saavedra, señalaron al ex director de reclusorios en Guerrero, Agustín Montiel López, como responsable de haber torturado y desaparecido a luchadores sociales durante la época conocida como la guerra sucia.

Agustín Montiel –quien fue subdirector de Seguridad Pública con José Francisco Ruiz Massieu, además de ser el responsable de los reclusorios en Guerrero de 1987 a 1993– fue señalado por los ex presos de la entidad de orquestar desapariciones y torturas a quienes participaban en luchas sociales.

El martes, Montiel López –que actualmente ocupaba la Dirección de la Policía Ministerial de Morelos– fue detenido por la PGR y puesto a disposición de un juez federal.

Eloy Cisneros –quien asegura haber sido torturado directamente por Agustín Montiel en el Cereso de Acapulco– informó que la Asociación Nacional de Luchadores Sociales ya puso una querella en la Procuraduría General de la República, además de que buscarán entrevistarse con el fiscal especial para los Movimientos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, a quien le solicitarán se amplíe la investigación sobre los delitos que Agustín Montiel cometió en Guerrero.

“Desde que lo iban a nombrar jefe de la policía en Morelos, algunos guerrerenses les dijimos que era un delincuente, que no podía estar en ese puesto, que tenía que estar encarcelado”.

Recordó que Agustín Montiel fue parte importante en la represión del 16 de marzo de 1990 ocurrida en Ometepec, tras las elecciones municipales de un año antes. “Ahí hubo desaparecidos, varios detenidos. Aquí también está ligado al narcotráfico”.

Eloy Cisneros comentó que en ese desalojo fue golpeado y traslado en una camioneta, “debajo de una llanta de refacción y con un custodio encima de mí. Cuando llegué al Cereso fui recibido por Agustín Montiel. Ahí me suturaron la cabeza sin anestesia, sin atención médica y el comandante Oscar Cruz Anguiano me siguió golpeando”.

Añadió que entre los desaparecidos en ese hecho están Andrés de la Cruz Zacapala y Daniel López Alvarez, además de la muerte de Román de la Cruz Zacapala, la que atribuye al propio Montiel.

Por su parte, Arturo Gallegos señaló que conoció a Agustín Montiel por 1989 cuando era director de la cárcel regional en Acapulco. Dijo que en ese entonces acudía como parte del PRT a ver a dos presos políticos. Uno de ellos, Jesús Real Dimas, quien acusó a Montiel de corrupción, además de ser homosexual, lo que ocasionó que lo llevaran a “la puerta negra” –un lugar que aún existe en el reclusorio, debajo de los puentes–.

“Será importante que se remitan a su historial negro en Guerrero”. dijo.

Acerca de Montiel, Juan García Costilla –actual diputado federal por el PRD- confirmó que tuvo “mucho que ver” en la represión en Ometepec, entre varios otros delitos como narcotráfico y desapariciones, por lo que cuando fue diputado local informaron a sus homólogos de Morelos sobre el historial de Agustín Montiel.

“A él le exigimos la presentación de los hermanos De la Cruz Zacapala de Ometepec. También ordenó la detención de Adolfo Plancarte –hoy presidente del Consejo Estatal del PRD-”.

En tanto, Rosa María Gómez Saavedra –actual coordinadora de Servicios Públicos Municipales– comentó que estuvo dentro del primer grupo de presos políticos en el penal de Las Cruces, ocho meses después de que fue inaugurado, en marzo de 1983.

“El tenía un doble discurso. Por un lado nos hablaba que era una persona democrática, que reconocía nuestros derechos como universitarios. Pero por otro lado hacía labor en contra de nosotros, nos confrontaba con los demás reclusos”.

Señaló que a las mujeres las quería recluir en el área de hospital. “Nos quería aislar. Inclusive mandamos una carta a Amnistía Internacional y a los hombres sí los tuvo aislados los nueve meses que estuvimos en el penal”.

Mencionó que el periodo en que Montiel estuvo en el reclusorio de Las Cruces mandó a construir el cuarto de tortura conocida como “puerta negra”. “Ese lugar lo hizo para castigar a quienes meses antes intentaron fugarse, porque él se ufanaba de que era la cárcel más segura”, concluyó.

Deben tomarse en cuenta las opiniones de EU sobre derechos Humanos, dice la Red

* Reales, las acusaciones sobre las policías, expresa

 

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La secretaria técnica de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Silvia Castillo, señaló que las opiniones del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso de ese país con respecto a derechos humanos en México, “son reales y deben tomarse en cuenta” por el gobierno mexicano.

Indicó que estos señalamientos y recomendaciones no deben tomarse a la ligera, sino que deben atenderse porque dijo que en México, y concretamente en Guerrero, sí son graves las violaciones a los derechos humanos y el involucramiento de los integrantes de las corporaciones policíacas en acciones ilegales.

Silvia Castillo citó por ejemplo el caso del ex comandante de la Policía Judicial del estado, Federico Peredo Jiménez, acusado por su participación en                   desapariciones forzadas de personas y sin embargo no ha sido juzgado por ello, a pesar de que existe una recomendación en su contra (la 019/2002) de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Indicó que ello también es parte de la impunidad que se vive en Guerrero, “porque las recomendaciones no se cumplen por parte de las autoridades por las violaciones a los derechos humanos”.

Por ello consideró que el Departamento de Estado de Estados Unidos “debe tener bases para haber emitido sus opiniones con respecto al tema al Congreso estadunidense, porque ese tipo de recomendaciones se hacen con base a un diagnóstico en materia de derechos humanos”, indicó.

En ese sentido señaló que debe haber bases y la información necesaria para emitir una recomendación de esa naturaleza.

Informó que la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos realiza actualmente un estudio de todos los casos de violaciones a los derechos humanos y de impunidad que existen “y en breve se dará a conocer la información de los casos con nombres y datos”, adelantó.

Las instituciones en México no hacen nada por el respeto a los derechos humanos: Reza Hurtado

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo n El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado afirmó que la impunidad de los agentes policiacos que siguen realizando ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Guerrero viene de “las altas esferas del poder”.

Consideró grave el hecho de que instituciones extranjeras evidencien los problemas nacionales como la constante violación de los derechos humanos, como lo difundió el miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde califica de pobre el desempeño del esfuerzo por garantizar el respeto de los derechos humanos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Reza Hurtado, entrevistado en sus oficinas del Congreso local, aseguró que las instituciones que deben intervenir para desterrar la violación sistemática de las garantías individuales en el estado, no están cumpliendo su papel.

Como prueba mencionó que en el tiempo que lleva la 57 legislatura nunca se ha logrado el quórum necesario en las reuniones que convocan las comisiones de derechos humanos y de seguridad pública, ambas presididas por dos perredistas.

“Tal parece que la bancada del PRI y otros representantes de partido que tiene coptado el sistema han construido un cerco para evitar que desde el Congreso se exhorte al gobernador para que realice una purga en el sistema de procuración e impartición de justicia”, expresó Rómulo Reza.

Mostró oficios y actas levantadas ante la ausencia de legisladores en reunión de comisiones, y señaló que si desde el Poder Legislativo no se hace nada, “qué podemos esperar del Poder Ejecutivo o Judicial”.

Recordó que desde el año pasado se entregó al Congreso local un documento firmado por ciudadanos del puerto de Zihuatanejo en donde hacen una serie de denuncias en contra del ex comandante de la Policía Judicial, Federico Peredo, actualmente desaparecido luego del atentado que sufrió en Acapulco, que van desde extorsión hasta secuestro.

También citó la recomendación 019/2002 emitida por la Codehum en contra de otros comandantes de la PJ en donde también el gobernador, René Juárez Cisneros, y el procurador, Jesús Ramírez Guerreo, han hecho caso omiso.

Es acertado lo que dice el informe sobre Guerrero , opina Ranferi Hernández

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo n El dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Raferi Hernández Acevedo, opinó que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que envió al Congreso de ese país sobre derechos humanos, en lo referente a Guerrero “es acertado, siguen existiendo un pobre respeto a los derechos humanos”, en lo que se ven involucrados cuerpos policiacos y “es a ellos a quienes se les debe marcar un límite ante las constantes arbitrariedades”.

En entrevista afuera del Tribunal Unitario Agrario, Hernández Acevedo dijo que coincide totalmente con el informe del Departamento de Estado, y que a pesar de “tantas denuncias que se han hecho, se siguen violando los derechos humanos”.

Esto también demuestra, según Ranferi Hernadez que “no hay un Estado de derechos” en la entidad y la situación se vuelve cada vez “más difícil”, porque continúan los atropellos, “sobre todo contra de los indígenas, que son quienes menos se pueden defender porque muchos no hablan el español”.

Resaltó Hernández Acevedo que efectivamente son los cuerpos policíacos y el Ejército los que en sus incursiones a las comunidades cometen los atropellos, y es a ellos a quienes se les debe marca un límite.

Informó que ante la situación que enfrentan los campesinos en la comunidad de Xotipontla, municipio de Ahuacuotzingo, donde el miércoles por la tarde policías judiciales intentaron detener a campesinos, el próximo sábado 6 de marzo una organización de derechos humanos del Distrito Federal acudirá a para recabar testimonios.

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Preocupa a Codehum la presencia del Ejército, advierte el visitador Hipólito Lugo




El visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito Lugo Cortés, admitió ayer que es “preocupante” la presencia del Ejército en Guerrero, sobre todo porque tiene una imagen “negativa” por su labor en las décadas de los 60 y 70, durante la guerra sucia.
Señaló que por eso el organismo estará pendiente durante las acciones militares y de las policías federales para que no se violenten los derechos humanos y que, en su caso, turnará las quejas a la Comisión Nacional.
“Es preocupante la intervención del Ejército en labores que corresponden a autoridades del orden civil, sea locales, estatales o federales”, indicó y dijo que de 10 años a la fecha se ha visto el incremento en la intervención de las funciones policiales por parte del Ejército y de la Armada”.
Lugo insistió que la militarización es preocupante, tomando en cuenta que en Guerrero el Ejército tiene una historia “negativa”, sobre todo en la época de la guerra sucia “que dejó muchas heridas en la sociedad; agregó que por eso es preocupante para la Codehum que en aras del combate a la delincuencia exista el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos en contra de los guerrerenses.
Indicó que ese organismo estará pendiente por si se llegaran a presentar quejas e inconformidades en contra de los agentes que participan en este operativo turnar el caso a la Comisión Nacional.
Dijo que independientemente de que sean del amito municipal estatal o federal, “no podemos permanecer impasible ante las violaciones a los derechos humanos que lleguen a denunciarse”.
Lugo señaló que en caso de que se presentaran denuncias en contra del Ejército o de las policías federales, la Codehum intervendrá documentando los casos para tornarlos a la Comisión Nacional.